Ilegalización de la Fundación Franco: un proceso lento, complicado y laberíntico

El artículo del exmilitar desprendía frustración. “Debo decir que en ningún caso me ha sorprendido la decisión del Tribunal Europeo. Nunca esperé otra cosa distinta. Franco tuvo siempre a la masonería como un enemigo acérrimo de España y según fuentes bastante fiables la infiltración de esta en ese tribunal es bastante mayoritaria, por lo que era ilusorio pensar en otro tipo de decisión”. O sea que, a juicio de Chicharro, el TEDH también había caído en manos de la conspiración judeomasónica, la misma tabarra que Franco estuvo dando a los españoles durante 40 años. Aquel mensaje podía asustar mucho en dictadura, pero hoy, en pleno siglo XXI y en democracia, ni el pueblo ni los jueces europeos se amedrentan ya de aquellos cuentos de franquistas asustaviejas.

No obstante, la pregunta del millón es: ¿qué posibilidades reales tiene la Fundación Franco de que sus quejas y llantos se escuchen en los tribunales de Estrasburgo? Escasas. Hasta el propio Chicharro reconoce en su incendiario artículo que los abogados de la Fundación procederán, en el supuesto de que sus demandas no sean atendidas, a “estudiar la conveniencia de acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, última instancia que vemos como factible”. Tampoco allí es probable que a los abogados franquistas les escuchen. Los foros internacionales son reacios a atender a este tipo de espectáculos neofasicstas. Otra cosa es lo que ocurra con la Justicia española. Y ahí no se ha dicho la última palabra.

 Trámites para la ilegalización

En principio, este año 2023 debe ser el último de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) como entidad de carácter legal, ya que será definitivamente abolida. Por fin las familias víctimas del franquismo podrán dormir tranquilas sabiendo que una asociación que ensalza los crímenes de guerra y la represión ha dejado de recibir la protección y el amparo que el Estado le ha otorgado desde 1977. La hoja de ruta para la ilegalización ya se ha puesto en marcha. El Protectorado de Fundaciones –dependiente del Ministerio de Cultura– ha iniciado el estudio de las “implicaciones” de la nueva ley y sus consecuencias concretas en el caso de la FNFF. Este organismo es el competente para presentar la solicitud de ilegalización judicial en aplicación de la Ley de Memoria, que prevé la extinción de aquellas asociaciones que actúen “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas”. La decisión debe ser avalada por un juez, de manera que la Fundación previsiblemente reaccionará con recursos y más recursos. La autoridad judicial puede suspender provisionalmente las actividades de la FNFF hasta que se dicte sentencia definitiva.

No obstante, el proceso de liquidación de la Fundación Francisco Franco puede durar varios años, según prestigiosos juristas. “No será inminente”, reconoció el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, cuando inició el trámite parlamentario de la nueva ley. Tampoco será fácil. El asunto llegará al Tribunal Constitucional y ya se sabe que el TC suele ser cuanto menos “laxo” y tolerante con todo ejercicio de libertad de expresión y que no es partidario de suprimir colectivos sociales, ya que ello podría ir contra el derecho al asociacionismo garantizado por la Constitución. No sería de extrañar que declarara inconstitucional el párrafo de la Ley de Memoria Democrática, promulgada por el Gobierno de coalición, que prohíbe este tipo de actividades ciudadanas profascistas.

Sin duda, los abogados de Chicharro se aferrarán al argumento de que la Fundación no propaga el odio ni hace apología del franquismo. Esa, la interpretación que puedan hacer los jueces de la apología, será la clave para saber si hay o no ilegalización. En principio bastaría con leer los escritos de la fundación para entender que no predican precisamente la paz entre españoles y que la FNFF no se limita a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra” del dictador, como aseguran en su página web, sino que trata de reavivar la llama del fascismo en España. Reinstaurar el franquismo algún día, ese es su gran objetivo a largo plazo.

Agotada la vía judicial en España, con sentencia favorable para el Gobierno o para la Fundación, según, se abrirán las oportunas instancias europeas. Otro proceso que puede eternizarse en el tiempo. De esta manera, Chicharro y los suyos habrán logrado lo que querían: un altavoz propagandístico para sus ideas totalitarias. E imponer su visión revisionista de la historia, blanqueando la figura del dictador.