Los archivos de Franco al descubierto: de la incautación a la fabricación de documentos contra el enemigo 'rojo'

Todo nuevo Estado que se precie debe partir irremediablemente de una premisa: para identificar al enemigo hay que incautar los documentos que le señalen, recabar información sobre él y plasmarla en fichas o documentos que hay que guardar en sitio seguro. En el caso de la nueva España franquista, "había que incautar la documentación de las instituciones republicanas, de los partidos de izquierdas, de los sindicatos para encontrar los antecedentes y, a partir del procesamiento de esa documentación, crear los márgenes de lo delictivo", explica Alejandro Pérez-Olivares, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna (Tenerife).

En su libro Papeles que atrapan (Comares Historia), disecciona todo el engranaje archivístico del régimen franquista, y, por primera vez, explora el vínculo entre esos archivos y la acción policial de vigilancia social y persecución del enemigo "rojo". Es una obra fascinante que cuenta la propia investigación a través de varios archivos de este historiador especializado en la violencia política desde el prisma del control social. 

Un membrete en un documento inauguró la maquinaria archivística, el 7 de mayo de 1937, del que sería un nuevo Estado fascista. "Estado Español. Secretaria General de Su Excelencia el jefe del Estado. Número 2089". Era una comunicación enviada desde Salamanca a toda la cúpula militar golpista repartida por España, dando cuenta del primer movimiento de la recién creada Oficina de Información y propaganda Anticomunista (OIPA), germen del proyecto personal de Franco de Archivo Documental de la Cruzada, "cuya misión ha de ser la de recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que el comunismo y sus organizaciones adláteres haya utilizado para sus campañas en nuestra patria", recoge el libro.

El Archivo Documental de la Cruzada disparó a tres objetivos: comunismo, masonería y judaísmo. "Fue un proyecto de archivo multifuncional, un archivo cuyo origen es policial, para incautar la documentación del enemigo, para ayudar a la formación de los funcionarios del nuevo Estado franquista, compartiendo esa información; y también para poner en comunicación las diferentes experiencias autoritarias o totalitarias de la Europa del momento", dice Pérez-Olivares.

Es decir, Franco quería presumir como vanguardia de la lucha contra el enemigo común del eje fascista, y "es lo que la dictadura llamó hasta sus últimos años el contubernio judío-masónico-comunista", dice el autor, que añade que "esa incautación de documentos se proyectó sobre todo en los  documentos de logias masónicas desde los primeros momentos del golpe de Estado, en julio del 36, y luego hacia el movimiento obrero".

A medida que las fuerzas rebeldes iban entrando en las ciudades, uno de los principales objetivos fue la incautación documental en las sedes de los partidos y sindicatos. "Lo que vemos en el Archivo Documental de la Cruzada y luego en los diferentes proyectos que acogió el Archivo de Salamanca es la reutilización de alguna forma de esta documentación: se reordena y se reclasifica con una orientación policial para construir punitivamente al enemigo. Al definir el delito, se define quiénes eran los culpables para perseguirlos y procesarlos", dice Alejandro Pérez-Olivares.

La documentación incautada se reordenó y reclasificó después para construir punitivamente al enemigo

El rumor como fuente

Esta investigación sobre el archivo como herramienta de control subraya una cuestión capital desvelada a través de las investigaciones sobre los consejos de guerra y la justicia militar: cómo el rumor se convirtió en una fuente fidedigna de información para las autoridades franquistas. "El rumor fue una prueba delictiva para la dictadura. Es decir, aquello que se conoce pero que no se puede demostrar o aquello que a una persona le llega de oídas pasa a documento escrito. El rumor se convierte en documento y se convierte en una prueba para para engrasar la maquinaria judicial de la dictadura, a finales de la guerra", dice el autor. 

Esto remarca la idea de que las autoridades franquistas intentaron controlar hasta "el más mínimo gesto y el más mínimo espacio de la vida cotidiana". Este historiador indica que "con la creación de un archivo como el de Salamanca o la creación de un archivo centralizado policial como el de la Dirección General de Seguridad (DGS), vemos también la cuestión de la escala del poder franquista: de cómo quiso controlar hasta el más mínimo gesto a través también de la colaboración con la población, que tenía que ver también con la amenaza".

Las autoridades franquistas intentaron controlar hasta el más mínimo gesto y el más mínimo espacio de la vida cotidiana 

El archivo y la Policía, de la mano

El libro Papeles que atrapan documenta cómo dos instituciones volcadas en el control de la población, como fueron el aparato policial y la estructura de archivos político-sociales, crearon una alianza férrea. "Esa conexión funcionó desde la misma creación de Estado franquista, durante la Guerra Civil, a través de conexiones personales, de vínculos profesionales y, poco a poco, se fue materializando esa conexión ya en un sentido más institucional. La conexión entre el Archivo de Salamanca y la Policía franquista fue directa desde el minuto uno. Al Archivo de Salamanca acudían policías para formarse; en especial, uno de ellos que participó en la construcción del mismo archivo, Eduardo Comín Colomer, y a partir de esa experiencia personal se desarrolló toda una política de colaboración en los primeros años de la dictadura de la posguerra", explica el historiador. 

 Al Archivo de Salamanca acudían policías para formarse, en especial, el agente Eduardo Comín Colomer

Después, la Dirección General de Seguridad aprendió esos métodos. "Se dio cuenta de la importancia de la incautación de documentos, de su reclasificación, de su utilización punitiva, colaborando con la justicia militar, y creando un archivo centralizado que funcionaba de manera bastante efectiva", cuenta Pérez-Olivares. 

"Allí donde no llegaban los informes elaborados por la Guardia Civil o por el partido único, Falange, llegaba la movilización de la documentación incautada por la Policía, o bien la creación de nuevos documentos para definir esas conductas delictivas a ojos de la dictadura", explica a Público.

Modelo fascista

Franco no fue el primero en poner en práctica este sistema de persecución del enemigo a través de los archivos. "En las dictaduras de la época de entreguerras, la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la Unión Soviética vemos la proliferación de formas de documentar o bien respecto la población que apoya esos regímenes o bien respecto a las poblaciones que son señaladas como enemigos. Y en el caso de la España de Franco, lo que vemos es que ese aparato archivístico surge con las ocupaciones militares a partir sobre todo del año 1937, 1938 para identificar al enemigo; no ya a través de la ocupación de pueblos, en los que la identificación del enemigo puede estar vehiculada por el señalamiento de la comunidad local; sino cómo en las grandes ciudades hay que hay que buscar al enemigo y hay que identificarlo a través de la documentación". 

Vigilar a los exiliados

También se documentaron las actividades de los exiliados. "La dictadura quiso controlar el retorno del exilio republicano. Cuando en torno al año 44-45 está claro el final del régimen nazi y los aliados empiezan a liberar parte de Francia, en los consulados franceses en Lyon, Marsella y París hay una parte importante de los exiliados españoles que piden volver a España. Y entonces lo que vemos a partir de ahí es la voluntad de la dictadura por establecer las categorías de las personas que van  a aceptar que vuelvan. Y eso tiene que ver con el miedo de la dictadura porque sus apoyos habían desaparecido en Europa; y  vemos cómo se moviliza el archivo de la Dirección General de Seguridad para, a partir de esos antecedentes políticos que estaban documentados, establecer esas categorías". 

En este sentido, el autor de Papeles que atrapan especifica que existieron diferentes casos, como el de militantes sindicales y políticos, destacando al coronel Vicente Rojo, que pudo regresar en 1957 finalmente. El libro sigue el rastro de la escritora de la Generación del 27 Luisa Carnés, autora de Natacha y Te Rooms.  "Su actividad periodística y su compromiso de izquierdas, un compromiso obrero, siguieron estando muy presentes para la dictadura en los años 50 y 60 cuando se le denegó la posibilidad de volver a España", dice Pérez-Olivares. Luisa Carnés murió en su exilio mexicano en 1964.

Descubrimientos

La investigación de Alejandro Pérez-Olivares, madrileño, nacido en 1988, se basa en años de exploración sistemática de los fondos del Archivo de Salamanca (actual Centro Documental de la Memoria Histórica), y también ha buceado en el Archivo Militar de Ávila, el Archivo del Ministerio del Interior, el Archivo Histórico Nacional o el Archivo General de la Administración (AGA).

"Se ve una conexión entre diferentes instituciones, organismos de la dictadura, se ven las conexiones personales, las carreras profesionales incipientes al calor de la oportunidad que supuso el golpe de Estado, la Guerra Civil y la construcción del llamado nuevo Estado franquista", dice el autor, que pone el foco en un cambio de paradigma respecto a los archivos.

Herramientas de democratización

"Necesitamos entender el archivo más como una intención que como un reflejo exacto de la realidad de su tiempo", explica Alejandro Pérez-Olivares. Para él, las democracias actuales deben romper con esa forma de entender el archivo como fuente de conocimiento del pasado únicamente. "Es importante conocer cómo funcionó en el pasado, como una herramienta más de control para subvertir precisamente esa finalidad inicial y para convertir los archivos en herramientas, en agentes de democratización", sostiene. 

"Este debate no es únicamente un debate español, no atraviesa únicamente el legado traumático de la dictadura franquista, sino que lo podemos ver en Argentina en la actualidad, en Países Bajos también, donde se está debatiendo la necesidad de conocer, por ejemplo, las personas que colaboraron con la ocupación nazi", dice este profesor de la Universidad de La Laguna. Para él, los archivos "pueden y deben ser lugares de memoria, pueden ser herramientas de reparación simbólica todavía en la actualidad; pueden ser, por supuesto, palancas de transparencia en la identificación de los victimarios, de los perpetradores de la dictadura". 

50 años después de la muerte de Franco siguen quedando asignaturas pendientes en cuanto a los archivos históricos, por ejemplo, este investigador, que se centra precisamente en la conexión entre el archivo y la Policía, no ha podido integrar en su libro la documentación del Archivo Ministerio de Interior. "Es una situación paradójica porque en los últimos años hemos visto cómo otros sistemas archivísticos como el del Ministerio de Defensa han entrado en una senda de transparencia, de garantizar el acceso a una de las columnas vertebrales de la represión franquista como fue la justicia militar. Pero todavía hoy, en 2025, no podemos hacer lo mismo con otro de los ejes represivos de la dictadura como es la Policía, la Dirección General de Seguridad; y esto supone una anomalía", clama el autor.