La Fiscalía pide penas de cárcel para cuatro antifascistas de Valencia que se enfrentaron a un grupo neonazi

 

El 30 julio de 2021, cuatro antifascistas se encontraban cerca del estadio del Mestalla, en Valencia, cuando, tal y como informó la Directa , se toparon con un grupo de neonazis vinculados a organizaciones de ultraderecha: la formación política España 2000 , el colectivo juvenil neonazi Bastión Frontal y Ultra Yomus, el grupo de animación de extrema derecha del Valencia CF. Según relatan, “cuando los fascistas nos vieron, empezaron a proferir insultos racistas hacia dos de nosotros por ser de origen sudamericano. A raíz de ello, la tensión aumentó y hubo un rifirrafe de pocos segundos”. A continuación, los cuatro antifascistas huyeron corriendo hasta que, a pocos metros, fueron interceptados por dos agentes de paisano de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Valencia, adscrita a la Policía Nacional española. Los retuvieron a punta de pistola, aunque, aseguran, no opusieron ningún tipo de resistencia contra la policía. En ese momento, sólo los identificaron y los soltaron. Sin embargo, al cabo de unos días, los cuatro fueron citados y acabaron detenidos durante más de diez horas en la comisaría de Sapadors. El grupo de neonazis que participó en la pelea les había denunciado.

Tres de los cuatro investigados están acusados ​​de un presunto delito de lesiones y de lesiones leves con agravante ideológico, mientras que el cuarto antifascista, aparte, está acusado de una segunda agresión física a un grupo de extrema derecha, que se habría cometido el 11 de junio de 2022 en la calle Serpis de Valencia. Esta acusación es fruto de las declaraciones de un neonazi que, a raíz de la pelea del 30 de julio, decide acudir a comisaría para interponer una denuncia, ya que, asegura, sufrió una agresión similar y pudo identificar al presunto autor. Hace dos semanas, los encausados ​​recibían la petición de penas de la Fiscalía. Pide cuatro años de cárcel para cada uno de los tres acusados ​​de los delitos de lesiones y lesiones leve, y seis años para el cuarto antifascista, además de la inhabilitación para el derecho al sufragio el tiempo que dure la condena y un total de 10.570 euros en concepto de pena-multa e indemnizaciones. Ahora se encuentran a la espera de conocer la fecha del juicio.

Según denuncian los acusados, los neonazis "cuentan con la complicidad de la Brigada de Información", la cual estaría "actuando como incitadora para intentar sesgar al movimiento antifascista". "Al menos es curioso que, después de haber sufrido insultos racistas, hayamos sido nosotros los asediados por la policía, encañonados, denunciados y detenidos", manifiesta uno de los antifascistas encausados. Los cuatro han lanzado una campaña de difusión y solidaridad bajo el nombre de “Los 4 antifas de Valencia” , en cuyo marco este miércoles hacen públicas las peticiones de la Fiscalía y denuncian “el ensañamiento” que están recibiendo a través de las redes.

Antonio Martínez Alberto, María de los Ángeles Murillo Cervantes, Jorge Plaza Vallés y Jesús Manjavacas Alonso son las cuatro personas que aparecen como denunciantes. Tal y como publicó este medio , el valenciano Jorge Plaza Vallés, conocido militante en el entorno ultraderechista, trabajaría para la empresa de desalojos extrajudiciales Fuera Okupas y es miembro de Bastión Frontal. Plaza también formaría parte de Juventud Nacional, la sección juvenil de España 2000, para quien ha colaborado como miembro del servicio de seguridad en varias de sus movilizaciones.

El resto del grupo también guarda relación con España 2000, tal y como demuestran algunas fotografías de ellos en la puerta de la sede de la formación o de ella junto al líder del partido, José Luis Roberto, alias El Cojo . Según ha podido confirmar la Directa , el vínculo de los demandantes con España 2000 se estrecha hasta el punto de que su abogada es María Roberto Ramón, hija de José Luis Roberto, conocido por su relación con el negocio de los prostíbulos y empresas de seguridad como Levantina de Seguridad SL. María Roberto Ramón es miembro del despacho de abogados Roberto & Salazar, que ha defendido a neonazis como los detenidos en la operación Pánzer o ha encabezado la demanda contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mònica Oltra (Compromís).

La abogada de los denunciantes pide penas de hasta ocho años y tres meses de cárcel para los tres de los antifascistas y catorce años y tres meses para el antifascista que también habría participado en la agresión en la calle Serpis, así como un embargo cautelar de 7.600 euros. En concepto de penas-multa e indemnizaciones, exige cerca de 80.000 euros, sumando las peticiones para los cuatro acusados.

Según manifiesta BT, uno de los encausados, “toda esta desproporción judicial hace pensar que padre e hija trabajan codo con codo con el objetivo de ver a los antifascistas entre rejas”. “Haber presenciado –continúa– cómo el movimiento antifascista ha hecho retroceder a las organizaciones racistas, xenófobas y homófobas como España 2000 en todo el País Valenciano, les ha puesto entre la espada y la pared. Han elegido una cabeza de turco como condena ejemplar contra todas aquellas que plantan cara al fascismo en las calles. Mientras, El Cojo y sus acólitos están señalando públicamente por redes a quienes somos los encausados ​​con el objetivo de crearnos miedo, amenazarnos y difundir su discurso de odio, como si fuéramos un trofeo”. En palabras de BT, después de que el 9 de octubre de 2018 "los antifascistas demostramos que estamos unidos contra su intolerancia, quieren intentar vencernos por vía judicial".

Otro de los cuatro encausados, NA, apunta: “Este señalamiento político desde la extrema derecha es un motivo más para ir con la cabeza bien alta, porque tenemos la certeza de que nuestro deber como ciudadanos y como antifascistas es no regalar las calles a este grupo de racistas. No claudicaremos”.

Para poner en contexto las declaraciones de los acusados, el 9 de octubre de 2018, el antifascismo valenciano se organizó de forma transversal para dar una respuesta unitaria a los hechos del año anterior. El 9 de octubre de 2017 tuvo lugar el caso más representativo de los últimos años de la violencia de la extrema derecha contra personas que ejercían su derecho a manifestarse. Militantes y simpatizantes de España 2000, Ultras Yomus, Defendemos Valencia, Avant y el Grupo de Acción Valencianista (GAV), entre otros, sembraron el terror con insultos y amenazas hacia las manifestantes que salieron a la calle para participar en la tradicional manifestación de la tarde. Agresiones, vejaciones y humillaciones protagonizaron aquella jornada de reivindicación, en la que la policía, lejos de garantizar la seguridad de los manifestantes, dejó que los ultras se acercaran a pocos metros y agredieran a participantes y periodistas.

Un año después, el que tenía el objetivo de atemorizar y censurar a la izquierda valenciana resultó generar un efecto rebote, con la convocatoria de una manifestación que desbordó las calles de Valencia . Fue el resultado de un año de trabajo coordinado entre los colectivos antifascistas del País Valenciano, que vertebraron el territorio valenciano con columnas desde Alicante, Elche, Gandía, Ribera, Castellón de la Plana y otras comarcas. Los hechos remarcaban la consigna que se repetía una y otra vez: “Las calles serán siempre nuestras”.

Una veintena de antifascistas perseguidos

Han pasado cinco años de esa manifestación histórica, aunque ha habido más actos y movilizaciones convocadas por el antifascismo valenciano. Durante este tiempo, la persecución a activistas antifascistas ha estado muy presente. Un ejemplo son los catorce jóvenes de Pego , que se enfrentan a penas de prisión por haberse movilizado contra la presencia de ultras vinculados a Gandiblues . También, hace unos días juzgaban a un vecino de Castellón de la Plana, condenado a 8 meses de cárcel por “amenazas” de muerte al líder de Vox , Santiago Abascal. Según defiende el antifascista, se trata de “un montaje policial”. En Alicante cuatro jóvenes se encuentran a la espera de un juicio en el que se les pide 1.500 euros de multa y tres años de cárcel por movilizarse contra un acto de Vox en la Universidad de Alicante. También está el caso de los tres detenidos durante una concentración antifascista en 2020 en rechazo a una manifestación convocada por España 2000 en el barrio de Benimaclet.

A éstos se suma la causa contra los cuatro antifascistas de Valencia. Desde la calle hasta las instituciones, el fascismo “intenta empapar cada rincón”, alerta el acusadoN. A. “Nos encontrarán delante –añade–, dando la cara por la memoria y dignidad. Somos sólo una pieza diminuta en medio de todo el engranaje de soporte, solidaridad y lucha de clase. A cada lado tenemos miles de antifascistas que ya han demostrado que, cuando es necesario, responderán contra las agresiones, la represión, el chantaje y la censura”.