El genocidio silenciado de los niños huérfanos del bando republicano: víctimas del franquismo

Uno de los casos más desgarradores es el de Luz y Manuel Sanjurjo Otero, hijos de María Otero Veiga, quien fue asesinada en Ferrol el 20 de septiembre de 1936. Su padre, Manuel Sanjurjo, alistado forzosamente con aquellos que habían asesinado a su esposa, murió en combate el 26 de septiembre de 1937. Así lo recoge Hernán Fernández, creador del buscador digital de desaparecidos de la Guerra Civil, en su cuenta de Twitter (X). Los niños, huérfanos a una edad temprana, vivieron la cruel barbarie de un régimen que no solo les arrebató a sus padres, sino también su identidad y dignidad. Los hijos de los vencidos heredaron el desprecio y la vigilancia del régimen franquista, una condición que se extendió a miles de menores en circunstancias similares. Esta tragedia refleja la inhumanidad del proceso de represión, que no se limitaba a los combates, sino que perduraba en la persecución de la memoria de los perdedores de la guerra.

Como lo documentan los archivos de la Junta Provincial de Beneficencia de A Coruña, los niños huérfanos no solo eran víctimas de la violencia física, sino también de una categorización social brutal que se basaba en la "moralidad y ciudadanía" de sus familiares. Esta clasificación, utilizada para determinar su destino, revelaba el grado de criminalización que el régimen aplicaba a las familias republicanas. La vida de estos huérfanos se veía marcada no solo por la orfandad, sino por un estigma ideológico, que se reflejaba incluso en los registros oficiales de la época, como muestra la documentación de los "Huérfanos de la Revolución y de la Guerra", en la que se especifica el "grado de moralidad" de los familiares más cercanos al huérfano.

El registro de "Huérfanos de la Revolución y de la Guerra" de A Coruña

El registro de "Huérfanos de la Revolución y de la Guerra", gestionado por la Junta Provincial de Beneficencia de A Coruña, reflejaba una categorización de los huérfanos en base al "Grado de moralidad y ciudadanía de los familiares más allegados al huérfano". Este mecanismo de clasificación colocaba a los niños en una jerarquía ideológica, en función de las características políticas de sus padres y familiares cercanos. De este modo, los huérfanos eran clasificados como "rojos", "marxistas", "revolucionarios", o, en el caso contrario, como "buenos" y "apolíticos". Este registro no solo sirvió para asignarles un destino, sino que también permitió al régimen realizar una distribución ideológica de los huérfanos, separándolos según su potencial político. Así lo mostraba Hernán Fernández, en su cuenta de Twitter (X), al referirse a la investigación sobre la represión y la categorización social de estos menores durante la dictadura franquista.

La creación de este registro oficial no solo permitía que el régimen controlara a los huérfanos, sino que también servía para eliminar cualquier rastro de los vínculos familiares de los menores, modificando sus identidades y separándolos para evitar que pudieran reunirse con sus familias biológicas. Este proceso se extendió incluso a la alteración de nombres y apellidos, una de las medidas más crueles adoptadas por el franquismo, tal como lo documenta la ley de 1941, que autorizaba esta alteración de identidad.

La creación de un sistema de "purificación" ideológica

Desde el final de la guerra en 1939, el régimen franquista implementó una serie de políticas orientadas a erradicar cualquier vestigio de la ideología republicana en la sociedad española. Uno de los principales blancos de esta "purificación" fue la infancia, que se consideraba el futuro del país y la clave para garantizar la perpetuidad del régimen. Bajo la dirección del psiquiatra Antonio Vallejo Nágera, el régimen promovió la teoría del "gen rojo", según la cual los niños de los republicanos heredaban, por naturaleza biológica, las ideas comunistas y antifranquistas de sus padres. Vallejo Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, fue uno de los principales impulsores de esta teoría, que justificaba la separación de los niños de sus familias como una forma de eliminar su "peligrosidad" genética, como se recoge en el análisis de Souto.

Políticas de despojo y reeducación

Con esta ideología en mente, el régimen franquista puso en marcha una serie de medidas legales que permitieron la separación de los niños de sus padres y su "reeducación" en instituciones controladas por el Estado y la Iglesia. Desde 1940, el Ministerio de Justicia aprobó un decreto que obligaba a las madres republicanas encarceladas a ceder a sus hijos mayores de tres años, quienes eran enviados a orfanatos lejanos, donde eran separados de sus hermanos y dispersados por toda España. Esta medida fue parte de un plan sistemático de reeducación, donde los niños republicanos fueron apartados de sus raíces familiares y sometidos a un proceso de adoctrinamiento en los valores del régimen, como indica Neus Roig en su tesis doctoral La búsqueda de la filiación biológica. La detención ilegal de recién nacidos y la usurpación de su identidad.

En particular, el Decreto de 29 de mayo de 1940 BOE 1940/150 permitió la retirada de la patria potestad a los padres considerados "rojos" o republicanos. Este acto marcó el comienzo de la desposesión legal de los hijos republicanos, quienes quedaban bajo tutela del Estado. En 1941, la Ley de 4 de diciembre de 1941 BOE 1941/350 autorizó la alteración de los nombres y apellidos de los niños bajo la tutela del Estado, lo que facilitaba el borrado de su identidad y dificultaba cualquier intento de reunificación con sus familiares.

El testimonio de la represión: "niños perdidos"

Los testimonios de aquellos que vivieron esta tragedia son desgarradores. Los huérfanos de guerra fueron colocados en orfanatos, centros religiosos y patronatos estatales, donde vivieron condiciones precarias, a menudo sometidos a abusos físicos y psicológicos. La vida en estos centros estaba marcada por la disciplina férrea, la constante propaganda ideológica y, en muchos casos, el maltrato. Numerosos niños murieron por malnutrición o enfermedades, mientras que otros sobrevivieron, pero con secuelas emocionales y psicológicas difíciles de superar. Muchos, al ser separados de sus familias, llegaron a perder toda noción de su identidad, un tema ampliamente abordado por Roig en su tesis doctoral.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Vicenta Álvarez, quien a la edad de seis años fue internada en un centro regentado por monjas. A pesar de recordar perfectamente su nombre y el de su padre, a los pocos meses fue renombrada con un apellido completamente ajeno al suyo, "Flores Ruiz". Esta alteración de su identidad se repitió en varias ocasiones a lo largo de su niñez. En su relato, Vicenta expresaba su dolor por no haber podido reconectar con sus raíces, señalando que, al cambiarle el nombre, "me separaron para siempre de mi padre", tal y como recoge Roig en su estudio.

La explotación de los huérfanos: de la reeducación a la mano de obra forzada

Además de la represión ideológica, el régimen franquista utilizó a los huérfanos como mano de obra barata. A partir de la década de los 40, estos niños eran enviados a familias afines al régimen, donde realizaban tareas domésticas o agrícolas, camufladas bajo el nombre de "adopciones" o "acogimientos" caritativos. Así, el régimen no solo les arrebataba a los niños de sus familias, sino que también los explotaba económicamente. En muchos casos, estos menores eran "cedidos" a varias familias, quienes los empleaban en trabajos que roza el concepto de esclavitud. Este proceso se mantuvo durante varios años, y muchos niños fueron tratados como objetos, siendo transferidos de una familia a otra sin ningún tipo de regulación, tal y como señala Souto en su investigación.

Las adopciones ilegales: una red de tráfico de menores

Una de las prácticas más crueles fue la adopción irregular de niños, especialmente durante los primeros años tras la guerra. En las cárceles de mujeres republicanas, muchos recién nacidos eran arrebatados de los brazos de sus madres y entregados a familias franquistas que no podían tener hijos. Esta adopción ilegal se realizaba sin ningún tipo de procedimiento formal, y los niños eran registrados como hijos biológicos de sus nuevos "padres". Esta práctica de sustracción de bebés se mantuvo en silencio durante años, y no fue hasta las últimas décadas que se ha comenzado a conocer la magnitud de este crimen. Según Neus Roig Pruñonosa, miles de bebés fueron separados de sus madres en las cárceles y entregados a familias afines al régimen en un tráfico clandestino de adopciones.

El marco legal para los robos de identidad: La Ley de 1941

El marco legal aprobado por Franco fue un factor clave para posibilitar estos robos de identidad. La Ley de 4 de diciembre de 1941 BOE 1941/350 autorizó expresamente a las instituciones del régimen (Auxilio Social, patronatos, etc.) a cambiar el nombre y los apellidos de los menores bajo su tutela. Esta medida fue justificada bajo el argumento de que algunos niños no recordaban su nombre, pero en la práctica se utilizó para borrar el rastro de miles de niños y evitar que fueran reclamados por sus familias. La historiadora Luz C. Souto, en su investigación, subraya cómo el proceso de alteración de la identidad de estos niños fue una de las tácticas más eficaces de represión y ocultación, permitiendo que los menores se convirtieran en "propiedad" del régimen.