A 50 años de los últimos fusilamientos de Franco

Con la muerte de cinco jóvenes, tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y dos de ETA, la dictadura de Franco dejaba patente su violencia represiva incluso en sus últimos momentos, apenas semanas antes de la muerte del dictador. Estos asesinatos, considerados por muchos como una tragedia innecesaria, resonaron en todo el mundo y sellaron el fin de casi cuatro décadas de autoritarismo.

A mediados de los años setenta, España atravesaba una crisis interna sin precedentes. La dictadura, desgastada tras casi cuarenta años de poder omnímodo, enfrentaba una creciente oposición, tanto política como social. El descontento hacia el régimen se manifestaba de múltiples formas: desde la resistencia pacífica hasta la insurgencia armada, siendo los grupos como ETA y el FRAP dos de los protagonistas más activos en la lucha contra la dictadura. ETA, el movimiento independentista vasco, había intensificado sus ataques a las fuerzas del orden, y el FRAP, una organización que intentaba el derrocamiento del régimen dictatorial a través de la lucha armada.

El verano de 1975 fue particularmente turbulento. El gobierno de Franco decidió aplicar mano dura y dar un escarmiento ejemplar. Entre agosto y septiembre de ese año, se celebraron cuatro juicios sumarísimos con el objetivo de castigar a los responsables de diversos atentados cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad. El proceso judicial fue caracterizado por un sinfín de irregularidades y denuncias de tortura, pero las condenas ya estaban decididas de antemano: cinco de los acusados fueron sentenciados a muerte.

Los condenados eran Juan Paredes Manot, conocido como Txiki, de 21 años; Ángel Otaegui, de 33; José Luis Sánchez Bravo, de 22; José Humberto Baena Alonso, de 24; y Ramón García Sanz, de 27. Tres de ellos militaban en el FRAP, mientras que Otaegui y Txiki pertenecían a ETA. Los juicios que los condenaron fueron severamente criticados por la ausencia  de garantías procesales, y los testimonios de los acusados señalaban que habían sido víctimas de torturas para arrancarles confesiones forzadas. Sin embargo, las alegaciones de tortura, la falta de pruebas contundentes y las apelaciones de los abogados defensores fueron ignoradas. Las sentencias ya estaban decididas antes de que los juicios siquiera comenzaran.

AQUEL FATÍDICO 27 DE SEPTIEMBRE

La madrugada del 27 de septiembre de 1975 fue testigo de uno de los actos más oscuros del franquismo. Los cinco jóvenes fueron ejecutados en diferentes lugares de España. Juan Paredes Manot, Txiki, fue fusilado en las afueras de Barcelona, junto al cementerio de Collserola, tras ser trasladado desde la prisión Modelo. El relato de su ejecución aún estremece a quienes lo recuerdan: su cuerpo fue atado a un trípode y, frente a un grupo de guardias civiles, fue fusilado sin misericordia. Su abogado, Marc Palmés, relató con horror cómo la comitiva que lo escoltaba había cruzado toda la ciudad de madrugada, en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Según Palmés, el propio Txiki, pálido y diminuto, se encontraba en lo alto de un montículo, visible entre la grotesca fila de sus verdugos.

Ángel Otaegui, el segundo miembro de ETA condenado, fue ejecutado en la prisión de Burgos, junto a la tapia del huerto de la prisión. Al igual que los demás, Otaegui fue fusilado en solitario y sin que sus familiares pudieran estar presentes, a pesar de que la ley consideraba estas ejecuciones como "públicas". El aislamiento y la soledad de estos momentos reflejaban la crueldad de un régimen que se desmoronaba, pero que no estaba dispuesto a ceder un ápice en su política de represión.

Los otros tres condenados, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena y Ramón García Sanz, fueron ejecutados en Hoyo de Manzanares, Madrid, en un campo de tiro militar. La escena resultó igualmente macabra. Los pelotones de fusilamiento, compuestos por voluntarios, dispararon contra los jóvenes con la frialdad propia de quienes habían sido entrenados en la represión.

El único testigo civil de estas ejecuciones, el párroco local, Alejandro, relató años después el horror de aquella mañana. Recordaba cómo había llorado durante todo el proceso, siendo incluso amenazado por algunos guardias que, ebrios, le recriminaban no aplaudir. Al final de la ejecución, cuando uno de los fusilados aún respiraba, un teniente se acercó y le dio el tiro de gracia, salpicando de sangre al párroco que intentaba darle la extremaunción.

EL IMPACTO INTERNACIONAL

Las ejecuciones del 27 de septiembre desataron una ola de indignación en todo el mundo. En Europa, las manifestaciones de rechazo fueron multitudinarias. En Lisboa, la embajada española fue atacada e incendiada; en Estocolmo, el primer ministro sueco, Olof Palme, lideró las protestas, mientras que en Noruega fue el propio presidente del país quien se puso al frente de las movilizaciones. Países como Alemania, Dinamarca y Holanda llamaron a consulta a sus embajadores en Madrid, mientras que el presidente de México, Luis Echeverría, solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para suspender a España como miembro de la organización.

Incluso el papa Pablo VI intervino, pidiendo clemencia para los condenados. Sin embargo, Franco ignoró todas las peticiones, tanto de líderes políticos como de personalidades culturales, como los cineastas Yves Montand y Costa Gavras, quienes fueron expulsados de España tras firmar un manifiesto en contra de las ejecuciones.

Estas reacciones internacionales evidenciaban el aislamiento creciente del régimen franquista, que en sus últimos momentos se había vuelto aún más violento y represivo. El propio Franco, en su último discurso el 1 de octubre de 1975, hizo referencia a la "masiva contestación" que su gobierno enfrentaba, tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento, el dictador utilizó este momento para reafirmar su postura, dejando claro que, hasta su último aliento, no cedería ni un ápice de poder.

EL FIN DEL FRANQUISMO Y UN LEGADO DE IMPUNIDAD

La muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, puso fin a una dictadura que había dejado profundas cicatrices en la sociedad española. Sin embargo, los fusilamientos del 27 de septiembre de ese mismo año se convirtieron en un recordatorio permanente de la brutalidad del régimen. A pesar de las demandas de justicia, los responsables directos de estos crímenes, incluyendo a los torturadores y a los responsables de los consejos de guerra, nunca fueron juzgados ni depurados durante la Transición. Muchos de ellos continuaron sus carreras dentro de las fuerzas de seguridad, perpetuando un sistema de impunidad que aún hoy genera controversia.

A medida que se cumplen 50 años de aquellos eventos, la memoria de los cinco jóvenes ejecutados sigue viva. No solo como un símbolo de la resistencia contra la dictadura, sino también como un recordatorio de los desafíos que enfrenta España en su búsqueda de justicia histórica. A pesar de los avances en la recuperación de la memoria democrática, la mayoría de los crímenes del franquismo permanecen impunes, y las demandas de reparación continúan siendo una herida abierta en el país.

 ¿QUÉ FUE DE LOS QUE SOBREVIVIERON AL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO?

 Las historias de aquellos que, condenados junto a los cinco fusilados del 27 de septiembre de 1975, lograron sobrevivir al pelotón de fusilamiento son también un testimonio de la brutalidad del régimen y de la capacidad de resistencia de quienes se opusieron a la dictadura. Estos hombres, aunque se salvaron de la ejecución, continuaron enfrentándose a la represión, la cárcel y, en algunos casos, al exilio. Sus vidas fueron marcadas por las cicatrices físicas y psicológicas de la tortura y el encarcelamiento, pero también por su compromiso con la lucha contra el franquismo.

Uno de los nombres más recordados entre los que evitaron la ejecución es el de Manuel Blanco Chivite, quien, a pesar de haber sido condenado a muerte, vio su sentencia conmutada.

Blanco Chivite era miembro del FRAP y fue detenido en el verano de 1975, acusado de participar en actividades subversivas contra el régimen. Durante su detención, fue sometido a torturas en la Dirección General de Seguridad de Madrid, una experiencia que dejó profundas marcas en su cuerpo y su espíritu.

En el juicio sumarísimo al que fue sometido, Blanco Chivite fue condenado a muerte, pero a diferencia de sus compañeros del FRAP, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena, su ejecución fue evitada debido a la presión internacional. Los llamamientos a favor de la clemencia por parte de personalidades internacionales, junto con las intensas movilizaciones, lograron que el régimen franquista conmutara su pena por una larga condena de cárcel.

Blanco Chivite pasó años en prisión, pero su historia no terminó allí. Tras la muerte de Franco, fue puesto en libertad, aunque las secuelas de su paso por las cárceles franquistas y de las torturas que sufrió nunca desaparecieron. En la democracia, se convirtió en un firme defensor de la recuperación de la memoria histórica y de los derechos de los presos políticos del franquismo. Publicó varios libros sobre sus experiencias, entre ellos “Notas de prisión”, donde relató con detalle lo vivido durante su encarcelamiento y cómo él, junto a otros presos antifranquistas, vivió aquellos días en los que la ejecución de sus compañeros era inminente. En sus escritos, dejó claro que la tortura y la brutalidad de los interrogatorios eran parte del método habitual de represión del régimen.

Otro de los supervivientes de aquellos días fue Fernando Sierra, también miembro del FRAP, quien fue arrestado y torturado como parte de la misma operación que llevó a los fusilamientos. Al igual que Blanco Chivite, Sierra fue condenado a muerte, pero su pena también fue conmutada por una larga sentencia de cárcel. Durante su tiempo en prisión, Sierra fue sometido a constantes abusos y malos tratos, pero logró salir con vida de la dictadura.

Una vez en libertad, Sierra continuó dedicando su vida a la lucha por sus valores ideologicos, convirtiéndose en un destacado activista por los derechos humanos. Su testimonio sobre las torturas sufridas por parte de la Brigada Político-Social de la dictadura, liderada por figuras como Antonio González Pacheco, conocido como "Billy el Niño", ayudó a arrojar luz sobre las prácticas de represión sistemática utilizadas por el régimen. A lo largo de su vida, Sierra abogó por la depuración de responsabilidades y la investigación de los crímenes de la dictadura, aunque lamentablemente muchos de los torturadores jamás fueron juzgados.

También es relevante mencionar a José Antonio Garmendia, miembro de ETA, quien fue gravemente herido durante su detención y sometido a torturas mientras se encontraba hospitalizado. Su estado de salud tras las heridas de bala que había recibido durante su captura era tan grave que los médicos que lo atendían no podían creer que sobreviviera. Garmendia fue sentenciado a muerte, pero debido a su estado de salud, la ejecución no se llevó a cabo. En lugar de eso, fue condenado a una larga estancia en prisión, donde vivió bajo condiciones extremadamente duras.

El caso de Garmendia fue especialmente trágico, ya que, tras ser herido en un tiroteo con la Guardia Civil, trataron de remartarlo con un disparo en la cabeza cuando ya se encontraba caído. Milagrosamente, sobrevivió al disparo y, aunque quedó con secuelas permanentes, fue sometido a tortura incluso en el hospital. Los médicos y enfermeras que lo atendieron fueron testigos de cómo la policía le obligaba a firmar confesiones bajo tortura, aunque él apenas podía moverse o hablar debido a la gravedad de sus heridas. Tras ser liberado, Garmendia continuó vinculado a la lucha por la independencia vasca, aunque las secuelas de su tiempo en prisión y las torturas lo afectaron de por vida.

Hoy en día, la historia de estos supervivientes es también un recordatorio de la brutalidad de aquellos años y de la importancia de recordar a quienes lucharon, tanto desde la clandestinidad como desde las cárceles franquistas, por una España democrática