Secretos Oficiales S.A: cuando el silencio estatal beneficia a las grandes empresas de toda la vida

En el envés de aquella nota podía verse la trampa de la reconciliación oficial: mientras los ataúdes destinados a los miembros del denominado bando nacional eran individuales, los que recogían a los republicanos eran fosas comunes de madera con diez cuerpos cada uno. El sello de la guerra civil y de la represión estaba también pegado en la contratación pública.  

Como relata Valenzuela en su libro ‘La factura de la democracia. De la guerra civil y la represión de la dictadura al franquismo sociológico en Andalucía’, la lucha que requiere transmitir la realidad materializada en documentos como este puede llevar una vida entera sin apenas consecuencias legales. 

Una ley, pero pocas ilusiones

Las cosas podrían comenzar a cambiar gracias a la posible aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada, que sustituiría una normativa de 1968 y que permitirá a periodistas e historiadores acceder con más facilidad a documentos hasta ahora considerados de alto secreto.  

De recibir el refrendo parlamentario, se produciría una desclasificación automática de los ficheros que fueron considerados de máxima seguridad antes de 1981. La brutal dominación franquista, y, detrás de ello, la enorme red empresarial que se benefició del totalitarismo podría quedar al descubierto. Un acceso más fácil a la Administración podría revelar los mecanismos más o menos oscuros de concesión o contratación administrativa que favorecieron la consolidación y el crecimiento de empresas que hoy pueblan el índice bursátil Ibex-35, como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Ferrovial o Abengoa. 

Material hay de sobra para llenar la prensa de los próximos años. Mariano Sánchez Soler, que publica este mes de septiembre una reedición de su clásico ‘La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente’, y cuya obra versa precisamente sobre el tráfico de influencias que tuvo lugar durante la dictadura, señala la oportunidad que se abre: “En la dictadura, el oligopolio pasaba del consejo de ministros al de Administración. Se producía un tráfico de influencias bestial; los empresarios eran procuradores en Cortes, participaban en los Planes de Desarrollo y podían ser nombrados ministros y directores generales”. 

Para Sánchez Soler, “gracias a la nueva ley podrían, por ejemplo, abrirse documentos para saber cómo se hizo el Hotel Meliá de Alicante, o cómo se construyeron barrios completos en zonas no edificables”. Acceder a los contratos públicos, o a documentos que prueben cómo se hicieron los concursos de la época, podría ser de altísimo interés informativo. 

Pero muchos ya no están ni se les espera. A Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, le llama la atención que el histórico diputado de la Unión de Centro Democrático Óscar Alzaga dedicara el primer capítulo de su libro ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’ precisamente a la quema de documentos y ficheros policiales. 

Alzaga cuenta cómo el Ministerio de la Gobernación, presidido por Rodolfo Martín Villa, decretó en diciembre de 1977 la quema de millones de fichas policiales sobre la oposición, conservando aquellos que se consideraran de especial valor histórico. Esta medida, que coincidió con la aprobación de la ley de punto final, supuso la desaparición de buena parte de los testimonios escritos sobre la represión franquista.  

Por esta razón, entre otras, Silva no cree que la nueva ley "vaya a ser rompedora”. “Puede salir algo de Lorca, pero no de Rafael del Pino (fundador de la constructora Ferrovial) y de sus vinculaciones con las camisas azules; ni tampoco del verdadero origen de Naturgy; ni de los negocios de la familia Franco; ni de las cerveceras de Demetrio Carceller”. “Tampoco nada sobre que el Rey Emérito fue jefe de Estado dos veces, es decir, dictador, por enfermedad de Franco, y que en estas ocasiones firmó la ratificación de los acuerdos con los Estados Unidos y toleró que Hasan II iniciara la Marcha Verde. No es casualidad tampoco que Martín Villa, que no ha sido juzgado por los sucesos de Vitoria, haya sido presidente de Endesa y de Sogecable”.  

Las propias élites que impulsan la normativa estarían interesadas en una resolución controlada del problema de la memoria democrática: “Hay mucha gente afectada y no solo en un partido. Lo que se hace muchas veces es correr cortinas de humo para no llegar al tema económico. Recuerda que la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una de las principales impulsoras de la primera ley de Memoria Histórica, había vendido sus participaciones de la Hidroeléctrica Vega (un grupo familiar) antes de acceder a este cargo”. 

La quema de documentos no afectó a José Luis Martín Palacín, exmilitante comunista y subsecretario de Estado de Interior en 1986, al que un comisario de la Policía mostró una parte de su expediente. Palacín alerta de que el verdadero problema es la existencia de elementos dentro de las fuerzas de seguridad a los que la transición no ha llegado y que pueden llegar a coordinarse para evitar cambios: “Hay que empezar a tratar quién tiene el poder y de quién dependen las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y si lo que tenemos dentro del Estado puede llegar a convertirse en el germen de una especie de Stasi”. 

“Con esta ley pueden salir algunas cosas, claro que sí, como materiales indirectos que permitan investigar, pero también puede haber espacios de la ley que se queden sin efecto: ¿tú crees que alguien con poder que sepa que pueda haber algo que le perjudique no ha intervenido ya para eliminarlo?”

La pasarela entre determinados cargos de las fuerzas de seguridad y las grandes empresas ha demostrado ser amplia. Un caso reciente es el del comisario José Villarejo, presente en Interior desde la transición, y que ha colaborado en el ámbito de la seguridad de BBVA o Iberdrola, que no por casualidad pertenecen al oligopolio privilegiado por la etapa previa a la democracia. 

Las sombras del Estado parecen, por ahora, tapar las luces prometidas por esta reforma democrática: revelar contratos públicos y nombres de empresas y directivos receptores de tratos de favor podría suponer multas de hasta 2,5 millones de euros. La Ley de Protección de Datos también representa otro obstáculo para que determinadas marcas y nombres salgan a la superficie. 

Aún queda alguna salida, si, como afirma Sánchez Soler, los investigadores y periodistas se comprometen. Las dificultades y obstáculos normativos no podrían evitar que se publicaran, sin nombres, los distintos componentes de la continua red de intercambio y corrupción entre el sector público y el privado, subrayando el cómo por delante del quién, y la trama por encima de sus protagonistas. El esqueleto de lo que algunos ahora denominan la Marca España podría salir a la luz, y con este, la espina dorsal de la red político-económica del franquismo. Pendientes aún del trámite parlamentario, la nueva ley encara, nunca mejor dicho, el momento de la verdad.