La Iglesia Católica se tiene que autofinanciar y pagar impuestos
Juanjo Picó: «La Iglesia Católica se tiene que autofinanciar y pagar impuestos» / Gema Delgado

“Es el gobierno es el que tiene la responsabilidad de acabar con los privilegios de la Iglesia y con los Acuerdos con la Santa Sede. Pero nadie se atreve”

España es cada vez menos católica. Si hace cuarenta años sólo el 8,5% de la población se manifestaba no creyente, hoy cuatro de cada diez personas se declaran ateas, agnósticas o indiferentes ante la religión. En los más jóvenes la cifra se eleva hasta el 60,3% entre la población de 18 a 24 años, y al 57,9% entre quienes tienen de 25 y 34 años. Son los datos del estudio Laicidad en cifras 2023 realizado por la Fundación Ferrer Guardia. Hoy sólo el 18,7% de la población se declara creyente practicante, y se concentra en las personas más mayores.
 

Este año vuelve a marcar record y eso se traduce a las ceremonias religiosas.

Ya hay pocas parejas que se casen por la Iglesia. Ocho de cada diez bodas se realizan por lo civil, y en Cataluña, el País Vasco, Baleares y Canarias, el porcentaje aumenta aún más: nueve de cada diez matrimonios son civiles.

Juanjo Picó, presidente de Europa Laica cuenta en esta entrevista a Mundo Obrero que la iglesia católica ha perdido el monopolio de la moral pública y privada. “Ahí tenemos la ley del divorcio, del aborto, del matrimonio igualitario, la ley de la eutanasia, de identidad de género, de investigación bioética… ha perdido el monopolio del magisterio. Además tiene sus puntos débiles: pederastia, fraudes, falta de transparencia… Pero la Iglesia sigue siendo es un lobby de poder a nivel mundial, y también español. Además del culto tiene el negocio. Por eso no suelta nada de la enseñanza, ni de los acuerdos”. Lo que a la Iglesia le interesa y tiene “atado y bien atado”, insiste el presidente de Europa Laica, es el poder económico, político e ideológico a través de la enseñanza, incluyendo la concertada. La Iglesia católica es la única entidad privada a la que se le asigna dinero directamente del Impuesto de la Renta a Personas Físicas (IRPF). Entre el dinero que le aporta el Estado y el que este deja de recibir por exenciones fiscales, “estamos hablando de 12.000 millones de euros anuales que deberían ir a la hucha común, de la que se sacan los Presupuestos Generales del Estado, y que no lo hacen”. En resumen, ateos, agnósticos y practicantes de otras religiones están financiando, a su pesar, a la Iglesia Católica en España.

Y no es que la institución católica viva austeramente, es la mayor propietaria privada de patrimonio en España. Y lo rentabiliza bien. El Estado paga el mantenimiento del Patrimonio Histórico, pero el beneficio que le saca la Iglesia Católica va directamente al cajón de la institución. ¿Qué hace con tanto dinero la Iglesia Católica? Aunque tentador, este no es el capitulo de hoy. El asunto en el que nos centramos en esta ocasión, y que preocupa a Europa Laica, es de dónde llega ese dinero; por qué no pagan impuestos como hace todo el mundo; por qué les financia el Estado en lugar de hacerlo sus fieles; por qué lo privado que no es de interés general se financia con lo público; por qué los centros educativos están obligados a dar una asignatura de religión católica desde los 3 a los 18 años, dentro del horario escolar y con profesores pagados por el Estado, en lugar de hacer esa formación en el ámbito privado y a cargo de los fieles, como correspondería… Y, sobre todo, por qué nadie se atreve a acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia que tantos millones cuestan a erario público.

“Sólo el 18% de la población se declara católico practicante; 8 de cada 10 parejas ya no se casan por la Iglesia; y la mayoría del alumnado de los centro públicos no estudia religión”

“Han pasado 45 años de la Transición y todavía tenemos la asignatura pendiente de la laicidad. Quiero aclarar que la laicidad no es antirreligiosa. Es un valor democrático de la Ilustración. Nosotros defendemos la libertad de conciencia y religiosa, lo que denunciamos es la injerencia de lo privado y de las creencias, en lo público” dice Picó .“En cualquier caso, quien tiene la responsabilidad de poner orden y concierto es el poder político, que es el que hace el BOE y quien mantiene las leyes fiscales, de financiación, de educación, el código penal con la ofensa a los sentimientos religiosos, las inmatriculaciones. Por eso Europa Laica apela a la responsabilidad del poder político que es el que tiene que mover ficha”.

GEMA DELGADO: Hace unas semanas nos levantamos con la noticia de que el Gobierno había acordado con la Santa Sede suprimir los privilegios fiscales a la iglesia, en concreto el de las Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO). Presumía el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que con esto se había quitado los privilegios a la Iglesia.

JUANJO PICÓ: Es una tomadura de pelo por parte del gobierno y de la Iglesia Católica. En 2017 una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determinó que la supresión del pago del impuesto de Comienzo de Obras (ICO) era competencia desleal. La Comunidad Europea entiende que son ayudas de Estado y que en una economía de mercado no están permitidas.

El gobierno español estaba obligado a cobrar ese impuesto, igual que pasó con el IVA. Así que de entrada queda fuera de lugar lo de que la Iglesia «renuncia a»; no es que renuncie a un privilegio, es que está obligada a pagar. Y lo tenían que haber aplicado de oficio hace ya bastante tiempo.

“La Iglesia es un lobby de poder. Aunque perdido el monopolio de la moral pública y privada quiere mantener amarrado el poder político, económico y la enseñanza”

Aquí el gobierno cuenta medias verdades, y por tanto falsedades. La Iglesia sigue teniendo una situación de privilegio económico y fiscal que no tienen otras organizaciones sociales. En lugar de suprimir ese privilegio, dos semanas después, el gobierno amplía ese régimen de exención total de impuestos a la iglesia ortodoxa, los testigos de Jehová, los mormones y los budistas. es un retroceso en el camino hacia la laicidad ya que más que en respetar la aconfesionalidad constitucional lo que se está haciendo es dar privilegios a una multiconfesionalidad.

G.D.: ¿Cuáles son esos privilegios fiscales que conserva aún la Iglesia Católica?

J.P.: Por ejemplo, no pagan el IBI, pero es que ni siquiera lo hacen en los edificios e inmuebles en los que la Iglesia Católica tiene rendimientos mercantiles, como pasa por ejemplo con el hotel que los Padres Mínimos tienen en Girona. Con la caída de la vocación religiosa cerraron el convento de Begur y lo reconvirtieron en un hotel de cuatro estrellas; lo tienen alquilado a una empresa pero como la titularidad es de la Iglesia no pagan el IBI. Todos los hoteles de la Costa Brava se quejaron de que eso era una competición desleal. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a la Iglesia e impidió que el Ayuntamiento cobrara el impuesto municipal. Así que, bien por lagunas que hay en la legislación, bien por aplicaciones de la propia judicatura, la Iglesia sigue disfrutando de beneficios fiscales de todo tipo.

Y tienen más de 100.000 inmuebles entre los que se incluyen garajes, jardines, aparcamientos, fincas urbanas, fincas rústicas, pisos, parroquias, catedrales… Tiene un inmenso patrimonio inmobiliario, incrementado aún más por el expolio de las inmatriculaciones realizadas y que el Gobierno da por buenas mirando hacia otro lado. La institución católica, la mayor propietaria privada de patrimonio en España, se acoge a las exenciones para ONG para arrendar pisos y locales sin pagar IBI. Tampoco paga ni el Impuesto de Sociedades, ni Impuesto el de Actividades Económicas, ni el de Plusvalía, entre otros .

Con las exenciones fiscales de la Iglesia católica, cada año el erario público deja de ingresar 2.000 millones de euros, además de las ingentes cantidades que recibe en forma de subvenciones directas de las autoridades centrales, autonómicas y municipales. Y luego dice Bolaños que no tienen ningún privilegio fiscal. Lo peor es que nadie habla del dinero que se pierde aquí, que es muchísimo.

G.D.: Volviendo al titular de la noticia de Bolaños, utilizan un verbo peculiar: el gobierno «acuerda» con la Iglesia. ¿Desde cuando cada contribuyente “acuerda” con el Estado los impuestos que tiene que pagar?

J.P.: La situación es kafkiana: parte de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que tomaron cuerpo legal en la Ley de Mecenazgo, que es donde radica toda esta exención de impuestos. Dichos acuerdos dicen que cualquier modificación de los mismos tiene que ser hecho por mutuo acuerdo. Eso es una cesión de soberanía total y que se resume en obligaciones y costes para el Estado y ningún compromiso para la Iglesia.

“Europa Laica exige que desaparezcan las casillas de la asignación tributaria del IRPF: ni para la Iglesia Católica ni para Fines Sociales; que todos los impuestos queden en la hucha de lo común”

El Estado Vaticano está modulando la legislación, normativa y comportamientos internos de otro Estado. Un Estado extranjero ha impuesto sus condiciones a un gobierno que se queda con una soberanía limitada; y lo ha hecho, con el beneplácito de Franco, en aquel momento, y con la corresponsabilidad de todos los gobiernos que han mantenido y mantienen estos acuerdos. Cuando la Unión Europea en 2007 obligó al gobierno de España a que cobrara el IVA a la Iglesia, la Iglesia dijo que había que negociarlo por mutuo acuerdo. Lo hicieron y salieron ganando: a cambio de cumplir con la obligación impuesta por la UE, el gobierno de Zapatero les subió el IRPF del 0,5% al 0,7%. Esto es un chalaneo.

G.D.: Después de todo el escándalo que hubo de las inmatriculaciones. ¿Se modificó algo?
J.P.: Se ha quedado muerto. Europa Laica y muchos colectivos patrimonialistas a nivel del Estado tienen estimados que a partir de 1946 y hasta 2015, que es el periodo en el que la Iglesia pudo inmatricular inmuebles por la cara, son unos 100.000 bienes. De ellos el gobierno sólo ha publicado, y de forma incompleta, unos 35.000 que son de 1998 al 2015 cuando el gobierno de Aznar permitió inmatricular también los bienes de culto. ¡Eso no puede ser!. Es el mayor expolio inmobiliario de los bienes histórico y artísticos de España. Al menos los bienes inmatriculados desde el año 1978 son de una inconstitucionalidad sobrevenida mayúscula. Ese privilegio otorgaba a la Jerarquía Católica ejercer de Administración Pública actuando como un notario. Se dejó pasar, nadie lo reclamó y ahora es un litigio que está ahí muerto y que el gobierno ya da por amortizado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está mirando para otro lado a pesar de que en el punto 5.11 del acuerdo de gobierno se comprometió a darle una solución, pero no quiere saber nada.

G.D.: ¿A cuándo se remontan los privilegios de la Iglesia católica en España y qué cambió con la Transición?

J.P.: En el más inmediato pasado está el Concordato de 1953, que era una contraprestación de Franco por el apoyo que había recibido de la Iglesia Católica durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura. Y de ahí arranca todo. En el Concilio Vaticano II, en los años sesenta, la Iglesia Católica ya preveía que vendrían tiempos de democracia; igual que lo pensaba el franquismo. Y el Concordato tenía unos elementos impresentables en un marco democrático, desde decir que la religión oficial del Estado es la Iglesia católica santa apostólica y romana, a que todos los sacerdotes rezarían tres veces diarias por el Caudillo de España. Y en ese marco hicieron los Acuerdos de 1976 y los cuatro acuerdos de 1979 que tocaron el Concordato mejorándolo pero dejando atado y bien atado los únicos aspectos que le interesan a la Iglesia Católica y que quiere mantener amarrados: el poder político, el poder económico y la enseñanza. En todo lo demás hubo sus apaños para quitarle las aristas antidemocráticas. Todo el posfranquismo inmediato lo firmó.

«Quien quiera donar dinero a la Iglesia Católica o a una ONG debe pagarlo de su bolsillo con una cantidad extra después de pagar impuestos pero no detraerlo del dinero que es de todos y para todos»

El poder económico lo consigue no sólo a través de la asignación tributaria a la Iglesia católica con el 0,7% del IRPF, que es la punta del iceberg, sino a través de las subvenciones a temas de asistencia social, que nosotros llamamos “mercado de la caridad” y que se alimenta de todo el desmantelamiento de los servicios públicos; además de las exenciones fiscales.

G.D.: En los centros públicos de educación primaria y secundaria la mayoría del alumnado esquiva la religión a pesar de no haber obligación de asignaturas alternativas. Y aún sumándole los colegios e institutos concertados y religiosos, cuatro de cada diez alumnos y alumnas no estudian religión. Sin embargo, en los últimos siete años el profesorado de religión ha aumentado un 56%.

J.P.: El artículo 16.1 de la Constitución dice que ninguna religión tendrá carácter estatal pero los centros públicos tienen la obligación de ofrecer la asignatura de religión confesional. Y encima el Estado se gasta 750 millones al año en profesores de religión católica.

En la última ley de Educación, la LOMLOE, Europa Laica planteó a la ministra de Educación que, aunque no permitan que la religión salga de la escuela, ésta al menos podría darse fuera del horario escolar. Pero ni eso. Y ya si habláramos de lo que pasa en los centros concertados… Sólo un dato: nueve de cada diez centros católicos son concertados.

«El Estado subvenciona directamente a la Iglesia católica con más de 12.000 millones anuales, además del IRPF, subvenciones indirectas y los más de 2.000 millones de exenciones fiscales»

Y lo mismo pasa con los capellanes. Europa Laica no tiene ningún problema en que haya capellanes que atiendan a la asistencia espiritual en la gente que tiene limitaciones de movilidad, como puede ser en las cárceles, en los hospitales, etc. porque defendemos la libertad de conciencia…. pero que la pague cada confesión. Y no sucede así; la paga el Estado. ¿Y por qué tiene que haber capillas públicas en las universidades? Pues las hay. Y con capellanes universitarios pagados por el Estado.

Es todo un cúmulo de privilegios que se viene arrastrando del franquismo y del posfranquismo. Y ningún gobierno de turno tiene voluntad política de meterle mano para democratizarlo, racionalizarlo y para aplicar una ley de libertad de conciencia que no se está cumpliendo. Ni siquiera los gobiernos progresistas, que es más penoso.

«El reciente acuerdo del Gobierno ampliando los beneficios fiscales de la Iglesia católica a más confesiones minoritarias es un paso atrás en la laicidad del Estado. Los privilegios se combaten suprimiéndolos a todos, no extendiéndolos»

G.D.: Cada vez que alguien paga una entrada por visitar una catedral, un monasterio… cada vez que alguien deja dinero en el cepillo, cuando dan dinero para la misa de un difunto, ¿dónde va ese dinero?

J.P.: El Estado gasta unos 600 millones de euros anuales en mantener el Patrimonio histórico artístico, aunque más del 80% está en manos de la Iglesia. Lo que no puede ser es que siendo el Estado el que pone el dinero mayoritariamente, la Iglesia se quede con la gestión y el usufructo de esos bienes que tienen un uso litúrgico pero también turístico, que es por lo que cobran las entradas.

Pero es que por los acuerdos, esas entradas a los museos, monumentos y bibliotecas, ni declaran ni tributan. No es que sea una caja negra, es que es una caja negrísima. No se sabe cuánto dinero recogen porque la Iglesia publica lo que quiera publicar y lo que no, no.

El Estado puede hacer estimaciones de los cientos de miles de visitas anuales a la Mezquita y puede multiplicar por el precio de la entrada, pero no se sabe realmente. Ni eso ni lo que saca a nivel estatal. Hasta el Tribunal de Cuentas ha llamado la atención por la falta del control financiero del dinero.

«Los acuerdos con la Santa Sede son una cesión de soberanía. El Estado Vaticano está modulando la legislación, normativa y comportamientos internos de otro Estado»

G.D.: ¿Cuánto dinero público se destina a financiar a la religión católica?J.P.: En Europa Laica hemos estimado que sumando todo esto, lo que se da para la asistencia social, los millones en Patrimonio Público, lo que se paga para capellanes, todos las exenciones fiscales…. estamos hablando de más de 12.000 millones de euros anuales que se sacan de las arcas del Estado. Hemos puesto los datos encima de la mesa y nadie, ni gobierno ni la jerarquía católica los han corregido. No dicen nada.

NINGUNA CRUZ EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA: NI PARA LA IGLESIA, NI PARA FINES SOCIALES, QUE VAYA AL ERARIO PÚBLICO

G.D.: Todos los años en estas fechas Europa Laica renueva su campaña de cara a la Declaración de la Renta. ¿Qué demandan?

J.P.: Europa Laica exige que desaparezcan las casillas de la asignación tributaria del IRPF, tanto la de la Iglesia Católica como la de Fines Sociales, para que todos los impuestos queden en la hucha de lo común, porque además es la mejora forma de hacer solidaridad. Las instituciones públicas son las que deben determinar el destino de la hucha común para repartirlo según las necesidades reales y de interés general, en lugar de desviarlos a intereses particulares. Y exigimos que la Iglesia se autofinancie. Ese fue además el único compromiso que adquirió en los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, con lo que tiene que desaparecer la casilla de la Iglesia católica. Lo hemos denunciado y lo hemos llevado al Parlamento.

Pero hasta que lo consigamos, desde Europa Laica solicitamos a los contribuyentes que no marquen ninguna de las dos casillas, ni la de la Iglesia Católica ni la de la Fines Sociales. Y quien quiera donar dinero a la Iglesia Católica, a una ONG u organización concreta, debe hacerlo con el dinero de su bolsillo pero no detraerlo del dinero que es de todos y para todos. Vamos, que tienen que pagarlo con una cantidad extra después de abonar sus impuestos como hace todo el mundo.

G.D.: Cada vez hay menos gente que señala la casilla de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta-IRPF, sólo tres de cada diez contribuyentes lo hacen, pero cada vez se recauda más dinero, es decir que son los más ricos los que más desvían la parte correspondiente de sus impuestos a la Iglesia. ¿De cuánto dinero estamos hablando?¿Cuánto perdemos de la hucha común?

J.P.: En 2022 hemos perdido 321 millones. Desde el 2008, en que el gobierno les incrementó el porcentaje del IRPF al 0,7%, el monto acumulado sería de 4.000 millones de euros. Significa que una parte de los impuestos de esos contribuyentes se desvía directamente a las arcas de la Iglesia en lugar de ir a la hucha común de los Presupuestos, con lo que queda menos dinero para servicios comunes de interés general como pueden ser la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras… Así que esa desviación del dinero nos afecta a todos, marquemos o no esa casilla, seas católico o no creyente. Es una prerrogativa que está en el acuerdo con la Santa Sede.

G.D.: ¿Y qué pasa cuando se marca la casilla de Fines Sociales?

Es un sucedáneo de solidaridad que no es tal. Se creó para salvar la imagen. Cuando marcas esta casilla no tienes ni idea de adónde va el dinero; incluso puede acabar en organizaciones con las que no estés de acuerdo. Del orden del 50% de lo que se recauda por esta casilla va a organizaciones del entorno de la Iglesia católica. La corporación de la Iglesia Católica tiene un montón de ramas: fundaciones, ONGs variopintas y muchas veces con nombres que no identificarías. En el último ejercicio han sido 430 millones los que se han desviado del erario público que se ve claramente afectado.

La iglesia se tiene que autofinanciar y pagar impuestos. Y lo mismo con los servicios sociales; tienen que financiarse con partidas específicas de los Presupuestos Generales del Estado.

G.D.: Estos días la Iglesia también activa su campaña “Xtantos” para que la gente marque su casilla. Y lo hace a través de espacios publicitarios en los principales medios.

J.P.: La publicidad engañosa de la Iglesia Católica es vergonzosa; utiliza a gente vulnerable y lo hace diciendo que les ayudan con el dinero recaudado en el IRPF. Eso es una falsedad. Entre el 75 y el 80% de esos 321 millones de euros que obtienen a través de esa casilla los destinan a pagar la Seguridad Social de los salarios del clero. Sólo el 2% va a Caritas, el mismo porcentaje que dedican a financiar su campaña publicitaria claramente engañosa. Aproximadamente un 10% se pierden en gastos poco explicados, y el 11% restante lo utilizan para financiar a Trece TV y a incrementar su fondo de reserva. Luego es mentira que ese dinero se vaya a la labor asistencial. Cáritas se nutre de donaciones privadas y también públicas, pero no del IRPF. Es una falsedad.


Fuente → mundoobrero.es

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