89 años de la "Semana Roja" de La Palma (1936): La isla que se plantó frente al fascismo

Hace 89 años, mientras gran parte de Canarias caía bajo el control de los sublevados fascistas, La Palma se convirtió en un bastión inesperado de resistencia popular. Durante siete días, una movilización obrera sin precedentes impidió el avance del golpe militar. Lo que ocurrió entonces no fue solo una defensa de la legalidad republicana, sino también la expresión de un conflicto social latente: una población trabajadora organizada que, frente al miedo y la duda de la propia autoridad republicana, asumió la iniciativa frente a la amenaza fascista (...).

 

 

A nivel estatal, el alzamiento militar de julio de 1936 fue un acto destinado a preservar los intereses materiales de las clases dominantes. Lejos de ser simplemente una “respuesta a la inestabilidad política”, el golpe respondió a una amenaza percibida por las élites: la posibilidad de que las clases subalternas pudieran poner en peligro todos sus privilegios y el sistema de explotación que los garantizaba.  

Para figuras como Franco, Mola y Calvo Sotelo, la República, pese a su carácter burgués, representaba no solo un modelo político alternativo, sino la antesala de lo que podría ser transformación profunda del sistema social. Los mensajes sobre el supuesto peligro inminente de una revolución “comunista”, que no se correspondía con la realidad, eran también parte de una estrategia para movilizar al bloque histórico conservador en defensa de la propiedad privada y la jerarquía social.

La singularidad de La Palma

En este contexto, La Palma se destaca como una excepción notable dentro del Archipiélago canario. Mientras otras islas cayeron bajo el control de los sublevados en cuestión de horas, La Palma resistió durante una semana gracias a la combinación de un débil contingente militar golpista y una población altamente movilizada. El intento de sublevación encabezado por el comandante Baltasar Gómez Navarro con solo 25 soldados fue frustrado por la rápida acción de las organizaciones obreras y el Frente Popular local.

Durante esos siete días se declaró una huelga general, se formaron milicias populares y se defendió la legalidad republicana con una intensidad que revela un alto grado de organización de base. Sin embargo, esta resistencia estuvo marcada por contradicciones internas: el Delegado del Gobierno en la isla, Tomás Yanes Rodríguez, de Izquierda Republicana, no permitió que las organizaciones obreras tomaran el control total de la situación, negándose, por ejemplo, a autorizar la toma del cuartel militar. Esta decisión reflejaba un miedo compartido por muchos sectores republicanos: el temor a que la defensa contra el fascismo se convirtiera en una revolución social.

El trasfondo económico y social de la lucha

La fuerza de la resistencia en La Palma no puede entenderse sin considerar las condiciones materiales que la precedieron. La estructura económica de la isla estaba dominada por el sistema caciquil, en el que el control de la tierra y del agua, en manos de una élite —como la familia Sotomayor—, sustentaba una red clientelar que garantizaba la lealtad política de amplios sectores de la población. Este modelo precapitalista generaba una estabilidad aparente, a costa de una explotación constante.

La crisis económica de 1929 y el posterior declive del sector platanero hicieron estallar estas tensiones. Con el desempleo superando los 5.500 parados y sin posibilidad de emigrar —una válvula de escape históricamente crucial para la isla—, amplios sectores sociales se tornaron receptivos a las propuestas del marxismo y el anarquismo, que ofrecían no solo una crítica del sistema, sino una alternativa radical.

La Federación de Trabajadores y la organización de clase

Fue en este contexto que la Federación de Trabajadores de La Palma, fundada en 1930 con una orientación comunista, adquirió un protagonismo determinante. No solo logró afiliar a cerca de 3.000 trabajadores, sino que arrebató a los patronos y caciques el control sobre la distribución de empleos. 

El 1º de mayo de 1933, una manifestación de más de 6.000 personas en Santa Cruz de La Palma marcó un punto de inflexión: el proletariado local se había convertido en sujeto político consciente y activo. Este avance generó una alarma real entre las clases dominantes, que veían cómo su hegemonía tradicional era socavada desde abajo.

La contradicción republicana

Durante la “Semana Roja”, la resistencia se articuló a través de una alianza entre la legalidad republicana y la autoorganización obrera. Sin embargo, el papel ambivalente del Delegado del Gobierno revela una tensión de clase interna en el propio campo republicano. El temor a una revolución social llevó a las autoridades a desmovilizar las milicias y a evitar la confrontación directa con el ejército, que desembarcó con el acorazado Canalejas el 25 de julio. Esta decisión dejó a las fuerzas populares sin protección y expuestas a la represión posterior.

Este hecho ilustra una constante de este periodo histórico. La burguesía republicana temía más a las clases trabajadoras organizadas que al propio fascismo, aunque esta tendencia, en muchos casos, acabara costándoles la vida. 

Para el movimiento obrero palmero, sin embargo, la defensa de la República era inseparable de la posibilidad de una revolución social. Aunque en La Palma no se produjeron colectivizaciones al estilo de Aragón o Cataluña, la creación de milicias y el control obrero sobre el trabajo evidenciaban un deseo claro de subvertir el orden económico existente. La movilización durante la Semana Roja” no fue, por tanto, una reacción espontánea, sino el resultado de años de organización y de una conciencia de clase construida desde la práctica y la teoría.

La derrota de la resistencia: fin de la “Semana Roja” y restauración del orden caciquil

El 25 de julio de 1936 marcó el abrupto final de la “Semana Roja” en La Palma. La llegada del acorazado Canalejas, enviado por el mando militar sublevado, selló la suerte de la resistencia republicana en la isla. Ante la perspectiva de un enfrentamiento directo con las fuerzas militares profesionales, el Delegado del Gobierno, Tomás Yanes Rodríguez, optó por una retirada estratégica. Ordenó la desmovilización de las milicias populares y desistió de ofrecer resistencia armada, con la esperanza de que el Gobierno republicano en Madrid pronto restaurara el orden en el archipiélago.

La consecuencia fue inmediata. La isla cayó sin resistencia en manos de los sublevados. La legalidad republicana quedó disuelta, y con ella, todas las estructuras de poder popular que habían emergido en esos siete días. Las milicias fueron desmanteladas, los sindicatos perseguidos y sus dirigentes arrestados o eliminados. Comenzó así un proceso de represión sistemática que buscaba extirpar no solo a los individuos considerados enemigos del “nuevo orden", sino también las ideas, prácticas y organizaciones que habían hecho posible la resistencia.

La represión: castigo ejemplar y restauración del orden de clase

Tras la ocupación militar, La Palma fue sometida a una política de represión planificada. Aunque durante la "Semana Roja" no hubo víctimas mortales ni violencia revolucionaria descontrolada, la respuesta de los golpistas fue brutal. Decenas de militantes obreros, sindicalistas, comunistas, anarquistas y republicanos fueron arrestados, juzgados sumariamente o ejecutados extrajudicialmente. Las cárceles locales se llenaron, y muchos fueron deportados o enviados a campos de concentración en otras islas o en la península.

Los caciques locales  recuperaron rápidamente su autoridad, y en muchos casos participaron activamente en las tareas represivas, señalando a los líderes obreros y reorganizando las redes clientelares destruidas por la Federación de Trabajadores. Así se restauró el control sobre la distribución de empleos, el acceso a la tierra y los recursos hídricos, eliminando cualquier avance conquistado por las clases subalternas en los años anteriores.

La represión también fue ideológica. Se cerraron los centros obreros, se clausuraron las emisoras de radio de izquierda y se prohibió toda forma de organización política no afín al nuevo régimen. El miedo fue institucionalizado como mecanismo de control social.

La derrota de la resistencia republicana en La Palma no supuso solamente una pérdida territorial o militar, sino una restauración total del orden de clase anterior. 

La restauración del orden caciquil no implicó una vuelta total al mismo status quo anterior, sino una forma más centralizada y violenta de dominación, ahora legitimada por el nuevo régimen franquista. La estructura productiva dependiente de monocultivo y clientelismo se mantuvo intacta, y con ella, las relaciones sociales de producción que daban forma a la desigualdad económica. El control de la tierra y el agua volvió a ser la piedra angular de la explotación.

En términos culturales y simbólicos, la “Semana Roja” fue borrada de la historia oficial, reducida a un episodio de “desorden” sofocado por el “restablecimiento del orden”. Sin embargo, para la memoria popular no domesticada este evento constituye un hito fundamental en la historia de la resistencia de las clases populares de Canarias. Un momento de ruptura donde las masas actuaron como sujeto histórico, visibilizando el conflicto de clase con una claridad imposible de ignorar