Cerradura y cerrojo judicial en la ley de Memoria Democrática

 

Ni con la nueva ley de Memoria democrática, ni con la fiscalía pronunciándose a favor. La investigación de los crímenes cometidos por la policía franquista siguen siendo un terreno prohibido en los juzgados de Barcelona donde se acaba de rechazar un nuevo caso. En concreto ha sido la juez de instrucción 18 que se ha pronunciado en contra de la admisión de la querella presentada por Carles Vallejo pidiendo investigar las torturas que sufrió en la jefatura superior de policía de Via Laietana en 1970 y 1971.

El argumentario de la jueza, Carmen García Martínez, vuelve al clásico parapeto legal que han construido, hasta ahora, los jueces que se han pronunciado en contra de investigar querellas contra los verdugos del franquismo. Por un lado la prescripción de los hechos, el principio de que una ley no puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de una persona y la ley de amnistía de 1977.

Éste no es el primer supuesto de inadmisión en un juzgado de Barcelona. Entre otros hubo la negativa a investigar a Carlos Rey, redactor de la condena a muerte de Salvador Puig Antich, en 1973, esgrimiendo los mismos motivos jurídicos.

La decisión de la juez ha sorprendido porque en su día la fiscalía de Barcelona se pronunció en favor de los intereses del querellante pidiendo que se abriera una investigación. También ha sorprendido porque en Madrid sí se ha abierto una investigación por idénticos hechos en el caso de las torturas sufridas por Julio Pacheco.

El firmante de la querella, Carles Vallejo, y una de las abogadas, Sònia Olivella, ya han anunciado su intención de presentar batalla legal con un recurso en el archivo de la querella. El primer paso será la Audiencia de Barcelona y hay intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional, si fuera necesario. También se ha anunciado que se seguirá presentando querellas y la siguiente la firmarán los hermanos Ferrándiz, militantes comunistas detenidos en 1971 en Barcelona y torturados también en Via Laietana.

El departamento de Justicia, personado en el caso, también ha anunciado su decisión de presentar recurso al archivo dictado por la juez de instrucción 18. La consejera, Gemma Ubasarts, sostiene que con la nueva ley "esa consolida" un escenario que debe hacer posible abrir investigaciones judiciales sobre estos casos.