Durante las últimas semanas, los medios de comunicación han vuelto a desempolvar con esmero el mantra de la modélica Transición.
El motivo no está siendo otro que la pueril defensa del papel de Juan
Carlos I como monarca tras la muerte de Franco. De esta manera, ahora
que asistimos a su fuga en medio de una investigación sobre algunas de
sus recientes corruptelas, tratan en vano de blanquear su figura. Esta
narrativa oficial del pasado ha servido en innumerables ocasiones de
cortafuegos al ex-monarca. Su contenido es simple y directo, se ensalza
su papel como brillante estadista y se construye una narrativa donde
aparece como “salvador de los españoles” en coyunturas difíciles. Sin
embargo, la historiografía ha criticado en innumerables ocasiones este
relato acusándolo de falaz, dado que esconde el carácter antidemocrático
de los Borbones (descendientes directos de Franco) y niega la intensa
violencia política existente durante los primeros años de su reinado. Un
buen ejemplo de esa violencia lo constituye la persecución y el
hostigamiento existente durante la Transición hacia cualquier iniciativa
republicana. Uno de los casos más representativos de esta persecución
se encuentra en el conocido como “caso Saida”.
1977 fue un año importante para la historia del Estado español, tras
40 años de dictadura se conquistaban importantes derechos democráticos y
sociales, a la par que se comenzaban a oír más alto voces críticas
hacia el papel de la Monarquía. En este sentido, tuvieron un importante
papel los partidos de la izquierda revolucionaria (comunistas ortodoxos,
maoístas, trotskistas o consejistas), organizaciones que abogaban por
la ruptura democrática, la república e incluso el socialismo. También
contribuyeron las revistas alternativas que ofrecían un periodismo
contrainformativo y más radical. Este fue el caso de cabeceras míticas
como El viejo Topo, Triunfo, El Cuervo o la propia Saida. La
iniciativa de formar una revista partió del Movimiento Comunista (MC),
quien puso a Javier Ortiz (redactor jefe de su periódico Servir al Pueblo) al frente de la cabecera.
El proyecto pretendía tener un enfoque plural que diera cobijo a todas
las corrientes a la izquierda del PCE. Para ello, ficharon al periodista
independiente Miguel Bayón, quien era oficialmente la cara visible de
la revista. El primer número saldría poco antes de las elecciones de
junio de 1977 con un monográfico sobre “las candidaturas malditas”, en
referencia a las singulares candidaturas que tuvieron que formar muchos
partidos republicanos y de izquierdas que seguían sin legalizar. No
obstante, la revista tuvo un corto recorrido, de mayo de 1977 a mayo de 1978, saliendo en total 28 números.
Su enigmático nombre se debía al patronímico de una resistente
marroquí de la época, torturada por la policía. Más conocido era el
hecho de que Saida significaba salida en gallego. Otro dato
interesante, además, era que los editoriales de la revista aparecían
siempre con la enigmática firma de Ramón Collar para evitar
consecuencias legales. Eran tiempos convulsos y la represión sacudía
especialmente a las voces más críticas. Tal y cómo relataba Javier
Ortiz, su origen se encontraba en un homenaje a un poema de César
Vallejo, incluido en su libro titulado España, aparta de mí este cáliz.
Empezaba el poema: “Aquí, / Ramón Collar, / prosigue tu familia soga a
soga, /se sucede, / en tanto que visitas, tú, allá, / a las siete
espadas, /en Madrid, / en el frente de Madrid”.
Pese a que la revista siempre tuvo una distribución modesta,
pronto se convirtió en un icono de la izquierda transformadora donde
aparecían interesantes reportajes sobre las luchas sociales de la época.
También porque fue un espacio de convergencia de muchas de estas
organizaciones revolucionarias donde se expresaban sus opiniones
políticas sin sectarismos. Sin embargo, la revista conoció las
consecuencias de la represión, con varios secuestros y la apertura de
causas judiciales. El más grave fue el sucedido tras la publicación en
diciembre de 1977 de un dosier titulado «¡Viva la República!», donde
abordaba la cuestión del modelo de Estado y presentaban una alternativa
republicana en diversos artículos. Este fue el primer caso en que se
acusaba del delito de injurias al Jefe del Estado del artículo 147 en
relación al artículo 458 número 4 del Código Penal y el Real decreto-Ley
24/77 del 1 de abril de 1977. Una fórmula con la que se perseguía la
crítica republicana y se acallaba la voz de los sectores más rebeldes.
Pronto se formó un potente movimiento de solidaridad, agravado por el contexto de casos similares como el del grupo de teatro Els Joglars.
Ante tal circunstancia, los máximos dirigentes de las
principales organizaciones de la izquierda revolucionaria decidieron
autoinculparse como los autores del dossier junto a Miguel Bayón,
director de la revista. Se trataba de Eugenio del Rio (MC),
Carlos Delgado (Partido Comunista de los Trabajadores), Miguel Romero
(Liga Comunista Revolucionaria) y Andoni Hernández (Organización de
Izquierda Comunista). Sorprendentemente, la justicia decidió exigir una
fianza de 50.000 pesetas de la época a cada uno y ante su negativa,
encarceló preventivamente a estos cuatro dirigentes en la cárcel de
Carabanchel. Sin embargo, pronto se formó un potente movimiento de
solidaridad con los encarcelados, ante lo que se consideraba como un
grave ataque a la libertad de expresión, agravado por el contexto de
casos similares como el del grupo de teatro Els Joglars. A
través del “Comité de defensa de los procesados en el caso ‘Saida” se
organizaron mítines y se recabó un importante apoyo por parte de
sindicatos, partidos políticos, parlamentarios, intelectuales y
destacados artistas. Al final, tras doce días en la cárcel los imputados
fueron liberados a la espera del juicio.
Sin embargo, meses después llegó la fecha del juicio en el cual la
fiscalía demandaba seis años y un día para cada imputado. Un total de
más de treinta años. El 21 de diciembre de 1979 a las 9:30 se celebró el
juicio sobre el caso Saida. Los imputados denunciaron
los límites de la reforma en cuanto a la libertad de expresión, al
tiempo que insistieron en que estas penas tenían por objetivo conseguir
“castigos ejemplares a quienes opinan sobre los temas que el mismo poder
ha considerado tabúes para la prensa” y que significaban “una herencia
evidentemente directa del pasado franquista”. Por su parte, el
equipo de prestigiosos abogados compuesto por Pablo Castellano, José
María Mohedano y Paca Sauquillo siguió una táctica un tanto diferente.
Como bien recuerda Javier Ortiz: “Pablo Castellano argumentó que el
artículo podía justificarse porque se había publicado antes de la
aprobación de la Constitución. ¡Casi me da un ataque de apoplejía! ¡Como
si la aprobación de la Constitución hubiera atemperado nuestro rechazo
de la Monarquía juancarlista! ¡Como si estuviéramos allí pidiendo
perdón!”.
Finalmente, gracias a la presión popular, el juicio se saldó
con una arrasadora victoria para la causa republicana y los acusados
fueron declarados absueltos de todo delito. Además, el propio
juicio se convirtió en una tribuna desde donde denunciar la represión
del nuevo régimen hacia las críticas al monarca y los estrechos límites
de la libertad de expresión. Sin embargo, este no sería el final de la
represión a los republicanos, que tendrían que convivir durante esos
años con un continuo hostigamiento mediante detenciones, multas y todo
tipo de trabas legales.
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