Proyecto Faq La monarquía y la democracia española se asientan en el crimen

martes, 27 de octubre de 2020

La monarquía y la democracia española se asientan en el crimen

 
La monarquía y la democracia española se asientan en el crimen
Lidia Falcón O'Neill

Los 175 personajes que han grabado un vídeo apoyando al rey Felipe VI y a la institución monárquica como garantes del cumplimiento de la Constitución y de la defensa de la democracia siempre ocultarán que tanto la Corona, en su versión actual, como la democracia que han montado los partidos políticos que redactaron la Constitución de 1978, se asientan en el crimen. Y no uno sólo, sino muchos.

El 29 de marzo de 1956 Juan Carlos de Borbón, designado por Franco como el próximo rey de España, con 18 años, mató de un disparo a su hermano Alfonso de 14. Disparó con un revólver de calibre 22. El comunicado oficial distribuido por la Embajada de España en Lisboa decía: «Mientras su Alteza el Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos». Pero más tarde se cambiaría la versión. La decisión de silenciar los detalles fue adoptada personalmente por Franco, según describe Paul Preston (Don Juan Carlos. El Rey de un pueblo) porque Don Juan de Borbón se mostraba en contra de la elección de Juan Carlos como heredero de la Corona y era proclive a designar al hijo pequeño.

La madre de Juan Carlos y Alfonso, María de las Mercedes, dio a entender tiempo después que Juan Carlos, jugando, había apuntado el arma hacia Alfonsito y, sin saber que estaba cargada, apretó el gatillo. El propio Juan Carlos confesó a un amigo portugués que había apretado el gatillo sin saber que el arma estaba cargada, se disparó y la bala rebotó en una de las paredes y alcanzó a Alfonsito en toda la cara.

. Jaime, hermano de Juan de Borbón y tío de Juan Carlos y Alfonso, exigió, en su calidad de jefe de la Casa de Borbón, que se abriera una investigación al respecto para depurar la responsabilidad del príncipe Juan Carlos, al considerar que tal suceso podía afectar a la línea sucesoria, pero nunca se llegó a realizar. Amadeo Martínez Inglés en Las mentiras de la monarquía española, deja entrever que Don Juan dudaba de que el disparo no hubiera sido intencionado, al tiempo que revela que ni hubo acta de defunción ni la policía se personó en Villa Giralda, no se hizo autopsia ni tampoco se abrió ningún tipo de investigación.

A partir de ese momento Juan Carlos ya no tuvo ningún competidor para ocupar el trono de España. Ese fue el origen del largo reinado del “rey demócrata”.

Aunque todavía quedaban candidatos al tan deseado trono. Los carlistas, que habían ensangrentado España durante más de un siglo, y que participaron activamente en la Guerra Civil en el bando franquista mantenían sus pretensiones en la facción Comunión Tradicionalista de Sixto de Borbón Parma. El hermano, también pretendiente, era Carlos Hugo que estaba enfrentado a él y que se declaraba socialista. Sixto contaba con el apoyo del búnker franquista.

El 9 de mayo de 1976, cuando aún no se había iniciado la Transición pero llegaban las instrucciones de Europa y de EEUU para transformar el régimen dictatorial en una democracia, al estilo de los países occidentales avanzados, se celebraron los actos políticos que tradicionalmente acompañaban el viacrucis anual que desde 1939 los carlistas llevaban a cabo en el monte navarro de Montejurra, en memoria de los requetés muertos en la Guerra Civil. En el transcurso de la romería, los hombres del Ministerio del Interior que controlaban los resortes del Estado, prepararon una operación violenta contra los seguidores de Carlos Hugo para recuperar el tradicionalismo y promover la «entronización» de Sixto como líder del carlismo.

En esta operación, conocida como Operación Reconquista, en la que tomaron parte también mercenarios neofascistas italianos y argentinos, algunos partidarios de Sixto de Borbón abrieron fuego contra los participantes en la romería, resultando herido Aniano Jiménez Santos, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que murió en el hospital días después, cayó muerto Ricardo García Pellejero miembro del Movimiento Comunista de España y hubo varios heridos.

Como en el episodio del homicidio de Alfonso de Borbón, los responsables de las muertes fueron identificados, pero el proceso se entretuvo y gracias a la Ley de Amnistía de 1977 quedaron en libertad ese mismo año. Sixto de Borbón Parma fue expulsado de España, ​ sin que siquiera se le tomase declaración judicial por su presencia en la escena de los crímenes Los abogados de la acusación no lograron que testificara Manuel Fraga, ministro de la Gobernación que el día de los sucesos se encontraba en viaje oficial a Venezuela y era sustituido por el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez González. Tras su vuelta, Fraga manifestaría que los incidentes no habían sido más que una «pelea entre hermanos». Hasta 2003, veinticinco años más tarde, la justicia española no reconoció a los dos asesinados la condición de «víctimas del terrorismo».

El general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santa María, en la fecha de los sucesos jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y persona muy relevante durante la Transición, antes de morir, reveló que fue el propio Estado el que, ante la evolución del carlismo, trató de crear un «contrapoder» alrededor de la figura de Sixto de Borbón, por medio del servicio de inteligencia SECED, creado por el almirante Carrero Blanco (sustituido en 1977 por el CESID, actual CNI), y de la Guardia Civil. De acuerdo con el testimonio del general Sáenz de Santa María, el director de la Guardia Civil le habría manifestado que el plan era conocido y aprobado por el ministro de gobernación Manuel Fraga​ y por el presidente Arias Navarro​.

Además de altos cargos de los cuerpos de seguridad del Estado, como el general Ángel Campano, director de la Guardia Civil (en cuyo despacho se gestó la operación) y el general Salvador Bujanda, subdirector general del mismo cuerpo. En la conspiración estuvieron implicados también Antonio María de Oriol y Urquijo, entonces presidente del Consejo de Estado, Juan María de Araluce, presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa y José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra.

El general Sáenz de Santamaría, quien era en la fecha de los sucesos jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, afirmó que el Seced había facilitado a los mercenarios extranjeros gran cantidad de bastones y cachavos para agredir a los carlistas y que «la financiación de la operación corrió a cargo de señor Oriol Urquijo».Los mercenarios fueron pagados por agentes del SECED. Unos días antes, el gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, reservó 20 habitaciones en el hotel Irache de Estella, para que se alojaran Sixto de Borbón y su escolta.

Esos crímenes se ejecutaron en presencia y con la colaboración de las fuerzas de seguridad, sin que fueran detenidos los autores ni requisadas las armas empleadas. Algunos de los participantes en la confrontación han sido relacionados con la Operación Gladio y con la trama de terrorismo de Estado que posteriormente originaría los GAL. ​ Rodolfo Eduardo Almirón, exmiembro de la Triple A argentina que posteriormente sería jefe de seguridad de Alianza Popular y guardaespaldas personal de Manuel Fraga durante los últimos años de la década de los 70 y primeros años de la década de los 80, y Stefano Delle Chiaie, ​ terrorista de ultraderecha italiano con vínculos con la organización anticomunista de la OTAN, Gladio, estaban presentes en Montejurra este día.

El 3 de marzo de 1976, a las cinco de la tarde, efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada desalojaron de la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, populoso barrio obrero situado al norte de la ciudad, a 4.000 trabajadores en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. Murieron cinco trabajadores y fueron heridas más de ciento cincuenta personas.

Posteriormente, durante los actos de protesta que se organizaron en diferentes localidades fueron asesinadas otras dos personas víctimas de la represión contra las manifestaciones solidarias que denunciaban la masacre de Vitoria-Gasteiz. En Tarragona el joven Juan Gabriel Rodrigo Knafo y en la localidad vizcaína de Basauri Vicente Antón Ferrero. ​

Fue una de las mayores matanzas de las fuerzas de seguridad del Estado que se produjeron en la llamada Transición española. El relevo que el rey Juan Carlos I realizó en julio de ese año, cambiando a Carlos Arias Navarro por Adolfo Suárez al frente del gobierno de España, desencadenó la represión que fue dirigida por Fraga Iribarne. Los hechos no fueron investigados ni enjuiciados.

En el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977 cinco abogados laboralistas del Partido Comunista de España (PCE) y de Comisiones Obreras (CC. OO.) fueron asesinados: Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Dos de los asesinos huyeron después del juicio gracias a unos incomprensibles permisos judiciales.

El 20 de septiembre de 2017 se cumplió el 40 aniversario del atentado terrorista a la revista satírica barcelonesa El Papus que dirigía sus dardos irónicos contra los franquistas. La bomba, dejada en la redacción dentro de un maletín, provocó la muerte del conserje, Juan Peñalver Sandoval, dieciséis heridos y la destrucción completa de la oficina donde se hacía la revista. El objetivo fallido de la organización fascista Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), que reivindicó la autoría, era asesinar a su director, Xavier de Echarri. El acto criminal estaba pensado como un ajuste de cuentas y para dar un escarmiento ejemplar a la prensa más crítica. El poco interés policial y judicial en solventar el caso se mostró finalmente en 1983 con la absolución de los acusados por falta de pruebas y unas condenas simbólicas por posesión de armas y explosivos.

El líder independentista canario Antonio Cubillo fue víctima de un asesinato frustrado que lo dejó inválido de por vida, en abril de 1978, en Argelia. 

José Luis Espinosa Pardo, confidente de la policía española, fue condenado por la Audiencia Nacional a 20 años de reclusión como organizador del atentado. No obstante, Espinosa no pasó más de seis años encarcelado, puesto que tenía 64 y la ley permite la salida de prisión al cumplir los 70 años de edad. La sentencia declaró probado que fueron «personas pertenecientes a los servicios policiales españoles» de entonces las que decidieron la desaparición de Cubillo. Señalaron al Ministro del Interior Martín Villa.

En enero de 1978 el Caso Scala fue el proceso judicial desatado a raíz de un incendio provocado en la sala de fiestas Scala de Barcelona el 15 de enero de 1978 que resultó con la muerte de cuatro personas y en el que se intentó inculpar a las organizaciones anarquistas CNT y FAI, que habían celebrado aquel día una manifestación con la asistencia de más de 15.000 personas. La vista del Caso Scala tuvo lugar en diciembre de 1980. Se hizo evidente que se trataba de un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar tal sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. Los abogados solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa compareciese a declarar, pero no lo hizo. Era conocida la postura de Martin Villa contra los anarquistas. Con el paso de los años se fue descubriendo el papel decisivo que en este asunto desempeñó el confidente de la policía Joaquín Gambín, el Grillo, también conocido como el Rubio o el Legionario. Fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía consiguió que a finales de 1981, Gambín fuera detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.

La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. La CNT ha presentado siempre este asunto como una maniobra oscura del gobierno dirigida a frenar el ascenso del sindicato anarquista, que se resintió​ indudablemente de la repercusión social que tuvo el Caso Scala.

Estos son sólo algunos de los casos más graves que se produjeron en La Transición. Es ya historia sabida y reconocida que además de la actividad terrorista independentista, las fuerzas de seguridad del Estado ampararon, financiaron u organizaron la Triple A, el Batallón Vasco Español, Fuerza Nueva, los guerrilleros de Cristo Rey. Además, el concepto de violencia política también engloba, según la historiadora Sophie Baby, la ejercida por las instituciones del Estado, como la represión en la calle por parte de los cuerpos policiales (manifestaciones, actos políticos, controles policiales, etc.) o las torturas y malos tratos a detenidos y presos.

En la época de la Transición se produjo violencia política con finalidad contraterrorista, como la ejercida por la Brigada Político-Social y vinculada con fuerzas de ultraderecha y cuerpos policiales. Sus acciones se dirigieron mayormente contra ETA y contra los GRAPO. La investigación publicada en el libro La Transición Sangrienta (2010) del periodista Mariano Sánchez Soler indica que entre el 75 y el 83 se produjeron 591 muertes por violencia política. También expone, que de estos 591, al menos 188 fueron asesinados por violencia de origen institucional.

En el libro de Sánchez Soler se detalla que los grupos de extrema derecha causaron 49 muertos, los grupos antiterroristas asesinaron a 16 personas, mayormente de ETA y el GRAPO. También relata que la represión policial acabó con la vida de 54 personas; 8 personas fueron asesinadas en la cárcel o en comisaría, 51 murieron en enfrentamientos entre la Policía y grupos armados. De acuerdo con otra investigación realizada por Sophie Baby y publicada en 2018 en su libro “El Mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), la cifra asciende a 714 víctimas mortales. La autora declara que “la violencia de Estado” causó la muerte de 178 personas.

Ya en plena democracia, gobernando el Partido Socialista Obrero Español, los cuerpos de seguridad del Estado organizaron los GAL para lograr debilitar a ETA y conseguir que el gobierno francés extraditara a los etarras que se acogían al derecho asilo en ese País. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno entre 1983 y 1987, a la orden de los dos primeros gobiernos de Felipe González. ​ Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Los periodistas destaparon cómo existía una organización estructurada, financiada y dirigida por el ejecutivo de Felipe González que realizó secuestros, asesinatos y torturas. Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 y cometieron veintisiete asesinatos. Actuaron principalmente en el País Vasco francés, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en algunas zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA, pero también afectaron personas que no tenían relación con el terrorismo, produciéndose entre este colectivo 10 víctimas mortales.

Los dos Ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luís Corcuera, el Subsecretario de Estado Rafael Vera, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, los gobernadores de Vizcaya y Guipuzcoa, el jefe de la lucha antiterrorista hasta sumar 11 cargos del Ministerio, y los policías Amedo y Domínguez, fueron condenados por haber organizado y financiado al grupo terrorista los GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, a decenas de años de prisión. La historia de esta negra etapa de la democracia española requiere de más de un libro (véase mi novela El Honor de Dios)

En definitiva, en estos tiempos en que los más ilustres políticos y pensadores se pronuncian públicamente en alabanza de la monarquía, después de la vergonzosa huida del rey, es preciso recordar algunos de los episodios que fueron el origen de la última restauración de la casa de Borbón y de la implantación de esta democracia.Madrid, 24 de octubre 2020.


Fuente → diario16.com

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