Franco ha muerto, su BOE sigue vigente en Galicia (I): la adjudicación de Audasa

La concesión para construir y explotar la AP-9 fue otorgada en un Consejo de Ministros presidido por Franco en el Pazo de Meirás el 17 de agosto de 1973 a una sociedad formada por el Banco Hispano Americano, Banco Pastor, Banco del Noroeste, Banco de Bilbao, Banco Atlántico y Unión Industrial Bancaria, que acabarían constituyendo Autopistas del Atlántico Concesionaria Española SA (Audasa). La decisión quedó publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente, 18 de agosto, en un decreto que estableció una serie de fechas de inicio de obras y puesta en servicio para todos los tramos.

El primer tramo en abrirse, entre A Coruña y Santiago, el 27 de abril de 1979, cumplió aquellos plazos, pero la mayor parte de la infraestructura fue posponiéndose mientras los bancos adjudicatarios no lograban la viabilidad económica de la concesión. Así, el puente de Rande, la obra más significativa, que contaba en aquel decreto con un punto específico de compromiso de la concesionaria, tenía fijada su fecha de apertura para el 31 de agosto de 1977, pero acabó retrasándose casi cuatro años, hasta febrero de 1981.

Fueron unos años de contestación social por una infraestructura criticada como una "navallada" (navajazo) al territorio que, más allá de la ocupación que supuso, derivó en una división económica de Galicia, ya que contribuyó a concentrar definitivamente la riqueza y el dinamismo económico y demográfico del país en su fachada atlántica. 

Ante las dificultades económicas de la concesionaria, y ya sin Franco, el Estado tuvo que intervenir. Primero con una prórroga de un año otorgada a finales de 1977, durante el gobierno de UCD. Después, a finales de 1983, ya durante el gobierno de Felipe González, con el rescate de la concesionaria, que se convirtió en sociedad pública. Y nuevamente con otra prórroga de diez años en 1994 a cambio de la gratuidad de los peajes en los tramos urbanos de la vía y de que se agilizase el tramo entre Vigo y Tui.

Tras esa prórroga, el fin de la concesión de la autopista, entonces en manos de una Audasa pública, quedó fijado para el 18 de agosto de 2023. Pero el 13 de enero de 1998 el Discoverer Enterprise rompió las amarras en el astillero de Astano y chocó contra el puente de las Pías, entonces único acceso a Ferrol cruzando la ría desde Fene. Un accidente que llevó al gobierno de José María Aznar a acelerar la prolongación de la AP-9 desde Fene, donde entonces terminaba, hasta Ferrol, tramo pendiente de ejecutarse desde dos décadas antes. Aquel decreto estableció que el nuevo tramo Fene-Ferrol sería libre de peaje, pero a cambio prorrogó la concesión 25 años más, hasta el 18 de agosto de 2048, la fecha hoy vigente.

Esa prórroga fue otorgada por el Gobierno sin un nuevo concurso público cuando ya estaba en vigor una normativa europea que lo impedía, lo que supone que la Comisión Europea tenga abierto desde 2021 un procedimiento de infracción contra España. El Estado argumenta que la prórroga era posible porque entonces Audasa era una empresa pública, pero eso dejó de ser así tres años más tarde, cuando el mismo gobierno de Aznar privatizó esa y el resto de concesionarias de la desaparecida Empresa Nacional de Autopistas (ENA), lo que llevó a Europa a concluir hace unas semanas que fue una prórroga premeditada para así incrementar el atractivo de la empresa. 

Y atractiva resultó, porque la Audasa que con Franco no era capaz de levantar cabeza económicamente ni siquiera con la exención del 95% de lo que tendría que pagar por la entonces denominada Contribución Territorial Urbana —el actual Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)— lleva dos décadas y media de beneficios récord. Unos beneficios que incluso siguieron aumentando el pasado año, una vez finalizado ese privilegio franquista de la exención del IBI, vigente a través de la ley de autopistas de 1972 y del que Audasa se benefició durante cinco décadas.