La Pepa de 1812, primera constitución española

La Constitución Política de la Monarquía Española fue la primera carta magna del país, redactada en 1812 en Cádiz. Después de que Napoleón Bonaparte invadiera España en 1808, los opositores al Gobierno de su hermano José organizaron la Junta Central, que asumió la soberanía nacional. Aprovechando el colapso del absolutismo de los Borbones, convocaron unas Cortes generales y extraordinarias, lo que era un derecho exclusivo de la Corona. Las Cortes fueron inauguradas en Cádiz en 1810, y el 19 de marzo de 1812 aprobaron la primera Constitución española, conocida como “la Pepa” por la festividad de san José. Fue una de las más liberales de su época y simbolizó el derrumbe del Antiguo Régimen.

De la Ilustración a la invasión napoleónica

El despotismo ilustrado de Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII había modernizado España, impulsado revistas científicas y sociedades económicas, y consolidado la Ilustración. Sin embargo, tras la Revolución francesa de 1789, Carlos IV se sumó a la represión europea y luchó contra la Francia revolucionaria hasta la derrota de 1795 en los Pirineos. Su secretario de Estado, Manuel Godoy, retomó entonces la alianza con Francia. España quedó ligada a los intereses expansionistas de Napoleón cuando dominó la República en 1799. Para 1807, el Tratado de Fontainebleau le permitía atravesar España para invadir Portugal y bloquear el comercio británico.

Con deseo de reinar, el príncipe Fernando organizó en marzo de 1808 el motín de Aranjuez, que consiguió sacar del poder a Godoy y a su padre, quien pidió ayuda a los franceses. Napoleón les citó entonces en Bayona, Francia, para imponer su solución: Fernando VII devolvió la corona a Carlos IV, que abdicó en el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Los españoles se dividieron entre los afrancesados, ilustrados que apoyaban las reformas al Antiguo Régimen de José I, y los patriotas, que le rechazaron como nuevo rey.

Con los Borbones retenidos, el ejército francés invadió España, pero los madrileños se levantaron el 2 de mayo. El alzamiento se extendió pese a la represión, dando inicio a la guerra de independencia española. La resistencia se organizó en Juntas de defensa locales y provinciales, que formarían la Junta Central en septiembre de 1808 para convocar las Cortes.

El auge del liberalismo español

Debido al avance francés en 1810, las Cortes tuvieron que reunirse en la isla del León, en la bahía de Cádiz. Había monárquicos absolutistas, jovellanistas que defendían reformas moderadas y la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y la corriente liberal predominante. Esta última apoyaba reformas revolucionarias y la soberanía exclusiva de las Cortes. 

Las Cortes de Cádiz, también con representantes americanos, reconocieron a Fernando VII como rey legítimo, pero rechazaron el absolutismo y asumieron la soberanía nacional y el poder legislativo. En los años siguientes abolieron la Inquisición, la censura, los derechos señoriales y los gremios, reconocieron libertades como la producción o la imprenta, y aprobaron la desamortización a los afrancesados y la Iglesia. 

La Constitución española de 1812 sienta precedente

La obra principal de las Cortes llegó con la Constitución de 1812, que sentó las bases del primer régimen constitucional de España y encarnó el mito democrático posterior. El texto se redactó bajo la influencia de la Constitución francesa de 1791: estableció la soberanía nacional y una monarquía hereditaria, pero limitada por el sistema parlamentario y la división de poderes. Aunque reconocía la igualdad de los ciudadanos ante la ley, los derechos políticos excluían a las mujeres, los indígenas y los esclavos.

La Constitución reconocía la unión de ambos hemisferios en su primer artículo, por lo que formalizó a las colonias del Imperio español como provincias de un nuevo Estado. También se juró en América, apoyada por una burguesía criolla más partidaria de la autonomía que de la independencia. Su legado, no obstante, se evidenció en las repúblicas posteriores.

Sin embargo, ante la derrota inminente de Napoleón, las potencias europeas restauraron el absolutismo en el Congreso de Viena de 1814. Bajo este marco, Fernando VII regresó y no tardó en complacer a los absolutistas españoles: anuló la Constitución, disolvió las Cortes, acabó con los dirigentes liberales y restauró la legislación anterior a 1808. Los avances de Cádiz se recuperaron durante el Trienio Liberal a partir de 1820, que obligó al rey a jurar la Constitución, hasta que la Santa Alianza acudió en 1823 para restaurar el absolutismo por una década más.