Es tiempo de república (de la tercera)

La Segunda República española, surgida en la turbulencia de los años treinta del siglo pasado —envuelta en la crisis global y el ascenso de los fascismos—, encarnó un proyecto profundamente transformador y modernizador. Durante su breve existencia —a excepción del llamado «bienio negro»—, impulsó avances decisivos: derechos laborales, reforma agraria, incorporación de la mujer a la vida pública, un esfuerzo educativo sin precedentes con la construcción de miles de escuelas, Misiones Pedagógicas, Universidades Populares… También promovió la laicidad del Estado, el divorcio y una de las primeras leyes de interrupción voluntaria del embarazo en Europa.

El golpe de Estado fascista y la guerra consecuente contra la Democracia Republicana protagonizados por las oligarquías reaccionarias, la Iglesia Católica y parte del Ejército con el apoyo de Hitler y Mussolini, frustraron el avance de las políticas emancipadoras inherentes al proyecto republicano.

La sublevación desencadenó una guerra contra el gobierno legítimo y dio paso a una de las represiones más cruentas de la historia contemporánea de España. El régimen franquista ejecutó a más de 190.000 personas de 1939 a 1944 (Charles Foltz) y sembró el territorio con miles de fosas comunes. El país se convirtió en una inmensa prisión y un gigantesco paredón, con el objetivo declarado de extirpar, mediante el terror, el legado republicano, haciendo borrar del imaginario colectivo sus conquistas y avances democráticos y laborales. Pese a ello, no pudieron conseguir erradicar el anhelo de justicia y libertad que encarnó la República, no obstante 40 años de machacona propaganda para conformar un segmento social adicto (“franquismo sociológico”), que hoy perdura y reverdece impulsado por el auge global de los neofascismos.

La restauración borbónica de 1978 nació, de hecho, como heredera directa de aquella dictadura fascista: Juan Carlos I fue designado directamente por Franco, y la corona se insertó en el ordenamiento constitucional sin refrendo popular alguno, pues según reconocieron personajes como Adolfo Suárez, los sondeos de la época reflejaban que la ciudadanía prefería mayoritariamente una república. De ahí que al pueblo español se le hurtara la posibilidad de pronunciarse sobre este aspecto crucial, contrariamente a lo acaecido en la Italia postmussoliniana o en Grecia tras la caída de los coroneles, donde se celebraron referéndums sobre la forma de Estado que dieron lugar a la instauración de sendas repúblicas.

La monarquía es una institución periclitada y antidemocrática, sustentada en la herencia de un régimen de represión y corrupción. En España, además, su legitimidad se ve doblemente cuestionada por su origen franquista y por los numerosos casos de enriquecimiento ilícito y conductas delictivas de la familia real. Por ello, el carácter monárquico de nuestro sistema político es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.

El modelo de “democracia limitada” implantado, cuyo mascarón de proa es el monarca impuesto, desterró la posibilidad de ruptura y ha permitido la perpetuación de la impunidad de los crímenes del franquismo y el continuismo de los aparatos represivos, judiciales y mediáticos de la dictadura. La riqueza del país ha seguido bajo el control oligárquico de unas pocas familias, cuyas fortunas se cimentaron al calor de la violencia política institucionalizada. El bipartidismo imperfecto diseñado gira en torno a un modelo de recortes, precariedad, privatizaciones, desigualdad y corrupción dentro de un marco turbocapitalista de acumulación por desposesión.

Frente a esto, se vuelve urgente abrir un proceso constituyente que supere el marco del 78 y funde una verdadera democracia republicana, participativa y laica. Una democracia donde los derechos sociales —como la vivienda, la salud y el trabajo— sean exigibles y efectivos, no simples declaraciones retóricas. Donde los servicios públicos estén constitucionalmente blindados y no sean objeto de mercadeo. Donde la economía esté al servicio de las mayorías y no de una minoría privilegiada.

En definitiva, se trata de impulsar el concepto de republicanismo de las cosas concretas y que éste se vincule al republicanismo como cambio de régimen.

Este ideal republicano debe también traducirse en una política exterior pacifista y desalineada —con salida de la OTAN— y en el rechazo frontal a genocidios como el que hoy sufre el pueblo palestino.

Iniciativas organizativas como el Encuentro Estatal por la República y los llamamientos  y acciones que ha emprendido en los últimos años representan un paso muy importante en la articulación de un movimiento amplio, transversal y unitario. Pero hace falta más: hace falta la movilización sostenida, pedagógica y callejera, que active el sustrato republicano —mayoritario, aunque a menudo silenciado— y acelere la caída de una monarquía en decadencia.

La historia por venir no está escrita. El futuro puede —y debe— ser republicano.