Represión franquista y Memoria Republicana

Los franquistas se negaron a la conciliación continuando el estado de guerra hasta 1948, y las políticas represivas continuaron hasta el cambio de régimen. La dictadura se consolidó mediante un aparato represor que provocó la muerte violenta de 196.433 personas durante la primera década del franquismo. El régimen garantizaba su permanencia mediante el exterminio, la represión política y el terror policial. Nunca en el mundo occidental se había llevado a cabo una represión política tan brutal fuera de las propias trincheras, incluyendo las extremas dificultades de supervivencia de los vencidos y el feroz espíritu vindicativo de los vencedores. La violencia permaneció hasta bien entrado el tardofranquismo. La intimidación fue un rasgo intrínseco y calculado del régimen franquista, mediante resortes coordinados desde lo doctrinal, lo policial y lo judicial.

Durante decenios las atrocidades de los vencedores de la guerra civil sobre los vencidos fue erradicada a la fuerza de la conciencia colectiva. El franquismo actual obstaculiza e impide una democracia fundamentada en la justicia transicional. El reconocimiento jurídico de las víctimas es fundamental para preservar su memoria y la de unos valores democráticos agredidos por la sublevación de Julio de 1936. La indolencia relativa a la represión franquista expresada continuamente desde la institucionalización de la democracia ejemplifica el “uso deliberado del olvido”. La displicencia institucional se materializa en la Ley de Amnistía de 1977, que estimula posiciones “conciliadoras” a través del perdón mutuo entre los responsables de la represión y las víctimas del franquismo. Consagra la conmutación de “los delitos y faltas de los elementos responsables del régimen”, y la remisión de “los delitos cometidos por los franquistas contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

El ocultamiento de la represión franquista cumplió un papel fundamental durante la “ejemplar transición“, condición impuesta por los agentes de la dictadura. Así se dirigió el curso de los acontecimientos, forzando reticencias sobre el pasado, dejando claro que el proceso “constitucional” solo podría llevarse si no se ponía en juicio al franquismo. De ahí que el silencio institucional de la “nueva etapa constitucional”, favoreciera la confusión entre “amnistía y amnesia”. Su posicionamiento no es neutral con respecto a la violencia sistemática ejercida por el franquismo. En España, “el espadón del valle de Cuelgamuros”, que los franquistas denominan insistentemente con el engañoso nombre de “Valle de los Caídos”, representa el testimonio monumental más sobresaliente de la pervivencia del franquismo, simboliza un centro de poder neurálgico, y un recinto con connotaciones represivas. Es el símbolo más fácilmente identificable con el régimen. La reciente producción historiográfica aporta respuestas científicas rigurosas del carácter criminal del franquismo, durante la guerra y durante la dictadura, y desmontan la propaganda del carácter conciliador del régimen, y los paralelismos entre las víctimas y sus verdugos.

La prolongada sangrienta transición borra las huellas históricas y favorece a la impunidad del franquismo, lo que impide la reconstrucción de una memoria colectiva con capacidad de afrontar el pasado desde una perspectiva crítica. El aplazamiento del debate sobre la pervivencia de los monumentos artísticos que conmemoran el franquismo está interrumpido, para que la represión franquista no adquiera una visibilidad proporcional en la escena pública mediante el silencio institucional generalizado. Las instituciones “democráticas” han mostrado recurrentemente un desinterés por examinar la época franquista con rigor y profundidad. Sin embargo, la cultura de memoria es fundamental para entender la importancia de los crímenes franquistas. Las reivindicaciones de la memoria Republicana cuestionan el consenso asumido durante la “ejemplar transición“.

La derogación de las leyes sancionadoras de la dictadura mediante la aprobación de sucesivas amnistías y disposiciones complementarias es inadmisible para la consolidación de la memoria Republicana. El camino correcto es, para empezar, la revocación de las farsas judiciales franquistas, ya que una auténtica democracia debe ser capaz de poner en negro sobre blanco en el Boletín Oficial, la ilegalidad del régimen franquista. El que no ocurra, da cuenta de la falta de solidez de la actual “democracia”. La retórica de la reconciliación sostiene las ausencias en el terreno legislativo y sus ambigüedades impiden profundizar en la democracia, de hecho, el supuesto “consenso” de la transición ha servido para ocultar la denuncia de las atrocidades franquistas, jugando a favor de los derechistas, los más interesados en limitar la actual “democracia”.

Resumido del original, La impunidad de la dictadura franquista – Mariano García de las Heras González. Imagen del Paredón de Paterna (Juan Jose Todoli)