Canarias, territorio de terror: la represión franquista en un territorio sin guerra

Mientras en la península se abrían frentes de guerra y se organizaba la resistencia, en Canarias no hubo espacio para la lucha armada. En el Archipiélago, la sublevación triunfó sin disparar un solo tiro. Y precisamente por eso, la represión fue más silenciosa, más inmediata y brutal.

La historia oficial ha silenciado durante décadas lo ocurrido en las Islas. Se ha repetido que aquí “no hubo guerra”, como si eso significara que no ocurrió nada. Pero la ausencia de enfrentamiento armado no impidió que el golpe militar de julio de 1936 se saldara con centenares de asesinatos, desapariciones y una limpieza ideológica sin precedentes.

Hoy, a menos de dos semanas del aniversario de aquel golpe de Estado, conviene recordar cómo fue el proceso represivo en Canarias, cuáles fueron sus objetivos y por qué fue tan violento a pesar de no haberse librado una guerra convencional.

El sueño republicano: un desafío al orden oligárquico

Con la proclamación de la Segunda República en 1931, las clases populares canarias comenzaron a organizarse para transformar una sociedad profundamente desigual. Tras décadas de dominio terrateniente y caciquismo, el nuevo régimen abrió una ventana de posibilidad para las reivindicaciones laborales, la educación pública y el reparto de tierras.

En pocos años, sindicatos, partidos de izquierda y colectivos vecinales empezaron a estructurar un movimiento social que desafiaba por primera vez a las élites agrarias, comerciales y religiosas de las islas. Huelgas, protestas y ocupaciones de tierras se multiplicaron, en un contexto internacional marcado por la crisis económica del 29 y el ascenso de las ideologías reaccionarias en Europa.

El Frente Popular, tras su victoria electoral en febrero de 1936, buscó retomar las reformas bloqueadas por el “bienio negro” conservador. Pero las clases dominantes —terratenientes, grandes exportadores y sectores clericales— no estaban dispuestas a ceder ni un ápice de su poder.

El golpe militar del 18 de julio de 1936, que se ejecutó con éxito inmediato en Canarias, no fue solo una sublevación armada: fue una respuesta planificada por la élite local para frenar de raíz cualquier intento de transformación social.

Una ocupación militar inmediata y sin resistencia organizada

En menos de 24 horas, las principales ciudades de Canarias estaban bajo control militar. En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los generales sublevados proclamaron el estado de guerra, ocuparon los edificios oficiales, suprimieron la prensa republicana y empezaron una caza sistemática de militantes, sindicalistas, maestros y cargos electos.

A diferencia de lo ocurrido en otras regiones peninsulares, donde el golpe fracasó parcialmente y dio paso a la guerra civil, en Canarias la ausencia de resistencia armada permitió a los sublevados desatar una represión quirúrgica, sin trabas ni oposición.

La violencia no fue la consecuencia de un conflicto militar: fue el instrumento principal del nuevo poder para asegurar el control social y político.

Represión estructurada: ejecuciones, desapariciones y depuración

Entre julio de 1936 y 1940, se registraron oficialmente al menos 122 ejecuciones sumarísimas en las Islas: 50 en Tenerife, 29 en Gran Canaria, 6 en La Palma, 6 en La Gomera y 31 más en colonias españolas en África, donde fueron deportados muchos canarios. Pero la cifra real es mucho más alta.

En La Palma, la conocida “Semana Roja”, entre el 18 y el 25 de julio, representó un breve intento de resistencia que terminó con bombardeos navales y la entrada del cañonero “Canalejas”, que desató una ola de arrestos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Solo en el pinar de Fuencaliente se han documentado al menos 13 cuerpos sin identificar. Decenas más siguen desaparecidos.

En La Gomera, el llamado “Fogueo de Vallehermoso” fue sofocado con fusilamientos ejemplarizantes. El brigada Francisco Mas y varios dirigentes obreros fueron ejecutados sin juicio o tras farsas jurídicas.

En Gran Canaria, la represión se cebó con las comarcas del norte. En Arucas, Gáldar y Agaete se multiplicaron las “sacas” nocturnas: grupos de falangistas detenían a militantes de izquierdas y los ejecutaban en barrancos, sin dejar rastro. Muchas de esas víctimas permanecen hoy en fosas comunes como las de Jinámar o Mar Fea.

En Tenerife, espacios como los almacenes de Fyffes se convirtieron en centros de detención improvisados, y el cuartel de Almeida en uno de los principales núcleos de represión institucional. Se calcula que solo en esa isla hubo más de 1.600 ejecuciones y desapariciones hasta el final de la guerra.

A esto se suman las purgas ideológicas en el sistema educativo, con más de 160 docentes sancionados o expulsados solo en Tenerife. La depuración alcanzó también a carteros, telegrafistas, funcionarios municipales y trabajadores del puerto. 

Sin guerra, pero con terror

La paradoja histórica de Canarias es clara: no hubo guerra civil, pero sí una represión brutal. Y esa represión no fue consecuencia de la violencia, sino un plan sistemático para erradicar toda organización obrera y republicana.

La falta de enfrentamientos armados facilitó la represión, porque los militares no tenían que negociar con una resistencia armada. Podían aplicar su política del terror con libertad absoluta.

La violencia franquista en Canarias no fue espontánea ni desordenada. Fue una política de Estado, con participación activa de autoridades civiles, eclesiásticas y sectores económicos. Los consejos de guerra sumarísimos, los campos de trabajo, las detenciones masivas y las ejecuciones extrajudiciales no fueron accidentes, sino herramientas para garantizar el nuevo orden.

Ochenta y nueve años después del golpe, Canarias sigue arrastrando un vacío en lo que respecta a esta memoria histórica. Salvo contadas iniciativas de investigación y exhumación, no ha habido un proceso de reconocimiento, justicia y reparación hacia las víctimas del franquismo en el Archipiélago. Y, menos aún, se ha logrado articular un movimiento capaz de extraer las necesarias consecuencias sobre lo sucedido para recomponer las organizaciones populares que logren retomar las banderas brutalmente coartadas a partir de 1936.