Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la futura Ley de Información Clasificada, que sanciona la desclasificación de los secretos del franquismo y la Transición.
Para Silva, se trata de una ley que se tendría que haber derogado ya en los inicios de la Transición y que, en cambio, se ha respetado durante décadas de democracia. "Sin ningún tipo de justificación", reprocha el también sociólogo y periodista. "Y todavía estamos a la espera de conocer el texto íntegro de la nueva norma", advierte con desconfianza. ¿A qué información afecta? ¿Cuál se va a quedar fuera? ¿Cómo se va a proceder en la desclasificación?
La ley sanciona la desclasificación automática de la información de más de 45 años de antigüedad. En otras palabras, de toda aquella documentación anterior a 1980. Tiene letra pequeña. En el caso de información clasificada como alto secreto, este plazo podría prorrogarse hasta 15 años más, impidiendo el acceso a documentos datados después del 65. Una excepción más: la posible vinculación de la desclasificación de algunos documentos a la finalización de determinado evento o al fallecimiento de una persona.
"Si se esconde nueva información, seguiremos faltando a la verdad”
¿Cuándo y por qué se aplica cada criterio? "En función del impacto que pueda tener su revelación en la defensa y seguridad nacionales", ha respondido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante el anuncio posterior al Consejo. Una rueda de prensa en la que ha defendido el carácter "esencial" de la nueva regulación. "Esta ley supone la superación de una rémora, de una norma preconstitucional y de herencia franquista", ha reivindicado el ministro. A la vez que reconoce un aspecto central: el derecho de los ciudadanos a saber y el deber de las administraciones de informar.
La Iglesia y Juan Carlos de Borbón, cómplices de la dictadura
Desde ARMH, exigen la digitalización inmediata de la información que vaya siendo desclasificada. "Para favorecer su disponibilidad pública", defienden en un comunicado. Con énfasis en documentación que pudiera resultar de especial interés: la referente al papel de la Iglesia y al sucesor de Franco, Juan Carlos de Borbón. "Queremos que se desclasifiquen los documentos que prueban la implicación de la Iglesia católica en los crímenes y en el mantenimiento de la dictadura", subraya Silva. Así como la información sobre empresarios y adeptos beneficiados por las expropiaciones y la corrupción del régimen. "Y sobre las relaciones de cooperación entre Franco y la Alemania nazi", enumera.
No se olvidan del rey emérito. "Juan Carlos llegó a asumir las funciones de jefe de Estado de la dictadura durante dos meses", explica Silva. Dos meses en los que Franco permaneció convaleciente por enfermedad, durante el verano de 1974, y en los que, en la práctica, ejerció como dictador. "Lo que pedimos es que se descalifique toda la documentación sobre cómo Juan Carlos se constituyó como heredero de Franco y de qué decisiones fue responsable durante esos dos meses al mando", continúa. Una exigencia que coincide con el aniversario de la jura del exmonarca como sucesor del caudillo, el 22 de julio de 1969. "Mucha gente piensa que esta ley solo favoreció a torturadores o militares. Pero fue una amnistía de arriba a abajo y de la que el rey emérito resultó uno de los grandes beneficiados", recalca el sociólogo.
El rastro de las fosas
La tramitación parlamentaria de la ley, insisten las asociaciones memorialistas, debe hacerse con carácter urgente. "Es una ley que debería tener prioridad para facilitar la labor de los familiares de las víctimas, de las asociaciones memorialistas, de los investigadores… Para posibilitar que tengan acceso a nueva información cuando antes", coincide Silva. Con un objetivo en mente: localizar, por fin, a víctimas todavía desaparecidas del régimen.
"Conservamos documentación oficial que demuestra que, en los años 50, el Ministerio de Gobernación franquista solicitó a los ayuntamientos informes sobre el número de asesinados y sobre la localización de fosas comunes en sus términos municipales. Una información que usaron para determinar luego qué fosas se exhumaban para trasladar sus restos al Valle de los Caídos", aclara el presidente de ARMH. Esta labor de documentación habría culminado en la elaboración del mapa más completo existente sobre la distribución, en todo el territorio español, de fosas con miles de víctimas de la dictadura. "Queremos saber si ese mapa existe todavía o si fue destruido".
"Es una cuestión de justicia, que depende de la voluntad política"
Un extremo que, reconoce el periodista, es bastante probable. "Somos conscientes de que, entre el 76 y el 78, con Martín Villa como ministro de Interior, se quemó mucha documentación", denuncia Silva, que aprovecha para solicitar que, dentro de lo posible, se den a conocer los papeles destruidos. "Parte de nuestra pelea es que sea una ley que de verdad avance. Si vamos a dejar algunas cosas visibles, pero a esconder otras, seguiremos faltando a la historia y a la verdad", razona el sociólogo.
Una verdad amenazada por el régimen sancionador de la nueva ley. "Es preocupante la imposición de sanciones millonarias a quien filtre información clasificada. Estamos hablando de información esencial para la democracia, que se tiene que dar a conocer", critica Silva. "Igual deberían empezar sancionando a la Fundación Franco", propone. En su página web, la institución expone un pdf enumerando hasta 30.000 documentos originales bajo su custodia. El 99% de ellos emitidos por el Estado. "Son documentos que han sido saqueados y que deberían custodiarse en PARES, en el Portal de Archivos Españoles. Deberían permanecer en manos públicas", demanda el sociólogo.
Una deuda histórica
Llegamos muy tarde. "Ya se han muerto la mayoría de testigos y muchas personas que nunca pudieron demostrar que habían sido presos, represaliados o torturados durante la dictadura. También muchos familiares de víctimas, que nunca pudieron encontrar a sus seres queridos", completa Silva. Las asociaciones memorialistas coinciden: la desclasificación de documentación histórica es una cuestión de justicia, que depende de la voluntad política. "Es un tema que se ha dejado pasar conscientemente", concuerda Silva. Hasta tal punto que parte de esa documentación ha quedado ya inservible. "Se han podrido muchas cosas", se lamenta el periodista, que reivindica la puesta en marcha "cuanto antes" de una política de recuperación y mantenimiento de los archivos clasificados.
"Se priorizará aquella información que tenga que ver con violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Evidentemente nos referimos a la dictadura", puntualizaba Bolaños durante su intervención, interrogado por el orden de desclasificación. "A ver si es verdad", le contesta Silva. "Miles de documentos permanecen desde hace décadas en los sótanos ministeriales. Y lo más grave: no tenemos ni la más remota idea de la información que pueden contener", sentencia.
Fuente → publico.es
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