Los últimos fusilamientos de España

Estos actos no solo honran a las víctimas de la represión franquista, sino que también educan a las nuevas generaciones sobre los horrores del fascismo y la importancia de la democracia. La retirada de medallas póstumas y la renombración de calles y plazas que aún rinden homenaje a los participantes en la represión son pasos cruciales para demostrar que España no tolera la glorificación de quienes cometieron atrocidades.

La memoria histórica es un pilar esencial para la reconciliación y la justicia. Al investigar y documentar los crímenes del pasado, y al responsabilizar a los culpables, estamos estableciendo un precedente de que los crímenes contra la humanidad no quedarán impunes. Esto no es solo un acto de justicia para las víctimas y sus familias, sino un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Un museo de memoria histórica sería un lugar donde se preserve la verdad, se rinda homenaje a las víctimas y se promueva una cultura de paz y respeto.

Es una cuestión de justicia saber la verdad, reconocer el sufrimiento de las víctimas y ofrecer reparación. La verdad es un derecho de las víctimas, sus familiares y de toda la sociedad, que merece conocer su historia sin tergiversaciones ni censuras. La justicia implica no solo recordar, sino también tomar medidas concretas para reparar el daño, ya sea simbólicamente a través de memoriales y museos, o legalmente a través de la condena de los culpables y la restauración de la dignidad de las víctimas. La reparación completa este proceso, asegurando que las familias afectadas reciban reconocimiento y apoyo, y que las lecciones del pasado contribuyan a un futuro más justo y democrático. Solo así podremos cerrar las heridas del pasado y construir una sociedad verdaderamente reconciliada.

Los fusilamientos injustos durante la represión franquista constituyen uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de España. Miles de personas fueron ejecutadas sin juicio justo, simplemente por sus ideales políticos y su oposición al régimen dictatorial de Francisco Franco. Estos actos de violencia extrema no solo fueron una herramienta para eliminar a los adversarios políticos, sino también un medio para infundir terror y controlar a la población mediante el miedo.

Durante los años de la Guerra Civil y la dictadura franquista, muchos ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas y finalmente ejecutados en fusilamientos sumarios. Estos crímenes dejaron una profunda herida en la memoria colectiva del país, una herida que aún no ha sanado del todo. Las familias de las víctimas continúan buscando justicia y reconocimiento para sus seres queridos, muchos de los cuales permanecen en fosas comunes, sin identificar y sin el debido homenaje que merecen.

Hoy vamos a hablar de memoria histórica, de fusilamientos, de reparar y de la verdad, de dos de sus fusilamiento injustos y que jamas tuvo que pasar el de: Juan Grimau y el de Xosu Humberto Baena.

Julián Grimau comenzó su carrera política militando en Izquierda Republicana, pero con el estallido de la Guerra Civil Española, se unió al Partido Comunista de España (PCE). Durante el conflicto, se estableció en Barcelona, dedicándose a labores policiales. Tras la derrota de la República, Grimau se exilió en América Latina y posteriormente se asentó en Francia, donde se convirtió en uno de los líderes del PCE durante la dictadura franquista.

Grimau fue acusado por el régimen franquista de torturas, saqueos y asesinatos cometidos como jefe de una «checa» en Barcelona desde principios de 1938. Estas acusaciones, contenidas en textos de la época y en el libro «Los papeles reservados» del periodista Emilio Romero, sirvieron de base para su posterior condena.

En 1954, durante el Congreso del PCE en Praga, Grimau fue elegido miembro del comité central del partido. Desde 1959, sustituyó a Simón Sánchez Montero en la dirección del PCE «en el interior» de España, compartiendo responsabilidades con Jorge Semprún y Francisco Romero Marín. Esta actividad clandestina lo convirtió en uno de los objetivos más buscados por la policía franquista.

El 7 de noviembre de 1962, Grimau fue detenido en Madrid mientras viajaba en un autobús. Fue llevado a la Casa de Correos de Madrid, donde sufrió graves lesiones al caer desde un segundo piso, en lo que las autoridades franquistas describieron como un intento de suicidio. Grimau fue acusado de rebelión militar por sus actividades durante la guerra civil, una acusación que técnicamente había prescrito pero que el tribunal franquista trató de justificar como un delito continuado.

Grimau fue sometido a un juicio sumarísimo y condenado a muerte el 18 de abril de 1963. La condena y posterior ejecución de Grimau provocaron una ola de protestas internacionales, con manifestaciones y telegramas de solidaridad llegando a Madrid desde diversas capitales europeas y latinoamericanas. Violeta Parra, impactada por su muerte, le dedicó su canción «¿Qué dirá el Santo Padre?».

El 20 de abril de 1963, Grimau fue ejecutado por un pelotón de soldados de reemplazo en el campo de tiro del cuartel militar del barrio de Campamento, Madrid. El procedimiento fue brutal y mal ejecutado, necesitando el teniente al mando rematarlo con dos disparos a la cabeza. Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.

El caso de Julián Grimau permanece en la memoria histórica como un símbolo de la represión franquista, con numerosas ciudades alrededor del mundo honrándolo con calles y edificios que llevan su nombre.

Xosé Humberto Baena nació en 1951 y creció en el Vigo pobre y obrero de la dictadura franquista. A los diecisiete años se trasladó a la Universidad de Santiago para estudiar Filosofía, pero sus estudios fueron interrumpidos al ser perseguido y detenido por participar en protestas estudiantiles. Aunque fue absuelto de esas acusaciones, su ficha policial no reflejó esta absolución. De vuelta en Vigo, la huelga general de 1972 y la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich y Karl Heinz en 1974, lo llevaron a comprometerse con la lucha antifranquista. Ingresó en las Juventudes Comunistas y luego en el PCE(ml), cuyo frente de masas era el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriota). Por su participación en la redacción de una esquela sobre la muerte de un trabajador por disparos de un guardia civil, tuvo que refugiarse clandestinamente en Madrid en mayo de 1975.

¿Qué es el FRAP?

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) se constituyó en 1971 como una organización marxista-leninista operando en la clandestinidad, en respuesta al régimen dictatorial de Francisco Franco. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, España quedó en un estado de silencio tras 40 años de gobierno autoritario basado en principios nacional-católicos que combinaban una fuerte moralidad religiosa con la industrialización. Frente a este régimen, emergió una oposición que anhelaba una democracia inclusiva y representativa.

El FRAP proponía la nacionalización de la banca y de empresas capitalistas vinculadas al extranjero o a la especulación, siguiendo un modelo económico similar al del Partido Comunista de España (PCE), con un énfasis en la planificación a largo plazo. Su estrategia revolucionaria, inspirada en Charles de Gaulle, se desarrollaba en tres etapas: Liberación Nacional, eliminación de la resistencia de las clases reaccionarias, y Plenitud Revolucionaria.

El programa del FRAP se basaba en cuatro pilares fundamentales: socialismo, federalismo, independencia nacional y antifascismo. A través de un análisis gramsciano, identificaba a la burguesía europea con dos principales apoyos: los Estados Capitalistas y el Episcopado Devoto. El objetivo era fundar una Tercera República Social mediante un frente amplio de fuerzas revolucionarias, incluyendo trabajadores, campesinos y la burguesía nacional, para derrocar a las clases enemigas del proletariado.

En términos organizativos, el FRAP contaba con la experiencia del comunismo español en la creación de fuerzas policiales secretas y desarrollaba dispositivos de seguridad en colaboración con el PCE. El plan incluía la participación en atracos y actividades clandestinas para financiar y apoyar sus operaciones.

A nivel nacional, el FRAP creó coordinadoras regionales formadas por distintos grupos, incluyendo policías autonómicas y comités ejecutivos, para asumir responsabilidades organizativas y operativas. En diciembre de 1971, se constituyó oficialmente bajo el nombre de Frente Revolucionario de Acción Campesina (FRAC), y en enero de 1972, se redactaron los documentos tácticos necesarios para guiar la actividad guerrillera.

El FRAP se caracterizó por la afinidad ideológica entre comunistas y socialistas, aunque esta coexistencia a veces generaba tensiones internas. La organización surgió en un momento de transición política hacia la democracia en España, con el objetivo de frenar la dictadura y promover actos políticos y sociales a través de coordinadoras y sindicatos.

El nacimiento del FRAP estuvo marcado por la lucha contra la dictadura y el impulso de la libertad política, aunque muchos de sus simpatizantes desconocían sus verdaderos propósitos. La organización intentó dinamizar la oposición antifascista mediante la colaboración con diversos militantes comprometidos con la causa de la libertad y la democracia.

Siguiendo con su historia al llegar a Madrid, el FRAP decidió pasar a la lucha armada en respuesta a la represión franquista, lo que resultó en varios atentados y la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad del estado: Lucio Rodríguez, Antonio Pose y Juan Ruiz Muñoz. La represión del régimen fue inmediata y feroz, con detenciones masivas de miembros del FRAP. Xosé Humberto fue arrestado el 22 de julio, acusado del asesinato de Lucio Rodríguez. Tras veinticinco días de incomunicación y torturas, fue llevado a la cárcel de Carabanchel y sometido a un Consejo de Guerra Sumarísimo plagado de irregularidades. Basado únicamente en confesiones obtenidas bajo tortura, fue condenado a muerte junto a otros compañeros.

El 17 de septiembre, en otro juicio a miembros del FRAP, Manuel Cañaveras, María Jesús Dasca, Concepción Tristán, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz también fueron condenados a la pena capital. Con estas condenas, el gobierno de Franco, debilitado por la mala salud del dictador, intentaba mostrar una imagen de firmeza y disuadir a las fuerzas antifranquistas.

En la noche del 26 de septiembre, el gobierno conmutó seis de las penas capitales. Sin embargo, al amanecer del 27 de septiembre de 1975, los cinco condenados restantes fueron fusilados por pelotones de la guardia civil y la policía armada en Barcelona y Madrid. Xosé Humberto Baena, de 24 años, fue el último de ellos, convirtiéndose en la última persona ejecutada por la dictadura franquista y la última pena capital por fusilamiento llevada a cabo en Europa Occidental.

Para terminar añadiré que los fusilamientos y asesinatos cometidos durante la dictadura franquista no deben quedar impunes. La represión brutal que siguió a la Guerra Civil dejó una marca indeleble en la historia de España, y es esencial que estas atrocidades sean reconocidas y condenadas. La impunidad de estos crímenes no solo perpetúa la injusticia, sino que también impide la reconciliación y el verdadero avance democrático del país.

Es crucial reparar el daño infligido a las víctimas y sus familias. La exhumación de fosas comunes, la identificación de los desaparecidos y el reconocimiento oficial de su sufrimiento son pasos fundamentales para restaurar la dignidad de aquellos que fueron silenciados por la represión. Este proceso de reparación no solo es un acto de justicia para las víctimas, sino también una forma de sanar las heridas colectivas de la sociedad.

Conocer el pasado es indispensable para evitar que estos horrores se repitan. La educación y la memoria histórica juegan un papel vital en la construcción de una sociedad que valore los derechos humanos y la democracia. Contar la verdad sobre lo ocurrido, sin censura ni distorsiones, permite a las nuevas generaciones aprender de los errores del pasado y estar alerta frente a cualquier forma de autoritarismo y represión.

Solo a través del reconocimiento, la verdad y la reparación podemos asegurar que las atrocidades del pasado no se repitan y que las lecciones aprendidas fortalezcan nuestro compromiso con la libertad y los derechos humanos.