Jornada científica sobre la desaparición forzada de menores

Un año más, la ciudad de Bilbao va a ser sede de una jornada científica sobre la trama vasca de la desaparición forzada de menores. Esta jornada se enmarca dentro del proyecto AVIDNA para la Dirección de Víctimas y DD HH del Gobierno vasco. Los contenidos y tratados que se vienen desarrollando en estas jornadas son de un altísimo nivel y de utilidad para todo el colectivo de víctimas de las desapariciones forzadas de menores en este país, el cual no goza de la unión que debiera para hacer más eficaz su método de trabajo en aras del cumplimiento de sus objetivos, en el que la cooperación, transversalidad e información cruzada, debieran ser una condición sine qua non.

Ana Cueto Izaguirre, presidenta de la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (AVIDNA), una vez más tuvo la amabilidad de invitarme a este importante acto, importante sobre todo para quienes se sienten concernidos como víctimas de esta trama que sigue gozando de impunidad y formando parte de nuestro Estado de Derecho. Una vergüenza que no me cansaré de denunciar, aunque mi voz quede perdida en los ecos del desierto.

Cuando comencé a investigar este fenómeno desarrollado durante un largo período de nuestra historia, y que dejó un reguero de identidades rotas, desconocía que estaba siendo un firme y potencial candidato a la decepción e, incluso, a la frustración. Pero después de conocer y ver el rostro humano de muchas víctimas siguiendo su lucha, tomé conciencia de que no tenía ningún derecho a quedar resignado en dicho estado emocional, y aquí estoy acompañando a este impresionante colectivo que ya forma parte de mi acervo, de mi causa;  y seguiré pidiendo reconocimiento, justicia y reparación de tanto daño causado.

Por el formato y temática de las ponencias a desarrollar en esta jornada, vemos que el ámbito jurídico es el principal objeto de la misma, cuyos ponentes son acreedores de experiencia y profesionalidad en este tipo de casos. Una temática perfectamente justificada, habida cuenta de la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, en los Convenios y Tratados internacionales, suscritos con todas las solemnidades por el Reino de España, derechos, pues, que gozan de rango normativo prevalente, aunque la respuesta de nuestro Estado de Derecho en este caso, no ha sido justa y ecuánime con la exigencia de la norma.

Cuando nos referimos a cuestiones que se van abordar en esta jornada, no podemos olvidarnos de lo que a tal efecto establece el artículo 10 de nuestra Carta Magna, que nos habla de “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Los hechos acaecidos en la persona de las víctimas por este tipo de casos, conculcan tales principios. El mismo precepto constitucional nos recuerda y ordena que “ Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Estos derechos, pues, deben prevalecer y hacerse efectivos sobre cualquier otra consideración y/o interpretación jurídica sobre este tipo de casos, hecho que, en muy raras ocasiones, ha sido la norma a seguir, tanto en las resoluciones administrativas como judiciales.

Un hecho que nos ilustra la situación descrita, al que se une el suma y sigue, es el caso de María Bueno que fue noticia recientemente, en el que el Estado reconoce por primera vez la existencia de una bebé robada tras más de 40 años desaparecida. En este caso, el Registro Civil correspondiente ha emitido un certificado en el que se reconoce oficialmente la existencia civil de su hija desaparecida de la faz de la tierra bajo la égida de “criatura abortiva”, sin nombre, ni identidad, ni derecho civil alguno. Este caso me trae al recuerdo dos hechos para mi muy cercanos, el de Élida Ares y de Josefa Boo, a las que les desaparecieron sus dos hijas  del hospital provincial “San José” de Lugo, identificadas con vida por sus respectivas madres y familiares que las acompañaban, y que dicho hospital ha dado por muertas, sin darles más información  y participación que el terrible anuncio, no constando ningún otro dato de su fallecimiento en registro alguno; colocando como respuesta  sobre estas madres el velo de la ignorancia del que nos hablaba John Rawls.

La casuística de las desapariciones forzadas en nuestro país es transversal y afecta igualmente a diversos derechos de sus víctimas y descendientes. El drama de nuestra Guerra Civil (1936-1939) y posterior dictadura, traen causa de muchos de estos hechos, y que, en numerosos casos, siguen afectando a los derechos de sus descendientes. Por ello, no se trata de un colectivo de un perfil único, concreto y específico, que también, sino algo más difuso, amplio y heterogéneo que va más allá de ese grupo nominativo que se maneja en las estadísticas; motivo por el cual, el Estado debe conceder una mayor atención, tanto legislativa como de medios humanos y materiales para dar respuesta efectiva a este tipo de casos.

Dentro de la diversidad aludida de casos, hace unos meses, una ciudadana de origen vasco, residente en Venezuela y nieta de un refugiado vasco en los trágicos años de la incivil guerra, militante que fuera del PNV, se puso en contacto con el que suscribe para tratar de buscar y acreditar los antecedentes de su abuelo, con el fin de que sus hijos pudieran acogerse a los derechos dimanantes de la vigente Ley de Memoria Democrática. Recibida tal petición, no dudé en ponerme en contacto con el ilustre político vasco, don Iñaki Anasagasti, nacido en el exilio de dicho país. El señor Anasagasti, recibió mi petición con la máxima empatía e interés por la causa, poniéndome en contacto con la Fundación Sabino Arana, cuya institución, haciendo honor a su legado y compromiso histórico recibidos, atendió mi solicitud con exquisita atención y diligencia, aportando los datos de que disponían en sus archivos. Un ejemplo para que otros organismos públicos y privados por los que peregrinan las víctimas de estos hechos sigan las mismas pautas.

Una anécdota curiosa

Cuando le envío a Iñaki la documentación del antiguo refugiado vasco, no tardó un minuto en enviarme un WhatsApp, en el que, más o menos, me decía lo siguiente: “.anda…, el gordito del coro”. Pues el viejo militante del PNV había formado parte del coro del Centro Vasco de Caracas, al que acudía el niño Iñaki, y que reconoció nada más ver su carnet de socio. ¡Qué recuerdos le traería a nuestro amigo Iñaki!

No cabe duda de que cada país es sujeto de su historia, la buena y la mala, pero es su historia. España no es una excepción en su acontecer histórico, la Guerra Civil (1936-1939) marcó uno de los hitos más terribles y luctuosos que nos ha tocado vivir como pueblo, cuyas secuelas en muchos aspectos son evidentes, el objeto de esta jornada es un buen ejemplo. Por ello, la memoria democrática y la reparación son bienes a preservar para evitar que se repita,  consiguiendo del tal modo la superación  necesaria para el enriquecimiento pleno de nuestra convivencia.