Elena de Sus
El Ayuntamiento de Málaga se suma a otros gobernados por las derechas y acuerda crear esta institución, que no aporta cambios significativos a la política municipal, pero impulsa el discurso ultraderechista sobre vivienda
El lunes 18 de septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó la propuesta de Vox de crear una “oficina antiokupas”. Este organismo dependerá, según informa Málaga Hoy, de la ya existente Oficina del Derecho a la Vivienda (ODV) y, de acuerdo con el consejero de Vivienda, Francisco Pomares (PP), sus funciones serán similares a las que esta venía realizando. Un rebranding que resulta significativo. La nueva oficina elaborará un registro municipal de okupaciones. Vox también había propuesto que la Policía Local pudiera tramitar denuncias de allanamiento o usurpación de vivienda, pero ha tenido que retirar ese punto porque esta competencia corresponde a la Policía Nacional.
La creación de estas oficinas “antiokupación” ha sido una de las señas de identidad de las administraciones recientemente formadas por el PP y Vox. Ofrecen, sobre todo, asesoramiento para propietarios u otros ciudadanos preocupados y un teléfono de atención. En el caso de Madrid al menos, el personal de la oficina se pone en contacto con la policía o la justicia si así lo considera.
La Comunidad de Madrid anunció su oficina antiocupación en enero de 2022. Un año y medio después, la presidenta Isabel Díaz Ayuso informaba de que había recibido unas 1.800 llamadas y había “resuelto 18 casos”. Castilla y León, con gobierno de PP y Vox, estrenó la suya en mayo de este año. Recibió 34 consultas en su primer mes de funcionamiento. El nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana, también de PP y Vox, ha anunciado su intención de poner en marcha este servicio.
La necesidad de estas oficinas ha sido puesta en duda por el número relativamente bajo de casos que han atendido. Las cifras muestran que su creación no responde a una “alarma social”, como afirman sus promotores. Es posible que su objetivo sea, más bien, contribuir a crearla.
En el último barómetro del CIS, solo un 1,5% de los encuestados consideró “la ocupación de viviendas” como uno de los principales problemas del país y el 1,2% afirmó sentirse afectado por ella. Sin embargo, el 10% identificó “la vivienda” como uno de los problemas más importantes y el 10,2% declaró que le afectaba.
En 2022 hubo unas 16.000 denuncias por allanamiento o usurpación, los tipos penales que se corresponden con la llamada “okupación”. Una cifra muy inferior a los más de 38.000 desahucios.
En España, el 75% de los hogares son propietarios de su vivienda (tengan o no hipoteca pendiente), pero solo el 15% dispone de una segunda residencia, según el INE. Algunos estudios apuntan que la propiedad de la vivienda se está concentrando cada vez en menos manos. El porcentaje de inquilinos va en aumento y la edad de emancipación de los jóvenes se retrasa. Los grandes bancos españoles se están subiendo al carro de las hipotecas inversas, con las que personas mayores venden su casa a la institución financiera. Solo tenemos un 2,5% de vivienda social, lo que nos sitúa a la cola de la Unión Europea.
De acuerdo con los últimos datos de la agencia de tasación Tinsa, el metro cuadrado de vivienda libre en venta en la ciudad de Málaga cuesta unos 2.000 euros, por lo que comprar un piso de 90 metros cuadrados costaría de media 180.000 euros. Teniendo en cuenta que la renta neta media de los hogares ronda los 30.000 euros según el INE, el pago de la vivienda supone un esfuerzo muy considerable para quien tenga que hacer frente a él.
“Okupación” es un concepto que tiende a expandirse como los gases. Diversos estudios señalan que la gran mayoría de las “okupaciones”, entendidas como entradas en una vivienda mediante “patada en la puerta”, se producen en pisos vacíos que son propiedad de bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, las historias que suelen aparecer en los medios, y que afectan a particulares, se refieren normalmente, si te fijas, a inquilinos con impagos, o a conflictos con inquilinos que han sido subarrendados ilegalmente por los propios denunciantes. Ya se ha normalizado el término “inquiokupa”.
La decisión de poner el foco en la “okupación” como problema clave a resolver y de analizar diversas situaciones (allanamiento, usurpación, impagos, etc.) utilizando esta categoría, contribuye a culpabilizar a los expulsados, estigmatizar a quienes intenten resistirse, legitimar los desahucios y las eventuales iniciativas legislativas para facilitarlos. O incluso, como llevamos un tiempo viendo, a las empresas que los ejecutan extrajudicialmente mediante acoso e intimidación.
El lunes 18 de septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó la propuesta de Vox de crear una “oficina antiokupas”. Este organismo dependerá, según informa
Fuente → ctxt.es
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