Encrucijada constitucional
La historia del constitucionalismo español está marcada por la inestabilidad política. Se trata de un problema no resuelto. Desde las Cortes de Cádiz de 1812, la debilidad de la clase dominante y sus alianzas han condicionado el marco institucional y la gobernabilidad. La dependencia exterior, los pronunciamientos militares y los golpes palaciegos han marcado la dominación política de la burguesía; mientras que los motines -salvo excepciones revolucionarias a destacar- han señalado, en la mayoría de los casos, Nel rumbo de las movilizaciones sociales. Se trata del país europeo más aquejado por crisis constituyentes en su historia, a diferencia de lo sucedido con el papel jugado por la constitución en la historia de Gran Bretaña o de Estados Unidos.
El texto constitucional actual acaba de cumplir 45 años, y es producto del consenso impuesto tras décadas de dictadura, que destruyó las principales expresiones políticas y sindicales, provocando una ruptura histórica en las filas del movimiento obrero y democrático, que ha perdido su independencia política y sindical con respecto al Estado.
Cuando se valora las cualidades del actual sistema político e institucional, y aún sin decirlo expresamente, se parte del papel destructivo de la dictadura y de la imposición de su herencia; lo que se viene a definir como la “fortaleza” del régimen del 78, que ha permitido la relativa estabilidad de estos 45 años con 15 elecciones generales. Estabilidad basada en el hecho de la imposición del pacto social y del consenso político contra la independencia política que debería ser clave para un sistema democrático. La retórica constitucional- de unos y otros- oculta las cuestiones fundamentales del texto constitucional que impiden la soberanía popular y agravan la dependencia exterior; contexto y combinación de factores que, por tanto, conculca la democracia.
El desgaste del actual sistema político e institucional es la primera evidencia que se trata de ocultar, y que ha llevado a la ruptura del consenso. El empate técnico en las urnas no ha conducido, como en otros muchos países, a acuerdos de gobierno de unidad nacional entre grandes partidos, sino a gobiernos apoyados en la mitad de la población y enfrentados a la otra mitad. Dos frentes políticos se han conformado: el frente del gobierno que reitera el acuerdo de las izquierdas oficiales con los partidos nacionalistas periféricos, al que se opone otro frente “nacional”, formado por partidos que proceden de la herencia del franquismo y de sus privilegios. De manera que un sector del PSOE, representado por los antiguos dirigentes que hicieron posible el consenso constitucional (los Felipe, Guerra y cía.) se han sublevado contra la actual dirección de Pedro Sánchez, reclamando acuerdos de gobierno con los partidos franquistas.
Esta reclamación de volver al pasado cuenta con sólidos apoyos en una sociedad intervenida y desarticulada, políticamente hablando. Un 60% de los votantes socialistas entiende que la amnistía es una ley anticonstitucional. El espacio de la constitución del 78 se ha enrarecido; por ello, los partidarios del continuismo del régimen, de uno u otro signo, claman -unos y otros- por la “moderación”, por “el bien general”, que pueda preservar los consensos de 1978. Todos se reclaman de lo mismo, pero sin acuerdo, donde todos quieren detentar el gobierno. La ruptura de Podemos con su matriz política Sumar, dirigida por el PCE y las burocracias sindicales de CCOO y UGT, responde a ese mismo problema de gobernabilidad general. La Ley de Amnistía, negociada entre el PSOE y los nacionalistas catalanes para evitar las condenas a cientos de personas por su papel en el referéndum de 1 de Octubre, se ha convertido en la gota que desborda el vaso de todos los consensos.
A la hora de analizar los hechos, se desconoce que 45 años después buena parte de los consensos de unidad nacional de 1978 han sido superados por la realidad, y que las fórmulas del pasado ya no son capaces de resolver los problemas del presente. La crisis constituyente afecta, en primer término, a la Corona y a las mismas Cortes y sus funciones: eleva al gobierno de coalición por encima de la cámara básica de representación política, pasando de la unanimidad de los consensos a las votaciones donde la diferencia de votos entre los frentes se reduce a mínimos.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975, pero el franquismo vive en la impunidad, en los privilegios, de la familia real en particular. Las movilizaciones contra la amnistía nos devuelven a las banderas, insignias y formas del franquismo que se reiteran sin salida política alguna. El exilio político de Juan Carlos por abuso de poder y corrupción sistémica -el héroe de la Transición según el relato oficial- es una mancha indeleble que sobrepasa también a la persona de su heredero, y hunde el mito de la Transición española, ensuciando todas las instituciones y políticas de consenso pactadas en su reinado que son las actuales, impuestas de forma definitiva por el golpe de Estado palaciego de 1981. La posición y funciones del Rey están realmente en cuestión. La institucionalización de la continuidad del franquismo es incompatible con la sociedad española de 2023, que reclama democracia, a eso se debe, en lo fundamental, la crisis política, institucional y constitucional. La llamada “monarquía-parlamentaria” de la que se reclama la Constitución del 78, como ley de leyes, es la síntesis de dos elementos enfrentados históricamente en la lucha por el poder, y que, por tanto, es un concepto histórico que no puede sino renovarse, pero que la falta de consensos impide su renovación.
La guerra imperialista y la recesión económica anunciada es el verdadero contexto internacional de la lucha de clases internacional, que se refleja en nuestro país en forma de complicidad con las políticas de agresión y armamento de los EEUU, como es el caso de las guerras de Ucrania y Palestina.
La vuelta a la legalidad republicana de 1931-1939 es una tendencia histórica ante la ruptura de los puentes del consenso. La constitución del 78, que durante décadas no ha sido sino papel mojado a la hora de demandar los derechos democráticos y sociales, está superada de hecho, en la medida que ya no garantiza -en la forma que exigen los herederos de Franco- la represión contra los derechos democráticos y sociales, ni la sagrada “unidad de España”. Todo ello unido al hecho de que los partidos franquistas no logran la alternancia, el turnismo en el poder, ni los acuerdos que pudieran llevar a un gobierno de “unidad nacional” del PSOE y del PP en torno a la Monarquía.
La Monarquía es la excepción de las reglas democráticas y la negación misma del principio de igualdad ante la ley, puesto que goza de todos los privilegios, de abuso de poder e impunidad. El obstáculo principal al que se enfrentan los llamados constitucionalistas es la legitimación de una Monarquía, incapaz de afrontar los retos de presente y de futuro; lo que exigiría un nuevo consenso destinado a intensificar su renovación. La reforma monárquica está aparcada desde los tiempos de Rubalcaba, que no se limita en ningún caso a la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona. La modernización y racionalización no ha venido de la mano del traspaso de poderes de Juan Carlos a su hijo Felipe. En discurso reciente el mismo Felipe VI reclamaba “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
La exigencia de un referéndum legal y vinculante sobre Monarquía o República crece en nuestra sociedad como una posible salida política democrática, frente a la encrucijada del actual bloqueo constitucional. ¡Por un proceso constituyente que devuelva la soberanía a los pueblos!
La incapacidad de renovación monárquica y la lucha por el derecho a decidir de los pueblos precipita las demandas republicanas
La historia del constitucionalismo español está marcada por la inestabilidad política. Se trata de un problema no resuelto. Desde las Cortes de Cádiz de 1812, la debilidad de la clase dominante y sus alianzas han condicionado el marco institucional y la gobernabilidad. La dependencia exterior, los pronunciamientos militares y los golpes palaciegos han marcado la dominación política de la burguesía; mientras que los motines -salvo excepciones revolucionarias a destacar- han señalado, en la mayoría de los casos, Nel rumbo de las movilizaciones sociales. Se trata del país europeo más aquejado por crisis constituyentes en su historia, a diferencia de lo sucedido con el papel jugado por la constitución en la historia de Gran Bretaña o de Estados Unidos.
El texto constitucional actual acaba de cumplir 45 años, y es producto del consenso impuesto tras décadas de dictadura, que destruyó las principales expresiones políticas y sindicales, provocando una ruptura histórica en las filas del movimiento obrero y democrático, que ha perdido su independencia política y sindical con respecto al Estado.
Cuando se valora las cualidades del actual sistema político e institucional, y aún sin decirlo expresamente, se parte del papel destructivo de la dictadura y de la imposición de su herencia; lo que se viene a definir como la “fortaleza” del régimen del 78, que ha permitido la relativa estabilidad de estos 45 años con 15 elecciones generales. Estabilidad basada en el hecho de la imposición del pacto social y del consenso político contra la independencia política que debería ser clave para un sistema democrático. La retórica constitucional- de unos y otros- oculta las cuestiones fundamentales del texto constitucional que impiden la soberanía popular y agravan la dependencia exterior; contexto y combinación de factores que, por tanto, conculca la democracia.
El desgaste del actual sistema político e institucional es la primera evidencia que se trata de ocultar, y que ha llevado a la ruptura del consenso. El empate técnico en las urnas no ha conducido, como en otros muchos países, a acuerdos de gobierno de unidad nacional entre grandes partidos, sino a gobiernos apoyados en la mitad de la población y enfrentados a la otra mitad. Dos frentes políticos se han conformado: el frente del gobierno que reitera el acuerdo de las izquierdas oficiales con los partidos nacionalistas periféricos, al que se opone otro frente “nacional”, formado por partidos que proceden de la herencia del franquismo y de sus privilegios. De manera que un sector del PSOE, representado por los antiguos dirigentes que hicieron posible el consenso constitucional (los Felipe, Guerra y cía.) se han sublevado contra la actual dirección de Pedro Sánchez, reclamando acuerdos de gobierno con los partidos franquistas.
Esta reclamación de volver al pasado cuenta con sólidos apoyos en una sociedad intervenida y desarticulada, políticamente hablando. Un 60% de los votantes socialistas entiende que la amnistía es una ley anticonstitucional. El espacio de la constitución del 78 se ha enrarecido; por ello, los partidarios del continuismo del régimen, de uno u otro signo, claman -unos y otros- por la “moderación”, por “el bien general”, que pueda preservar los consensos de 1978. Todos se reclaman de lo mismo, pero sin acuerdo, donde todos quieren detentar el gobierno. La ruptura de Podemos con su matriz política Sumar, dirigida por el PCE y las burocracias sindicales de CCOO y UGT, responde a ese mismo problema de gobernabilidad general. La Ley de Amnistía, negociada entre el PSOE y los nacionalistas catalanes para evitar las condenas a cientos de personas por su papel en el referéndum de 1 de Octubre, se ha convertido en la gota que desborda el vaso de todos los consensos.
A la hora de analizar los hechos, se desconoce que 45 años después buena parte de los consensos de unidad nacional de 1978 han sido superados por la realidad, y que las fórmulas del pasado ya no son capaces de resolver los problemas del presente. La crisis constituyente afecta, en primer término, a la Corona y a las mismas Cortes y sus funciones: eleva al gobierno de coalición por encima de la cámara básica de representación política, pasando de la unanimidad de los consensos a las votaciones donde la diferencia de votos entre los frentes se reduce a mínimos.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975, pero el franquismo vive en la impunidad, en los privilegios, de la familia real en particular. Las movilizaciones contra la amnistía nos devuelven a las banderas, insignias y formas del franquismo que se reiteran sin salida política alguna. El exilio político de Juan Carlos por abuso de poder y corrupción sistémica -el héroe de la Transición según el relato oficial- es una mancha indeleble que sobrepasa también a la persona de su heredero, y hunde el mito de la Transición española, ensuciando todas las instituciones y políticas de consenso pactadas en su reinado que son las actuales, impuestas de forma definitiva por el golpe de Estado palaciego de 1981. La posición y funciones del Rey están realmente en cuestión. La institucionalización de la continuidad del franquismo es incompatible con la sociedad española de 2023, que reclama democracia, a eso se debe, en lo fundamental, la crisis política, institucional y constitucional. La llamada “monarquía-parlamentaria” de la que se reclama la Constitución del 78, como ley de leyes, es la síntesis de dos elementos enfrentados históricamente en la lucha por el poder, y que, por tanto, es un concepto histórico que no puede sino renovarse, pero que la falta de consensos impide su renovación.
La guerra imperialista y la recesión económica anunciada es el verdadero contexto internacional de la lucha de clases internacional, que se refleja en nuestro país en forma de complicidad con las políticas de agresión y armamento de los EEUU, como es el caso de las guerras de Ucrania y Palestina.
La vuelta a la legalidad republicana de 1931-1939 es una tendencia histórica ante la ruptura de los puentes del consenso. La constitución del 78, que durante décadas no ha sido sino papel mojado a la hora de demandar los derechos democráticos y sociales, está superada de hecho, en la medida que ya no garantiza -en la forma que exigen los herederos de Franco- la represión contra los derechos democráticos y sociales, ni la sagrada “unidad de España”. Todo ello unido al hecho de que los partidos franquistas no logran la alternancia, el turnismo en el poder, ni los acuerdos que pudieran llevar a un gobierno de “unidad nacional” del PSOE y del PP en torno a la Monarquía.
La Monarquía es la excepción de las reglas democráticas y la negación misma del principio de igualdad ante la ley, puesto que goza de todos los privilegios, de abuso de poder e impunidad. El obstáculo principal al que se enfrentan los llamados constitucionalistas es la legitimación de una Monarquía, incapaz de afrontar los retos de presente y de futuro; lo que exigiría un nuevo consenso destinado a intensificar su renovación. La reforma monárquica está aparcada desde los tiempos de Rubalcaba, que no se limita en ningún caso a la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona. La modernización y racionalización no ha venido de la mano del traspaso de poderes de Juan Carlos a su hijo Felipe. En discurso reciente el mismo Felipe VI reclamaba “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
La exigencia de un referéndum legal y vinculante sobre Monarquía o República crece en nuestra sociedad como una posible salida política democrática, frente a la encrucijada del actual bloqueo constitucional. ¡Por un proceso constituyente que devuelva la soberanía a los pueblos!
Fuente → elespacioindependiente.wordpress.com
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