Incompatibilidad entre franquismo y justicia ¡Amnistía total!

¡Amnistía total!

El movimiento contra la impunidad ha realizado una larga experiencia, que se resume en la necesaria derogación de leyes, como la Ley de Amnistía de 1977 que, con otras, ampara los crímenes franquistas e impide la verdad, justicia y reparación. El movimiento memorialista se enfrenta, por ello, a la colaboración con la razón de Estado, que hace posible las leyes de Memoria de Zapatero y Sánchez, con la conclusión de que sin justicia no hay democracia.

Esas referencias nos llevan a comparar la situación española, dominada por la impunidad, con lo sucedido en los países europeos y latinoamericanos que sufrieron crímenes de Estado por regímenes nazis-fascistas, donde se ha llegado a juzgar a responsables de los mismos. El acceso o no a la justicia penal establece las diferencias entre los demás regímenes y el régimen español que, como continuidad de la dictadura, ha establecido la más absoluta impunidad por medio de consensos. El filósofo Jon Elster en un estudio comparado afirma: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia, por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”. La última Ley de impunidad, llamada contradictoriamente de “Memoria democrática”, fue maquillada por el que entonces fuera ministro de la Presidencia, y hoy ministro de Justicia, Félix Bolaños; y no tuvo entonces empacho alguno en declarar que “la Ley ratificaba la vigencia de la Ley de Amnistía como pilar fundamental de la democracia, y que lo único que se pretendía era que la interpretación de dicha norma se efectuará conforme a los Tratados Internacionales”.

Maniobra de términos del fondo de la guerra judicial a la que asistimos en las instituciones y partidos del régimen, que cuajó el pasado día 30 de enero con el rechazo al proyecto de Ley de Amnistía promovido por el gobierno para obtener de los partidos catalanistas los apoyos necesarios para mantenerse en la Moncloa. Ahora las partes disponen de 15 días para tratar de ponerse de acuerdo sobre un texto definitivo, entendiendo que dicha Ley se ha constituido en clave de bóveda del Gobierno y de la misma legislatura. Y es el mismo ministro Bolaños quien aparece de nuevo en el centro de la escena judicial y política.

La Amnistía que se pretende hace referencia exclusiva a la nulidad de los procesos judiciales iniciados a raíz los acontecimientos del proceso que llevó a la proclamación de la república catalana. Magistrados que han jugado un papel en dicha investigación y procedimientos se han movido contra lo pactado en el borrador de la Ley, para que las nuevas causas -reabiertas después de cuatro años- puedan quedar fuera del ámbito de lo acordado. Inventan nuevos delitos “terroristas”, como el de desestabilización de la democracia y la Unión Europea”, llegando a imaginar que el proceso catalán buscaba provocar “una guerra entre la Unión Europea y Rusia” (asuntos que fueron ya archivados por falta de pruebas, pero que han resucitado para tratar de impedir la Ley). La Audiencia Nacional también ha intentado recrear las acusaciones que en su día fueron desestimadas acerca del llamado “Tsunami Democrático”, tratando hacer responsable de dichas acciones al expresidente Puigdemont, y a la secretaria de Esquerra Republicana, ambos en el exilio, acusándoles de “lesiones graves” a policías y “atentados a la autoridad”. La guerra judicial se eleva, en última instancia, a las competencias y sentencias contradictorias entre el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Tales actos judiciales han interferido en la aprobación de la Ley, por lo que los representantes de Junts han exigido reforzar el proyecto, a lo que el Gobierno se ha negado, perdiendo la votación en Cortes. Los franquistas están dispuestos a seguir echando más leña a la larga guerra judicial, intentando quebrar el proyecto de Amnistía, y acabar con el mismo Gobierno. Los letrados del Congreso ponen en duda, por su parte, que dicha Ley pueda superar el listón de los altos tribunales españoles y de la misma Unión Europea.

Al día siguiente el Comisario de la Unión Europea de Justicia reunía en Bruselas al ministro Bolaños y al diputado del PP, González Pons, para tratar de encontrar un punto en común en    la recuperación del consenso perdido, en lo que afecta a los poderes judiciales; dándose un plazo de dos meses para tratar de desbloquear la situación. 

Los interesados en la Ley no han dudado en la tribuna de las Cortes de hablar de jueces que están cometiendo “prevaricación”, para evitar la aprobación de la nueva ley de amnistía. La portavoz del grupo parlamentario de Junts, ha puesto las condiciones en claro, diciendo que quienes apoyan y constituyen el gobierno “tienen dos opciones: votar nuestras demandas y combatir a los jueces que sincronizan sus agendas con las agendas políticas: una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos”. La mayoría de grupos con representación parlamentaria, como el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha denunciado a aquellos magistrados que han “empezado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes”. Añadiendo: “es curioso que haya un juez de la Audiencia Nacional que no viera implicación de Dolores de Cospedal en el caso Kitchen -a pesar de más de 270 menciones en el caso Villarejo …-, pero haya sido tan diligente para encontrar pruebas contra Podemos o haya comenzado a ver “terrorismo retrospectivo en todas partes”. Los portavoces del PSOE han tratado inútilmente de no formar parte de quienes acusan a los poderes judiciales, diciendo: “Para defender está cámara y este parlamento no necesitamos ni descalificar al poder judicial, ni entrar en temas personales”.

El Tribunal Supremo ha recibido ya la exposición del juez García Castellón acusando del delito de “terrorismo” a Puigdemont, y parece que también lo hará el juez Aguirre con nuevas acusaciones contra los principales lideres del procés. Las acusaciones, que se reiteran y agravan cuatro años después, tienen un complejo recorrido. Carles Puigdemont sigue siendo diputado del Parlamento Europeo, gozando de inmunidad parlamentaria. Ahora, la ley ha vuelto a la Comisión de Justicia en exigencia de una Ley de Amnistía integral, que ampare a todos los que participaron directa o indirectamente en el proceso, incluyendo los tipos delictivos necesarios en el Código Penal relativos a terrorismo y traición al Estado.

La Amnistía debería ser General, anulando el procesamiento de todos los supuestos delitos de la movilización social y democrática, que tiene procesados a cientos de luchadores sociales, señalados por la Ley Mordaza e inscritos en el mismo Código Penal. Convertir derechos democráticos en delitos es una vieja tradición reaccionaria muy conocida en España, que no puede volver a pasar. El franquismo y su prolongación -el régimen pactado de la monarquía- es incompatible con la democracia y con el derecho de los pueblos a decidir sobre sus destinos. Y esa incompatibilidad se concentra en la crisis del régimen en su sistema judicial antidemocrático y represivo. Hasta el cuñadísimo ministro de Franco, Ramón Serrano Suñer, ya lo dijo en sus memorias: “El castigo contra los republicanos por el delito de rebelión militar es absurdo, se trata sencillamente de la aplicación de la justicia al revés”.

Franquismo y democracia son incompatibles, como no lo son menos franquismo y justicia, cuando se trata, de nuevo, por parte de las altas magistraturas, de hacer justicia al revés…