La ley de bebés robados vuelve al Congreso por tercera vez

Soledad Luque expresa felicidad al otro lado del teléfono. Es la tercera vez que las asociaciones en lucha por el robo de bebés, coaligadas en CEAQUA y con el apoyo de Amnistía Internacional, consiguen que la proposición de ley para investigar el crimen del robo de bebés durante la dictadura y los primeros años de la democracia entre en el Congreso. Esta vez lo han conseguido con el apoyo de Podemos, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Junts. PP, PSOE y PNV no han firmado pero les han confirmado el compromiso de la toma en consideración. Estamos pues ante un “primer paso”. Pero un primer paso que no parte de cero.

Y aunque tras tres legislaturas consecutivas no ha llegado a materializarse, hay esperanza. “Esta tramitación no empieza de cero, empieza de cero la cuestión administrativa pero el trabajo ya lleva siete años con los grupos políticos, continúa donde lo dejamos en la anterior legislatura. Hemos entregado un texto muy completo incluyendo algunas enmiendas. Es una puerta que podría abrir la investigación de estos crímenes”, expresa Luque, presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, quien busca a su hermano gemelo arrancado de su madre nada más nacer en la maternidad de O'Donell (Madrid) en 1965.

En 2017 las víctimas trasladaron a los grupos políticos su propuesta legislativa. En 2018 la registraron a través de casi todos los partidos, excepto PP y Cs, y cuando se lleva a la toma en consideración se aprueba por unanimidad. Después llegaron las elecciones y decayeron todas las propuestas que había en el casillero. En 2020, con un nuevo gobierno, la ley se vuelve a registrar. En junio de ese año se volvió a aprobar su toma en consideración, esta vez por mayoría, con la oposición de la extrema derecha. En este periodo experimentó hasta 146 ampliaciones del periodo de enmiendas. En febrero de 2023 las asociaciones consiguieron que los grupos políticos desatascaran la situación, pero una nueva convocatoria electoral dio al traste con los esfuerzos.

Detrás de estos retrasos: la postura del PSOE, que no ha ido pareja a las peticiones de las asociaciones de víctimas. “No nos denominaban víctimas sino afectadas, cosa que si ocurre en la ley de memoria histórica, desapareció todo el capítulo del derecho al acceso a la justicia, a la creación de una fiscalía especializada y toda mención a delito de lesa humanidad”, cuenta Luque mientras añade que en esta ocasión han notado una mayor receptividad. “Nos ha explicado que ellos están por la labor de sacar la ley y tendremos algún portavoz o diputado asignado para ello de manera fluida y continuada que es lo que nos ha faltado en la anterior legislatura”, explica.

No se descarta un “trabajo arduo” pero hay ganas de sentarse para consensuar. “Con esta ley se afianzan los derechos de las víctimas, del pasado y del presente, de las que ya no están y de las que todavía buscan reencontrarse con sus familias o recuperar su identidad. Víctimas, en definitiva, de una violación de derechos humanos”, valoran CEAQUA y Amnistía Internacional en un comunicado conjunto. "El marco temporal comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre, por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia“, avisan.

“Pedimos que no quede el registro en algo simbólico. Ahora la mesa del congreso no debe de bloquear la ley en un trámite infinito de enmiendas como hicieron la legislatura pasada y que el compromiso sea real. Que hablen menos y que actúen más”, concluye Luque.