Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo 
 
La investigación en Argentina, dirigida por la jueza María Servini de Cubría, se inició en 2010 tras la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo, que encontraron en el principio de jurisdicción universal una vía para buscar la justicia que el Estado español les había negado sistemáticamente.
 

Fue, y sigue siendo, una carrera de obstáculos. En 2013, la jueza pidió extraditar a dos expolicías franquistas –Jesús Muñecas Aguilar y José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño– acusados de torturadores. En 2014, la Audiencia Nacional rechazó las extradiciones por considerar prescrito el delito, interpretación que Amnistía considera contraria al derecho internacional. En 2015, cuatro mecanismos de Naciones Unidas criticaron la negativa a extraditar a 17 ciudadanos españoles –incluidos varios exministros– acusados por la justicia argentina de graves violaciones de derechos humanos durante el régimen franquista. En 2016, la jueza solicitó viajar a España para tomar declaración a los imputados, pero la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalías territoriales que no colaborasen con la justicia argentina con el pretexto de que los graves delitos investigados habían prescrito y estaban cubiertos por la Ley de Amnistía. Esta orden fue suspendida posteriormente por la Fiscal General del Estado.

En 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas trasladaba a España su preocupación tras recibir información sobre la falta de cooperación plena con la justicia argentina, y le instaba a fortalecer y garantizar todo el auxilio judicial posible.

Aún así, la Querella Argentina ha posibilitado a las víctimas dar su testimonio y sentirse escuchadas por la justicia. También ha impulsado logros, como la exhumación de Timoteo Mendieta en 2017, asesinado y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara en 1939. La Querella Argentina es una grieta en el muro de impunidad que persiste en España. Es imprescindible que avance y que las autoridades españolas cooperen, dando cumplimiento a las recomendaciones de los mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas


Fuente → es.amnesty.org

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