Fosas del franquismo: Ni verdad, ni justicia, ni reparación. La herencia que la izquierda no quiso romper

El derecho a la verdad, la justicia y la reparación es un principio universal recogido por Naciones Unidas y reconocido por el derecho internacional aunque es España es una frase manoseada y usada torticeramente hasta vaciarla de contenido. Las víctimas de los crímenes más graves, las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, etc.. tienen, o deberían tener, derecho a conocer lo ocurrido, a que se identifique y juzgue a los responsables, y a que el Estado repare el daño causado. No se trata de venganza, sino de justicia democrática. Sin ese derecho, nuestra sociedad convive con el crimen como si fuera parte del paisaje, y la democracia se convierte en un decorado que tapa la impunidad.

España, cincuenta años después de la muerte del dictador, sigue siendo el ejemplo perfecto de esa democracia tutelada sin justicia. Las fosas del franquismo se abren sin jueces, sin tribunales y sin responsabilidades. Se exhuman huesos, pero no se exhuman verdades. Lo que debería ser un proceso judicial se convierte en una gestión administrativa, licitada y subvencionada por el propio Estado que no quiere, y nunca quiso, juzgar los crímenes del franquismo. Empresas privadas sustituyen a los jueces, subvenciones públicas sustituyen a la justicia, y los responsables de las desapariciones mueren en paz, sin haber rendido cuentas.

Y esto no es ninguna casualidad, es el resultado de una arquitectura política diseñada para perpetuar la impunidad. La Ley de Amnistía de 1977, que siempre nos han vendido como símbolo de reconciliación, sin duda alguna es una ley de punto final. Una amnistía para los verdugos disfrazada de generosidad democrática. Quizás en ese momento, la izquierda española hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pero desde entonces, ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, ha tenido la voluntad de derogarla. España es el único país de Europa donde los crímenes de una dictadura no han sido juzgados, y donde las víctimas dependen de subvenciones para encontrar a sus familiares.

Mientras tanto, las instituciones presumen de memoria democrática. RTVE emite documentales con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, se inauguran placas y exposiciones, se subvencionan actos conmemorativos, se reformulan los nombres de las calles. Pero en los juzgados sigue sin haber una sola causa penal abierta por los crímenes de la dictadura. En este país se honra a las víctimas con flores, pero se protege a los verdugos con leyes.

Y el punto que duele más es la complicidad de la izquierda institucional. Porque esta anomalía democrática no es solo herencia del franquismo, sino también de quienes se dicen herederos de la democracia. Han gobernado durante años, han prometido memoria y justicia, y han acabado gestionando la impunidad. Han mantenido intacta la Ley de Amnistía, han convertido la memoria en programa cultural, y han reducido la justicia a un relato subvencionado. Las fosas se abren, pero los archivos siguen cerrados. Se resignifican monumentos franquistas en lugar de retirarlos, y se homenajea a las víctimas del terrorismo mientras las del franquismo siguen esperando un reconocimiento real más allá de diplomas de cartón pluma sin ninguna validez más que la emocional.

Y esa es tristemente la paradoja de este país, la izquierda que presume de memoria es la que administra el olvido. La que habla de reparación mientras evita el juicio. La que se emociona con los documentales, pero no toca las leyes que garantizan la impunidad. En nombre del consenso, se perpetúa el silencio y en nombre de la democracia, se preserva el pacto con el franquismo.

La verdad no puede seguir siendo una subvención. La justicia no puede seguir siendo un trámite administrativo. Y la reparación no puede limitarse a una placa en la cuneta. Porque mientras en España las fosas se sigan abriendo sin jueces, la democracia seguirá enterrada con los muertos.

La justicia no se negocia. Se conquista. Y se conquista también la democracia real, que no puede asentarse sobre la impunidad ni sobre una monarquía heredera directa del franquismo. Una democracia que no se atreve a juzgar a los criminales de la dictadura no merece ese nombre. Mientras el jefe del Estado siga ocupando el trono por decisión del dictador, mientras los jueces que deberían investigar callan y los gobiernos “progresistas” administran la impunidad, España seguirá siendo una democracia tutelada, limitada, cobarde. Solo una República que rompa definitivamente con el franquismo, que reconozca a las víctimas y devuelva al pueblo el poder de decidir, podrá garantizar verdad, justicia y reparación.

Porque sin Memoria no hay democracia; y sin justicia, no hay futuro.