El fiasco programado de las Leyes. El ejemplo de la Ley de Memoria

La demanda republicana como demanda principal de la Memoria laica y democrática

El 19 de octubre de 1922, hace ahora un año, se aprobó La Ley de Memoria Democrática que sustituyó a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Quince años, por tanto, de vigencia de leyes de Memoria que merecen un balance político de su existencia, alcance y aplicación a la luz de los hechos. Resulta de total aplicación aquello de “quien hizo la ley hizo la trampa”.

Los altos dirigentes del PSOE de los gobiernos monárquicos, que promovieron las Leyes de Memoria, tanto la de Zapatero como la de Sánchez, no dudaron en manifestar que “constituye un deber moral para aquellas sociedades que han conquistado la democracia tras sufrir regímenes dictatoriales. Se trata de una obligación ética ineludible para valorar debidamente lo conquistado, para evitar el olvido y para neutralizar los intentos de reversión”. Afirmando, además, “La ley de la Memoria Democrática constituye una buena oportunidad para reafirmar los principios constitucionales y la convivencia democrática”. Texto que viene a reivindicar la Transición de 1978 y la Ley de Amnistía de 1977, “que forma parte indeleble de aquel proceso que alumbró nuestro vigente sistema de derechos y libertades”. Pero la Constitución es justamente la negación de la democracia y la República.

En las declaraciones de los responsables de promover la Ley de Memoria Democrática se venía a decir: “Tres son los grandes propósitos. Celebrar la democracia que abrió la Constitución de 1978, como el periodo más brillante de nuestra historia contemporánea. Preservar, reconocer, dignificar y reparar la memoria de quienes sufrieron represión por defender los principios democráticos. Y garantizar que la sociedad española no vuelva a cometer los errores de nuestro pasado más trágico”. 

Pero esa Ley ha constituido un completo fiasco. Algo que no es una excepción en la profusión legal de normas que carecen de valor en el sistema político vigente, como es el caso de la reciente Ley de vivienda, de la Ley del sí es sí, y de muchas otras que podríamos citar, que se reclaman de un sistema no democrático. El régimen político de la monarquía es un verdadero experto en vender gato por liebre, cuando de violar derechos democráticos y sociales se trata.

La izquierda oficial, que tan falsamente vendió la Ley de Amnistía de 1977, como una ley de “reconciliación nacional de los españoles” y “de libertad para los presos políticos”, sigue ocultando, después de cuarenta años, que no buscaba sino la más absoluta impunidad de los crímenes del franquismo: los crímenes de guerra y de la dictadura que, para el derecho internacional, no son prescriptibles ni amnistiables. Hicieron de la Ley de Amnistía de los crímenes del franquismo un principio de la estructura política y judicial que, según decían, “recoge una reclamación histórica de la oposición antifranquista”. Una estafa política y judicial de enorme envergadura y trascendencia, que se constituyó en el pilar de los pactos de la Transición para prolongar el régimen franquista, y que vinieron a ensanchar los privilegios y corruptelas del poder del “atado y bien atado”.

Se ha vendido que, en la nueva Ley de Memoria Democrática, figura que las condenas de todos los tribunales franquistas son declarados ilegales; pero la realidad nos dice que ni una sola condena ha sido anulada. Como ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha venido a reclamar, hace unos días, la declaración de ilegalidad de la detención, tortura y asesinato de Lluis Companys, quien fue presidente republicano de la Generalitat.

La Ley aprobó “redefinir el concepto de víctima”, incluyendo a toda persona “que haya sufrido, individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales”. Pura retórica y a todos los efectos papel mojado, como la Ley en general.

Así mismo, se aseguraba que el Estado asume la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura; pero hasta la búsqueda de los restos de las víctimas secuestradas desde hace cincuenta años en el Valle de los Caídos (la mayor fosa común de España financiada por el Estado donde siguen secuestrados los restos de 33.833 víctimas) ha sido prohibida por los juzgados competentes. Un juzgado de Madrid ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento del San Lorenzo de El Escorial, por el que concedió licencia para las obras necesarias para acometer las exhumaciones del Valle de los Caídos. Entre los demandantes se encuentra la Fundación Francisco Franco, que según la Ley de Memoria debería haberse declarado ilegal, como todas las demás organizaciones que exaltan la legalidad de los crímenes franquistas.

La Ley de Memoria dice “garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”, de forma que las leyes españolas quedarían supeditadas al “Derecho Internacional”; pero los tribunales han inadmitido todas las querellas presentadas por las víctimas de tortura, y las han declarado “hechos prescritos y amnistiados en base a los principios de legalidad penal, de irretroactividad de disposiciones judiciales y de la vigencia de la Ley de Amnistía”. La Ley nunca anuló la doctrina anti víctimas al respecto del Tribunal Supremo y, además, sigue vigente el criterio Constitucional por el que solo existen las víctimas del terrorismo de ETA. Doctrina que establece la desigualdad ante la ley, lo contrario a la democracia. Las víctimas franquistas tienen todos los derechos; mientras que las víctimas del franquismo están sometidas desde hace noventa años al desamparo y a la más completa impunidad.

Cuando se consiguió, mediante la querella argentina, el encausamiento de algunos personajes del régimen, imputados por crímenes contra la humanidad, como fue el caso de Martín Villa, todos los resortes del Estado y todos los consensos se pusieron en marcha para impedir el procesamiento, presionando en tal sentido al Estado argentino, hasta que altos tribunales anularon su procesamiento. 

Otros hechos en la misma dirección: el acceso público a los documentos del franquismo y de la Iglesia continúa prohibido por la Ley de Secretos Oficiales; la creación de lugares de la Memoria Histórica sigue siendo una entelequia; las demandas de espacios de Memoria como la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, los terrenos de la cárcel de Carabanchel, la comisaría de Vía Laietana de Barcelona o el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, siguen negadas. La apología del franquismo sigue vigente sin mayores consecuencias. El saqueo de tierras, inmuebles y todo tipo de bienes, que fueron robados a las víctimas siguen figurando en los Registros de la Propiedad a nombre de los herederos del régimen. Esta es la realidad. 

Miles de símbolos franquistas y de la Iglesia de la guerra y la represión siguen en pie. Todos los grandes monumentos franquistas siguen exaltando el alzamiento de los vencedores de la guerra, a las tropas y generales que sitiaron Madrid, bombardearon las principales ciudades y hambrearon a la población hasta la muerte, cometiendo graves crímenes contra la humanidad. Todo ello sigue oculto y en pie, sometido al olvido e impunidad de las leyes e instituciones del régimen monárquico.

En definitiva, la Ley de la Memoria se olvida de los derechos inalienables de las víctimas y de sus reclamaciones hasta el día de hoy. Pero también se olvida, y esto no es de menor importancia, de los derechos democráticos y sociales destruidos, y de las instituciones democráticas y republicanas que fueron arrasadas por el franquismo, que la monarquía representa. Memoria y República son por tanto inseparables, y lo que pretende la Ley de la Memoria oficial no es otra cosa que tratar de prolongar la impunidad para cerrar el paso a las aspiraciones igualitarias y republicanas que persisten en nuestra sociedad.