Lo que se dio en llamar memoria histórica en este inefable país, para tratar de paliar la profunda injusticia que supuso la victoria del fascismo, ha sufrido numerosas carencias y no pocas mutaciones. Así, hoy se alude a la «memoria democrática» y mañana no sabemos muy bien cómo se dará en denominar. La distorsión es tal que lo que nació, más por impulso de la sociedad civil que por iniciativa institucional, para hacer justicia sobre el golpe de Estado del 36, la represión consecuente y la cruenta dictadura posterior, ahora se ha querido extender en algunos casos unos cuantos años atrás e incluir los episodios represivos producidos también en la Segunda República. No seré yo quien se oponga a recordar los desmanes de cualquier forma de Estado, pero la llamada memoria histórica era un concepto mucho más concreto y todo esto solo recubre el problema de ambigüedad moral y sirve para que inicuos reaccionarios se aprovechen de ello para seguir arrojando su inmundicia sobre lo ocurrido en el pasado. Desgraciadamente, la propaganda masiva durante tantas décadas ha ido calando en gran parte de la sociedad y, los que no abrazan directamente el discurso reaccionario, ignoran sin más la historia o, directamente, de la manera más botarate y moralmente perezosa, equiparan a unos y otros.
Este 2023, se cumplen 90 años de aquel episodio de represión sanguinaria, sucedido bajo un gobierno presidido por Manuel Azaña, en el contexto de un huelga revolucionaria. Aquel levantamiento anarquista acabaría convirtiéndose en uno de los episodios más terribles ocurridos durante la Segunda República. Las fuerzas del orden público incendiaron la choza del anciano carbonero «Seisdedos», con él y toda su familia dentro; el balance final de la represión fueron veintiocho campesinos muertos, dos guardias civiles y un miembro de la guardia de asalto. No fue aquel suceso la única masacre estatal durante el periodo republicano, pero una serie de circunstancias elevaron aquello a la condición de «asunto público» y se dice que le acabaría costando las elecciones al propio Azaña. Ya en su momento la represión en Casas Viejas fue instrumentalizada por la derecha para demostrar la sinrazón de un gobierno de izquierdas; lo cierto es que la maquinaria represiva del Estado funciona igual gobierne quien gobierne. De hecho, aquella insurrección, y la consecuente represión excesiva, puede contemplarse también como el desencanto del campesinado más pauperizado con una, en primera instancia, ilusionante república. Aquella prometida reforma agraria, que nunca llegó, era la alternativa a la constante humillación de los más pobres, que tendría por supuesto su continuidad durante la dictadura franquista.
Desgraciadamente, todavía hoy se utiliza la masacre de Casas Viejas por los más reaccionarios para tratar de deslegitimar el periodo republicano y justificar, directa o indirectamente, el abiertamente sanguinario régimen franquista. La Segunda República, finalmente decepcionante, pudo ser al menos un punto de partida para una verdadera revolución social. Lo verdaderamente indignante es que un puñado de militares facciosos dieran un golpe de Estado para provocar una guerra civil de la que salieron victoriosos. Como dije al principio, la ambigüedad legislativa sobre la memoria histórica o democrática, o como quiera llamarse, está conduciendo a meter en el mismo saco todos los episodios represivos y a equiparar a unos y otros. Como ácrata, no justifico a los gobernantes republicanos, mucho menos cuando tantos de ellos demostraron su indignidad con hechos represivos como el mencionado, y me muestro extremadamente crítico con aquel periodo, algo idealizado por algunos. A pesar de ello, conozco muy bien la diferencia entre unos y otros, una cosa es la Segunda República y otra muy diferente el franquismo, cuando tantos quieren tirar ahora por la calle de en medio. Extender una ley, que nació para otorgar justicia y reparación para la represión originada el 18 de julio de 1936, es mostrar una vez más la profunda distorsión histórica y moral que sufre este indescriptible Reino de España.
Fuente → acracia.org
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