Encrucijada política e institucional. La solución republicana

La investidura, otra vez la investidura. Desde las elecciones generales del 23 de julio no se habla de otra cosa, como si las demandas democráticas y sociales no fueran urgentes. Después del fracaso de la investidura de Feijóo, Felipe VI ha propuesto un segundo candidato para presidir el Gobierno: el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien compareció para aceptar el encargo real sin señalar la fecha que propone para la investidura. La presidenta de Cortes señaló: “Lo importante es que el candidato tenga tiempo para reunirse con las formaciones políticas”. Como si desde el 23 de julio no hubiera habido tiempo más que suficiente; ocultando que el retraso al que asistimos es producto del bloqueo político, haciendo valer aquello de que “las cosas de Palacio van despacio”. El límite legal para la investidura finaliza el 27 de noviembre, en su defecto deberían disolverse las Cortes y convocar otras elecciones generales.

La investidura del representante del PSOE exige una amplia coalición de ocho o nueve partidos que responden a una amalgama contradictoria de programas, poniendo a prueba la Constitución como Ley de leyes (cuatro de ellos se han negado a acudir a la consulta con el Rey). Por tanto, se trata de una difícil síntesis de propuestas políticas, en muchos casos discordantes, que deberían concluir a más tardar en propuestas definitivas de gobierno. No se trata sólo de investir un gobierno, sino de dotarlo de un programa para el que Sánchez y sus aliados necesitan aunar votos y apoyos todo el tiempo, comenzando por aprobar los Presupuestos Generales del Estado que ya se preparan.

El plan de Sánchez de las negociaciones es llevarlas a cabo en silencio (¡silencio! que se negocia), cuando todo el mundo quiere conocer qué es lo que se negocia, porque de ello depende el cumplimiento o no de sus intereses y aspiraciones. Afirma el candidato que es “un conflicto político en el ámbito de la política”, lo que para nada debería implicar la ocultación de las negociaciones, si se trata de impulsar medidas democráticas y sociales. Quiso subrayar el candidato que, lo que se acuerde, “seguramente tenga que ser avalado por el Tribunal Constitucional”, poniendo de manifiesto su rechazo a la demanda de referéndum de autodeterminación.

La larga investidura se constituye en una nueva encrucijada para el régimen, que deambula entre el bloqueo interno y demandas que forman parte de un proceso de ruptura con las leyes del 78. El anterior ministro de justicia de Sánchez, actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, ya decía que “la amnistía no cabe, es el olvido”. ¡El olvido de leyes e instituciones que promueven la represión contra los trabajadores y pueblos! Y eso es imposible para un régimen basado en la impunidad de los crímenes del franquismo. 

EL PP trata de impedir las negociaciones políticas en curso, una vez que ha fracaso su compra de votos (“tamayazo”) y la movilización populista, vaticinando “un negro escenario en España para los próximos meses”. EL candidato fallido Feijóo pide volver a las urnas de inmediato, acusando al PSOE de buscar apoyos de quienes “no aceptan la legitimidad de la monarquía ni la Constitución”. Y lo hace anticipándose a las posibles negociaciones con una moción en contra de negociar la amnistía, como la aprobada ese mismo día por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Moción que dice: ”El Senado de España manifiesta su absoluta reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno que incluya, como contrapartida, la concesión de una amnistía, expresa o velada, o de cualquier forma de indulto o beneficio judicial, que de un modo u otro busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña”.

Feijóo busca para el sostenimiento del régimen restablecer las relaciones de colaboración con el PSOE en el terreno del bloqueo constitucional, apostando en su impotencia por gobiernos monárquicos del PP-PSOE, de unidad nacional, y mediante “pactos de Estado”, aduciendo que “España se rompe”, si se modifican las Leyes. Las formaciones franquistas (PP y Vox) se han lanzado a la calle para tratar de resolver la crisis política y constitucional mediante la intimidación política y represiva, en tanto que dominan amplios resortes policiales, militares y judiciales.

Por su parte, el gobierno autonómico catalán, a través del Consejo Ejecutivo, vino a subrayar que es Sánchez quien necesita su apoyo, por lo que deberá “escuchar las legítimas reclamaciones de los independentistas y tomar decisiones valientes si quiere volver a ser presidente”. El PNV, ante la gravedad de la crisis política, propone a los partidos una “conferencia constitucional”, que articule un concierto político entre los gobiernos autonómicos de las “naciones sin estado” y el gobierno central. Una propuesta que es un paso en dirección a una posible reforma constitucional dentro de los estrechos márgenes de la misma, para la que las fuerzas que se pueden coaligar en torno a un nuevo gobierno progresista no tienen la mayoría necesaria que exige la misma Constitución.

La “Sociedad Civil Catalana” (SCC) convoca el próximo día 8 en Barcelona una manifestación contra la amnistía, a la que han anunciado su asistencia los máximos representantes del PP y Vox, verdadera coalición de los sectores privilegiados por las políticas de desigualdad del régimen.

Los límites, tardanzas y contradicciones que afectan a las investiduras reproducen los mismos contornos políticos del régimen del 78. La cuestión es si, en el marco de la Constitución del 78, es posible negociar una solución democrática a la represión policial y judicial (la amnistía); y si se puede resolver la misma cuestión nacional, sometida al marco de los estatutos de autonomía que están sobrepasados por las demandas soberanistas mayoritarias. Negociaciones que, por mucho que se quieran esconder, afectan a la raíz misma de la Constitución y a los poderes establecidos en el régimen monárquico. De una forma u otra, a través de las negociaciones en curso para la investidura, o de las propuestas del PNV de “conferencia constitucional», se está tratando de hacer realidad una operación de reforma constitucional imposible, como el de la “cuadratura del círculo”, sinónimo de tarea imposible. Uno de los padres de la Constitución del 78, el eurocomunista Jordi Solé Tura, establecía los límites del texto constitucional del 78, diciendo: “Es lo que tenemos. Ese marco puede adquirir retoques, pero no reformas básicas”. Y tanto la Amnistía General como el Derecho de Autodeterminación exigen un verdadero proceso constituyente y soberano, que no puede sino empezar por la devolución del derecho a decidir de los pueblos sobre la forma de Estado y Gobierno. Embajadas de grandes potencias con intereses en España observan con preocupación el curso de la crisis española, y la repercusión de la crisis en la Unión Europea y la OTAN.

Los salarios y las pensiones, todos los derechos y conquistas sociales, están directamente relacionados con los cambios políticos y constitucionales que se demandan. 

La encrucijada política induce políticas de unidad nacional o unión sagrada, y también aspectos de tipo frente populista. Mientras que la alternativa mayoritaria no es sino la de un proceso constituyente que devuelva la libertad y el derecho a decidir a todos los pueblos: la ruptura política con el régimen del 78, es decir, la solución republicana.