Cuarenta y ocho años después, el Congreso abre los archivos del asesinato de García Caparrós

Cuarenta y ocho años después, el Congreso abre los archivos del asesinato de García Caparrós 

Las hermanas del joven obrero malagueño podrán acceder por fin a los documentos íntegros, sin tachaduras ni nombres borrados, de la Comisión de Encuesta de 1977.

La decisión parlamentaria pone fin a décadas de ocultamiento institucional y convierte la lucha de la familia en victoria de la memoria democrática andaluza. 

La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la instrucción que permite, por primera vez en 48 años, el acceso íntegro y sin tachaduras a los archivos que documentan el asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven trabajador malagueño abatido por la antigua Policía Armada durante la legendaria manifestación andalucista del 4 de diciembre de 1977. La medida pone fin a casi medio siglo de ocultamiento institucional: los documentos de la Comisión de Encuesta creada entonces podrán ser consultados en su totalidad, con los nombres completos de los responsables políticos y policiales implicados en aquellos sucesos.

Para las hermanas de García Caparrós —Loli, Puri y Paqui—, que llevan, se dice pronto, casi medio siglo reclamando verdad, justicia y reparación, la decisión supone, al menos, el acceso al expediente desclasificado que hasta ahora solo habían podido ver con tachaduras y anonimización de datos. Lo que durante décadas fue imposible, hoy se convierte en la oportunidad de saber, con cierta certeza, quién disparó, quién dio las órdenes y quién encubrió aquel crimen de Estado durante años.

4 de diciembre de 1977

Málaga amaneció tomada por la ilusión y acabó atravesada por el luto. Cientos de miles de personas salieron a las calles, como en el resto de capitales andaluzas y no pocos municipios de la región, para reclamar lo que se les negaba: autonomía y dignidad. En la capital malagueña, la multitud se concentró frente a la Diputación. La negativa de su presidente a colgar la bandera andaluza en la fachada encendió la protesta. Un joven trepó por el edificio con la enseña verde y blanca en la mano y, entonces, la Policía Armada respondió como había aprendido bajo el régimen del dictador Franco: golpes, gas… y disparos.

En esa Alameda de Colón desbordada por las cargas cayó Manuel José García Caparrós, obrero de Cervezas Victoria, apenas con 18 años. No llevaba armas ni cometía delito alguno: estaba allí, como tantos, defendiendo la tierra que le vio nacer. Una bala le atravesó el cuerpo y lo dejó sin vida antes de llegar al hospital Carlos Haya. El disparo de un policía lo convirtió, de inmediato, en símbolo del andalucismo y en herida abierta de una transición que se sigue escribiendo con páginas tachadas.

Desde aquel día de diciembre, la familia de García Caparrós ha cargado con una doble condena: la del asesinato y la del silencio impuesto. Loli, Puri y Paqui han pasado 48 años reclamando lo obvio: saber quién disparó y por qué se protegió a los responsables. Nunca aceptaron que los expedientes estuvieran llenos de tachones ni que la verdad se escondiera tras el pretexto de los “datos personales”.

Las tres recuerdan cómo el crimen les arrebató a Manuel… y a sus padres, que murieron poco después, consumidos por la pena. No se rindieron. Han escrito cartas a todos los presidentes del Gobierno, han viajado a Madrid para exigir que se abrieran los papeles, han soportado promesas incumplidas y votaciones en contra. Denuncian al Ministerio del Interior, con independencia de quién sea su titular, por ser cómplice del encubrimiento.

Cada 4 de diciembre, mientras las instituciones celebran el Día de Andalucía con discursos vacíos, ellas ponen flores en la esquina de la Alameda de Colón donde mataron a Caparrós. Y lo repiten una y otra vez: “sabemos más o menos quién fue, pero lo taparon”. Su constancia ha hecho posible que, casi medio siglo después, el Congreso se haya visto obligado a levantar los velos.

Desclasificación que no llega por generosidad del Estado. La presión política y social la hizo inevitable. Durante décadas, Izquierda Unida ha mantenido vivo a Manuel en el Congreso. Nombres como Julio Anguita, Antonio Romero, o, más recientemente Toni Valero o Toni Morillas, han repetido hasta la saciedad que “sin verdad no hay democracia”. Desde Sumar, la diputada Esther Gil de Reboleño ha celebrado la aprobación como un paso “histórico hacia la verdad, la justicia y la reparación”, subrayando que este paso ha salido adelante “pese al voto en contra del Partido Popular”. El PSOE también ha asumido el compromiso. La vicepresidenta María Jesús Montero lo garantizó este mismo año en Málaga, y desde el Parlamento andaluz Ángeles Férriz admitió que “no hay otro camino que la verdad”. Los gobiernos socialistas anteriores poco movieron para acabar con las tachaduras, todo sea dicho. El PP, por su parte, presenta como un mero “cumplimiento de la ley” el alcance de lo aprobado. Una manera de restar importancia a lo que en realidad es una victoria arrancada a pulso por la lucha de las hermanas de Caparrós y por quienes nunca dejaron de exigir que se abrieran los cajones de la Transición.

Significado de la desclasificación

Lo aprobado este 23 de septiembre no es un trámite administrativo más. Es el final de 48 años de tachaduras, de papeles mutilados y de excusas para no señalar a nadie. Significa que los nombres que se ocultaron deliberadamente en la Comisión de Encuesta de 1977 quedarán a la vista. Que ya no habrá anonimización posible para los mandos policiales ni para los responsables políticos que participaron en el encubrimiento.

Para las hermanas García Caparrós, el acceso a esos archivos equivale a poner fin a la condena de las suposiciones. Ya no tendrán que repetir que “sabemos más o menos quién fue, pero lo taparon”, porque podrán leer en los documentos oficiales quién apretó el gatillo y quién protegió al autor. Y podrán hacerlo sin filtros, sin tachones y con la legitimidad de casi medio siglo de lucha.

Para Andalucía, la apertura es una victoria de la memoria democrática. Un recordatorio de que lo que se llama Transición también tuvo muertos, represión y una larga lista de impunidades. Y de que la verdad no se concede desde arriba: se arranca con perseverancia y con dignidad, como lo han demostrado las tres hermanas que nunca se resignaron al olvido.

Han pasado 48 años para que el Estado admita lo evidente: que el asesinato de Manuel José García Caparrós no fue un accidente, sino un crimen político encubierto durante décadas. Que su familia tuvo que mendigar justicia mientras las instituciones archivaban papeles y tachaban nombres. Que la democracia española nació con cadáveres en las cunetas y balas disparadas en manifestaciones legales, y que aún hoy cuesta arrancar la verdad de sus cajones.

Lo aprobado en el Congreso no repara la pérdida ni devuelve a García Caparrós, pero al menos rompe el muro del silencio. Ahora la verdad se podrá leer en documentos oficiales, sin velos, y se podrá decir en voz alta lo que todos sabían: quién apretó el gatillo y quién lo encubrió.

La memoria de Caparrós no es patrimonio de partidos ni de instituciones, es herencia del pueblo andaluz. Y cada línea que salga de esos archivos será también una acusación contra quienes necesitaron medio siglo para reconocerlo. Andalucía tiene derecho a saberlo. Y su familia, a gritar por fin, sin tachaduras, quién fue.