Movilización general para detener las provocaciones fascistas
Franquismo y democracia son incompatibles
Los resultados de las elecciones generales abrieron una situación de crisis institucional y el consiguiente vacío político, que está siendo aprovechado por PP y VOX para lanzar una ofensiva contra el PSOE, y de acoso generalizado a sedes y militantes, tratando de impedir las negociaciones de la investidura en Bruselas.
Las algaradas diarias de los grupos fascistas se siguen cobijando en las instituciones del Estado de la monarquía, en las leyes vigentes de secretos oficiales y de amnistía y las mismas leyes de Memoria, que permiten la más absoluta impunidad, formando parte de un plan político con el que buscan imponer una solución reaccionaria a la crisis. Una solución a la medida de los intereses de los franquistas y de la Monarquía. Personajes como Esperanza Aguirre, altos cargos de VOX y continuadores del matonismo franquista, así como grupúsculos del régimen (nazis, falangistas, opusdeístas e integristas en general), dirigen en la calle la violencia y las proclamas de los partidos franquistas. Expresión de que la crisis política del régimen de la monarquía se precipita por días.
En Bruselas, el PSOE y Junts negocian sin claridad un acuerdo, que pueda permitir la investidura de Sánchez. Los plazos políticos se agotan, de manera que el día 27 de noviembre, de no haber acuerdo de investidura, se iría a la convocatoria de nuevas elecciones generales. El hecho de que las negociaciones no tengan lugar, ni en Madrid ni en Barcelona, pone de relieve la situación antidemocrática en la que vivimos: de exilio de una parte de los negociadores, y el hecho mismo de que los que negocian con ellos, para ser investidos en el Gobierno, no han defendido hasta el día de hoy la nulidad de las actuaciones policiales y judiciales contra los representantes del proceso republicano catalán. El hecho es que los dirigentes del PSOE se han dedicado a ocultar el contenido de dichas negociaciones, cuya cuestión central no es sino la exigencia de Amnistía, desconociéndose cuál es su alcance y efectividad. Esto ayuda a la multiplicación del vacío político, en ausencia de un relato democrático contra el aparato de Estado de la reforma franquista y, por tanto, ha creado las condiciones políticas de las movilizaciones fascistas.
Cada día que se prolongan sine die las negociaciones, ocultando a la opinión pública los contenidos de la misma, aumentan los obstáculos y sabotajes de los franquistas a la negociación política en curso. Los responsables se excusan en sus declaraciones en la supuesta existencia de problemas técnicos sobre algunos aspectos del redactado (problemas jurídicos que evidencian la cuestión política de que franquismo y democracia son incompatibles). En realidad, se trata de importantísimos problemas políticos que hay que resolver, sí o sí, y que no pueden sino conducir a la ruptura con las políticas de instituciones franquistas, que se prolongan en el poder del Estado cuarenta años después de la muerte del dictador, gracias a los pactos y consensos que ahora revientan.
Las negociaciones parecen ir más allá de la amnistía. Contemplan la condonación de parte de la deuda de la Comunidad catalana con el Estado, y el traspaso de Rodalies (sistema ferroviario), cuya noticia ha provocado la convocatoria -por el Comité de Empresa de Renfe dirigido por CGT- de varias jornadas de huelga en defensa de los derechos de los trabajadores y del carácter público del servicio.
La rebelión franquista de las togas, de los sindicatos policiales, de los obispos (que declaran inmoral la negociación de una ley de amnistía, cuando llevan cuarenta años protegiendo las leyes de impunidad que tapan sus crímenes), se dan cita los próximos días extendiendo sus agresiones. El domingo 12 es ahora su objetivo de generalización de los altercados.
El dirigente vasco Otegui, y otros de diferentes partidos, ha venido a manifestar que esta es la hora de la movilización democrática de trabajadores y pueblos contra el franquismo: “Hay sectores del Estado profundo que tienen mucho interés en que las cosas no avancen, y nuestra única respuesta es la del 18 de noviembre, cuando vamos a responder en las calles de Bilbao”.
El sabotaje a las negociaciones es una evidencia. Antes de conocer el contenido de los posibles acuerdos, un juez de la Audiencia Nacional (prolongación del franquista Tribunal de Orden Público), que lleva años investigando el llamado “Tsunami Democrátic”, por su papel en las movilizaciones pro soberanistas en Cataluña, y que en su día ya supuso la condena y cárcel de los principales líderes del “procés”, acaba de imputar otra vez (¡qué casualidad!) al expresidente catalán Carles Puigdemont, a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, al diputado de ERC en el Parlament, Rubén Wagsensberg, y a otros dirigentes catalanes, por presuntos delitos de “terrorismo”. La judicatura repleta de franquistas está dispuesta a todo.
El mismo Puigdemont, cuya detención y prisión reclaman las algaradas franquistas, vino a declarar: “Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o con togas”, añadiendo “mientras no se cierre la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre (¡“A por ellos”!), siempre se sentirá la peste a cloaca”. Hasta la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al desafuero del juez, recurriendo el contenido del auto, oponiéndose a las acusaciones de “terrorismo”; cuando en el peor de los casos no se trataría sino de “desórdenes públicos”.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (institución bloqueada por magistrados ocupas que prolongan su poder cuando hace cinco años que venció su mandato) desafía las negociaciones en curso con una declaración oficial señalando que “supone generar una clase política impune por sus delitos”. Definición exacta de la casta franquista a la que ellos mismos pertenecen, dedicada durante cuarenta años a secuestrar la democracia y la voluntad popular. Tales magistrados añaden que las negociaciones de una posible ley de amnistía carecen de un fin “constitucional legítimo”.
El Tribunal Supremo se desmarca por ahora de la programada rebelión franquista, rechazando la suspensión del trámite de la ley de amnistía, solicitada por la “Asociación por la Reconciliación y la Verdad”. El lío político e institucional es tremendo, donde la mayoría de instituciones del régimen coinciden en que “no pueden tolerar que el Estado de salte la Constitución”. Y el Borbón calla, y quien calla otorga. El PSOE y Sumar requieren a PP y Vox que condenen el acoso y la violencia, cuando son los más interesados en poner término al vacío político generado, envalentonando a los franquistas; cuando es la hora de la más amplia movilización política por la ruptura con el franquismo, por la defensa de todas las conquistas.
Las relaciones de las fuerzas parlamentarias están directamente sometidas a la lucha política y de clases. La representación política de trabajadores y pueblos se encoge ante los representantes franquistas, cuando sólo la más amplia movilización democrática y social podrá quebrar el bloqueo, y establecer una relación real entre las fuerzas políticas. En ese contexto de sabotaje por PP y Vox a la negociación de un acuerdo para la formación de gobierno, hay que señalar cómo han pactado en pocas horas la reforma del reglamento del Senado, una medida legislativa destinada a obstaculizar la tramitación de una futura ley de amnistía.
¡Amnistía general, por un proceso constituyente republicano! ¡Romper con el franquismo es la cuestión central de toda política democrática!
Fuente → elespacioindependiente.wordpress.com
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