Por el fin del franquismo y la legalidad de la Iglesia

 

Dejando a un lado mis dudas siempre que se trata de restringir la libertad de expresión y pensamiento, ese BOE me ha llevado a preocuparme por la futura situación legal de la Iglesia católica, ya que, haciendo memoria histórica, compruebo que (a) ensalzó y apoyó el golpe de Estado de 1936 y (b) la dictadura posterior, (c) enalteció a sus dirigentes, y (d) menospreció y humilló a las víctimas. Claro que todo eso fue con el nacionalcatolicismo, la ideología del régimen franquista que quedó refrendada en el Concordato con la Santa Sede de 1953, todo ello ya acabado.

Aunque, un momento, ¿seguro que ha acabado? ¿No es cierto que el Concordato franquista nunca se derogó ni revocó, sino que se revisó en los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, que siguen proporcionando privilegios extraordinarios de carácter nacionalcatólico a la Iglesia, incompatibles con un Estado verdaderamente aconfesional? Sobre la base de aquellos Acuerdos y de la connivencia de los sucesivos gobiernos democráticos (carcas o progresistas), ¿no recibe la Iglesia más de 12.000 millones de euros anuales, no se ha apropiado indebidamente de más de 100.000 bienes públicos de incalculable valor, no adoctrina a la infancia en la escuela en doctrinas que contravienen a la ciencia y a algunos derechos humanos…? Y ¿no vemos cada vez más claramente cómo se alinean los obispos con la derecha y la extrema derecha en sus posiciones políticas contra esos derechos?

Volviendo a la «apología del franquismo» y al «menosprecio y humillación de las víctimas» (punto d), ¿no sigue la Iglesia beatificando sólo a víctimas pertenecientes al bando fascista de la guerra –a miles de ellas–, olvidando y menospreciando a las víctimas que ella misma causó?

Y, considerando que las víctimas no fueron sólo las asesinadas, pues hubo millones de españoles, y sobre todo de españolas, que sufrieron una infame represión moral y física sobre la base del machismo doctrinal católico, ¿no sigue la Iglesia promoviendo la represión moral y física cuando niega derechos de mujeres y LGTBI…? Por tanto, ¿no sigue generando nuevas «víctimas»?

En definitiva, la Iglesia continúa defendiendo, exaltando, y, gracias a nuestros gobernantes de derecha o izquierda, disfrutando, una versión (poco) actualizada del nacionalcatolicismo, es decir, de la ideología y práctica del franquismo, si bien, afortunadamente, en una forma moderada que ya no promueve ni justifica asesinatos en su nombre. Lo que sí fomenta y protagoniza es un supremacismo masculino que permite justificar la violencia de género. El nacionalcatolicismo del Estado actual lo simboliza a menudo el muy católico rey de España, que dobla la cerviz ante cualquier dignatario de la Iglesia/Santa Sede, hace grotescas ofrendas de Estado a un supuesto apóstol, etc.

Ay, los fastidiosos derechos humanos, qué problema para la Iglesia en un país que se precia de defenderlos en sus leyes, como España (en la Santa Sede no es problema, se vulneran y que venga Dios y lo vea). Tanto es así que, si una agrupación digamos de terraplanistas –como ejemplo asimilable a los creacionistas, pero menos perniciosos– que mantuvieran una discriminación extrema de mujeres y homosexuales, solicitara su inscripción en el Registro de Asociaciones, ¿no se le denegaría? ¿Y qué pasaría si pretendiera que el Estado aprobara y financiara una asignatura escolar de terraplanismo?, ¿y que hubiera escuelas con ideario terraplanista?… Confío en que las respuestas sean obvias.

Entonces, ¿cómo es que la gran asociación de creacionistas católicos no sufre los inconvenientes que tendría la de terraplanistas, sino al contrario, todo son regalías para ella? La suerte para las asociaciones religiosas es que tienen un Registro y una consideración especiales que les permiten esquivar los molestos derechos humanos y tener apoyo y financiación estatal para medrar y para enseñar creacionismo, milagrería y anticiencia en general, junto al machismo y la homofobia.

Dicho de otro modo: Franco dijo que lo dejaba todo «atado y bien atado», y, como mínimo, dejó bien atado el inmenso poder de la Iglesia católica (y de la monarquía, también católica).

Pero, ay, ¿se imaginan que un día se apruebe que como no puede haber discriminaciones por razón de creencias –que para eso estamos en un Estado nominalmente aconfesional–, todas las asociaciones se tienen que regir por los mismos criterios fundamentales, siendo esencial el respeto de los derechos humanos?, ¿y que por tanto se ilegalizarán aquellas que vulneren los derechos de mujeres, homosexuales y menores?

Yo, humildemente, para evitar que llegue ese día en que la Iglesia acabe ilegalizada y de mala manera, propongo dos soluciones que no estarían nada mal para ella. Ambas conllevan el fin de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede, por supuesto.

Primera solución. Que la ley obligue a la Iglesia a admitir a las mujeres en su jerarquía, no discriminándolas de ningún modo, y a que deje de promover los valores nacionalcatólicos, en particular los antifeministas y homófobos. (A esto habría que sumar la eliminación de prerrogativas económicas y educativas).

Parece muy fácil, ¿no? Pero muchos pensarán que entonces ya no sería «la Iglesia», con toda su doctrina y sus prácticas, y es verdad; además, mí no me convencen medidas represoras de ese calibre, por lo que simpatizo más con la siguiente, que no le supondría mayor esfuerzo a la Iglesia, pues la pondrían en práctica directamente los gobernantes.

Segunda solución. La Iglesia mantiene sus prácticas y discursos acordes con lo que ha defendido siempre, derivas ultraderechistas incluidas, pero se le prohíbe adoctrinar a la infancia (recuerden que es un adoctrinamiento de carácter machista, homófobo, creacionista, milagrero y dogmático) así como los acercamientos a menores que facilitan el acoso mental y la pederastia. Asimismo, no puede recibir dinero público por la cara (entre otras cosas, eliminando las dos casillas de la Renta que la benefician y el que se haga cargo de servicios sociales bajo el manto de la caridad), y tiene que devolver todos los bienes apropiados indebidamente mediante las «inmatriculaciones». Tampoco parece tan difícil, conociendo sus enormes riquezas y su amor al prójimo y a la pobreza. Y, por ser muy generosos con ella, no hace falta que devuelva todo el pastizal que ha recibido del Estado legal pero ilegítimamente (por el concepto de «sopa boba»). Por cierto, creo que estas medidas deberían formar parte inexcusable de las reivindicaciones de «memoria democrática». En este contexto, quizás algunas personas exigirían que pida perdón por sus crímenes y vulneraciones de derechos, pero me parece irrelevante.

Quedarían asuntos pendientes, pero creo que con esto la Iglesia tendría ya suficiente legitimidad para funcionar sin problemas como una asociación más, de creyentes sin privilegios ni menoscabos, con todas sus doctrinas, rituales (eso sí, sin presencia de cargos públicos meapilas, civiles o militares),… y yo no pondría trabas al Espíritu Santo, que sin duda inspira las encendidas soflamas de los obispos.

No parece tan difícil, ¿no? Por supuesto, habría que hacer lo propio (eliminación de acuerdos específicos y de todo privilegio) con el resto de confesiones religiosas. Si los gobernantes lo explican bien, creo que la mayor parte de la ciudadanía lo aplaudirá, e incluso muchos creyentes lo agradecerán aliviados, pues alcanzarán una liberadora independencia del Estado.

La pelota está en el tejado del Gobierno, de un Gobierno tan empeñado con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco y tan necesitado estos días de credibilidad democrática. Replanteemos la cuestión volviendo a la ley sobre la «apología del franquismo». ¿No es mucho más importante, necesario y oportuno, para conmemorar adecuadamente ese cincuentenario, acabar de una vez con el propio franquismo-nacionalcatolicismo que con su apología? Para que lleguemos a tener una verdadera democracia, sin residuos franquistas, necesitamos un Estado laico (y alguna cosa más).

La ley contra la apología del franquismo, aunque bienintencionada, por sí sola no me parece más que un dudoso brindis al sol. Si se queda en eso, este Gobierno –como todos los anteriores– seguirá siendo cómplice de la pervivencia del nacionalcatolicismo heredado del franquismo, de una manera tan antidemocrática y cobarde como estúpida para el propio Gobierno «progresista», no solo por lo extraordinariamente onerosa que resulta para un Estado muy necesitado de recursos económicos, sino porque muchísimos menores seguirán siendo adoctrinados en una miseria intelectual y moral que los acercará a la ultraderecha.