La Ley de Memoria Democrática busca saldar una deuda histórica con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero su aplicación tropieza con resistencias políticas. La historia de Frank, un joven estadounidense de ascendencia gallega fusilado en Navarra, simboliza el valor de recuperar la verdad y la dignidad.
Han pasado casi tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, aprobada el 21 de octubre de 2022, y su impacto sigue generando debate en España. Apenas diez días después de su promulgación, el 31 de octubre, el país celebraba por primera vez un acto de Estado en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Fue un hito histórico: habían transcurrido 47 años desde la muerte de Franco y 44 desde la aprobación de la Constitución de 1978, pero nunca antes se había institucionalizado un reconocimiento oficial tan explícito.
La norma pretende situar a España en los estándares democráticos de otros países europeos que también padecieron pasados traumáticos, pero que lograron enfrentarlos décadas antes, tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la realidad española es singular: este país lleva ya más tiempo viviendo en democracia que bajo la dictadura, y aun así, el peso de la memoria histórica continúa siendo objeto de fricciones políticas y sociales.
Las heridas abiertas por las depuraciones, encarcelamientos, asesinatos y vejaciones que marcaron cuatro décadas de régimen franquista siguen reclamando justicia. Muchas víctimas tienen hoy edades muy avanzadas o, directamente, ya no están para contarlo. Por ello, resulta imprescindible acelerar los procesos de búsqueda, localización e identificación de desaparecidos, un compromiso que por fin ha asumido la Administración General del Estado. Para los represaliados y sus familias, este ha sido un anhelo durante generaciones.
Pero las políticas de memoria no avanzan al mismo ritmo en todo el país. Existen comunidades autónomas que dificultan o ralentizan las exhumaciones, mientras otras, como Navarra, se han convertido en referentes. Desde 2015, esta comunidad ha recuperado los restos de 161 personas en 36 intervenciones, y gracias al Banco público de ADN se han identificado 44 víctimas tras cotejar sus muestras con las de las familias. Aun así, la tarea es inmensa: todavía quedan 402 expedientes abiertos y numerosos cuerpos por devolver a sus hogares.
La vuelta a casa del tío Frank
Entre los casos más significativos está el de Ignacio Francisco Caneda, conocido como Frank, un joven estadounidense de ascendencia gallega fusilado por el franquismo en Navarra con apenas 18 años. Casi 90 años después, sus restos regresaron a su familia gracias a la labor de los equipos de exhumación y al compromiso institucional en la búsqueda de la verdad. La vuelta a casa del tío Frank no es solo una historia de duelo y reparación personal; es también un símbolo del esfuerzo colectivo por dignificar la memoria de miles de víctimas silenciadas.
El caso de Frank demuestra que la memoria democrática no es un ejercicio del pasado, sino un deber del presente. Más allá de las diferencias ideológicas, la identificación y la restitución de los desaparecidos representan un acto de humanidad, justicia y reconciliación. España no puede permitirse olvidar que su democracia se asienta sobre una historia compleja y dolorosa que debe ser reconocida para poder avanzar.
Porque solo cuando el nombre de cada víctima sea recuperado y cada familia pueda cerrar su duelo, la democracia española podrá considerarse plenamente reconciliada con su pasado. Y en ese camino, cada historia como la de Frank recuerda que la memoria no es una opción: es un derecho
Fuente → mundiario.com
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