La impunidad de los crímenes del franquismo

Problema central que sigue obviado por las leyes de Memoria

¿Estamos ante una nueva pirueta del “gobierno progresista” de coalición para sortear, una vez más, la exigencia de Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas del franquismo y del régimen monárquico?

El secretario de Estado reconocía el retraso en las medidas anunciadas en la Ley de Memoria Democrática aprobada por Sánchez en 2022, en prolongación y ampliación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero en 2007 (de nula efectividad). Aludiendo al desconocimiento de la represión y los crímenes de la dictadura franquista por las nuevas generaciones (reflejada en el apoyo de buena parte de jóvenes a la revisión histórica y apología de la dictadura impulsadas por PP y Vox), mostraba su preocupación por el incumplimiento de su inclusión en los programas escolares. Como novedad, anunciaba la medida, aprobada recientemente por el gobierno, de un próximo reparto de 2,4 millones entre municipios y CCAA para continuar las exhumaciones en lo que queda de legislatura. Aludió también a los recursos ante el Tribunal Constitucional para anular las “leyes de concordia” (“olvidemos el pasado”) impulsadas por PP y Vox en las CCAA que gobiernan, derogando las anteriores leyes autonómicas de Memoria; así como a la próxima adjudicación del proyecto de “resignificación del monumento de Cuelgamuros” (respetando el acuerdo con la Conferencia Episcopal y los monjes benedictinos para mantener los símbolos religiosos y el culto en la basílica). En esa dirección se sitúa también la declaración de la Casa de Correos de la Puerta del Sol como “lugar de Memoria”, con una simple placa recordando que fue lugar de tortura como Dirección General de Seguridad durante la dictadura, dando por descontado el previsible rechazo de Ayuso y las huestes franquistas. El mensaje transmitido es que el gobierno acelera la puesta en marcha de las medidas prometidas, antes de que sean bloqueadas por un posible gobierno de las derechas franquistas, que hacen “buenos” simples gestos formales, aunque en el fondo poco o nada cambien.

Ciertamente, el programa recogía emotivos testimonios, tanto de quienes siguen buscando los restos de sus familiares, como de quienes se sienten confortados por haberlos encontrado y dado sepultura digna, expresando sentimientos humanos elementales, que todos dicen respetar. Los impulsores y comentaristas hicieron hincapié, a lo largo de este espacio, en el trato discriminatorio a las víctimas de “uno de los bandos” (¡como si fueran equivalentes!), pero ninguna alusión al carácter de la represión franquista, al encaje en la tipificación de sus crímenes por el Derecho Internacional y los Tratados suscritos; y, en consecuencia, que los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia y Reparación, después de 47 años de supuesta “democracia”, siguen sin ser reconocidos y garantizados.

Una vez más, se elude el problema central de una cuestión democrática fundamental: la impunidad de los crímenes del franquismo, durante la guerra y la dictadura, así como los cometidos en la llamada “Transición” y bajo el régimen de la monarquía, a partir del consenso de izquierdas y derechas para amnistiar a los verdugos y echar un manto de silencio sobre las víctimas. El propio secretario de Estado reconoció que ni tan siquiera el aspecto parcial de la exhumación de los restos de los asesinados fue tomado en consideración por los gobiernos de Felipe González como asunto de Estado (dijo que “no era el momento”); y por supuesto, fue orillada por los gobiernos del PP. Pero, tanto la ley de Zapatero -que dejaba en manos de los familiares y asociaciones particulares el levantamiento de fosas-, como el compromiso institucional del gobierno actual -ridículo en su cuantía y también a demanda de los familiares- perpetúan la negación del conjunto de derechos que, en justicia, pertenecen a las víctimas: cuando menos, los mismos que han sido reconocidos a otras de distinta procedencia: ¡sigue sin ser el momento!

Las resoluciones e informes de diversos relatores de la ONU, han sido claros al respecto. El Derecho Internacional y Humanitario, desarrollado en distintos momentos a partir de los juicios de Núremberg contra los responsables nazis, establecen que los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y de lesa humanidad, son delitos que no prescriben ni son amnistiables y, por tanto, la exigencia a los Estados de reconocer y hacer efectivos los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición. La posterior Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas insiste en que tal delito persiste mientras no aparezcan los desaparecidos, vivos o muertos, dando lugar a las consiguientes sentencias judiciales y medidas reparadoras derivadas de los hechos y sus responsables. Exigencias nunca aplicadas aquí, escudándose tanto tribunales como gobiernos de uno u otro color en la Ley de Amnistía de 1977, que consagraba la impunidad de dichos crímenes, pese a ser contraria a los tratados internacionales suscritos por el Estado español en distintas fechas.

La “reconciliación nacional” y la ley de Amnistía de 1977 (a las que se remiten hoy las “leyes de concordia”), según nos han repetido, eran requisitos previos para el consenso político y la “democracia”, tal como recogía la Constitución del 78: iban en el mismo paquete. A los sectores que habían apoyado la dictadura, que se habían beneficiado de ella y manchado las manos, era imperativo protegerlos y exonerarlos, por anticipado, de toda responsabilidad. La política de “reconciliación nacional” implicaba, por tanto, el olvido y la negación de la existencia misma de las víctimas del franquismo. Se convierte así en el quicio del “nuevo” régimen, ahora con el concurso de partidos y sindicatos de “izquierda”. Sin ese apoyo, la continuidad del régimen con Juan Carlos difícilmente hubiera obtenido homologación “democrática” a nivel internacional.

Hoy, cuando asistimos al horror de los crímenes masivos perpetrados por el Estado de Israel en Gaza y Cisjordania, que la propia relatora de la ONU no duda en calificar de genocidio; cuando se exige el juicio y condena por parte de la Corte Penal Internacional de sus principales responsables -empezando por Netanyahu-, CPI que el gobierno de Sánchez dice apoyar; ¿cómo puede justificar que tal exigencia no sea aplicable ante crímenes de lesa humanidad (y un genocidio aún de mayores dimensiones) cometidos en el propio país y se ampare su impunidad?

Desde la Plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo, y ante los continuos intentos de prolongarla, soslayando los derechos de millones de víctimas, seguimos proponiendo la necesidad de una Ley de víctimas de la dictadura y de la monarquía, que reconozca y haga efectivos sus derechos inalienables, derogando todas aquellas leyes y decretos que hasta ahora los han negado.