El aislamiento de la franja norte del resto del territorio republicano complicó la circulación de efectivo durante la Guerra Civil y esa escasez de dinero de curso legal llevó a una emisión de billetes y monedas alternativas para facilitar el comercio
Interrumpida por la Guerra Civil la emisión de los nuevos billetes republicanos que se imprimían en Inglaterra, el Gobierno puso de nuevo en circulación los antiguos de la etapa de Alfonso XIII, mientras empezó a estampar en la nueva fábrica de Valencia monedas de 50 céntimos, una y dos pesetas.
A pesar de los esfuerzos, la escasez de dinero circulante se agravó, y la República se vio obligada a autorizar la circulación de medios de pago alternativos, como sellos de correos y timbres pegados en discos de cartón. Al mismo tiempo, muchas cooperativas imprimieron vales provisionales para proporcionar cambio en las pequeñas transacciones diarias.
Pronto, centenares de municipios, sindicatos y toda clase de entidades públicas y privadas, se lanzaron a la fabricación incontrolada de vales y pagarés, creando una importante suma de dinero paralelo que, pese a que tuvo una circulación territorialmente muy limitada, resultaron muy útiles para facilitar la vida ordinaria en el territorio bajo control republicano.
El aislamiento de la cornisa cantábrica del resto del territorio republicano provocó que, tanto en el País Vasco como en Cantabria y en Asturias, se adoptaran medidas para tratar de poner remedio a la situación. En el caso de Santander, a partir del 1 de noviembre de 1936 empezaron a circular talones al portador librados por la banca local y emitidos en formato de billetes de 5,10, 25, 50 y 100 pesetas, respectivamente.
Estos talones, con validez restringida al ámbito regional y útiles para los intercambios de cantidades medias y altas, resultaron poco prácticos para aquellas transacciones inferiores a 5 pesetas, las más cotidianas en la vida diaria de las clases populares de la provincia. En realidad, el mayor problema fue siempre la carencia de monedas, algo que se trató de solucionar acuñando piezas de 5, 25 y 50 céntimos y una peseta en las nuevas fábricas de Castellón y Aspe.
El valor del dinero siempre ha dependido de la confianza que el pueblo deposita en las instituciones o en el país que lo emite, y en el norte republicano el recelo fue constante debido a la confusión generada por la diversidad de billetes y monedas en circulación.
Además de los acuñados en Santander, existieron los llamados “billetes de Gijón”, emitidos por el Consejo Soberano de Asturias y León, y también los del Gobierno de Euskadi, conocidos popularmente como “no pasarán” porque, tras el colapso de Bilbao y el éxodo de casi 200.000 vascos a Cantabria, nadie en Santander los quería aceptar como medio de pago. En la primavera de 1937, ninguna de estas monedas valía apenas nada para la mayoría de la población, lo cual daba idea de la escasa credibilidad que se tenía en la victoria final.
La derrota republicana supuso el embargo de las cuentas corrientes y de ahorro de partidos, cooperativas, asociaciones, sindicatos y todo tipo de agrupaciones sociales políticas y sindicales, así como instituciones y entidades locales del Frente Popular de la provincia de Santander. Las entidades bancarias se vieron obligadas a entregar la relación completa de las cuentas abiertas por estas agrupaciones, con sus saldos correspondientes, y de identificarlas cuando se encontraban a nombre de particulares.
El proceso de incautaciones se convirtió en un expolio directo, y una forma de materializar el botín de guerra de los vencedores. Se trataba del producto del ahorro y de las cuotas de miles y miles de socios, afiliados y cooperativistas a quienes un decreto del 9 de febrero de 1939 declaró fuera de la ley. El importe obtenido, aún hoy incalculable, fue trasvasado al nuevo Estado franquista sin necesidad ningún tipo de procedimiento legal.
Fuente → eldiario.es
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