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Andreu Revertés LLopart
Andreu Revertés Llopart (Cornellà de Llobregat, 1894 – 30 de noviembre de 1936) fue un político catalán, militante de Estat Català (EC), y, desde 1931, también militante de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Esto es, tenía una doble militancia en EC y ERC. La diferencia fundamental entre ambas formaciones nacionalistas radicaba en la táctica insurreccional y la estrategia independentista de EC y la táctica gradualista y autonomista de ERC. Sin embargo, ese gradualismo y autonomismo de ERC podía mutarse de forma oportunista o circunstancial en insurreccionalista e independentista.
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En la primera reunión formal del Comité Central de Milicias, celebrada la noche del día 21 de julio, en el edificio de la Escuela Náutica, los representantes cenetistas1 hicieron patente a republicanos y catalanistas su fuerza e indocilidad, editando un bando que daba al Comité Central muchas más atribuciones y competencias, militares y de orden público, que las dispuestas inicialmente por el decreto de la Generalidad. Se suprimía, además, el nombre de Milicias Ciudadanas por el de Milicias Antifascistas. No en vano a la pregunta, surgida en esta primera sesión del CCMA, de quién había vencido al ejército, Aurelio Fernández respondió que “los de siempre: los piojosos”, esto es, los parados, los emigrantes recientes y la población marginal y miserable de las barracas del Somorrostro, el Morrot, San Andrés, el Carmelo, Montjuic… y de las “casas baratas” de los polígonos de Milans del Bosch, Barón de Viver, Eduardo Aunós (en Can Tunis) y Ramón Albó, de La Torrassa, y de Santa Coloma, o el maltratado proletariado industrial que, en condiciones de vida durísimas, azotados por el paro masivo, con largas jornadas laborales, jornales de hambre y trabajos precarios pagados al destajo, se hacinaba en los barrios obreros de Pueblo Nuevo, Sants, Hostafrancs, la Barceloneta, el Chino, San Andrés o Pueblo Seco, arrendando o subarrendando cuchitriles, habitaciones o pisos mínimos con alquileres inasequibles, que había que compartir. El precio del alquiler solía llevarse un tercio del sueldo de un trabajador, por lo que era frecuente la cohabitación de varias familias, o fórmulas de ocupación de la misma habitación por turnos de ocho horas2.
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Mientras tanto, Companys había autorizado a Martí Barrera, consejero de Trabajo, a que diera por radio noticia de las disposiciones acordadas sobre disminución de horas laborales, aumento de salarios, disminución de alquileres y nuevas bases de regulación del trabajo, que antes deberían pactarse con los representantes de las asociaciones patronales, como Fomento del Trabajo, Cámaras de Industria y de la Propiedad, etcétera, a quienes se expuso la necesidad de encarrilar el ímpetu revolucionario de las masas, como ya había hecho el director de las minas de potasa de Suria, que prefería tener pérdidas a volver a ser retenido por sus mineros. Durante el transcurso de la reunión varios representantes de la patronal recibieron llamadas de aviso para que no volvieran a sus casas, porque patrullas de hombres armados habían ido en su busca. La reunión acabó con el convencimiento de que los empresarios allí reunidos ya no representaban a nadie. Pero el mensaje se radió igual, algunos días después, como medio para encauzar ánimos y reivindicaciones.
26 de julio, domingo.
Por la mañana, fue ratificada en el Pleno Regional la colaboración definitiva de la CNT-FAI en el CCMA, acordada por los comités superiores de la CNT-FAI en su debate del día 23 y en el anterior Pleno Regional reunido el día 21.
El Pleno confirmó por unanimidad que la CNT seguía manteniendo la misma posición, aprobada ya el 21 de julio, de participar en ese nuevo organismo de colaboración de clases llamado CCMA. Ese mismo pleno del día 26 creó una Comisión de Abastos, dependiente del CCMA, a la que debían someterse los distintos comités de abastos surgidos por doquier3, y ordenaba al mismo tiempo un fin parcial de la huelga general. El resumen de los principales acuerdos alcanzados en este Pleno se editó en forma de Bando4, para su general conocimiento y acatamiento:
“Bando.
Confederación Regional del Trabajo de Cataluña.
Hoy, domingo, 26, ha tenido lugar un Pleno Regional de Locales y Comarcales de Sindicatos. Los militantes de la CNT, con la responsabilidad que les caracteriza, han examinado la situación y han tomado acuerdos concretos y terminantes, que comunicamos a todos los sindicatos y al pueblo en general para que se atenga a su cumplimiento y conozca al propio tiempo nuestra posición exacta en esta hora de profundas inquietudes y cruentas batallas contra el enemigo reaccionario.
PRIMERO: La CNT en Cataluña, coincide por unanimidad absoluta, en que debe seguir situada en la misma posición. Hoy no hay más problema para el proletariado, no hay más enemigo para el pueblo, que el fascismo sublevado. Contra él todas las energías para aplastarlo; hay que converger con todas las organizaciones coincidentes a su aniquilación total; hay que dedicar todas las actividades y esfuerzos. Que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir. Todos los confederados tienen el deber moral de aceptar las decisiones generales, no sólo por interés colectivo, sino incluso por interés individual. Los hechos esporádicos han sido descartados de la organización, por tener tan sólo la virtualidad de producir un desgaste de energías estéril, y frustrar en algunas ocasiones las posibilidades de realizaciones totalitarias. Hoy por hoy, contra el fascismo, sólo contra el fascismo que domina media España, y que hay necesidad de destruirlo para siempre, anulando la influencia de la negra sotana que durante siglos ha dominado España. En consecuencia, nadie está autorizado, ni se debe atender, para lanzar otras consignas, ni enfocar el movimiento de otra forma.
SEGUNDO: Habiéndose creado un organismo auxiliar del COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUÑA, denominado COMISIÓN DE ABASTOS, es necesario que todos los organismos confederales se atengan a su control y acepten sus consignas. Para ello se regulariza la relación, a base de las locales y comarcales, que serán las que para los efectos de demandas y ofertas se dirigirán a la Comisión de Abastos, sita en Vía Layetana, 16, entresuelo. De esta manera se evitará que cada cual, de una manera un tanto irresponsable y descontroladamente, pueda requisar víveres de las diversas localidades. Desde este momento, para los efectos de requisa y para hacer demandas y entregas de víveres, sólo se reconocerá el aval de la COMISIÓN DE ABASTOS.
La CNT, responsable de la gravedad que encarna el hecho del control sobre las subsistencias, colaborará, en todos los terrenos, a que este control sea efectivo y no haya lugar a los pillajes y asaltos. Un pueblo que quiere mejorar su situación, lo primero que tiene que asegurar, es que no falten los alimentos. Y para asegurarlo se impone el control más absoluto, cueste lo que cueste, evitando abusos y entorpecimientos.
Ténganlo todos en cuenta y aténganse a atender exclusivamente estas normas y las consignas de la Comisión de Abastos filial del COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS.
TERCERO: Dadas las circunstancias actuales, concretamos que deben reintegrarse al trabajo TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS Y RAMOS CUYA PRODUCCIÓN SEA NECESARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS PUEBLOS; CUANTO SEA NECESARIO A LA LUCHA REVOLUCIONARIA CONTRA EL FASCISMO Y TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, prescindiendo de reintegrarse al trabajo momentáneamente los obreros cuya producción sea de importancia relativa y por ende no imprescindible. Al propio tiempo se sobreentiende que deben mantenerse en armas y sin reintegrarse al trabajo los milicianos, debiendo ser ocupadas sus plazas por los sin trabajo, mientras dure la anormal situación, hasta que se haya dominado totalmente en todas partes la insurrección fascista5.
Acuerdos éstos que comunicamos a todos, para los efectos consiguientes de orientación y conocimiento.
Antes de finalizar, repetimos: Hay un COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y UN APÉNDICE SUYO DENOMINADO COMISIÓN DE ABASTOS. Todos tenemos el deber de acatar sus consignas, forma de regular las cosas en todos los órdenes.
Por la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, EL COMITÉ.
Barcelona, a veintiséis de Julio de mil novecientos treinta y seis”.
En la Casa CNT-FAI, se había sometido, de nuevo, a la aprobación formal de un Pleno Regional de Locales y Comarcales de Sindicatos, convocado por el Comité Regional de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña (CRTC), la colaboración de la CNT en el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), en el que los representantes cenetistas ya estaban participando6. Se trataba de que las decisiones tomadas por el Comité Regional Ampliado, de colaborar con el gobierno de la Generalidad y el resto de partidos, que ya eran una realidad irreversible, fueran ratificadas de nuevo en otro Pleno Regional de Sindicatos. Era una política de hechos consumados, en la que el Pleno del día 26 actuaba como simple altavoz de los acuerdos ya tomados. El acuerdo final no dejaba lugar a dudas sobre la dureza de la oposición que había encontrado la aceptación de la posición colaboracionista de los comités superiores de la CNT-FAI, aunque desconocemos los debates, si es que los hubo. El acuerdo sobre el análisis de la situación revolucionaria existente se cerraba mediante una decisión que había alcanzado la “unanimidad absoluta”, definida como la “misma posición”, esto es, la que ya había aceptado provisionalmente la delegación cenetista que había parlamentado con Companys, la ya aprobada por el Pleno Regional del día 21, la del Pleno conjunto CNT-FAI del día 23. ¿Qué posición?: “no hay más enemigo para el pueblo, que el fascismo sublevado”, y por lo tanto ni el gobierno burgués de la Generalidad ni el republicano eran un enemigo a batir, sino un aliado. La renuncia revolucionaria era ya absoluta: “Que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir”. Se apelaba a la obligación moral de aceptar las decisiones generales7 y se hacía una profesión de fe antifascista: “Hoy por hoy, contra el fascismo, sólo contra el fascismo que domina media España”.
En el Bando destacaban dos cosas: la fortísima identificación del fascismo español con la Iglesia católica y el autoritarismo organizativo cenetista de carácter piramidal, que no dejaba vía alguna a la menor discrepancia, que no toleraba oposición alguna a la decisión adoptada de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas.
El comunicado final del Pleno Regional terminaba con una orden tajante e indiscutible de aceptación y sumisión al CCMA: “hay un COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y UN APÉNDICE SUYO DENOMINADO COMISIÓN DE ABASTOS. Todos tenemos el deber de acatar sus consignas, forma de regular las cosas en todos los órdenes.”.
El Bando era además el acta de nacimiento del CC de Abastos, que junto al CCMA y el Consejo de Economía constituyeron los tres pilares sobre los que se sostenía la revolución de julio.
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El CCMA se reunió por la tarde-noche del día 26 para crear un organigrama y estructurarse en diversos departamentos: Guerra, Milicias de Barcelona, Milicias comarcales, Comisión de Abastos, Propaganda, Autorizaciones y permisos, Patrullas de Control, Sanidad de Guerra, Transportes y Subsidios.
García Oliver se encargó del departamento de Guerra. Abad de Santillán estaba al cuidado del abastecimiento de las milicias, ayudado por Miret y Pons. Aurelio Fernández fue nombrado jefe del Departamento de Investigación, o lo que es lo mismo, en el auténtico jefe de la policía revolucionaria, con el auxilio de José Asens (CNT) y Tomás Fábregas (Acció Catalana), que dirigían las Patrullas de Control. Marcos Alcón (sustituto de Durruti por su marcha al frente) se encargó de la sección de Transportes, con el auxilio de Durán Rosell (sustituto de Antonio López Raimundo, fallecido en el frente de Huesca), de la UGT. Josep Miret (Unió Socialista, luego PSUC) y Joan Pons (ERC) fueron los responsables del departamento de Milicias Comarcales. Miravitlles (ERC) se encargó del departamento de Propaganda y Josep Torrents (UR: Unió de Rabassaires8) de Abastos. Rafael Vidiella (sustituto de José del Barrio, delegado de la columna Carlos Marx) se incorporó al departamento de investigación, dirigido por Aurelio Fernández. Joan Pons Garlandí (ERC) fue nombrado responsable del departamento de Autorizaciones y permisos (pasaportes). Artemi Aiguader (ERC) dirigía la Sanidad de Guerra. Josep Tarradellas se encargó del decisivo departamento de Economía e industrias de guerra. Como asesores militares fueron nombrados los hermanos Guarner, Díaz Sandino y Pérez Farrás. Lluís Prunés, consejero de Defensa de la Generalidad, dimitió pronto de su teórico y escasamente efectivo cargo (no reconocido) de presidente del CCMA.
La preponderancia de García Oliver y sus choques con el gobierno de la Generalidad fueron constantes hasta la disolución del CCMA, aunque disminuyeron en intensidad, importancia e interés a medida que pasaban las semanas, tanto por el progresivo distanciamiento del Comité Regional respecto a García Oliver, como por la ineficacia del CCMA y la muy temprana decisión secreta de la CNT de disolverlo. El enfrentamiento más grave fue sin duda el veto de García Oliver al primer gobierno Casanovas, propuesto por Companys el 31 de julio de 1936, en el que daba entrada a dos consejeros (ministros) del PSUC: Joan Comorera y Rafael Vidiella, y uno de Unió de Rabassaires: Josep Calvet. El ultimátum de García Oliver, que incluía la amenaza de suprimir la Generalidad, porque veía en el nuevo gobierno un ataque a la existencia del CCMA, terminó con la rectificación de Companys, que modificó el gobierno (ya sólo con republicanos) sólo unos días después de haber publicado el decreto de su constitución. Esa era la realidad de la relación de fuerzas existentes, por mucho que les pese a los historiadores nacionalistas, que intentan esconderlo o minimizarlo. Companys no podía gobernar sin el permiso de la CNT. Repetimos: no es que Companys quisiera gobernar con la colaboración de los cenetistas, sino que le era imposible hacerlo sin su consentimiento.
La posición de los comités superiores9 de la CNT-FAI era incoherente, insostenible y contradictoria. Sus principios ideológicos les impedían entrar en el gobierno de la Generalidad, pero tampoco querían que ese gobierno amenazara al CCMA, sino que se mantuviera sumiso a un organismo que no era, ni quería ser, un gobierno revolucionario y alternativo al de la Generalidad. El CCMA ni gobernaba del todo, ni quería dejar gobernar del todo a los demás. Los dirigentes anarcosindicalistas querían congelar la situación revolucionaria existente. Si a esto se le llama dualidad de poderes es porque no se entiende que la dualidad comporta una lucha feroz y sin cuartel, entre dos polos opuestos, por destruir al poder rival10. En el caso de Cataluña era más adecuado hablar de una duplicidad y complementariedad de poderes entre algunas consejerías del gobierno de la Generalidad y el CCMA, en ocasiones molesta, ineficaz e irritante para todos. La amenaza de García Oliver contra la formación del gobierno Casanovas no deseaba otra cosa que el mantenimiento de esa duplicidad. La participación anarcosindicalista en las tareas de gobierno a través del CCMA resultaba insatisfactoria. Pero nadie se atrevía a plantear aún, a una militancia libertaria armada, la entrada directa en el gobierno. Cuando la realidad choca con los principios, éstos suelen quebrar.
Durante todo un mes, desde el 21 de julio hasta el 21 de agosto, “los notables” anarquistas y anarcosindicalistas divagaron sobre el dilema de acabar con el CCMA, sin entrar en el gobierno de la Generalidad, o conservarlo. Existían dos modalidades básicas: la primera consistía en crear comisiones técnicas en las distintas consejerías (ministerios de la Generalidad) como fórmula para controlar, sin participar en el gobierno: era el ejemplo de la Comisión de Industrias de guerra o el Consejo de Economía11; la segunda era hacerlo desde los “organismos revolucionarios”, apoyando formalmente los poderes legales, pero sosteniendo un poder “revolucionario” que diera una posición real de fuerza a los cenetistas: era el ejemplo de las Patrullas de Control, de los comités de defensa y del comité de investigación del CCMA, coordinado y dirigido por Manuel Escorza desde el Servicio de Información e Investigación de la CNT-FAI, que dependía exclusivamente del Comité Regional de la CNT y del Comité Peninsular de la FAI.
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El sábado 17 de octubre de 1936 el Consejo de la Generalidad efectuó los siguientes nombramientos: Comisario General de Orden Público: Andreu Revertés Llopart (ERC), en sustitución de Enrique Gómez García; secretario general de Orden Público: Josep CollTorrelles (POUM); inspector general de Servicios de OP: Joaquín Olaso Piera (PSUC); Jefe de Servicios de OP: Dionisio Eroles Batlle (CNT)12.
Revertés tenía una doble militancia ERC y EC, algo bastante habitual en la época. Había sido nombrado comisario por intervención especial de Companys, con la oposición de ERC y varios consejeros, por influencia de su mujer Carmen Ballester. amiga de la mujer de Revertés. Tenía fama de mujeriego, seductor y experto en relaciones públicas.
Casanovas, que había presidido los dos primeros gobiernos de la Generalidad, después del 19 de julio de 1936, discrepaba de Companys respecto a la vía para fortalecer el Gobierno de la Generalidad. Mientras Companys y Tarradellas creían imposible enfrentarse a los anarquistas y jugaban la carta de favorecer y potenciar al PSUC y a ERC, al tiempo que intentaban controlar y limitar las colectivizaciones. Casanovas confiaba en un golpe de Estado que eliminara a los anarquistas. El 26 de setiembre se formó el primer gobierno Tarradellas, con la entrada de consejeros anarquistas.
El 1 de octubre se disolvió el CCMA. Las Patrullas de control pasaron a depender de la Junta de Seguridad de la Generalidad de Cataluña, que se suponía que dependía del consejero del Interior, Artemi Aiguader. Aurelio Fernández era el secretario de Patrullas y José Asens Giol, el Jefe de Operaciones de las Patrullas de control de Barcelona. La rivalidad entre Aiguader y Aurelio fue muy dura y generó constantes enfrentamientos.

Placa de las Patrullas de Control de la Junta de Seguridad de la Generalidad de Cataluña, formada por militantes de CNT, ERC, PSUC-UGT y POUM. Debe prestarse atención a las cuatro barras que encabezan la placa y al texto en catalán. En el Archivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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Noviembre de 1936: del tesoro Galarza al Caso Revertés
El 5 de noviembre de 1936 las tropas franquistas ya habían conquistado los aeródromos de Getafe y Cuatro Vientos, penetraban en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, situándose a solo 6 kilómetros de la Puerta del Sol. Algunos diarios derechistas anunciaron la caída de Madrid.
El 6 de noviembre el Consejo de Ministros de la República había votado por unanimidad la huida del Gobierno de la República de un Madrid cercado por las tropas fascistas. Esa unanimidad incluía a los cuatro flamantes y novatos ministros anarquistas, nombrados el día 3 por un taimado y astuto Largo Caballero, que no quería dejar a los anarquistas al margen de la decisión de abandonar Madrid.
Ángel Galarza Gago (socialista) era el ministro de Gobernación y Manuel Muñoz Martínez (republicano y masón) era el director general de Seguridad. El ministerio de Gobernación había creado una Sección de Servicios Especiales (SSE), organización de espionaje, investigación, vigilancia e información asentada en el cuartel socialista de la calle de Marqués de Riscal número 1, en el que operaban las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia. Justiniano García Fernández era el Jefe de la SSE. Alberto Vázquez, capitán de la SSE, fue el responsable de la operación de traslado a Barcelona del tesoro Galarza. Antonio Calderón era otro agente de la SSE.
En la tarde-noche del 6 de noviembre Galarza ordenó a Justiniano García la misión no oficial de sacar de Madrid un auténtico tesoro de oro, plata, joyas y obras de arte. Se trataba en total de cinco vehículos procedentes de Serrano 43, que posiblemente era el almacén donde se depositaban las incautaciones realizadas por los registros domiciliarios del cercano cuartel/checa socialista de Marqués de Riscal número 1. El director general de Seguridad, a su vez, ordenó el transporte a Barcelona de una camioneta procedente de la Casa de la Moneda, repleta de lingotes de plata.
Esta expedición estaba formada por expertos y aguerridos agentes de la SSE, pero también por familiares de los agentes y por funcionarios que huían de Madrid, creyendo que participaban en una misión oficial. Misión que se mostró tan caótica y precipitada como chapucera y mal organizada.
Entre el 6 y el 26 noviembre de 1936, Josep Asens, como Jefe de Operaciones de las Patrullas de Control en Barcelona investigó, detuvo e interrogó a los responsables del transporte desde Madrid de tres autos confiscados (cargados de lingotes de plata y monedas de oro, maletas con efectivo, obras de arte y joyas) de los cinco que la Sección de Servicios Especiales (SSE) del ministro de Gobernación, Ángel Galarza, intentó llevar ilegalmente a Francia en una misión no oficial.
Josep Asens Giol, el 7 de noviembre de 1936, ya había detenido a los primeros agentes de la expedición madrileña (a Justiniano y a Vázquez), en cuanto llegaron a Barcelona, probablemente avisado por el servicio de información de Argila y alertado por la Consejería de Defensa, adonde se había dirigido uno de los vehículos madrileños.
La camioneta procedente de la Casa de la Moneda en Madrid, cargada con 136 lingotes de plata, de 15 kilos de peso cada lingote, depositó su cargamento en un almacén en plaza Palacio número 8, a nombre de Manuel Campos Milán, secretario del director general de Seguridad, Manuel Muñoz.
El 14 de noviembre, el policía Ferran Duran Miralles, secretario de Revertés y confidente de Eroles, firmó el recuento de esos lingotes depositados en plaza Palacio. Esta firma de conformidad significaba que Revertés se había apoderado de la parte más sustancial del tesoro Galarza, pero también que Eroles lo sabía y no lo iba a consentir.
Joan García Oliver en El eco de los pasos escribe que Galarza le explicó que cuando el Gobierno de la República se trasladó a Valencia “envió en una camioneta con destino a la capital levantina unos lingotes de oro y platino, valorados en varios millones de pesetas […] y en vez de parar en Valencia, prosiguieron viaje hasta Barcelona, donde fueron detenidos por un grupo de policías de la Generalidad, mandada por un tal Reberter, y despojados del cargamento. Cuando el Consejero de Gobernación [Aiguader] intervino, por un soplo que le dieron, fue para mandar asesinar a Reverter, acusándolo de conspiración separatista. Y se quedó con oro y platino. Reclamó Galarza y Aiguader dio la callada por respuesta”.
Se quejaba García Oliver de la pretensión de Galarza de que iniciara un proceso de reclamación, ya que se trataba de un asunto “muy engorroso y confuso”, que por otra parte podía iniciar el propio Galarza, sin su mediación. La petición privada de Galarza a García Oliver no trascendió al ámbito público, ni fue más allá de un intento de presión entre colegas ministros, sin consecuencias, sin continuidad y sin publicidad. Pero el platino era plata y Reberter era Revertés.
Asens ya había entregado a la Generalidad las obras de arte, dinero y valores hallados en los tres vehículos incautados, como se hacía habitualmente. También había detenido a Justiniano García y a Alberto Vázquez, jefe y capitán del SSE, respectivamente, a los que estaba interrogando en la prisión de la Junta de Seguridad de la Generalidad en el antiguo convento de San Elías.
Pocos días después, Mario Gallud, delegado de las patrullas del barrio barcelonés de Poble Sec, alertó a Asens del registro ordenado por Revertés en el domicilio del hermano del agente de la SSE Antonio Calderón, sito en la portería de Gran Vía 410, muy cerca de plaza de España, para apoderarse de unas cajas y maletines que los de la SSE de Madrid habían escondido allí. Tras una escaramuza armada entre guardias y patrulleros, es decir, entre Revertés y Asens, todo lo incautado se trasladó, por seguridad y desconcierto, a la central de Patrullas de Control, en Gran Vía 617.
Más tarde, también se enviaron a la central de Patrullas las maletas ocultas por el agente de la SSE Alberto Vázquez en su hotel, gracias a la confesión de este al ser interrogado por Asens en San Elías.
Ante la gravedad del enfrentamiento entre guardias de Revertés y patrulleros de Asens, estas nuevas adquisiciones del tesoro Galarza no se entregaron a la Generalidad, ante el desconcierto y dudas de los patrulleros sobre las intenciones del comisario general Revertés, que operaba por cuenta propia y al servicio de Estat Català, enfrentándose a Patrullas y, al parecer, con desconocimiento del conseller Artemi Aiguader.

Josep Asens a la izquierda, con metralleta
Era necesario que Patrullas (Aurelio Fernández), Comisaría (Dionisio Eroles) y Consejería (Artemi Aiguader) se coordinaran entre sí para enfrentarse a Revertés e impedir que se apoderase del tesoro Galarza, al tiempo que se evitaba la ruptura de la unidad antifascista, en la que se fundamentaba el Gobierno de la Generalidad.
Asens, con lo incautado parcialmente, ya podía financiar las futuras compras de armas para Patrullas y los comités de defensa, en la construcción de una red de compra de armas que ya había iniciado a primeros de octubre de 1936, gracias a un préstamo de los sindicatos suizos.
Eroles, entre el 14 y el 24 de noviembre gestionó y administró el depósito de plaza Palacio, entregando un millón de pesetas a Santillán y ochocientas mil a Portela. Quizás estuvo aquí el origen del llamado “moniato” de Eroles (moniato que se explica en la biografía de Eroles, en el anexo 10 de mi libro sobre Asens).
Asens, Aurelio y Eroles, pero también Artemi Aiguader, temían que Revertés pudiera retener los lingotes depositados en Plaza Palacio.
La incautación de parte del tesoro Galarza por Asens (en su escaramuza con Revertés y el interrogatorio de Vázquez) pasó desapercibida, al igual que la existencia del depósito de plaza Palacio.
La prensa solo especulaba sobre extravagantes rumores, propagados interesadamente por Eroles y Aiguader, tan confusos como falsos, sobre unos lingotes de “platino” y un fallido asesinato por parte de Revertés de su madrastra o, a veces, de su suegra. Eran unas grotescas patrañas, que deformaban la realidad y lo sucedido hasta el ridículo y la hilaridad, si no fuese porque comportaron unas consecuencias tan trágicas. Pero lo cierto es que no hubo ni platino, ni suegra, ni madrastra, sino el tesoro Galarza y el choque callejero entre los patrulleros de Asens y los guardias de Revertés por su control. Ahí está el testimonio de Bárcena en el Caso Asens, reproducido ahora en la página 262 de “Anarquistas y Orden Público”, aunque solo al alcance de quienes sepan leer y quieran entender.
Las grandes noticias de finales de noviembre, en Barcelona, fueron el entierro de Durruti (el domingo22) y el complot contra Companys, delatado por Eroles (el 24) y la detención (disfrazada de dimisión) de Revertés (el 25).
Ante el conato de Revertésde hacerse con el tesoro Galarza para poner en práctica el plan de Estat Català de armarse, “decapitar a la FAI” y proclamar la independencia de una Cataluña tutelada por Francia y la Italia fascista, Eroles pinchó el globo golpista del fascismo catalanista, acumulando pretextos, chismes y engañifas que despistaran a la opinión pública, porque para quedarse con el tesoro Galarza era fundamental el silencio y la desinformación.
Revertés, desesperado y temiendo por su vida, confesó que se había comprometido a trasladar y custodiar desde Cerbère a Mataró unos vagones de ferrocarril con armas compradas por Estat Català.
Companys, después de entrevistarse a mediodía del día 24 con Artemi Aiguader, enfermó muy convenientemente y guardó cama hasta primeros de diciembre. En esa entrevista Artemi había comunicado a Companys las aventuras y desventuras de su pupilo y recomendado comisario, Andreu Revertés, anunciando al presidente su inminente detención y posible ejecución, que serían presentadas como dimisión y desaparición.
La detención de Revertés por Aiguader (en la tarde-noche del 24) también implicó la incautación del depósito de plaza Palacio por Aiguader, hasta entonces en manos de Duran y Eroles. Esa enérgica e interesada incautación explica el constante enfrentamiento de Aiguader con Aurelio y Eroles a partir de ese momento. Pero la documentación de archivo consultada hasta el día de hoy aún no permite conocer con exactitud qué y cuánto se quedó cada cual.
CNT, ERC y el Govern (con excepción de Comorera) decidieron que Revertés pagara con su vida la traición a la República. Casanovas, Torres Picart, Cardona y Xammar eligieron entre el exilio o el escondrijo. El Diari de Barcelona, órgano de Estat Català fue ocupado durante algunas horas por el Sindicato de Artes Gráficas. Eroles, sin embargo, decidió que era preferible que Estat Català no fuera disuelto definitivamente, imponiendo como condición sine qua non que su amigo personal Joan Cornudella asumiera la secretaría general, como garantía de que el disparatado golpe de estado independentista contra la República no se repitiera. El complot contra Companys y la República era un evidente acto de traición, penado con la muerte. El hilo del fascismo catalán se había roto,
Destacó en todo el afer el decisivo papel jugado por el policía Ferran Durán Miralles, secretario de Revertés, firmante del recuento y depósito en Plaza Palacio de la entrega de los lingotes de plata a la Generalidad, confidente de Eroles y testigo-fotógrafo de éste en la ejecución de Revertés por un escamot de ERC, formado (según fuentes solventes) por Josep Soler Arumí y Josep Grau Jassans, que asesinaron a su camarada de partido el 30 de noviembre de 1936.
Todos los documentos usados para explicar qué era el tesoro Galarza y desvelar el misterio Revertés como una lucha por hacerse con ese tesoro, pueden y deben consultarse en el anexo número 9, Caso Asens, del libro: Anarquistas y Orden Público. Josep Asens y las Patrullas de Control, editado por Descontrol en 2025.

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Daños colaterales: Otro asesinato (doble) no investigado, oculto por el silencio
Otro misterioso asesinato doble empañó la actualidad barcelonesa, también oculto por el silencio y el olvido. Ocurrió el 21 de noviembre de 1936, cuando en los alrededores del campo del Club de Futbol Júpiter se encontraron los cuerpos sin vida de los militares, comandante Emilio Escobar Udaondo de la Guardia Nacional Republicana (antigua Guardia Civil) y miembro de la dirección de la Escuela de Guerra y el capitán de la Aeronáutica Aurelio Martínez Jiménez, profesor en la misma escuela. Un doble asesinato que nadie llegó a explicar ni investigar jamás. Ambos eran secretario y subsecretario de la UMRA. Emilio Escobar era, además, Jefe de estadística en la Consejería de Defensa.

Justiniano García Fernández
La noticia pasó inadvertida, con la ciudad paralizada y aturdida por la muerte de Durruti en Madrid, el 20 de noviembre. Aún hoy, nadie ha arrojado luz sobre el asesinato de los dos militares de la UMRA. Es evidente que ni patrullas ni comités de defensa cometerían la estupidez de dejar los cadáveres en un terreno afín, en el barrio obrero de Pueblo Nuevo, así como resulta inimaginable que alguna organización ácrata o cenetista se atreviera con un personaje como Emilio Escobar, incluido en las listas de masones, intocables para los anarquistas por orden de Manuel Escorza. Así pues, todo parece señalar que ese asesinato doble pudo ser obra de la Sección de Servicios Especiales, dirigida por Justiniano García Fernández, muy molesto y contrariado por el error (o rechazo) de alguno de los componentes de la expedición madrileña del tesoro Galarza, que solo llegar a Barcelona habían contactado, por honestidad e ingenuidad, o por temor a las consecuencias, con la Consejería de Defensa, alertando así a los militares de la UMRA.
La hipótesis (que será necesario probar documentalmente) es ésta: el asesinato de ambos militares de la UMRA por agentes de la SSE tendría el objetivo de evitar que denunciaran al socialista Prieto (y a otros) el escándalo protagonizado por el ministro de Gobernación Ángel Galarza y su tesoro. Su asesinato también era un aviso para otros posibles testigos.
Sin denunciantes, no habría escándalo. Por otra parte, quienes se quedaron con el tesoro (Aiguader, Eroles, Asens), sabían que Galarza no lo reclamaría públicamente, si con ello se evitaba la vergonzosa noticia de un ministro huyendo de un Madrid asediado por los fascistas que, además, quería asegurarse un lujoso futuro en Francia. Todos los protagonistas se conjuraron en guardar silencio; un silencio indispensable para conservar lo ganado. ¡O el tesoro o el escándalo!
Parece evidente que el asesinato del comandante Escobar y el capitán Martínez, y, sobre todo, el extremo silencio en el que se envolvió y la ausencia de investigaciones guardan una estrecha relación con el afer Revertés, que se estaba desarrollando en esas mismas fechas. Compartían el mismo silencio e idéntica desinformación, porque eran un daño colateral.
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Cómo se trató el caso Revertés en la Junta de Seguridad, reuniones de comités y Consejo de la Generalidad del 24 al 30 de noviembre (1936)
24 de noviembre, martes.
Se celebró una reunión matutina de comités superiores13, con la participación de los Comités Regional, Local, Guerra, Control, Investigación, Defensa, Comunicaciones, Transporte y CPV del Fascismo.
El CR planteó el problema de la defensa, como tema único de la reunión. Cedió la palabra a Santillán, para que hiciera un detallado informe.
Santillán valoró como un milagro la forma en que, después de cuatro meses, seguían haciendo la guerra: “casi sin municiones, sin personal técnico, sin pólvora, sin cartuchos, sin fábricas de armamentos, sin impermeables”. Afirmó que había mejorado la producción de cartuchos y que, en breve, saldría una promoción de oficiales de confianza. Y que si había material aún había tiempo de ganar la guerra.
El CR dijo que el objetivo de la reunión era señalar las deficiencias existentes y resolverlas.
Joan Pau Fábregas propugnó que Industrias de Guerra se sumara a Economía.
Santillán abogó a favor de que todo se centralizara en Guerra.
Campos propuso que Vallejo estuviese en la próxima reunión, para informar como técnico siderometalúrgico.
Ascaso14 calificó de horrorosas las palabras de Santillán, al que había oído decir que después de cuatro meses de guerra, “aún no sabemos a ciencia cierta la materia prima que nos falta y a dónde la debemos ir a buscar”. El material de guerra recibido era pésimo y tan deficiente que, en ocasiones, causaba “la muerte de los compañeros que lo usan”, y hasta faltaba el machete-bayoneta para entrar en lucha cuerpo a cuerpo.
Santillán se defendió, como era clásico en él, según el redactor del acta.
Ascaso dijo que no se explicaba que desde Guerra ordenaran avances, “con municiones deficientes”.
Combina preguntó dónde estaban los cuatrocientos millones en oro, que se rumoreaba que habían salido de España. Se acordó que Marianet, secretario nacional, y los ministros anarquistas en el Gobierno, indagaran la respuesta.
Joan Pau Fábregas les dijo que no se extrañaran del sabotaje que les hacía el Gobierno central, recordando que Valdés ya les dijo que no recibiríamos armamento hasta que cambiáramos de actitud.
Santillán propugnó como imprescindible construir una tercera línea de ferrocarril, para evitar el bloqueo costero.
El CR hizo un resumen de lo acordado, proponiendo citar para el día siguiente a Vallejo, Martín, Regional y Local.
El Comité de Defensa, en referencia a la anunciada recogida de armas, advirtió que las barriadas no las entregarían, y tampoco permitirían que se les militarizara.
Afirmó de ellas que “tienen un concepto claro [y] diáfano de sus principios anárquicos, y por nada y por nadie se dejarán sojuzgar”. Prosiguió diciendo que estaban dispuestas a sacrificarse voluntariamente en defensa de la revolución, y que los comités de barrio vigilarían todo el litoral, desde Badalona hasta El Prat.
Castellote, Martínez y otros, calificaron la actitud de los comités de barrio como indisciplinada, y no estaban conformes en que “los Comités de Defensa y de Barriadas se rebelen ante los acuerdos tomados por los concejales”.
Se levantó la reunión a las doce y media de la mañana.
Los comités revolucionarios de barrio no habían hecho dejación de principios, no habían pactado con nadie, no se habían plegado a unidad antifascista alguna y no iban a permitir que nadie les desarmara. Pero carecían de autonomía y dependían financiera y orgánicamente de los sindicatos.
*
A las veintitrés horas y cincuenta minutos, bajo la presidencia del consejero Artemi Aiguader, se reunió la Junta de Seguridad Interior15, a la que asistieron Coll, Eroles, Tomás Fábregas, Gil, Guinart, Olaso, Pons, Rebull, Vidiella y Aurelio Fernández, secretario de la Junta.
Leída y aprobada el acta anterior, Artemi Aiguader manifestó que en las últimas veinticuatro horas se habían producido hechos de suma gravedad. Vidiella confirmó la gravedad de los hechos, señalando que podrían haber tenido unas consecuencias aún más graves y pidió la constitución de una comisión, que investigara a todos los comprometidos en los mencionados hechos. Eroles se sumó a Vidiella, pidiendo una investigación a fondo, “sea quien sea quien pueda resultar perjudicado”.
Coll solicitó un informe completo y oficial a la Junta de Seguridad, pues hasta el momento todo lo que se sabía era de segundas o por rumores. Rebull coincidió con Coll.
Artemi Aiguader, Consejero de Interior, explicó que, si no había complicaciones ni otras ramificaciones, los hechos se limitaban a una conversación entre Revertés, comisario general, y Torres Picart, secretario general de Estat Catalá, sobre un movimiento que produjera la “eliminación” del actual gobierno de la Generalidad.
Vidiella opinó que era necesaria una actuación rápida y expeditiva del gobierno. Gil mostró su conformidad con Vidiella. Aiguader declaró que jamás había sido “impunista”16. Se entabló un debate generalizado del que resultó el acuerdo de que la Junta de Seguridad se declarase en sesión permanente, con el objetivo de profundizar y aclarar los hechos.
Se acordó tomar declaración a Joan Torres Picart, levantando acta aparte.
25 de noviembre, miércoles.
Joan Torres Picart17, compareció, a las dos del 25 de noviembre, ante el Pleno de la Junta de Seguridad Interior, reunida en sesión permanente, para ser interrogado por los distintos componentes de la Junta de Seguridad
Declaró que asistió a la reunión realizada entre Joan Casanovas, presidente del Parlamento y el Comisario general de Orden Público Revertés, para tratar una compra de armas, destinadas a las fuerzas de orden público.
A preguntas de Aurelio Fernández, respondió que no quiso atraerse al comisario a ninguna causa política, porque no existía tal causa; que las armas eran para las fuerzas de policía porque, aunque sostenían el gobierno “que querría eliminar”, él pensaba que tal eliminación debería venir por la fuerza de la opinión pública, “que Estat Catalá podría provocar”.
Manifestó que no había mantenido relaciones con Sancho, Puig Ferrater o España, “que se encuentran actualmente en el extranjero”. Que no sabía nada de una reunión en París.
A una pregunta de Eroles, manifestó que la visita efectuada al Comisario general “no tenía la finalidad de una invitación” y que no tenía nada planeado.
A la pregunta de Aurelio Fernández para que concretase “quienes cree que son los grupos incontrolados que ponen en mala situación el orden público en Cataluña”, manifestó que era favorable a la lucha antifascista y que su nombre no podía mezclarse con actos contrarrevolucionarios, “cometidos por los llamados grupos incontrolados”.
A preguntas de Vidiella, respondió que fue él quien propuso la entrevista al comisario y a Casanovas; que había roto relaciones con Dencás antes del 6 de octubre [de 1934] por diferencias [políticas] y que se enteró de su huida a Italia por la prensa.
Que desconocía las actuaciones de Dencás en Italia y París, ni sus gestiones favorables a que Italia y Alemania “reconocieran una declaración de independencia de Cataluña”, y que “nunca querría la colaboración de esos dos países para un movimiento de independencia”.
A preguntas de Coll, declaró que Domenec Ramón era militante de Estat Català.
A preguntas de Rebull, manifestó que el lote de armas costaba unos diez millones de pesetas, y que su valor y el detalle del armamento lo conocía bien Casanovas; que él sólo asistía a la entrevista porque le dijeron que no había inconveniente en que estuviera presente, y que después de hablar de armas, se habló de política, pero sin que una cosa tuviese nada que ver con la otra.
A preguntas del Consejero de Seguridad Interior manifestó que nunca había ido a Francia “desde el inicio de la revolución”, que había actuado activamente en el diario de su partido y desde el 20 ó 25 de agosto en la secretaría general del mismo, y que en el frente de Aragón había cuatro o cinco centurias de Estat Català.
A preguntas de Vidiella, manifestó que no era cierto que Casanovas, tras su salida del gobierno, se apropiara de Estat Català y que nunca le había oído hablar mal del Presidente Companys, ni de ningún consejero de la Generalidad.
A preguntas de Aurelio Fernández, declaró que Estat Català representaba un estado de opinión muy aceptado, que tuvo numerosas bajas en la invasión de Mallorca, que lamentaba no haber estado representado en el gobierno, porque su “obra hubiese tenido un espíritu más catalanista”.
Leída la declaración, que había durado una hora y quince minutos, la encontró conforme y la firmó, con el secretario de la Junta.
Firmado: Joan Torres Picart y Aurelio Fernández.
*
En la reunión matutina de los comités superiores18, que contó con la asistencia de los Comités Regional y Local, Defensa, Cultura, JJLL, Guerra, Concejales, Montseny y CPV del Fascismo, Valerio Mas, como secretario regional, abrió el turno de palabras, explicando a los que no habían podido asistir a la última reunión (de ayer por la noche), que Vallejo había demostrado que Industrias de Guerra funcionaba perfectamente, contando con la existencia de ciento cincuenta y dos fábricas. El mayor problema era el económico. Otro problema, a corto plazo, era el del colapso del Transporte, si no se conseguía un mayor número de vehículos.
Valerio Mas también informó sobre la intervención, en esa reunión, de Productos Químicos quien había manifestado que su industria estaba en pleno auge, llenando las necesidades de la guerra, o incluso las de defensa, como las caretas antigás. Sólo se quejó de la falta de dinero, que había llegado al punto de que esa misma semana no se había podido pagar al personal
Santillán quiso resumir las informaciones de Mas, diciendo que faltaban dos cosas, por un parte dinero y, por otra, acero.
Joan Pau Fábregas explicó su viaje a Madrid, con el objetivo de obtener un crédito de cincuenta millones de francos. Luego habló del crédito concedido a Murcia a cambio de canalizar la exportación frutícula [hortícola] de la zona. Por otra parte, se conocía la existencia en Francia de ochocientos millones oro, a disposición del Gobierno español.
Combina, siempre impetuoso, según expresión del redactor del acta, propuso una demanda urgente al Gobierno, “exigiéndole que saque el dinero necesario para ganar la guerra”. No podía ser que se pidiera a Cataluña todo tipo de material, que se enviara desde Madrid a toda la población civil y que se nos negara el oro para comprar armamento. Era preciso nombrar una Delegación, que fuera a Madrid a exigir “que nos dé el dinero que necesitamos para resolver nuestros problemas”.
Se nombró, para formar parte de esta comisión, a Vallejo, Combina y Joan Pau Fábregas.
El CR leyó un documento del PSUC, “estilo camorra del Camorrera” en el que se decía, “poco más o menos”, que el Gobierno de la Generalidad no gobernaba de hecho, que hay que supeditarlo todo a ganar la guerra, que había de organizarse el gobierno con hombres de las organizaciones obreras, que debía suprimirse la Secretaría de la Junta de Seguridad Interior, que una disciplina férrea, y que como todo el texto “huele a dictadura estilo bolchevique, es desechado por completo”.
Combina manifestó que se estaba mostrando incapacidad, en el orden constructivo, para crear los órganos que se necesitaban.
Santillán informó sobre la situación de la Columna Durruti. “De su desmoralización, de su indisciplina”. Del criterio de Manzana. De los numerosos alegatos de aquellos que piensan “que a Durruti lo asesinaron”, etcétera.
Federica Montseny informó de la situación de las columnas en Madrid. Se acordó poner a Manzana al mando de la Columna Durruti en Madrid, con amplios poderes. Y que se enviarían “unas centurias de compañeros”, para obligarlos a permanecer en el frente y a no retroceder, si era necesario por la fuerza.
Combina manifestó su oposición a que fueran creándose nuevos ejércitos, “que el día de mañana nos puedan pegarnos a nosotros”.
Castellote dijo que ése era “el proceso de gestación del fascismo”.
JJLL, entre otras cosas, se quejó “de la actuación de la policía, que es peor casi que la de antes”, dando como ejemplo lo que había sucedido el día de ayer en el café Español, donde los policías usaron los mismos procedimientos que, antes de la guerra, se utilizaban en el bar “La Tranquilidad”19, deteniendo arbitrariamente a todos los presentes.
A raíz de este debate, Federica Montseny propuso la creación de un cuerpo policial de Defensa Social, que aboliese todos los antiguos cuerpos “de perros de todas clases”.
El CR insistió en que la embajada española en París era un nido de espionaje.
Se levantó la reunión a los once menos cuarto de la mañana.
La indisciplina de la Columna Durruti, tanto en Aragón como en Madrid, era absoluta. La causa fundamental era la desmoralización, que nacía de la firme convicción de que Durruti había sido asesinado por los estalinistas20, pero que se seguía manteniendo la unidad antifascista por mero trapicheo político. Las medidas propuestas por Federica Montseny de enviar centurias, que reprimieran por la fuerza a los milicianos de la Columna Durruti, para impedir su abandono o retroceso en el frente de Madrid, no contribuían precisamente a levantar la moral, y sólo pueden calificarse como “militaristas”. Esa desmoralización y esa difusa, pero omnipresente, sensación de intriga y traición anidaba en las quejas de las JJLL contra la policía, que actuaba como “la de antes”, o entre los mismos comités superiores, que exigían oro al gobierno para comprar armas y ganar la guerra.
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Tomada la declaración a Torres Picart, prosiguió la sesión permanente de la Junta de Seguridad21. Vidiella propuso que se efectuara copia para la Junta de todas las actuaciones sumariales. Gil manifestó que lo más interesante parecía ser las entrevistas celebradas en el extranjero, y que parecía evidente la existencia de un movimiento, aunque en su fase inicial. Vidiella consideró que el delito era evidente: la eliminación del gobierno, aunque esa eliminación no fuera física, sino política, lo que equivalía a un golpe de estado. Propuso que la Junta tomase declaración a Joan Casanovas y a Andreu Revertés. Artemi Aiguader se opuso a que se tomara declaración a Casanovas, concediendo un voto de confianza a Eroles para que prosiguiera las investigaciones y diera cuenta de las mismas al día siguiente, cuando se reuniera la Junta a las cinco y media de la tarde.
En cuanto a Revertés, el consejero Artemi Aiguader cedió la palabra a Eroles para que informara a la Junta, quien explicó las anomalías detectadas en su conducta, que se agravaron con las desapariciones de determinadas personas, en las que había intervenido directamente el comisario Revertés, que había preparado además un complot que tenía “por finalidad la desaparición de los compañeros Aurelio Fernández, Vicente Gil y Solans”22.
Todo apuntaba a que se trataba del temprano aborto de la preparación de un golpe de estado contra Companys, a causa de su “alianza” con los anarquistas, y que se proponía la eliminación física de varios dirigentes ácratas, “responsables de la anarquía imperante en Cataluña”, entre los que destacaba el nombre de Aurelio Fernández. El confuso objetivo final se orientaba a una independencia de Cataluña, fundamentada en el apoyo de las potencias fascistas de Italia y Alemania, que quedaría al margen de la República y de la España de Franco. Existía un hilo, ferozmente anticenetista, que unía la preponderancia catalanista-fascista de Dencás-Badía, en 1934, en el Departamento de Gobernación de la Generalidad, con el descontento de Estat Catalá por haber sido marginado del gobierno de la Generalidad tras el 19 de julio de 1936, que llegaba hasta ese ridículo intento de un golpe de estado contra Companys.
Vicente Gil, uno de los que el frustrado golpe de estado quería eliminar, subrayó la “responsabilidad” demostrada por los cenetistas. Tras un debate sobre si el comisario Revertés había dimitido o se le había destituido, se acordó hacer pública su destitución. Se suspendió la reunión a las cinco y cuarenta y cinco del día siguiente.
*
A las seis de la tarde, se reunió el Consejo de la Generalidad de Cataluña23, presidido por Tarradellas, a causa de la enfermedad de Companys, con asistencia de los consejeros: Sandino, Joan Pau Fábregas, Doménech, Valdés, Comorera, Calvet, Nin, Aiguader y Closas.
Tarradellas explicó el resultado de su viaje a Valencia, donde se entrevistó con Negrín, ministro de Hacienda; con Bugeda, subsecretario de Hacienda y con Nicolau d´Olwer, gobernador del Banco de España. Dijo Tarradellas que se habían barajado varias fórmulas de financiación, pero que la más favorable para Cataluña, que Tarradellas sometía a la consideración del Consejo, era que el Estado otorgara un crédito a la Generalidad.
Doménech, Consejero de Abastos, advirtió de la necesidad de tener una reserva alimenticia de unos seis meses, para evitar que cualquier complicación internacional de la guerra, o el bloqueo del puerto de Barcelona, supusiera un colapso tanto de la retaguardia catalana como del frente de Aragón. Calculaba que “se necesitan unos cincuenta millones de pesetas”. Esa reserva debía hacerse a quince días vista, o máximo en un mes. Concluía que “el Gobierno de la República de una u otra manera nos ha de facilitar lo que haga falta, y que de no ser así declinaba toda responsabilidad”.
Comorera, Consejero de Servicios Públicos, dijo que “el competente para proponer la fórmula que crea que ha de adoptar el Consejo, es el Consejero de Finanzas”, y respondió a Doménech que “antes de facilitar el crédito del que hablaba, que se planteara previamente una política de abastos, mediante la fijación de una lista de artículos indispensables, establecer o no el plato único, etcétera”.
Tarradellas intervino para centrar el debate, que no era otro que “el de la cuestión financiera de la Generalidad en relación con el Estado”, cuya responsabilidad recaía en sí mismo como Consejero de Finanzas, y que “ante el apremio de las circunstancias es preciso resolverlo de una vez”.
Después de diversas intervenciones de los distintos consejeros se acordó que Tarradellas, como Consejero de Finanzas, escribiese a Negrín, Ministro de Hacienda de la República, “proponiendo que el Banco de España abra un crédito a la Generalidad de Cataluña de cincuenta millones de pesetas, con el aval del Estado para los gastos propios de Cataluña, y que el Tesoro conceda un crédito a la Generalidad de doscientos millones de pesetas, para atender los servicios del Estado que presta la propia Generalidad”.
Tras diversas cuestiones de distinta importancia, se trató el tema de la destitución de Revertés del cargo de Comisario General de Orden Público, así como de la detención de Torres Picart, de Estat Català. Se produjo un enconado debate, en el que Comorera y Valdés (ambos del PSUC) querían que la investigación del caso fuera hasta el final, desvelando las conexiones del complot independentista con Dencás y las potencias fascistas; mientras Aiguader y Tarradellas (de ERC) deseaban enterrar el caso con una encuesta dirigida por la Junta de Seguridad Interior, desligar al partido de Estat Català de las acciones de Revertés, y dejar de cavilar sobre un “inexistente” complot fascista. Después de larga deliberación se aprobó la propuesta de Tarradellas, dejando el caso en manos de una “encuesta de carácter gubernativo”, que elaborase “un expediente”. Esto es, que se le daba carpetazo.
El Consejo abordó, a instancias de Sandino, el proyecto de decreto de creación de Regimientos. Joan Pau Fábregas (por la CNT) pidió el aplazamiento del debate, a lo que se opusieron Sandino y Comorera. Comorera recordó que PSUC y UGT habían presentado al Presidente de la Generalidad una propuesta política “a la cual ha de contestar la CNT”, pidiendo la suspensión de todo debate, en tanto no se resolviese la cuestión. Tarradellas se sumó a la presión sobre la CNT de Comorera y Sandino, “por lo que se dijo del cumplimiento de los Decretos dictados, es necesario que se resuelva el problema planteado, pero deprisa”. Se acordó finalmente que el proyecto sobre creación de Regimientos pasara a la Ponencia ya nombrada de los consejeros.
Comorera planteó el problema existente en los ferrocarriles, expuesto por los trabajadores del sector, sobre falta de carbón y de renovación del material, que podía colapsar un sector vital de las comunicaciones. Apremió, además, con una moción, al Consejero de Abastos, el cenetista Doménech, para “que procure acelerar la descarga de vagones, porque parece que, con menos tráfico, los porcentajes de vagones descargados es menor”.
Los consejeros cenetistas habían sido vapuleados, presionados y puestos en evidencia por su ineficacia, fuese cierta o no. El resto de consejeros parecían rivalizar en quien les daba más fuerte y los ridiculizaba mejor. Y eso que se había debatido un escándalo político, como el del complot independentista, descubierto por los cenetistas. A la demanda de un préstamo para comprar alimentos, realizada por el Consejero de Abastos, Doménech, se le respondía irresponsablemente que eso correspondía al Consejero de Finanzas, y no se hacía nada al respecto.
En el despacho ordinario se firmó la destitución de Revertés, cerrándose la sesión a las ocho y media de la tarde.
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A la reunión nocturna de los comités superiores24 asistieron los Comités Regional y Local de la CNT, Comité de Defensa, Servicio de Investigación de la CNT-FAI, Patrullas, Orden Público y el Comité pro-Víctimas del Fascismo.
Valerio Mas, por el CR, informó “que la crisis total que sufre la Generalidad, ha sido motivada por el proyecto del nuevo ejército”, y que los otros consejeros decían a los consejeros cenetistas que cómo podían colaborar si, en ese momento, estaban en total oposición a los ideales cenetistas.
El CR se propuso el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Santillán dijo que era necesario inculcar en las masas la necesidad de acuerdo.
El CR repitió lo que ya había dicho por la mañana, referente a que “el cese de las comisiones jurídicas en todas partes, promueve grandes protestas” y que las órdenes de desarme no habían sido obedecidas por nadie. Asumió que “las barriadas las tenemos como nuestros peores enemigos”, y que era necesario recoger las diferentes inquietudes de todos los componentes de la Organización.
Joan Pau Fábregas informó que Reverter estaba en Montjuic. Se habló del complot de Estat Catalá y “de sus propósitos de eliminar a todos los consejeros, por no estar conformes con ellos”. Afirmó que “Companys hace ver que está enfermo por [para] no recibir a nadie”. Constató el desacuerdo de los cenetistas con el proyecto militar de Sandino. Opinó que todo respondía a “una ofensiva general” contra la CNT.
Santillán, aunque no venía a cuento, abogó por la disciplina. Y dijo que era necesario unirse para obtener la victoria. Puso el ejemplo de la unificación de las columnas confederales de Los Aguiluchos, Ascaso y Rojinegra; y como ejemplo negativo el de la Columna Libertad del PSUC, que queriendo permanecer solitaria, “cogió pánico [y] asaltó el tren”, para irse a Barcelona y abandonar el frente de Madrid: “se les tuvo que forzar para que volvieran al frente”.
Sobre la no obediencia al desarme, sentenció que “no se deben aceptar Decretos, que de antemano se sabe que [no cumplirán] las masas; como por ejemplo la recogida de armas”.
Eroles comunicó que Companys le había indicado “la necesidad de hacer un cambio”. La crisis gubernamental, según Eroles, estaba latente desde hacía mucho tiempo, y la oposición de la CNT al proyecto militar era sólo una excusa hipócrita para desencadenar la crisis.
Canela reforzó el informe de Eroles, diciendo que Companys ya le había hablado, hacía mucho tiempo, de su propósito de hacer un gobierno CNT-UGT-Rabassaires.
Juanel rebatió los argumentos de Joan Pau Fábregas, rechazó que la CNT fuera culpable de la crisis de gobierno y concluyó que “hay que procurar de convencer a las masas de la necesidad de la unificación de mando”.
Portela intervino para repetir lo que ya había dicho Santillán, esto es, que los consejeros cenetistas sólo debían aceptar y comprometerse en “aquello que podamos cumplir”, reconociendo el error de haber aceptado el desarme de la retaguardia, que eran incapaces de hacer cumplir a sus propios militantes, y muy especialmente a los comités revolucionarios de las barriadas.
Doménech constató la disparidad de criterios existente entre los comités reunidos, no viendo otra solución que la de “tirar por la calle del medio”. Subrayó la contradicción que suponía para la CNT haber entrado en un gobierno, mientras la tradición y la educación de la militancia había sido siempre de insumisión, de “vivir sin Gobierno, que no hubiera distinciones, y ahora con esas componendas que hemos realizado, mistificando nuestra actuación, formamos parte de Gobiernos, todavía hay más o menos clases, y ahora por broche final, queremos obligar a que se tenga una disciplina férrea, y obediencia ciega a un solo mando”. Concluía Doménech que “no hay salida en este asunto”. Era demasiado tarde para buscar soluciones propias.
Juanel zanjó que “indisciplinados no podemos ir a ninguna parte”.
Santillán razonó que el fascismo se había “solidarizado” y formado un bloque, que era necesario romper. Sin una fuerza similar sería imposible hacerlo.
El Comité de Defensa salió al paso de las argumentaciones de Juanel y Santillán, juzgando que “la Organización no puede ni debe ser controlada por cuatro compañeros, como parece ser que se pretende hacerlo”, y que, si alguien lo pretendía, tendría que enfrentarse forzosamente “con las barriadas [y los] Sindicatos”.
De nuevo aparecía, en esa reunión de comités superiores, una referencia a los comités revolucionarios de barriadas (y a los sindicatos) como garantes del proceso revolucionario, frente al fascismo, frente al gobierno de la Generalidad, pero muy especialmente frente a los propios comités superiores de la CNT-FAI.
El CR quiso aplazar la discusión.
La Federación Local planteó “la necesidad de concretar nuestra posición ante el Consejo de la Generalidad” respecto a la nueva organización del Ejército.
Toryho preguntó por qué no se informaba del complot de Estat Catalá.
Magriñá propuso que, en el futuro, “los compañeros que nos representan en la Junta de Seguridad” informasen detalladamente “una vez terminado su servicio”.
Dado lo avanzado de la noche, se levantó la reunión.
En la reunión de comités superiores de la mañana se había condenado a los milicianos de Madrid, por su rechazo a la militarización; en la reunión de la tarde a los comités de barriada, por su rechazo al desarme. El divorcio de los comités superiores con la base militante de los barrios era evidente y prometía incrementarse hasta el abismo.
Esos comités superiores no encajaban adecuadamente la participación cenetista en el gobierno de la Generalidad, y no se sentían cómodos. Por otra parte, la dejación de principios, que exigía esa colaboración gubernamental, les alejaba cada vez más de los comités revolucionarios de barriada, a los que empezaban a considerar como “a sus peores enemigos”, quizás porque esos comités obraban como auténticos anarquistas. De la esquizofrenia al enfrentamiento o la escisión no había demasiada distancia.
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A las once y veintitrés de la noche, se reunieron los delegados de las Patrullas de Control25, asistiendo Tomás Fábregas Valls (AC), José Asens Giol (CNT), Miguel González Batlle (ERC), Carlos Nomen Llanes (UGT), África de las Heras Gavilán (UGT), José Gallardo (UGT), Miguel Fargas Puigvert (UGT), José María Rodríguez Ceballos (PRE), Joan Coll Montserrat (ERC), Juan Bonet Violán (CNT), Rafael Nevado García (CNT), Vicente Gutiérrez López (CNT), Federico de Francisco (POUM) y José Arias Digón (CNT).
Se leyó y discutió ampliamente el acta anterior, delimitando las funciones de Tomás Fábregas como delegado de la Junta de Seguridad en las Patrullas de Control, para controlar su labor y responsabilizarse ante la Junta de su labor; y de José Asens como enlace entre Patrullas de Control y Comisaría de Orden Público.
Ante algunas dudas expresadas por Arias, Asens le explicó “que Patrullas, si bien en determinadas ocasiones colabora con la Policía, actúa siempre con absoluta independencia, conservando en todo momento todas sus atribuciones de guardia revolucionaria”.
Ante las contradicciones surgidas en la lectura del acta y las interpretaciones de la discusión mantenida, se decidió anular “por unanimidad el acta y su contenido”.
Se discutió si el sello y firma del Departamento de Patrullas debía recaer en manos de Fábregas o de Asens. Se debatió el número, proporcionalidad y necesidad de incrementar la actual cifra de patrulleros.
Nomen apremió para que se tomaran más acuerdos concretos y se redujera la extensión de las discusiones.
Gutiérrez pidió “que prevalezca la autoridad de Patrullas en la cuestión de los presos” y solicitó la presencia de Riera26, “que actúa como elemento único en estos casos”.
Joan Coll propuso que “en nuestra Sección Central se forme un tribunal integrado por un representante de cada organización”. Asens secundó la propuesta, avisando que ese tribunal no debía plegarse a influencias o recomendaciones de ningún tipo. Nomen y González Batlle pidieron que ese tribunal detallara diariamente un informe sobre los expedientes tratados. Finalmente se aprobó por unanimidad la proposición de creación del tribunal.
26 de noviembre, jueves.
A las cero horas prosiguió la reunión permanente de la Junta de Seguridad27, “con la asistencia de la totalidad de sus miembros”.
Vidiella explicó su encuentro con Casanovas, presidente del Parlamento catalán. Todo se resumía y limitaba a una conversación “de carácter político” en la que Torres Picart se había quejado de las desatenciones hacia Estat Catalá. Se trataba de minimizar el golpe de Estado hasta extremos ridículos.
A continuación, se trataron diversos temas menores, entre los que destacaba la situación de ciudadanos italianos y alemanes tras el cierre de los consulados y la ruptura de relaciones con la República, proponiendo Vicente Gil un plan de protección de los italianos y alemanes antifascistas, que fue aprobado.
Se levantó la sesión a las dos y cuarenta y cinco.
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A las seis de la tarde, se reunió el Consejo de la Generalidad de Cataluña, presidido por Lluís Companys, con asistencia de los consejeros: Tarradellas, García Birlán, Aiguader, Sandino, Joan Pau Fábregas, Comorera, Calvet, Nin y Closas28.
Se trató del ensayo de defensa aérea, realizado durante la noche del 19 de noviembre, “para corregir las deficiencias observadas, y tomar otras medidas”. Tarradellas aseguró que “las disposiciones tomadas por los cónsules francés e inglés, no tenían más alcance” que la protección de los consulados, “y no significaban ningún acto de hostilidad, según le han reiterado los señores cónsules citados”.
Sandino se lamentó de que “aún no se puedan utilizar las armas de la retaguardia” y que no se haya aprobado la creación de Regimientos, “porque cualquier acción que no sea combinada es ineficaz”. Companys expresó enérgicamente la urgencia de que se ejecutaran los “Decretos más importantes dictados sobre las necesidades que comporta la guerra”. Nin anunció que en la próxima reunión del Consejo “traerá hecho el proyecto del nuevo Código de justicia del Ejército Popular”.
Tras varias intervenciones de los distintos consejeros, y previa deliberación, se acordó: organizar las Milicias en Divisiones; incorporación a filas de las levas de 1935-1934, declarando desertores a quienes no lo hicieren; redactar (hoy) un Decreto para que en el término de 48 horas se entreguen todas las armas largas y municiones; preparar un Decreto para la movilización civil de la retaguardia29; encargar al consejero de Defensa la redacción de “un Decreto delimitando las funciones de las Comisiones de Obreros y Soldados”.
Se trató sobre la dimisión de García Oliver de su cargo en la Secretaría General de Defensa. Dimisión producida por haber sido nombrado ministro en el gobierno de Valencia. Se acordó que tal Secretaría fuera transformada en un Comisariado de Guerra. La CNT perdía, de esta forma, peso en un cargo muy importante para controlar la Consejería de Defensa, que ostentaba Sandino.
Tarradellas informó sobre su proyecto de Decreto de Finanzas, y de su viaje a Valencia, para tratar con el gobierno “los graves problemas que con tal decreto se trata de resolver”, así como de las cuestiones planteadas por la retirada del cónsul alemán de Barcelona.
Calvet (Agricultura) instó a Doménech (Abastos) a “tomar medidas para que salga al mercado el trigo existente”. La sesión se cerró con el acuerdo de la asistencia de todo el gobierno de la Generalidad al entierro de Durruti.
Posteriormente, en despacho ordinario, se aprobaron varios decretos, entre los que destacaban el de recogida de armas y el de concesión de facultades extraordinarias a Tarradellas, para elaborar una batería de decretos financieros.
El poder de los obreros en armas, en el frente y en la calle, empezaba a ser combatido por el poder de las finanzas, en los despachos. El plan Tarradellas modificaría y condicionaría finalmente el desarrollo práctico del Decreto de Colectivizaciones, que había sido elaborado por Joan Pau Fábregas.
Por fin, el Consejo hizo “constar su dolor por la muerte del desafortunado Buenaventura Durruti, y, al manifestar el Presidente, señor Companys, que deseaba asistir al entierro, el Consejo acordó acompañarlo”.
27 de noviembre, viernes.
A las cero horas y diez minutos, bajo la presidencia del consejero Artemi Aiguader, se reunió la Junta de Seguridad Interior30, a la que asistieron Coll, Eroles, Tomás Fábregas, Guinart, Olaso, Pons, Rebull, Vidiella y Aurelio Fernández, secretario de la Junta.
Rebull expuso el malestar de comarcas, muy alejadas de la normalidad. Eroles manifestó que la tranquilidad de comarcas “depende de la resolución de dos problemas importantísimos: unidad sindical y patrullas de comarcas”.
Se abrió un amplio debate sobre el tema de comarcas. Aurelio Fernández manifestó que la tarea del Delegado de Comarcas debía ser “de información y no de policía”. Aiguader, Consejero de Seguridad, dijo que en principio estaba de acuerdo con las palabras de Aurelio, pero que “en algunos casos” era necesaria una tarea “de intervención” para conseguir resultados. Finalmente se acordó que Eroles elaborase un proyecto de estructuración y reglamento de las Patrullas de Comarcas.
Tomás Fábregas informó que en la prisión de San Elías se había constituido una Comisión Extraordinaria “que ha de dictaminar en los casos de los detenidos que vayan a parar a ese centro”. Propuso, además, que se hiciera llegar a Patrullas un extracto de las actas de la Junta de Seguridad y que en el incremento de patrulleros se respetase la proporcionalidad existente en el gobierno de la Generalidad.
Se levantó la sesión a las dos y treinta de la madrugada.
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A las dieciséis horas, se reunió el Secretariado de las Patrullas de Control31, asistiendo José Asens, Miguel González, Carlos Nomen, África de las Heras, Miguel Fargas, José María Rodríguez, Joan Coll, Juan Bonet, Rafael Nevado, Vicente Gutiérrez y Federico de Francisco.
Joan Coll y Federico de Francisco pidieron su sustitución como miembros del Tribunal de Urgencia. No se aceptó tal sustitución porque los componentes del Tribunal debían ser miembros del Secretariado de Patrullas.
Nomen (UGT) anunció la sustitución de Gallardo por Emilio Chueca en el secretariado.
El Tribunal de Urgencia quedó constituido finalmente del siguiente modo: Joan Coll Montserrat por ERC; Federico de Francisco por el POUM; Juan Bonet Violán por CNT y Emilio Chueca Berges por UGT.
Gutiérrez pidió la normalización de la parte administrativa del Secretariado y un riguroso control de los resultados de los registros realizados.
Nevado solicitó la regularización de las incautaciones realizadas por Patrullas, así como una investigación de los ciento diecisiete compañeros que formaban parte del Secretariado general.
A propuesta de Asens, se nombró a Miguel González secretario general del Departamento de Patrullas.
Nomen habló del aumento de la plantilla de Patrullas, que debían ser designados por las organizaciones correspondientes.
Tras la lectura de un acta y varias cartas de la Junta de Seguridad, se solicitó el envío en el futuro de todas las actas de la Junta.
Se levantó la sesión a las 19 horas y diez minutos.
28 de noviembre, sábado.
En la “Soli” se publicó un reportaje32 sobre la obra realizada por la Consejería de Abastos.
Se consideraba que la Consejería de Abastos era obra de la revolución del 19 de julio. Su consejero titular, Doménech, y el director general, Ausejo “y los compañeros que colaboraron a la gestión inicial” se limitaron “a dar estado oficial a un hecho esencialmente revolucionario”, convirtiendo en Consejería a aquel organismo netamente revolucionario que fue el Comité Central de Abastos, que tuvo su sede en Layetana 16.
Al frente del CC de Abastos estuvo, desde los primeros días de julio, el compañero Doménech, auxiliado por Ausejo, desarrollando una labor indispensable, que supo convertir unos mares de papeles, avalados por los Sindicatos y Comités, en “valor efectivo de la revolución”, que dio de comer a millares de personas, ya fuesen parados, necesitados, milicianos o familiares de milicianos,
Y de la improvisación se pasó a la organización, ensamblando el CC en la Consejería, constituyendo la Oficina de Crédito e Intercambio, subdividida en las secciones de Contabilidad y Estadística, Comercio Interior, Transportes, Almacenes Comunales, Contabilidad Central, Enlace Local, Almacenes de Distribución, Matadero y Comedores, Oficinas de Información y Propaganda, con sus secciones de publicidad y Propulsión industrial de comestibles.
La Consejería de Abastos estaba situada en la avenida 14 de abril, en dos edificios, el del número 506 para Consejería y Dirección general, y el del número 403, dedicado a Intercambio y Crédito.
Contaba con los siguientes almacenes: Central, Palacio de Proyecciones, hospitales, clínicas y cuarteles, Palacio número 1, cantinas y refugios, Avenida Durruti 16, frente calle Pallars, Comunal de Intercambio en calle Diputación; Depósito de Aceite en almacenes Salat (Exposición), y otro de vinos.
El actual secretario regional del CR de la CNT, Valerio Mas, asumió primero la responsabilidad de la sección de Estadística del CC de Abastos y más tarde la que se constituyó en la Consejería. Se mencionaba además la labor de Leguía y Guiraud en secretaría y de Martín Sans en Propaganda e Información.
29 de noviembre, domingo.
A las diez de la mañana se celebró un Pleno de Sindicatos y Barriadas33 de la ciudad de Barcelona, que contó con la asistencia de los Sindicatos de Artes Gráficas, Profesiones Liberales, Piel, Petróleos, Servicio Públicos, Química, Alimentación, Distribución, Aviación, Comunicaciones, Transportes, Construcción, Sanidad, Metalurgia, Luz y Fuerza, Industria Pesquera, Automóvil, Funcionarios Municipales, Ferroviarios, Espectáculos Públicos, Vidrio, Marítimo y Campesinos. También asistieron los Comités de Defensa de las Barriadas siguientes: Sarriá, Pueblo Nuevo, Prat Vermell [actual Zona Franca], Sants, Centro y Gracia, además del Comité de Defensa Local.
A propuesta de Doménech, se acordó que los Sindicatos de Alimentación y Distribución, junto con la Consejería de Abastos, dirigida por él mismo, se encargarían de constituir una Comisión, encargada de hallar una solución rápida y efectiva para la mejora del abastecimiento de la ciudad de Barcelona. Se rechazó la propuesta de inclusión de otros sindicatos en esa comisión.
Se pasó a la discusión del cuarto punto del orden del día: “¿Cuál ha de ser la personalidad de los Comités de Defensa?”, con un informe previo del Comité de Defensa Local sobre la actividad de los comités de defensa.
Ferroviarios reconoció al Comité de Defensa Local la misma personalidad que tenían las diferentes delegaciones sindicales allí presentes, señalando que “los Comités de Barriada estarán en todo sometidos a este Comité” de Defensa Local, que controlaría las armas, depositadas en los Sindicatos. Los Sindicatos controlarían a sus militantes. Se establecería un sello obligatorio de diez céntimos para la financiación del Comité de Defensa Confederal.
Funcionarios Municipales propuso que los Comités de Defensa pudieran nombrar un delegado al Pleno Local de Sindicatos, pero que cada Sindicato “controlará las armas de sus asociados”. En cuanto al aspecto económico acordó “¡que sigan como hasta ahora!”.
Alimentación opinó que los Comités de Defensa debían exponer a los Sindicatos todas las cuestiones y éstos tendrían “en depósito sus propias armas, controladas por el Comité Local de Defensa”. Los gastos de los comités de defensa se pagarían a prorrata y cada Comité de Barriada controlaría “a todos los grupos de la misma”.
Aviación manifestó que “los comités de defensa son indispensables en las Barriadas con todas sus prerrogativas y obligaciones, controlados por la Federación Local” de Sindicatos. Armas y hombres debían ser controlados por los comités de defensa de las barriadas.
Sanidad entendía que los Comités de Defensa, al estar compuestos por un delegado de cada Sindicato, “deben atenerse a los acuerdos sindicales”. Las armas debían ser custodiadas por los sindicatos.
Profesiones Liberales pensaba que los Comités de Defensa eran “la representación armada de la Organización”, que debían “atenerse a las determinaciones de los Sindicatos, salvo en casos extremos”.
Piel creía “que siendo los compañeros de los Comités de Defensa parte integrante de los Sindicatos”, éstos debían ser quienes discutieran las situaciones existentes y decidieran las acciones a emprender. Daba su acuerdo a “que las armas deben ser controladas por el Comité de Defensa”. En cuanto al aspecto económico optaba por el prorrateo.
Artes Gráficas consideraba que la misión de los Comités de Defensa era la defensa armada de la CNT, a través de la mediación del Comité Local de Defensa con los sindicatos. Los Comités de Defensa debían controlar las armas existentes. “Los Comités de Defensa de Barriadas deben estar integrados por delegados de los Sindicatos que se hallen enclavados en los mismos” barrios. Se trataba de una auténtica trabazón entre barriadas y las sedes sindicales de los barrios. Los Comités de Defensa debían ser financiados por la Federación Local de Sindicatos.
Petróleos planteó que “los Comités de Defensa deben administrar todo lo que esté bajo su jurisdicción”. Para financiarlos, cada Sindicato debía entregar un diez por ciento de su recaudación.
Fabril y Textil entendían que se les debía reconocer su propia personalidad, “que han tenido desde el primer momento que se formaron”. Ellos mismos debían controlar las armas. La cuestión económica debían resolverla los sindicatos.
Distribución definió a los Comités de Defensa como defensores de la revolución “de acuerdo con la orientación y normas de la Organización”. Debían organizarse como los sindicatos y aceptar las consignas de la CNT. La Federación Local de Sindicatos debía tener “el absoluto control de dichos comités [de defensa], tanto de los compañeros que los forman [como de las] armas que tengan”. El sostén económico debía hacerse mediante prorrateo entre todos los sindicatos.
Comunicaciones se adhirió a la proposición de Distribución. Transporte se abstuvo por extravío del orden del día en su sindicato y la consiguiente falta de discusión de los temas a tratar. Metalurgia pensaba que debían “delimitarse las funciones de los Comités de Defensa”. Industria Pesquera sostuvo que los Comités de Defensa debían conservar la personalidad que tenían cuando se crearon, y que cualquier sugerencia que tuvieran debían resolverla los Sindicatos.
El Comité de Defensa Local explicó la labor de los Comités de Defensa “y la forma en que se crearon”.
Vidrio afirmó que los Comités de Defensa debían desaparecer, porque ya habían cumplido su misión. Los militantes debían reintegrarse en los sindicatos y las funciones que tenían debían ser asumidas por la Federación Local de sindicatos.
Marítimo propuso que los componentes de los Comités de Defensa fuesen nombrados por los sindicatos.
Se entabló un vivo debate favorable a la continuidad de los Comités de Defensa, con la única excepción de Vidrio.
Se aceptó por unanimidad, salvo el voto en contra de Vidrio, “la propuesta del Sindicato de la Distribución, mencionada más arriba”.
Las delegaciones de los Comités de Defensa de las barriadas solicitaron intervenir en el debate.
El Comité del barrio de Sants dijo que los sindicatos debían consultar a los Comités de Defensa en las cuestiones de lucha armada y que debían ser los Comités de Defensa quienes en cada barrio controlasen armas y hombres, no los sindicatos.
El Comité del barrio de Gracia manifestó su acuerdo con Sants, añadiendo que deberían darse a los Comités de Defensa nuevas competencias de investigación y control, en los barrios.
El Comité del barrio de Pueblo Nuevo informó “amplia y claramente la labor que han realizado en esta barriada”, pidiendo “el control de armas y hombres por barriadas, defendiendo su tesis con claros argumentos, al mismo tiempo que explica la forma en que habrá de realizarse”. Pidió a los sindicatos cenetistas que determinasen qué porcentaje de miembros de los comités de defensa debía cederse a UGT.
La Federación Local de Sindicatos, tras varias aclaraciones, planteó a la asamblea reunida que decidiera, de una vez, “la situación y atribuciones de los Comités de Defensa”. Con referencia a lo de UGT, explicó que en los acuerdos con la misma les cedían un “treinta por ciento proporcional de puestos por barriada”.
Transportes amplió el debate a los comités de abastos de las barriadas, propugnando por su continuidad mientras no apareciesen nuevos organismos capaces de sustituirlos. Consideraba que las funciones, actualmente realizadas por esos comités de abastos, en los barrios, debían ser asumidas por los Sindicatos de Alimentación y Distribución, conjuntamente con el Comité Local de Defensa, “a base desde luego de integrar a los militantes de barriadas y de Defensa”. La Organización debía velar para que los puestos de responsabilidad fuesen asumidos por compañeros competentes, especializados en tales tareas.
Se trataba de una visión estrictamente sindical, que no veía con buenos ojos la importancia adquirida, en los barrios, por los comités de defensa y los comités de abastos. Consideraban que sus funciones, superada la insurrección revolucionaria y su posterior etapa, de carácter excepcional, eran provisionales y, en todo caso, debían ser asumidas, ya, por los sindicatos.
Distribución, coincidiendo con la visión sindicalista de Transportes, propuso que mientras “no se proceda a la nueva estructuración” de los comités de abastos de barriada, éstos debían ser controlados por los comités de defensa, que a su vez ya estaban dominados por los sindicatos. Y así lo acordó la asamblea.
El Comité del barrio de San Martín pidió que se concretara la misión de los comités de defensa y preguntó si podrían asistir a los plenos sindicales.
El Comité Local de Defensa informó cómo se regía “este Comité y el trabajo que pesa actualmente sobre sus componentes”.
Servicio Públicos propuso que los compañeros, nombrados por la Organización para ocupar cargos de responsabilidad, debían “asistir a las reuniones de militantes de sus respectivos sindicatos”, ya que de este modo los sindicatos vigilarían sus orientaciones concretas. Y así se acordó.
Tras un debate sobre los permisos de armas, se aprobó una proposición que acordaba que la Federación Local de Sindicatos y el Comité Local de Defensa otorgarían y sellarían “el carnet de arma”, que sería repartido por los sindicatos. Los sindicatos harían copia detallada de los permisos extendidos, elaborando listas de nombres, domicilios, barriada, arma corta o larga, calibre, etcétera, que entregarían al Comité Local de Defensa. En todo momento, la labor de los comités de defensa estaría controlada por la Federación Local de Sindicatos.
Se pasó a discutir asuntos generales, destacando la advertencia de Distribución sobre la necesidad de controlar a los arribistas, que accedían a cargos de responsabilidad sin el control de nadie; notándose la existencia de elementos extraños, que se sacaban el carnet después de ocupado el cargo.
Lo que se discutía era el grado de autonomía de los comités de defensa de las barriadas respecto a los sindicatos. Las propuestas iban desde el reconocimiento de una personalidad propia al Comité de Defensa Local y su total independencia, reconociéndolos como LA MILICIA DE LA CNT, hasta la plena y absoluta sumisión a los dictados de la Federación Local de Sindicatos, que no sólo debían discutir las situaciones y decidir las acciones, sino que además debían custodiar las armas, controlar a los hombres y financiar a los Comités de Defensa.
Aunque esa gradación podía ser ilimitada: custodiar o no las armas, controlar o no a los hombres que las empuñaban, decidir o no las acciones, contemplar excepciones al control sindical de los comités de defensa, control escalonado: la Federación Local de Sindicatos controla al Comité de Defensa Local, éste a los comités de barrio, éstos a los grupos de cada barrio… lo que se debatía, en realidad, era esa trabazón que debía existir, en cada de barrio, entre los sindicatos y los comités de defensa, o si se quiere, cómo estructurar la organización armada de la CNT en cada uno de los barrios y en toda la ciudad de Barcelona.
La decisión final optó por reconocer las características propias de los comités de defensa de las barriadas, y de la labor del Comité de Defensa de Barcelona como organización armada de la CNT en la ciudad, pero bajo el control absoluto de la Federación Local de Sindicatos.
La CNT había entrado ya en los gobiernos de Barcelona y Valencia. Cerrada la vía revolucionaria, los comités revolucionarios de barriada contemplaban como se desmembraba y ninguneaba a los comités de defensa y a los comités de abastos, sindicalizándolos o diluyéndolos en nuevos organismos.
Sin embargo, los comités de defensa aún eran lo bastante fuertes como para negarse a entregar las armas, pese a las órdenes de los comités superiores, y los comités de abastos seguían siendo indispensables para asegurar el aprovisionamiento de la ciudad barcelonesa.
5
De noviembre de 1936 a mayo de 1937
El inmenso error de Eroles al no disolver y desmantelar Estat Català, pese a su insignificancia, divisiones e inoperancia, facilitó la continuidad conspirativa del fascismo catalán contra los anarquistas… porque inocular el veneno está en la naturaleza del escorpión, como está en la naturaleza de Estat Català su profundo odio visceral al proletariado y a los anarquistas.
La secretaría de Joan Cornudella al frente de Estat Català supuso una ruptura en la estrategia del partido, que abandonó la senda insurreccional independentista, pero no su radical odio anticenetista y su perseverancia en el complot antilibertario. Estat Català, ahora en una férrea alianza con ERC y PSUC, buscó la forma de consolidar una Generalidad fuerte, capaz de deshacerse de la amenaza revolucionaria de los anarquistas.
Mayo del 37 fue la derrota del proletariado revolucionario más avanzado, que necesitaba y buscaba la contrarrevolución estalinista y el reformismo republicano para desarmar la amenaza de los comités de defensa sobre las instituciones burguesas y desencadenar una represión SELECTIVA, que integrase a los comités superiores en el aparato estatal y aniquilase a los revolucionarios.
El antifascismo fue en los años treinta la mayor victoria del fascismo. La unión sagrada de todos los antifascistas para derrotar al fascismo y defender la democracia suponía para el movimiento obrero renunciar a los propios principios, a un programa revolucionario proletario, a las conquistas revolucionarias, a todo…es decir, el famoso eslogan falsamente atribuido a Durruti: “renunciamos a todo menos a la victoria”, para someterse al programa e intereses de la burguesía democrática. Fue ese programa de unidad antifascista, de colaboración plena y leal con todas las fuerzas antifascistas, el que condujo a la CNT-FAI, rápida e inconscientemente, a la colaboración gubernamental con el objetivo único de ganar la guerra al fascismo. Fue esa adhesión al programa antifascista (esto es, de defensa de la democracia capitalista) la que explica por qué y cómo los mismos líderes revolucionarios de ayer se convirtieron algunos meses después en ministros, bomberos, burócratas y contrarrevolucionarios. Era la CNT quien producía ministros, y esos ministros no traicionaban a nada ni a nadie; se limitaban a ejercer lealmente sus funciones lo mejor que sabían.
La insurrección de mayo fue fruto de la resistencia de los comités de defensa ante el anunciado y previsto golpe de fuerza militar del bloque contrarrevolucionario PSUC-ERC-Estat Català-Govern, y la provocación que supuso la orden de asalto al edificio de la Telefónica, como demuestra la documentación existente y así explica casi toda la historiografía rigurosa34. Formaba parte además de la estrategia estalinista de conseguir un Estado fuerte, capaz de ganar la guerra al fascismo. Desarmar y debilitar a la CNT era una necesidad estratégica para el PSUC, del que ya se había vivido un primer acto en Bellver, con el asesinato de Antonio Martín. Es evidente que el asalto a la Telefónica, desencadenante de los Hechos de mayo, fue iniciativa del Gobierno catalán: los cenetistas que estaban dentro resistieron el ataque (no lo iniciaron).
*
El 24 de abril de 1937, sábado, se terminó la redacción del “Dictamen que presenta la Federación Local de Grupos anarquistas, Grupos de Defensa Confederal y Juventudes Libertarias”, que había sido acordado en el Pleno de Grupos anarquistas, celebrado los días 11 y 12 de abril, que había de remitirse a todos los grupos anarquistas de Barcelona, a los comités de defensa confederal y a las Juventudes Libertarias.
El dictamen era aún más radical e incisivo que la Ponencia inicial del Grupo 12 de Gracia, y respondía al carácter revolucionario que las secciones de defensa de los comités de barrio habían impreso a los debates de la plenaria de grupos anarquistas de Barcelona.
Los ponentes rememoraron, en el prefacio de la Ponencia, su nombramiento por el Pleno de Grupos anarquistas celebrado los días 11 y 12 del presente mes de abril y subrayaban la conciencia que tenían del carácter extraordinario del momento: “por considerar que los momentos históricos que vivimos son de tal trascendencia, que cualquier desviación podría acarrear serios trastornos a la revolución en marcha”.
Consideraban, además, la importancia de “la vinculación de principios que existe entre la CNT y la FAI”, rechazando que el radicalismo de los anarquistas pudiera alejar a los sindicalistas, y provocar una disensión entre ambas organizaciones. La FAI no podía renunciar a su “técnica revolucionaria, ya que ello obliga a adoptar posiciones falsas”. Razonaban que los anarquistas, “como vanguardia de la Revolución, han de conservar su intangibilidad. No puede ser de otro modo”. Lo único importante era “impulsar la revolución social, iniciada el 19 de Julio”.
La Ponencia se identificaba con la posición defendida por el Grupo 12 de Gracia, aprobada por unanimidad, y en el rechazo del colaboracionismo, manifestado por el Pleno.
Concluían que era “de imperiosa necesidad, la aplicación de medidas radicales, para evitar que nuestro movimiento tienda a desviarse hacia el campo reformista; temor justificado, si se tiene en cuenta las infiltraciones en nuestros medios, de elementos de procedencias extrañas”.
Acabado el prefacio, en el que habían expuesto las circunstancias políticas y sociales que habían influido en los ponentes, “creyendo interpretar el sentir del Pleno”, exponían el definitivo Dictamen, dotado de una gran fuerza y belleza expresiva, que encarnaba libremente, sin autocensuras ni amenazas, liberados de las componendas colaboracionistas de los comités superiores, los anhelos revolucionarios de los militantes anarquistas de Barcelona:
“Primero.
Desautorizar a los compañeros que ostentan cargos oficiales, por entender que su actuación no está a la altura de las circunstancias, ni responde al mandato que se les confirió.
Procede, por tanto, volver al terreno revolucionario antiestatal de acuerdo con los principios teóricos y tácticos del anarquismo, que son la médula de las organizaciones afines.
Segundo.
Se irá a la constitución de un Comité local revolucionario, para la coordinación de la lucha armada, contra el fascismo y la contrarrevolución, en todas sus manifestaciones.
Tercero.
Para asegurar la buena marcha de la revolución, la Organización confederal, deberá llevar a la práctica con la urgencia que el caso requiere, la socialización de la agricultura, la industria y el comercio; estableciendo, al propio tiempo, el carnet de productor y el salario familiar.
Cuarto.
Se ejercerá un control riguroso sobre la población civil, para que nadie pueda eximirse de la obligación que tiene de prestar su concurso a la gran obra manumisora.
Quinto.
Los comités responsables tomarán las medidas oportunas para hacer sentir, a todos, la disciplina revolucionaria, como garantía de que los intereses de la revolución social están por encima de todos. Abolidas las clases, nadie podrá sustraerse al cumplimiento del deber, en beneficio de la colectividad.
Barcelona, 24 de abril de 1937.”
Este Dictamen, junto con el cartel distribuido y encolado por Los Amigos de Durruti por los muros de la ciudad de Barcelona, a finales de abril, son los dos textos revolucionarios más avanzados, de este momento histórico, que desembocaron inevitablemente en la insurrección de mayo.
En el Dictamen destaca, respecto al borrador del grupo 12, el añadido que se hacía al punto segundo de la lucha, no sólo contra el fascismo, sino también contra la contrarrevolución estalinista.
Los conceptos del punto tercero sobre el carnet del productor y del salario familiar habían sido ampliamente debatidos en el seno del movimiento libertario, y respondían a las preocupaciones libertarias de justicia social. El carnet de productor pretendía excluir del racionamiento, y de las ventajas sociales conquistadas en julio, a quienes no fueran proletarios, ni vivieran de su trabajo: atacaba directamente a rentistas y burgueses; el salario familiar pretendía proteger y favorecer a las familias con varios hijos menores de edad.
Destacaba el decidido empuje socializador de la economía, que era un concepto que superaba y englobaba el de la colectivización, considerada como un escalafón inferior a la socialización. Era, además, una contraofensiva contra el progresivo control estatal de la economía por parte del gobierno de la Generalidad. En los puntos cuarto y quinto afloraba la necesidad de tomar medidas represivas contra los enemigos de la Revolución. No, en vano, a los nueve días de la proclamación de tal dictamen, se inició la insurrección de las Jornadas de Mayo.
*
Hablar de mayo del 37 como de una alocada, caprichosa, espontánea e innecesariainsurrección de anarquistas, como hacen algunos nacionalistas y neoestalinistas, es una falsedad histórica y una interpretación sectaria, que además excluye arbitrariamente la intervención del POUM.
El detallado informe de enero-abril de 1937, que el Servicio de Información de Manuel Escorza había elaborado en colaboración con el Servicio de Eroles, titulado “Affaire Sancho-Casanovas-Lluhí-Gassol, desde la Embajada de París y el Consulado de Toulouse”35, no dejaba dudas sobre la minuciosa preparación de un nuevo complot contra la CNT-FAI, en el que colaboraban nacionalistas catalanes (ERC-Estat Catalá) y PSUC, con la aquiescencia explícita de mossos de escuadra y gobierno de la Generalidad. Preparación que desembocó en las sangrientas jornadas barcelonesas del 3 al 7 de mayo de 1937.

Cartel de los Amigos de Durruti encolado en las calles de Barcelona a finales de abril de 1937
Puede resumirse de este modo la acción armada del minoritario e insignificante Estat Català en mayo de 1937:
En la Gran Vía, entre Balmes y Paseo de Gracia, los guardias de asalto, aliados con los de Estat Catalá, ocuparon el café llamado Oro del Rhin y levantaron una barricada en la Rambla de Cataluña, frente a la sede de Estat Catalá. Los defensores de esa barricada se enfrentaron a los cenetistas del cercano sindicato de la Alimentación. La central de las Patrullas de Control, en la Gran Vía 617, era tiroteada desde las azoteas traseras adyacentes al Hotel Colón36. Al mismo tiempo,desde el Hotel Colón, que compartía patio interior con el sindicato cenetista de Artes Gráficas, que preparaba un asalto al hotel, se disparaba sobre la Telefónica.
Entre la sede de Estat Catalá en Rambla de Cataluña y el Hotel Colón se encontraba la sede de la Agrupación anarquista “Los de ayer y los de hoy” (en Gran Vía, 610) y la sede del sindicato del Vestir, que se defendieron de un asedio constante.
6
Combate por la historia
El ser precede a la conciencia. Dicho de otra forma, la conciencia es un atributo del ser. Sin una teorización de las experiencias históricas del proletariado no existe teoría revolucionaria, ni avance teórico.
Existen, en España, dos historiografías burguesas, enfrentadas entre sí, pero coincidentes en lo fundamental, esto es, en la defensa del Estado y de la sociedad capitalista. Son la historiografía neofranquista y la neoestalinista-liberal. Incluso podría ramificarse el estudio en subclasificaciones, de tipo catalanista o republicana, siempre con el respeto debido al Estado y la sociedad capitalista. Unos, los neoestalinistas y liberales, optan por defender la democracia burguesa; otros, los neofranquistas, también, aunque justifiquen la necesidad y valía histórica del franquismo. Ambos impulsarían, en caso de peligro grave de los fundamentos democráticos y/o del Estado, el recurso al totalitarismo y la represión del proletariado, y se unificarían en una misma escuela historiográfica de “ideología demócrata, en defensa del capitalismo”.
Habría, por supuesto, diferencias de matiz; y unos, los liberal-estalinistas, republicanos, o socialdemócratas, propondrían medidas represivas selectivas y transitorias; mientras otros, los neofranquistas y fascistas, impondrían medidas represivas generalizadas y permanentes. Pero ambas facciones del capitalismo, tanto la derecha como la izquierda, coincidirían en la fundamental defensa democrática y contrarrevolucionaria del sistema capitalista, mediante la brutal represión del movimiento obrero revolucionario. Es muy posible, además, que en un futuro no muy lejano, paro y depresión económicas mediante, se responda a esa profunda crisis económica, política y social con un cambio de régimen, de carácter republicano o autoritario, en el que se comprometan todos los defensores del capitalismo, una vez superadas ya las obsoletas diferencias entre franquistas y antifranquistas, por alejamiento cronológico respecto a la etapa de la guerra civil y de la dictadura franquista, con el objetivo común de cegar la alternativa revolucionaria. Esa desviación de las luchas anticapitalistas del proletariado en lucha antimonárquica (1931), antifascista (1936), o antifranquista (1976) es un recurso frecuente, que suele tener cierto éxito inicial, al menos en el campo ideológico. Izquierda y derecha del capital se complementan siempre, como yunque y martillo, para aplastar al proletariado. Nosotros no comemos de ese pan.
Conocer, divulgar y profundizar en el conocimiento de la historia revolucionaria, negando las falacias y deformaciones escupidas por la historiografía burguesa, desvelando la auténtica historia de la lucha de clases, escrita desde el punto de vista del proletariado revolucionario, es ya, en sí mismo, un combate por la historia, por la historia revolucionaria. Combate que forma parte de las luchas de clases, como cualquier huelga salvaje, la ocupación de fábricas, una insurrección revolucionaria, “La conquista del pan” o “El Capital”. La clase obrera, para apropiarse de su pasado, ha de combatir las visiones estalinista, catalanista, liberal y neofranquista. El combate proletario por conocer su propia historia es un combate, entre otros muchos más, de la guerra de clases en curso. No es puramente teórico, ni abstracto o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase, y se define como teorización de las experiencias históricas del proletariado internacional, y en España debe comprender, asimilar y apropiarse, inexcusablemente, las experiencias del movimiento anarcosindicalista en los años treinta.
Las fronteras de clase profundizan un abismo entre revolucionarios y reformistas, entre anticapitalistas o defensores del capitalismo. Quienes levantan la bandera nacionalista, sentencian la desaparición del proletariado o defienden el carácter eterno del Capital y del Estado están al otro lado de la barricada, se digan anarquistas o se llamen marxistas. La alternativa se da entre los revolucionarios, que quieren suprimir todas las fronteras, arriar todas las banderas, disolver todos los ejércitos y policías, destruir todos los Estados, romper con cualquier totalitarismo o mesianismo mediante prácticas asamblearias y de autoemancipación, terminar con la plusvalía y la explotación del hombre en todo el mundo, atajar las amenazas de destrucción nuclear, defender los recursos naturales para las futuras generaciones…, y los conservadores del orden establecido, guardianes y voz de su amo, que defienden el capitalismo y sus lacras. Revolución o barbarie.
El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su propia naturaleza de clase asalariada y explotada, sin necesidad que nadie le enseñe nada; lucha porque necesita sobrevivir. Cuando el proletariado se constituye en clase revolucionaria consciente, enfrentada al partido del capital, necesita asimilar las experiencias de la lucha de clases, para tomar conciencia de éstas, apoyarse en las conquistas históricas, tanto teóricas como prácticas, y superar los inevitables errores, corregir críticamente los fallos cometidos, reforzar sus posiciones políticas, corrigiendo sus insuficiencias o lagunas y completar su programa; en fin, resolver los problemas no resueltos en su momento: aprender las lecciones que nos da la propia historia. Y ese aprendizaje sólo puede hacerse en la práctica de la lucha de clases de los distintos grupos de afinidad revolucionarios y de las diversas organizaciones del proletariado.
La vida de un individuo es demasiado breve para penetrar profundamente en el conocimiento del pasado, o para ahondar en la teoría revolucionaria, sin una actividad colectiva e internacional que le permita hacerse con la experiencia de las generaciones pasadas, y a su vez le permita servir de puente y acicate a las generaciones futuras.
A casi 89 años de los sucesos conocidos como Caso Revertés, la historiografía académica y universitaria ha sido impotente para resolver el misterio Revertés. Hasta la publicación de mi biografía sobre Josep Asens, nadie había sido capaz de relacionar al ministro socialista Galarza, y su tesoro, con el asesinato del comisario Revertés y su reparto entre Eroles y Aiguader. Nadie había planteado el auténtico dilema al que se enfrentó Aiguader: la vida de Revertés por el tesoro Galarza.
Todos los historiadores que han leído los textos del Caso Asens, y me consta que son muchos, han sido incapaces de ver más allá de sus propios prejuicios, que condenaban inapelablemente a Asens como ladrón y asesino, cuando en verdad nos hablan de una brillante investigación sobre el corrupto ministro socialista Galarza. ¡Pero es que Asens era un maléfico anarco, y, por lo tanto, en la mentalidad burguesa, un delincuente!
Desde esas profundas cegueras era y es imposible resolver ningún enigma histórico y mucho menos el misterio Revertés. Es lo que hay: la inutilidad inherente a la historiografía burguesa y su incapacidad para explicar racionalmente los hechos del pasado. Porque el proletariado catalán combatía por la revolución social y no se interesaba por una independencia de Cataluña, ajena y burguesa, sobre todo cuando era impulsada por los fascistas de Estat Català, el enemigo de clase.
Agustín Guillamón.
Barcelona, 13 de agosto de 2025.
Día de San Lorenzo
Bibliografía usada:
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BENGOECHEA, Soledad: Barcelona 1919. La huelga patronal que alumbró la Dictadura de Primo de Rivera. Libélula Verde, 2024. [Expone el concepto de autonomía represiva]
GARCÍA OLIVER, Juan: Elecodelospasos. Ruedo Ibérico, París, 1978.
GASCÓN, Antonio; GUILLAMÓN, Agustín: Nacionalistas contra anarquistas en laCerdaña(1936-1937). Descontrol, 2018.
GODICHEAU, François: Répression et Ordre Public en Catalogne pendant la guerrecivil(1936-1939).École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (2001). Thése, 3 tomes.
GUILLAMÓN, Agustín: Documentaciónhistóricadeltrosquismoespañol.Delaguerracivila laruptura conlaIVInternacional. Ediciones de la torre, Madrid, 1996
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- LosAmigosdeDurruti.Historiayantología detextos. Descontrol, Barcelona, 2013
- ElterrorestalinistaenBarcelona(1938)(Aldarull/Descontrol, 2013)
- Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria (de julio de 1936 a septiembre de1937). Tetralogía:
- 1. La revolución de los comités;
- 2. La guerra del pan;
- 3. Insurrección;
- 4. La represión contra la CNT y los revolucionarios]. Descontrol, 2015-2017.
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1 Los representantes anarcosindicalistas eran Josep Asens, Buenaventura Durruti y Juan García Oliver por la CNT, Aurelio Fernández y Diego Abad de Santillán por la FAI. Durruti fue sustituido por Marcos Alcón.
2 Sobre el urbanismo y las condiciones de vida de los barrios obreros barceloneses, en los años veinte y treinta, véase el excelente libro de OYÓN, José Luís: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2008.
3 En lugar de coordinar esos comités de abastos, creados por los comités revolucionarios desde abajo, se los suprimía para controlar desde el CCMA, desde arriba, su funcionamiento.
4 El original de ese BANDO se reproduce en GUILLAMÓN, Agustín: Barricadas en Barcelona, Ediciones Espartaco Internacional, Barcelona, 2007, pp. 224-225.
5 De la lectura del texto se desprende cierta impresión de que la situación sería breve.
6 En Solidaridad Obrera (27 julio 1936) se reprodujo el Bando, como si fuera un artículo que glosaba los acuerdos del Pleno del día 26.
7 La mecánica organizativa cenetista de carácter horizontal y federalista, que quebró rápidamente, convirtiéndose en una mera ratificación formal de los debates y decisiones ya adoptadas por los comités superiores, no era apropiada para el surgimiento de “tendencias”, capaces de defender minoritariamente sus posiciones en el seno de la organización.
8 Rabassaire: enfiteuta de la viña. UR era un partido campesino y catalanista, cercano a ERC.
9 Comités superiores: Comité Regional de la CNT, Comités Peninsular y Regional de la FAI, Comité Regional de las Juventudes Libertarias, Federación Local de Sindicatos Únicos, Federación Local de Grupos Anarquistas, Comité de Investigación de la CNT-FAI, y todos los representantes de las federaciones comarcales y locales, y quienes ejercían cargos de responsabilidad en el CCMA o en las Milicias Populares (y más tarde en el gobierno).
10 No cabe más que recordar la fase que transcurrió entre la revolución de febrero y la de octubre en la Rusia de 1917. Sólo un profundo desconocimiento de lo que realmente sucedió en Cataluña ha llevado a algunos historiadores a efectuar una comparación histórica, desafortunada, entre el caso ruso y el catalán, que les permite hablar erróneamente de una dualidad de poderes entre el CCMA y la Generalidad.
11 Sobre el Consejo de Economía puede consultarse el libro de CENDRA, Ignasi: El Consell d´Economia de Catalunya (1936-1939). Publicacions Abadia Montserrat, 2006.
12 Govern de la Generalitat/Josep Tarradellas: Crònica de la Guerra civil a Catalunya. Volum 1, p.330.
13 Reunión de Comités, celebrada el día 24 de noviembre de 1936. [IISG-CNT-94-D11].
14 Aunque el texto no lo especifica en ningún momento se trataba de Domingo Ascaso.
15 Acta 15ª de la Junta de Seguretat Interior. (Barcelona, 24, 25 y 26 de noviembre de 1936). [AMTM].
16 Partidario de la impunidad.
17 Declaració de Joan Torres Picart. [AMTM-GC-32-7]. AMTM es Arxiu Tarradellas
18 Reunión de Comités, celebrada el día 25 de noviembre de 1936. [IISG-CNT-94-D11]. IISG es el Archivo de Historia Social de Ámsterdam
19 Véase: GUILLAMÓN, Agustín: «Doce estampas revolucionarias (o no) de Barcelona». Balance número 30 (mayo 2005).
20 Aquí se habla de “convicción” de los milicianos. Equivocados, o no, se sentían traicionados.
21 Acta 15ª de la Junta de Seguretat Interior. (Barcelona, 24, 25 y 26 de noviembre de 1936). [AMTM].
22 Solans era secretario de Eroles.
23 Acta de la Sessió del Consell de la Generalitat, corresponent al dia vint-i-cinc de novembre del mil nou-cents trenta sis. [AMTM].
24 Reunión de Comités, celebrada el día 25 [noche] de noviembre de 1936. [IISG-CNT-94-D11].
25 Reunión celebrada el día 25 de noviembre 1936. [AMTM].
26 El cenetista Jaume Riera no era patrullero, pero frecuentaba la prisión de San Elías.
27 Acta 15ª de la Junta de Seguretat Interior. (Barcelona, 24, 25 y 26 de noviembre de 1936). [AMTM].
28 “Acta de la Sessió del Consell de la Generalitat de Catalunya, corresponent al dia vint de novembre del mil nou-cents trenta sis”. [AMTM].
29 Se trataba de un proyecto propuesto por Joan Pau Fábregas, y muy reivindicado por toda la militancia cenetista que, junto con el Decreto de Colectivizaciones y el monopolio del comercio exterior, constituían los tres puntales básicos de su programa de desarrollo y reactivación de la economía colectivizada catalana. Sin embargo, tal decreto nunca pasó de ser un proyecto, jamás aplicado. Ya se ha comentado, más arriba, que implicaba un peligro reaccionario de militarización del trabajo, que no descartaba otras derivaciones revolucionarias: ruptura del pacto antifascista, control popular de las Finanzas, etcétera.
30 Acta 16ª de la Junta de Seguretat Interior. (Barcelona, 27 de noviembre de 1936). [AMTM].
31 Acta de la reunión celebrada el día 27 de noviembre 1936. [AMTM].
32 Obra constructiva de la Consejería de Abastecimientos”. Solidaridad Obrera (28 noviembre 1936), p.2.
33 Acta del Pleno de Sindicatos y Barriadas celebrado el día 29 de noviembre de 1936, a las diez de la mañana. [IISG-CNT-43F].
34 Véase el informe de Hilario Esteban a Eroles (10 de abril de 1937); el informe de Moscú difundido por el Servicio de Información de Escorza; la carta de Sesé a Companys; el asesinato de Antonio Martín en Bellver (27 de abril); la carta de Prince a la FACA (29 abril 1937). Y sobre todo porque ésa era la manifiesta estrategia política del PSUC, que así era percibida cotidianamente por la gente común.
35 Es un conglomerado de fichas personales, seguimiento de personalidades, viajes a París, relación de domicilios e informes familiares, financieros e interpersonales que abarcan el periodo enero-abril de 1937. Es una contundente e indiscutible investigación documental sobre el complot que se preparaba contra la CNT-FAI.
36 Domingo Ascaso fue herido mortalmente delante del local central de las Patrullas de Control.
Fuente → serhistorico.net
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