Conocí a Carmen Negrín hace ya bastantes años en París y luego tuvimos oportunidad de vernos varias veces más, entre ellas cuando entregó una copia de los archivos de su abuelo, Juan Negrín, al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 

Nunca le pregunté a Carmen la razón por la que, amando profundamente a España, no tiene hasta ahora la nacionalidad española, algo a lo que el Gobierno español se brindaría con seguridad, pero que ella no aceptaría por las mismas o parecidas razones  que un brigadista internacional al que también conocí en Austria, Gerhard Hoffmann, se negó en su día a aceptar, llevando como llevaba a España en el corazón desde que leyó El Quijote en las cárceles del austrofascismo de Engelber Dollfus . A Hoffmann, como a otros de sus compañeros de lucha contra el fascismo, se le requería prestar fidelidad al rey, algo que no llegó a aceptar por razones obvias cuando presentó su libro de memorias en el Instituto Cervantes de Viena. 

Muchos otros exiliados republicanos hicieron lo mismo a lo largo de estas últimas décadas, como me comenta el profesor Pedro García Bilbao. Se negaron en su día a tener el pasaporte español porque no reconocieron íntimamente la legalidad de un Estado heredero del franquismo. “Hasta 1977 -me apunta Pedro- la República en el exilio tenía oficinas consulares donde había un registro civil y podías inscribir a tus hijos nacidos en el exilio. El Gobierno español actual no reconoce como españoles de origen a esos inscritos. Te reconocen la nacionalidad si la pides, pero no apelando al registro consular republicano, algo que a mi juicio debería haber sido subsanado ya”. 

“El caso es que entre los exiliados -señala-, sus hijos o nietos, ha habido personas, las hay, que no aceptaron ni aceptan ser súbditos del rey impuesto por Franco, y sólo aceptarían el pasaporte si el Estado español reconoce la ilegalidad del golpe y la dictadura. Digamos que no lo soportan y prefieren no pasar por eso”. 

Un caso esclarecedor, para García Bilbao, es el de los veteranos deportados en Mathaussen que se sumaron a la querella en la Audiencia Nacional para exigir la extradición a España de los nazis detenidos en EE.UU. “No habían aceptado el pasaporte que les ofrecía la embajada. Su posición era clara: la dictadura les quitó la nacionalidad y ellos no iban a consentir que el Estado español actual les diera pasaporte sin reconocer que la dictadura era golpista e ilegal, que no tenía derecho a quitarles nada y que además fue cómplice de la deportación”. 

La Audiencia no tuvo más remedio que aceptar la querella porque iba muy bien armada, a juicio del citador profesor, pero la respuesta fue dilatar el proceso administrativamente hasta la muerte de los detenidos, que eran bastante mayores. Se trataba de guardianes de campo, detectados con identidad falsa por los servicios secretos israelíes, algunos de los cuales habían estado en Mathausen.  La demanda de extradicción se articuló tras la denuncia en la Audiencia Nacional, donde se pido comprobar que los trabajos de historiadores no son una prueba jurídica admisible. La Audiencia Nacional exigió pruebas de identidad nacional española a los deportados y pruebas con valor jurídico. La respuesta fue documentación del llamado Juicio de Nüremberg solicita a la justicia de Estados Unidos, por lo que la Audiencia Nacional no tuvo más remedio que aceptar el caso.

Contrasta el silenciamiento de esta querella con la difusión que tuvo en su día la llamada Querella Argentina, en opinión de García Bilbao.