Nunca es tarde: sobre justicia transicional y régimen colonial español en el Franquismo

“En su visita a la provincia española del Sáhara, [...] las palabras [...] ‘somos hermanos queridos de España’ se oían con frecuencia. [...] Se lee un mensaje de gracias por la atención del Gobierno a este trozo alejado de la patria. [...]”. Estas fueron algunas de las palabras de la retransmisión del NODO de 1962 ante la visita de los ministros del ejército, Antonio Barroso y Sánchez Guerra, y de vivienda, José María Martínez Sánchez-Arjona, a territorio saharaui colonizado por España desde 1884 hasta 1975. De la misma manera, el NODO de 1961 sobre la visita de Carrero Blanco a Guinea Ecuatorial (colonia hasta 1968), se introducía con un desvergonzado: “Las provincias españolas en África”.

A pesar del relato de la historiografía hegemónica que sostiene que el imperio español cae en 1898 con las independencias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo cierto es que el régimen colonial persistiría hasta el final del franquismo. Es importante tener en cuenta que el régimen colonial no se instaura con el franquismo y que, de hecho, durante la II República se perpetúan también las lógicas coloniales a través de la persistencia de leyes supremacistas.

En su artículo “Gitanos, moros y negros ante los tribunales: colonialismo y racismo institucional durante la Segunda República Española” (1931-1936), Rubén Pérez Trujillano aborda la violencia no solo contra los cuerpos negros y moros, sino también contra el pueblo gitano. Un pueblo que ha sufrido intentos de exterminio en este territorio, quien también sufrió de manera particular el asedio fascista contra las disidencias y quien merece una mayor mención en los espacios de memoria histórica.

Una de las mayores vergüenzas de este país reside en la materia de justicia transicional de los crímenes perpetrados en ese periodo amargo que va desde la Guerra Civil hasta la Transición

Cuando hablamos de reparaciones después de ocupaciones y administraciones coloniales, no hay de fondo un concepto abstracto de reparación. En lo concreto, en lo material, en lo económico; los movimientos antirracistas tenemos claro que esa reparación nos la deben. No solo por el nivel de empobrecimiento y miseria de los países del Sur Global como consecuencia de un expolio colonial y una [dicha] cooperación internacional traducida en dependencia económica. Sino en lo epistemológico y cognitivo también, donde la colonialidad del saber (parafraseando a la compañera María Ignacia Ibarra en su libro Tumbar la blanquitud) ha ejercido una especial violencia en el borrado de los saberes. En este caso, en el borrado de una historia, a la cual una memoria colectiva a través de la oralidad, trabajos como el de Afromayores y la resistencia antirracista le han hecho frente.

Es ampliamente conocido que una de las mayores vergüenzas de este país reside en la materia de justicia transicional de los crímenes perpetrados en ese periodo amargo que va desde la Guerra Civil hasta la Transición. Es una vergüenza nacional que muchas personas no hayan recibido sepultura digna y que quienes sobrevivieron a las torturas y represión franquista sigan siendo ignorados por los tribunales, quienes ahora alegan 'que es demasiado tarde'. Y la pregunta es: si no es ahora, ¿cuándo es hora de pedir justicia? La respuesta que parece que están dando los tribunales es clara: nunca.

En este sentido, no hay que olvidar que España tiene dobles deudas históricas con territorios y los cuerpos que los habitaron y los habitan. En términos de despliegue de la política colonial, racista e islamófoba de la que el Reino de España hace orgullo nacional cada 12 de octubre; y la perpetuada en ese régimen colonial como consecuencia de una dictadura fascista. Es importante que la narrativa de la memoria histórica que pretende dar dignidad a nuestras memorias no quede solapada también por ese racismo epistemológico y borremos que España, además, tiene deudas históricas con muchos territorios del Sur Global. Algunas datan de siglos, pero otras son también mucho más recientes y comprenden ese periodo de la Guerra Civil en adelante. No es que, desde una lógica decolonial, el tiempo sea un criterio válido, pero lo mínimo que debe agendar el trabajo en materia de memoria histórica (hablamos de aquello centrado en los hechos ocurridos desde 1936 en adelante) es mirar también la urgencia de reparar a los territorios y a sus diásporas de las barbaridades políticas y criminales perpetuadas en el marco de la dictadura, que dio efectivamente continuidad a la administración colonial que no acabó en 1898.

La memoria histórica debe ser horizontal y preocuparse ante la posibilidad de luchar por reparaciones, también, de los territorios y pueblos que fueron colonizados por este Estado

Nunca es tarde para rendirle cuentas al franquismo. Es un ejercicio de dignidad colectiva que trasciende lo estrictamente judicial. Por eso, este 18 de julio, una mirada de afecto y apoyo a quienes hoy, en 2025, siguen luchando por su justicia. Carles Vallejo y los hermanos Maribel y Pepus Fernández acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un cambio en el giro de la realidad judicial, un toque de atención a la vergüenza nacional de este país, puede ser también la apertura de un nuevo capítulo en la lucha por la memoria histórica de este estado. Un capítulo donde haya una escucha sincera y horizontal sobre el colonialismo español (también el que sostuvo el régimen fascista de Franco).

Son numerosos los argumentos jurídicos que sostienen que es posible (y obligado) investigar crímenes de lesa humanidad y tortura. Se recogen de manera pedagógica y sintética, entre otros, en el informe “Les tortures com a crims de lesa humanitat a la Comissaria de Via Laietana durant el Franquisme” del Ateneu de Memòria Popular y Centre Irídia. Sin embargo, ni la línea de política legislativa (veamos, por ejemplo, el caso que más he estudiado: las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de jurisdicción universal, que hoy impedirían de facto la investigación de cómplices en territorio español del genocidio contra el pueblo palestino) ni la línea jurisprudencial (con los sucesivos archivos de querellas sobre crímenes cometidos en el periodo mencionado) invitan al optimismo sobre el “compromiso” de España en materia de investigación y enjuiciamiento de crímenes de relevancia internacional. No es por imposibilidad, sino por falta de voluntad. Ante esta decisión política, la alternativa del TEDH se erige hoy como la última posibilidad de conseguir que el Estado español reaccione con urgencia ante estas deudas.

Abrir esa vía, lucharla y sostenerla es sostener una batalla que puede abrir otras muchas. Por eso, la lucha por la memoria histórica debe ser horizontal y preocuparse ante la posibilidad de luchar por reparaciones, también, de los territorios y pueblos que fueron colonizados por este Estado.