El almacenamiento de archivos privados, y otros bienes de carácter político, procedentes de incautaciones realizadas por las fuerzas militares sublevadas, en particular, a partir del mes de julio de 1937, en la ofensiva hacía Bilbao, tuvo por objeto “recuperar, clasificar y custodiar”, documentación procedente de “entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional, con el objeto de “facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Hasta entonces, en buena parte de las ciudades y pueblos que quedaron en poder del ejército franquista en los primeros días de la sublevación, lo habitual había sido el asalto de las sedes de partidos y sindicatos republicanos, procediéndose a la destrucción de cuanto había en el interior de estas, ya se tratase de documentación administrativa o de bibliotecas. Con fecha 20 de abril de 1937 se había creado la Oficina de Investigación y Propaganda Antimarxista con la finalidad de confiscar documentación política del Estado republicano y de todo tipo de organizaciones afectas al Frente Popular o a otros partidos posicionados en contra de la sublevación militar contra la República, como fue el caso del PNV.
El organismo incautador, con el nombre inicial, o el de Servicios de Recuperación Documental, se estableció en la ciudad de Salamanca, por tratarse entonces de la capital “de facto” de la zona sublevada. Años más tarde se cambió la denominación por la de Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno, y, en 1958 se integraría en la Dirección General de Seguridad. Para entonces, hacía tiempo que se había procedido a la entrega de un gran volumen de documentos oficiales del Estado republicano a organismos del nuevo Estado.
La documentación incautada en territorio republicano o “zona roja”, procedía en su mayor parte de 17 provincias y fue utilizada con fines represivos, es decir, para suministrar información a tribunales, juzgados, civiles o militares, como el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, comisarías de policía, Guardia Civil o los tribunales provinciales de depuración de funcionarios, como fueron los maestros nacionales, funcionarios de Correos o de distintos ministerios. Para suplir la ausencia de documentación de partidos y sindicatos, de ciudades y pueblos en los que había sido destruida por los sublevados, se realizaban informes a partir del “vaciado” de referencias personales, tomadas de los diarios, semanarios o boletines de organizaciones de izquierdas, y también de publicaciones oficiales republicanas, como el boletín oficial del Ministerio de la Guerra o de Defensa. De esta manera se llegaron a elaborar, a lo largo de más de veinte años, unos tres millones de fichas y varios miles de expedientes personales para la averiguación de antecedentes políticos y, sobre todo, para conocer la actuación durante la guerra civil. Existe documentación que fue enviada desde Salamanca a Madrid, para su utilización como prueba en los expedientes de la Causa General.
El partido de Izquierda Republicana sufrió, como el resto de las organizaciones citadas de manera expresa en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, la incautación de todos sus bienes (sedes, bibliotecas, casinos, escuelas laicas, bienes muebles, cuentas bancarias, papel moneda, objetos artísticos y un largo etcétera) sin que se haya producido hasta el día de hoy devolución alguna, salvo algunas compensaciones económicas derivadas de la Ley 43/98. Precisamente fue en el periodo de desarrollo de la citada Ley, de devolución de bienes incautados, cuando, a raíz de recursos instados ante el Tribunal supremo, pues se trataba de resoluciones del Consejo de Ministros, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronunció sobre la legitimidad y tracto sucesivo ininterrumpido de este partido, tanto en España como en el exilio, así como el derecho del mismo sobre los bienes que habían aparecido, o los que pudieran aparecer, a nombre de los partidos que dieron origen, en abril de 1934, a la fundación de Izquierda Republicana: Acción Republicana, Partido Republicano Radical-Socialista Independiente y Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA). Esta titularidad alcanzó también a bienes incautados a agrupaciones locales o consejos regionales que utilizaban distinta denominación en sus territorios, tal y como está acreditado por las investigaciones de carácter histórico que se han ocupado de ello. Tal eran los casos del Partit Republicá d´Esquerra en Catalunya o Esquerra Republicana en las Islas Baleares.
La mayor parte de la documentación incautada en las sedes (círculos y casinos) de Izquierda Republicana, queremos decir aquella que no fue destruida, se encuentra perfectamente localizada y catalogada en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Se trata de documentación administrativa de las agrupaciones municipales o de secretariados, así como de sus órganos provinciales, regionales y del Consejo Nacional, domiciliado éste último inicialmente en Madrid, más tarde en Valencia y finalmente en Barcelona. Las provincias de las que se conservan más fondos documentales de IR en el CDMH son: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Guipúzcoa, Valencia, Toledo, Vizcaya y Zaragoza. También existe documentación de IR localizada en el Archivo General de la Administración (AGA), en el Archivo Histórico Nacional y en archivos públicos de carácter regional o provincial.
El partido de Izquierda Republicana, al igual que otros partidos de carácter histórico, como son los casos del PSOE, PNV y ERC, tiene acuerdos con entidades afines que se ocupan de la investigación y la conservación de fondos, bibliotecas y colecciones de fondos documentales relacionados con la Segunda República, el exilio y la represión franquista. Las entidades a que se hace referencia son la Asociación Manuel Azaña y la Fundación Luis Bello, las dos de ámbito nacional y con suficientes medios materiales y personales para garantizar la conservación de archivos y colecciones hemerográficas, así como bibliotecas especializadas. De igual modo, desde hace más de treinta años, han publicado, en solitario, o en coedición con las editoriales Biblioteca Nueva y Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, volúmenes relacionados con la Segunda República, el exilio y la represión franquista. La sede de las entidades se encuentra en la ciudad de Talavera de la Reina, y es propiedad de la Fundación Luis Bello.
Además de las exposiciones, con fondos propios, que ha organizado la Asociación Manuel Azaña desde su fundación en 1993, bien relacionadas con Manuel Azaña o con la República o el exilio, ha colaborado, siempre que se le ha solicitado, con la cesión de piezas de gran valor en conmemoraciones de carácter nacional, como fue la que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional en 2020, con motivo del 80 aniversario de la muerte de Manuel Azaña: Azaña, intelectual y estadista, y que fue comisariada por Ángeles Egido y Jesús Cañete.
Entre los fondos de interés que custodia la AMA se encuentran el archivo del secretario particular de Manuel Azaña, Santos Martínez Saura y que tiene, entre otros documentos de gran importancia, el manuscrito original de la obra Mi rebelión en Barcelona, de Manuel Azaña. La correspondencia de este alto funcionario abarca, fundamentalmente, la guerra civil y el exilio, y donde podemos encontrar cartas de personas que ocuparon cargos de gran responsabilidad, como los generales José Miaja, Juan Hernández Saravia o Leopoldo Menéndez, los ministros Antonio Velao, José Giral, Julio Just, Santiago Casares Quiroga, o el propio Manuel Azaña. Este legado, que llegó de México, tiene una parte gráfica de interés, que se ha incrementado a lo largo de los años con adquisiciones y donaciones. Otros legados conservados son los de Pedro Vela, Antonio Espina, coronel José Servía, Carlos Esplá, Mario Bonilla o el del comandante guerrillero Adolfo Lucas Reguilón. De las colecciones hemerográficas se pueden resaltar una completa del diario Política, órgano de Izquierda Republicana (1935-1939), así como también la revista Ibérica, publicación que dirigió en el exilio Victoria Kent.
Una de las vertientes de su trabajo habitual lo constituye la elaboración un diccionario histórico de antiguos afiliados, con pequeñas biografías de estos. Se inició esta investigación hace más de veinte años, y, en la actualidad se ha alcanzado la cifra de 24.500 militantes históricos, en un periodo que va desde la fundación de IR en 1934 hasta los años del exilio y clandestinidad. En la página Web de la Asociación Manuel Azaña: https://www.manuelazana.org existe un apartado debidamente indicado para el acceso a esta información. La citada base de datos, además de los miles de entradas que tiene, da lugar a consultas habituales de investigadores locales, y a veces de fuera de nuestro país.
La Asociación Manuel Azaña es también una entidad memorialista muy conocida, que viene realizando investigaciones relacionadas con la represión franquista, y exhumaciones de víctimas, así como la elaboración de un mapa de fosas, fundamentalmente en la provincia de Toledo, mediante acuerdos con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la FEMP, o directamente con ayuntamientos. Con el resultado de las investigaciones se elaboran bases de datos de víctimas que se publican en la Web de la AMA, y constituyen un servicio público, a disposición de familiares y de todos los ciudadanos.
Al formular la reclamación de los fondos documentales incautados se adquiere el compromiso, que se ratificará donde fuere menester, de conservar estos debidamente catalogados y ordenados, así como en condiciones óptimas de almacenamiento. Además, tal y como viene haciendo con otros fondos que custodia la AMA, se compromete a atender a investigadores o ciudadanos interesados en consultar la documentación. De igual modo, al igual que ya lo ha hecho con otros fondos, tiene el proyecto de proceder a la digitalización de todas sus colecciones, algo que realiza de manera continua, con una gran calidad.
Los documentos que se solicitan su devolución son los siguientes:
| DOCUMENTOS |
| Libro de actas del Centro |
| ¡Antifascistas! Ingresad en el Regimiento “República”… |
| Acta de constitución de la cooperativa |
| Acta de constitución del Comité Municipal de Ciudad Real de Izquierda Republicana |
| Acta de la Asamblea Extraordinaria del Partido de Izquierda Republicana celebrado en Gijón el 20 de diciembre de 1936, bajo la Presidencia de … |
| Acta de la Asamblea de Agricultores celebrada el 6 de marzo de 1938 |
| Acta de la Junta Municipal |
| Acta de reunión de mayo 1938 |
| Acta de reunión de noviembre de 1936 del Frente Popular de Jumilla (Murcia) |
| Acta de reunión de noviembre de 1936 del Frente Popular de Jumilla (Murcia) |
| Acta de una reunión |
| Acta de una reunión para nombramiento de delegados |
| Actas de las sesiones celebradas por el Comité Provincial de Izquierda Republicana de Álava. |
| Actas de nombramiento de consejero del Consejo de Defensa de Aragón |
| Actas de reuniones de la Agrupación |
| Actas de reuniones del Consejo |
| Actas de reuniones del Frente Popular de Aragón y del Consejo Provincial de Zaragoza de Izquierda Republicana |
| Actas de reuniones del Frente Popular de Aragón y del Consejo Provincial de Zaragoza de Izquierda Republicana |
| Actas de reuniones sobre el Consejo de Aragón |
Fuente → manuelazana.org
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