Salida republicana al callejón monárquico

 

Aún pendientes de un balance más preciso de la cumbre de la OTAN de la Haya, y de la deriva de cooperación internacional del Gobierno de la conferencia de Sevilla, el callejón del franquismo en descomposición obliga al PSOE a un giro político.

En la Haya se escenificó la sumisión al trumpismo de las principales potencias occidentales, y no se dio respuesta alguna a los graves problemas que empujan a la guerra y a la recesión económica mundial, cuando el dólar cae un 10% desde principios de año. Sobrefinanciar el rearme con el 5% del PIB de cada país es sólo un alivio coyuntural para la industria de guerra norteamericana. En la reunión del G-7, el trumpismo ha impuesto que las tecnológicas norteamericanas no paguen impuestos; medidas que no detendrán el endeudamiento norteamericano -imposible de pagar-, ni relanzará su decadente economía, el curso de la desindustrialización, la especulación financiera y los gastos militares.

Sanciones a los países enemigos e impuestos obligados a los amigos, esa ha sido la principal decisión de la OTAN al dictado de la oligarquía norteamericana, debilitando el papel de las Naciones Unidas de las que se sirve a modo de barra libre. Todo ello pone en claro, una vez más, la naturaleza de la OTAN como principal brazo armado del imperialismo, y la profundidad de la crisis imperialista. El Estado español, representado por el Presidente Sánchez, ha acatado el impuesto norteamericano a su manera, tratando de ocupar un espacio crítico, como representante de un país doblemente sometido: al vasallaje de las bases militares, y a los dictados de la OTAN; mientras, habla de “un país soberano”.

Las inversiones en armamento del Reino de España superan ya en muchos miles de millones a los presupuestos de vivienda social, que es uno de los principales problemas de trabajadores y jóvenes. La cuestión no es de qué forma se invierten miles de millones en rearme; el problema es el despilfarro de los recursos sociales en el rearme para la guerra imperialista. La soberanía democrática no se compadece con el rearme y la complicidad con las guerras de los EE.UU.

La ofensiva de Trump contra los trabajadores y pueblos del mundo tiene, entre otros reflejos en nuestro país, la ofensiva reaccionaria del PP-VOX, de los jueces franquistas y su convocatoria de huelga contra tímidas reformas judiciales de pretendida “modernización”, que niegan la justicia del pueblo para seguir manteniendo la injusticia de casta de los altos magistrados franquistas.

El PSOE y su Gobierno se ven atravesados por la crisis y corruptelas del aparato de Ferraz; y saben que no hay más salida que la ruptura con el franquismo. De una parte, está la ofensiva franquista y, de otra, la movilización independiente que representan las huelgas del metal en Cádiz, en Murcia, en Cantabria…, la amplia solidaridad con los “6 de La Suiza”, exigiendo el indulto a la condena en firme del Tribunal Supremo. La lucha por el convenio del metal de Cádiz se ha convertido en la lucha de toda la población contra la pobreza salarial, que se traduce en inmensos beneficios empresariales y bancarios. La huelga general y las movilizaciones (reprimidas por la policía) se reorganizan en la Asamblea General de trabajadores, frente a las maniobras de la burocracia sindical.

Huelgas y movilizaciones, que también se han referenciado en la lucha contra la guerra y el genocidio, por el boicot a Israel. Tal es el caso del boicot a un barco con 112 toneladas de acero, situado en el Puerto de Barcelona, destinado a una empresa de armamento israelí. Una vez más, el Gobierno denuncia aspectos de la guerra, pero sigue colaborando con el genocidio israelí. Y frente a dicha postura cómplice, se reagrupan sectores obreros y sindicales exigiendo la ruptura con el Estado de Israel: boicot a Israel, como el iniciado por los portuarios de Marsella y Génova. La movilización social en el País Vaco ha logrado también la suspensión de ventas de acero de “Sidenor” para armas a Israel, manifestando que “los Estados y empresas que permiten o participan en estas transferencias se convierten en cómplices de crímenes internacionales”.

El envío a la cárcel de Santos Cerdán pone al descubierto sólo una parte de la trama mafiosa de la corrupción y los problemas en la instrucción del caso. El juez justifica el encarcelamiento en el hecho de que deben existir “personas físicas o jurídicas, que se han beneficiado ilícitamente”. La pregunta es: ¿dónde está el dinero de las comisiones? El abogado defensor de Cerdán acusa a Koldo García de “agente provocador, actuando como colaborador de la Guardia Civil”, que ya fue condecorado con la cruz blanca del cuerpo policial-militar por servicios antiterroristas prestados en tiempos del Teniente Coronel Galindo, jefe del cuartel de Intxaurrondo. Señalando, además, el hecho probado de que teléfonos “seguros” fueron suministrados a la trama corrupta por un comandante de dicho cuerpo destinado a la embajada española en Caracas.

La defensa de Cerdán pone en cuestión las grabaciones presentadas porque pueden haberse realizado mediante inteligencia artificial, y alude al hecho de que “todo el material probado es una investigación general que no tiene valor ni recorrido, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad o de personas que actúen siguiendo sus instrucciones” (acudiendo para ello a la jurisprudencia de Estrasburgo). Sobre el alcance político del encarcelamiento del exsecretario de organización del PSOE, es el mismo Pedro Sánchez quien pretende eludir el problema, manifestando que “ahora es el momento de la justicia”. Busca la rápida judicialización de la crisis, evitando todas las responsabilidades políticas.

El Comité Federal del PSOE (día 5 de julio) discutirá sobre el caos político e institucional que, como se ve, tratan de eludir con embrollos judiciales. La capacidad de decisión política del principal partido es muy reducida, pero está obligado a establecer una nueva Comisión Ejecutiva y un posible congreso extraordinario: obligado a girar o perder. La crisis del PSOE es también la de su gobierno y alianzas, y la de un régimen incapaz de promover otro gobierno alternativo como pretende el PP. La nueva trama de corrupción no puede dejar de relacionarse con décadas de corrupción de régimen, con cientos de casos sin resolver. La alternancia de PSOE, PP y otros partidos, que han participado de dichos gobiernos y políticas, es la historia interminable de las tramas corruptas vinculadas siempre al aparato de Estado y a las grandes empresas de las familias del franquismo. 

Es notoria la incapacidad de un régimen que no ha sido capaz de señalar el Señor X del Gal, ni al “elefante blanco” del golpe de Estado de 1981, o llevar a juicio a un tal M. Rajoy; sin olvidar las corruptelas estructurales de la Casa Real. Un sistema político e institucional falsamente democrático, heredado del franquismo, sostenido en la inmunidad e impunidad de los crímenes franquistas; de forma que la corrupción sistémica de la casta política se ha convertido en el círculo vicioso del franquismo coronado, donde no cabe democracia ni justicia. Un régimen pactado contra los trabajadores y el pueblo, basado en el secuestro de la voluntad popular, que trata por todos los medios de evitar la soberanía popular, para que la mayoría social no pueda decidir de acuerdo a sus intereses y aspiraciones.

Los medios de comunicación especulan con sí Sánchez “tirará o no la toalla”, cuando su aparato pretende continuar como si nada hubiera pasado. La investigación pública y parlamentaria de todas las tramas corruptas del régimen no puede tardar ni un día más, empezando por la corrupción basada en el abuso de poder de la misma monarquía y la Iglesia: la corrupción franquista debe ser investigada, juzgada y condenada, y sus artífices expulsados del poder ilegítimo y antidemocrático que detentan. 

Las Cortes Generales deben devolver la soberanía a los pueblos. Sabido es que del callejón monárquico del abuso de poder y la corrupción solo existe una salida republicana.