El Defensor del Pueblo impulsa avances clave para las víctimas de bebés robados

Se integrarán perfiles de ADN de víctimas de sustracción infantil en el banco estatal existente.  

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha desbloqueado un asunto que llevaba décadas sin avances efectivos: la reparación a las víctimas de la sustracción ilegal de recién nacidos. Tras años de obstáculos administrativos y legales, la institución ha respondido de forma contundente a la queja presentada por la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles Te estamos buscando, proponiendo medidas concretas y urgentes que facilitan el acceso de las víctimas al sistema estatal de identificación genética.

Esta respuesta llega tras un proceso exhaustivo de investigación, impulsado por la asociación ALUMBRA —Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados—, que entregó un informe de más de mil páginas. El documento recoge el impacto devastador de las desapariciones forzadas sobre miles de madres y familias, muchas de las cuales siguen sin conocer el paradero de sus hijos e hijas, ni haber tenido acceso a la verdad o la justicia.

Más allá del franquismo: reconocimiento de una tragedia prolongada

Aunque tradicionalmente se ha vinculado el fenómeno de los bebés robados con los años de la dictadura franquista, las asociaciones implicadas y el propio Defensor del Pueblo han subrayado que estas prácticas se extendieron también durante el periodo democrático. Casos documentados en las décadas de 1980 y 1990 revelan que las irregularidades en hospitales y centros de adopción continuaron más allá del franquismo. Este reconocimiento es clave para ampliar el alcance de las medidas reparadoras y garantizar que ninguna víctima quede fuera del sistema por razones cronológicas.

Medidas previstas para 2025: inclusión, acceso y revisión

En respuesta a la queja y al informe presentado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado una serie de compromisos que comenzarán a aplicarse a lo largo de 2025:

• Incorporación de perfiles genéticos ya existentes: Los perfiles obtenidos por víctimas en laboratorios privados serán integrados en el banco estatal de ADN, centralizando la información y facilitando cruces de datos.

• Pruebas genéticas gratuitas: Las personas afectadas tendrán derecho a realizar análisis genéticos sin coste alguno, eliminando así las barreras económicas que hasta ahora limitaban el acceso.

• Reconocimiento de datos previamente entregados: El banco estatal integrará también los perfiles ya registrados en bases oficiales del Ministerio sobre sustracción de recién nacidos.

• Evaluación técnica de informes anteriores: Se revisarán con criterios científicos actualizados los estudios previos, como los del Instituto Nacional de Toxicología, para detectar errores o limitaciones.

• Constitución de un comité especializado: Se prevé la creación de un comité interdisciplinario —formado por expertos en genética, derecho y bioética— que atenderá los casos que no puedan resolverse con los métodos forenses clásicos.

Además de apoyar estas medidas, el Defensor del Pueblo ha remitido al Ministerio una serie de recomendaciones esenciales para asegurar la eficacia y equidad del proceso:

• Garantizar un banco estatal de ADN único y centralizado, que reúna todos los perfiles relacionados con la sustracción de recién nacidos, sin limitarse por la fecha de los hechos.

• Asegurar el acceso libre y gratuito a las pruebas genéticas, sin necesidad de intervención judicial o del Ministerio Fiscal.

• Incorporar la voz activa de las asociaciones de víctimas en el desarrollo del banco genético y las políticas relacionadas, como parte de un proceso participativo y transparente.

Estas acciones representan, en palabras de las organizaciones implicadas, un punto de inflexión histórico en la respuesta institucional a uno de los dramas humanos más graves de la España contemporánea.

Organizaciones que impulsan el cambio

La movilización ha sido liderada por la asociación ALUMBRA y la Plataforma Te estamos buscando, con el respaldo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos, la jurisdicción universal y la lucha contra la impunidad, con presencia en Europa y América Latina.