La monarquía cuesta oficialmente 8,4 millones de euros, según los presupuestos generales del Estado de 2021. Pero esa cantidad es falsa, porque en esa cifra no figuran los pagos por una cantidad enorme, y opaca, que va a cargo del erario público de manera encubierta.

Así, por ejemplo, los gastos de seguridad de la monarquía los cubren los Ministerios de Interior y Defensa, y los actos oficiales y la agenda en el extranjero los paga el Ministerio de Exteriores. Y junto a ellos el verdadero gran cajón de sastre donde van a parar numerosos gastos de la familia real es Patrimonio Nacional.

Patrimonio Nacional depende del Ministerio de Presidencia y sus fondos estarían destinados a proteger y conservar los monumentos y edificios singulares del Estado, pero, con los años, se ha convertido en un colador donde la monarquía española carga facturas de todo tipo.

Este jueves el Gobierno informaba de que el rey emérito, Juan Carlos I, seguía contando con asistentes personales en Abu Dabi, tres ayudas de cámara, cuyo coste era asumido por Patrimonio Nacional a petición de la Casa del Rey.

Según el Gobierno, el emérito cuenta con este tipo de asistentes desde el momento en que fue coronado en 1975 y los sigue teniendo después de abdicar en el 2014, «de acuerdo con lo que está previsto en la legislación vigente».

Según señala al respecto Eldiario.es, Patrimonio Nacional también se hace cargo de otros servicios como indemnizaciones por despidos improcedentes a la tripulación del yate Fortuna, el mantenimiento de la residencia de Corinna Larsen en Madrid o los seguros de los Ferrari, Rolls Royce y otros coches que el emérito había recibido como regalos.

La residencia real tiene una plantilla de trabajadores considerable, que queda fuera de los 3,8 millones en gastos de personal que reflejan las cuentas oficiales y que se cargan a Patrimonio Nacional. Se desconoce cuál es el coste real del personal que asiste a la familia real. Lo único que se sabe es que en su último informe sobre Patrimonio Nacional, el Tribunal de Cuentas cuestionó los pagos adelantados por la Casa Real por un importe de 20.676,59 euros por este concepto.

Sobre los viajes del emérito, el informe del Tribunal de Cuentas señalaba: «Estos pagos se justifican con facturas de una agencia de viajes a nombre de la Casa de S.M. el Rey, por el coste de billetes de barco, avión y hotel. No se considera justificado este atípico sistema, que distorsiona el procedimiento de pago y la justificación nominal de estos gastos».

Por su parte, Patrimonio Nacional justificó el gasto en su escrito de alegaciones, porque «en algunas ocasiones, estos desplazamientos se hacen con total confidencialidad por motivos de seguridad». «En estos casos no se informa previamente a Patrimonio Nacional de la realización de los viajes e incluso los interesados son avisados de la prestación del servicio con tiempo escaso; por lo tanto, las gestiones y el pago de la reserva de hoteles, barcos y aviones se realizan directamente por la Casa de S.M. el Rey».

Corrupción, despilfarro, opacidad, privilegios… para una institución anacrónica, heredada de la Edad Media y restaurada por un asesino fascista, aceptada y defendida por una seudoizquierda, política y sindical, sin la cual su continuidad sería insostenible.

El Primer DNI Republicano