El Juzgado de Primera Instancia de Elda,
Alicante, acaba de citar a declarar como investigado por un crimen a
Rodolfo Martín Villa. El caso tiene que ver con la querella presentada
por un hermano de Teófilo del Valle, joven de 20 años muerto por varios disparos policiales que le alcanzaron por la espalda,
en febrero de 1976, durante la huelga que se vivió en el importante
sector del calzado en Elda. Tras su muerte, una huelga general paralizó
toda la comarca y a su entierro acudieron alrededor de 20.000 personas.
El policía que lo mató fue juzgado por un tribunal militar, siendo
absuelto por haber “obrado en cumplimiento de su deber”. Y se quedaron
tan anchos.
La querella se dirigía contra varios policías y el
entonces ministro de Relaciones Sindicales, Martín Villa, considerado
este último como responsable político principal de aquel crimen. En
casos similares, entre otros los del 3 de marzo de Gasteiz, en 1976;
sanfermines, en 1978…, Martín Villa había sido señalado también como la
máxima instancia política responsable de aquellas masacres policiales,
pero en todos estos casos las exigencias de justicia se estrellaron
contra los muros de una Judicatura cómplice que todo lo desestimó y
archivó sin mayores contemplaciones.
No hablamos de un caso, ni de dos, ni de diez, sino de
más de cien querellas presentadas (asesinatos, desapariciones, torturas,
encarcelamiento, trabajo esclavo, robo de bebés…), que han obtenido
portazos similares. Por esta razón, y sin que eso suponga echar campana
alguna al vuelo, pues sabemos ante qué clase de Judicatura nos
encontramos (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), la resolución
del Juzgado de Elda es de gran importancia, pues es un primer paso en
una buena dirección. Caminante, no hay camino.
Sin duda alguna, con mucha diferencia, de todos
los altos cargos franquistas hoy vivos, Martín Villa es quien cuenta con
un historial más destacado. Durante más de 30 años sirvió a
aquel régimen criminal pasando por todo tipo de cargos: Jefe Nacional
del SEU (Sindicato Español Universitario), Secretario General del
Sindicato Vertical, gobernador civil de Barcelona, procurador en las
Cortes franquistas, senador por designación real y, finalmente, durante
la Transición, entre 1976 y 1982, ministro de Relaciones Sindicales, del
Interior, de Administración Territorial y vicepresidente del gobierno.
Como ministro del Interior (julio-1976 a abril-1979), lo suyo no tuvo parangón. En este corto tiempo, 125
personas fueron muertas por disparos policiales, beneméritos,
parapoliciales…, lo que da un promedio de 3,8 al mes, o sea, casi una a
la semana. Desde su ministerio dirigió también el lavado de
cara del antiguo marco represivo y de impunidad franquista para
adaptarlo a los nuevos y democráticos tiempos: creación de la Audiencia
Nacional, heredera del TOP franquista, enero de 1977; Ley de Amnistía e
impunidad para los cargos represivos del franquismo, octubre de 1977;
Orden ministerial de diciembre de ese mismo año para la destrucción de
los archivos policiales y de la guardia civil; Ley de Policía, junio de
1978; Ley Antiterrorista, diciembre de 1978… En resumen, Martín Villa,
fue el responsable principal de trasvasar todo el andamiajeo policial
franquista a las instituciones de la naciente “democracia
constitucional”. Él se encargó de que todo cambiase (nombres, uniformes,
leyes..), sin que nada cambiase en lo esencial.
Más adelante, tras pasar por la dirección del PP,
abandonó la política visible y se pasó al noble mundo de los negocios,
que desde todos los lugares se puede servir a España. En esta nueva etapa el exministro sentó posaderas en 45 empresas y ostentó casi 100 cargos corporativos:
Endesa, Sogecable, Técnicas Reunidas, Ibercobre, Enersis (Chile), Caja
Madrid, Cepsa, El Fénix… Tantas fueron las habilidades que demostró en
estos menesteres, que en 2012 fue nombrado por Mariano Rajoy consejero
del SAREB, banco malo creado por el gobierno para gestionar los residuos
tóxicos de la Banca durante la crisis de 2008. Gracias a ello, quienes
hundieron entonces la economía, salieron con los bolsillos llenos de
decenas de miles de millones de euros dejados en sus manos por el PP
para sanear el sector.
La represión de la Transición no fue fruto solamente de
la inercia de los viejos aparatos franquistas nunca depurados. Por
encima de ello, hubo una política conscientemente acordada y
vehiculizada desde el propio gobierno de UCD para obligar a la oposición
democrática a dejarse de veleidades rupturistas y aceptar la zanahoria
de la reforma franquista ofertada. Quizás esto pueda parecer un tanto
conspiranoico, pero si varios años después, con un gobierno del PSOE,
una sentencia del Tribunal Supremo relativa al GAL y sus víctimas
(varias decenas de personas) declaró culpables en aquella trama criminal
a varios inspectores, comisarios de policía y gobernadores civiles, un
general de la guardia civil, un secretario de Estado, un ministro del
Interior y un señor “X” superior a todos ellos, ¿qué no pudo haber
organizado en plena transición un gobierno de UCD, estando como estaba
plagado de franquistas e, incluso, generales del Ejército?
Nadie como la jueza argentina Servini ha expresado mejor
esto último. En su auto de procesamiento contra Martín Villa, quien
sigue estando imputado en Buenos Aires por doce presuntos crímenes, ha
afirmado: “Toda la estructura represiva montada por el régimen
franquista siguió funcionando bajo la dirección de la nueva dirigencia
política a cargo del proceso de transición (…) Se mantuvieron
las normas, estructura, agentes y las prácticas represivas propias de
aquel, y se les aseguró a las fuerzas de orden público la impunidad de
su actuación por todos los medios a su alcance (…) Martín villa impartió las directivas generales y particulares en esta materia”. Martín Villa, el capo di tutti capi.
Sería bueno que la judicatura navarra tomara nota de la actuación de su colega valenciana y dejara ya de imitar a Pilatos.
Fuente → elhuron.net
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