Hace un año, ya publicamos un primer artículo sobre el estallido de este asunto, en torno a la Comisión de Investigación que registraron Unidas Podemos y sus socios en el Congreso. Si ya decíamos que este era el camino de la impotencia ante el problema, la solución adoptada finalmente por el Gobierno fue aún peor. Todo el asunto quedó en manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (excandidato del PSOE a la Comunidad de Madrid). A lo largo del último año, Gabilondo ha articulado una Comisión Asesora, formada por 20 “expertos”. La principal diferencia entre que la investigación la realizase el Congreso o el Defensor del Pueblo es que el segundo no tiene competencias para exigir forzosamente información a la Iglesia, mientras que, legalmente, el Congreso sí la tendría. Esto tuvo como resultado que, para el mes de septiembre, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ya dio a Gabilondo y sus expertos el primer portazo en la cara, negándose a colaborar con la investigación.
El carácter especialmente reaccionario de la Conferencia Episcopal Española
Paralelamente, la CEE puso en marcha, de manera unilateral, la que fue originalmente su propuesta como solución: una auditoría encargada a un bufete privado, Cremades & Calvo Sotelo, pagado por la propia Iglesia. Evidentemente, esta propuesta fue rechazada de raíz por las asociaciones de víctimas como Infancia Robada, argumentando que su presidente, Javier Cremades, pertenece al Opus Dei, lo cual representa una evidencia de que la Iglesia busca un informe falso. Un dato relevante es que incluso Cremades ha reconocido públicamente que todo apunta a que hay “varios miles de víctimas”. Por lo que podemos deducir que “varios miles” será el mínimo que podemos esperar.
El Ministerio Fiscal solicitó, a finales del pasado 2022, a las 70 diócesis españolas que le remitiesen todos los datos sobre abusos sexuales, “denuncias o testimonios recabados (…) en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa” para la “eliminación de este lamentable fenómeno”. Desde entonces, han contestado menos de la mitad de los obispados, y solo cinco han aportado alguna referencia de casos que ya están en la justicia ordinaria. Además, las respuestas proporcionadas siguen un mismo modelo, lo cual muestra que la CEE está coordinando estas respuestas. Al ser preguntados por este asunto, los portavoces de la CEE dan diversas respuestas: que la situación ya está siendo auditada por el bufete de Cremades, que la Iglesia no debe ser tratada de un modo especial frente a todos los demás casos de pederastia, o que el Defensor del Pueblo no puede investigarles porque es una figura que interviene en casos contra instituciones públicas y la Iglesia no lo es. Es decir, que los mandamases de la Iglesia española reconocen ante los medios de comunicación que la Iglesia no está para servir al pueblo, sino que es una institución privada, evidentemente, por tanto, con intereses particulares y privados. Es especialmente repugnante escuchar a José Gabriel Vera, director de comunicación de la CEE, decir sobre las víctimas que “haga lo que haga la Iglesia, es un dolor que ellos llevan en su corazón y es un dolor que debe ser respetado”; como queriendo decir que el dolor ya está hecho, que es mejor dejarlo estar y no removerlo, y que el dolor va a seguir ahí “haga lo que haga la Iglesia”.
Esta respuesta da la espalda a lo que hasta el propio Papa Francisco I, ha declarado en diversas ocasiones: que la Iglesia en su conjunto debe aportar máxima colaboración y transparencia para solucionar el asunto de la pederastia. Y así parece ser que se está haciendo, al menos de cara a la galería, en otros países como Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, etc. También es llamativo el caso de Chile, donde todos los obispos ofrecieron al Papa su dimisión en 2018, y para buena parte de ellos fue aceptada. Italia y España son los dos países más retrasados en la depuración de pederastas en la Iglesia. Y no es casualidad. En ambos casos, la Iglesia mantuvo una relación muy estrecha con las dictaduras de Mussolini y Franco. Mientras que la “línea pastoral” de Francisco I (menos conservadora, al menos en términos discursivos) tiene un eco en todo el mundo, la CEE desoye una y otra vez y se resiste a cambios en líneas progresistas. Y esto no ocurre porque la sociedad española sea más conservadora, sino por la casta eclesiástica de la CEE. Es notorio, no sólo en el tema que tratamos en este artículo, sino también en otros como la inclusión de mujeres en la estructura de poder de la Iglesia, el aborto, el respeto al colectivo LGTB, etc.
El Papa Bergoglio, ¿impotencia o deshonestidad?
La actitud de la CEE ha puesto en una situación de tensión las relaciones entre ésta y el Papa. Esto es un secreto a voces que queda revelado, por ejemplo, por el hecho de que el Papa aún no ha realizado una visita a España en sus diez años al frente de la Iglesia, en los que ya ha visitado más de 40 países. Varias han sido las ocasiones en las que ha sido invitado a actos relevantes de la Iglesia española, e incluso por los presidentes Rajoy y, más recientemente, Sánchez.
Sin embargo, aunque es preferible un Papa que al menos haga declaraciones en una línea menos conservadora, lo cierto es que este Papa tampoco ha puesto en marcha toda una serie de medidas para encarar esta situación , y que son medidas superficiales que quedan bien, pero que no cambian nada de raíz. Tales son:
-“Eliminación del secreto pontificio en El Vaticano para que la justicia tenga pleno acceso a los datos de la Iglesia en materia de abusos sexuales”. Esto, como vemos, no tiene vinculación en las Conferencias Episcopales de los diferentes países.
-“Creación de oficinas de atención a las víctimas”. Estas oficinas ya están abiertas en la mayoría de diócesis, pero ¿alguien piensa que una persona que ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia estaría muy cómoda acudiendo de nuevo a la Iglesia para recibir ayuda? Y, en cualquier caso, sigue siendo la Iglesia la que mantiene el control de la información.
-“Reforma del Código de Derecho Canónigo (el derecho interno de la Iglesia) para aumentar las penas a agresores sexuales o aumentar el plazo de prescripción”. Esta medida también queda “de puertas para adentro”. Por ejemplo, según las víctimas, algo que han hecho durante décadas cuando un agresor sexual ha sido detectado, ha sido cambiarlo de puesto, pero no denunciarlo a la justicia ordinaria.
-“Cumbre mundial del clero sobre abusos sexuales y encargar un informe anual sobre el asunto”. En 2012, Benedicto XVI ya convocó una cumbre parecida que hoy queda claro que no sirvió prácticamente para nada.
Cuando uno ve estas medidas no puede más que preguntarse por qué la izquierda de todo el mundo adora a este Papa. Mario Bergoglio no es más que un cartel menos feo que la casta eclesiástica muestra al mundo para tratar de mantener sus privilegios como parte que es de la clase dominante. Ni siquiera se puede decir que sea un hombre honesto. Si así fuera no guardaría silencio sobre por qué no viene al Estado español, incluso, es más, si fuese realmente honesto, no evitaría viajar a España, sino que vendría y daría la batalla públicamente contra los obispos reaccionarios de nuestro país, señalándolos con nombres y apellidos. Pero con tal de proteger a su sacrosanta institución, prefiere quedarse en estas medidas ridículas.
El papel que está jugando el diario El País
Por su parte, el diario El País continúa con la elaboración de la base de datos sobre casos de abusos sexuales en la Iglesia que inició en 2018 y que ya acumula 1741 víctimas en 910 casos. Esta base de datos se está generando en base a la propia iniciativa de las víctimas, que envían correos al diario con sus testimonios, lo cual tampoco representa una investigación veraz sobre el asunto.
Si, como desde este medio a menudo repetimos, El País es uno de los principales voceros de la burguesía española, cabría preguntarse ¿por qué se implica tanto en la situación de los abusos a menores en la Iglesia? ¿Por qué azota a la Iglesia con publicaciones constantes sobre el tema? La respuesta que podemos encontrar va en dos direcciones.
Por una parte, como hemos visto en el ámbito político, la clase dominante española también se encuentra dividida en diferentes cuestiones (crisis del modelo territorial, crisis económica, judicial, en la Monarquía, etc.), y de ahí la fragmentación política en la derecha, surgida tras la gran recesión de 2008. Cada una de estas partes tiene diferentes métodos para intentar atajar lo que, en última instancia, todas quieren atajar, que es la posibilidad de un estallido revolucionario en la clase obrera. Así pues, PP y Vox, y sus medios afines, tratan de ocultar todo lo posible, rechazando cualquier mínima investigación y negando que se trate de una cuestión estructural en la Iglesia. Sin embargo, la cúpula del PSOE, El País y el sector menos conservador de la cúpula de la Iglesia española (no de los cristianos de base, que sí que tiene más sensibilidad por el tema), buscan solucionar el tema de un modo más inteligente: aparentar que se ha hecho justicia, sacando a la luz miles de casos, pero dejando escondidos los centenares de miles o millones que realmente puede haber. Esta ha sido la famosa vía francesa, en la que una comisión “independiente” investigó hasta encontrar algo más de trescientas mil víctimas a lo largo de los últimos 70 años. Pero los propios investigadores reconocieron que la investigación podría haber alcanzado una cifra de más de cinco millones de víctimas. La Iglesia francesa ha puesto a la venta parte de su patrimonio para indemnizar a estas víctimas y ha hecho una “limpieza” en sus filas. Algunos obispos se han mudado a viviendas humildes y han abandonado sus ostentosos palacios para ponerlos a la venta. Todo esto ha generado una imagen pública de ejemplaridad y de “verdadero propósito de enmienda”. Es la vía que apoya el papa Francisco I. Pero, realmente, mediante esta vía, si tenemos en cuenta las cifras aportadas de potenciales víctimas sin investigar, la Iglesia francesa se ha ahorrado tener que indemnizar a más del 90% de sus víctimas.
Por otro lado, a pesar de la caída de fieles en las últimas décadas, la Iglesia sigue siendo un aparato alienador muy potente y está detrás de una parte no desdeñable del capital financiero. El sector de la burguesía en torno al diario El País no se ha vuelto un defensor de la clase obrera de la noche a la mañana, sino que busca tener controlado a este otro sector de la clase dominante. Las asociaciones de víctimas no deben caer en la ingenuidad de pensar que el diario es un aliado. De hecho, cuando en pocos años la investigación en Francia dio con centenares de miles de casos, cuando hasta el bufete privado de la Iglesia ha apuntado a varios miles de víctimas, la pregunta más bien sería, ¿por qué El País, con todo su ejército de periodistas, sólo ha encontrado 1741 víctimas en cinco años que lleva “investigando”?
Una cuestión material y de clase
Como vemos, ningún organismo controlado por la clase dominante va a ayudar realmente a las víctimas, fundamentalmente de clase obrera. No hemos mencionado a la justicia ordinaria, también controlada por la burguesía, cuyo carácter reaccionario ha quedado expuesto por enésima vez con las maniobras para paralizar incluso las tímidas reformas del Gobierno PSOE-UP, así como por todo lo acontecido en los últimos meses en torno a la ley sólo sí es sí. Los expertos en procesos judiciales sobre pederastia afirman que la disposición de jueces y fiscales en los juicios es tratar de derribar por todos los medios posibles la argumentación de las víctimas. Algo parecido a lo que ocurre en los juicios por agresiones machistas. Es este carácter reaccionario general del Estado español, cristalizado en todos sus ámbitos, también en el parlamentario, lo que ha hecho que España haya sido uno de los países más atrasados de la Unión Europea en leyes de protección infantil. Incluso el Gobierno de Zapatero, en cuya primera legislatura se avanzó en toda una serie de derechos civiles, esta cuestión quedó muy por debajo de la reivindicación de las víctimas. No ha sido hasta la llegada de Podemos al Gobierno, cuando, por ejemplo, se ha aumentado la prescripción de los delitos, de cinco a veinte años, una vez la víctima cumple los 18 años. Podemos decir que las presiones ejercidas por la Iglesia Católica para paralizar este asunto, ha beneficiado, no sólo a sus pederastas, sino a todos los pederastas del Estado español, que aún hoy se siguen librando de la justicia por la rapidez con que prescribieron sus crímenes.
De ahí la ingenuidad –o la deshonestidad– del Gobierno, con la participación de Unidas Podemos, de tratar de buscar la colaboración con la Iglesia o con otros sectores de la clase dominante y sus lacayos. Como todo, este asunto sólo puede ser realmente resuelto desde la raíz si la clase trabajadora se organiza en sus propias instituciones de clase. Es evidente que, si se abriera un proceso de debate sobre este tema en las parroquias y las iglesias, entre la base del cristianismo, la abrumadora mayoría apoyaría que la Iglesia abriera sus archivos y se juzgara a los miles de pederastas que aún hay en sus filas. El problema es que, si salen a la luz, no unos cientos o pocas miles de víctimas, sino las centenares de miles o millones que se estiman; la Iglesia en su conjunto caería en un enorme descrédito y se pondría en jaque la financiación de la misma con dinero público, las exenciones fiscales, el patrimonio de la iglesia, se acabarían los lucrativos conciertos educativos, etc. Y este es el quid de la cuestión.
Realmente, la única salida es organizarse para luchar contra el sistema. Jesucristo decía “dejad que los niños se acerquen a mí”. Es hora de decir a estos sinvergüenzas que quiten sus sucias manos de nuestros niños.
Qué defendemos
En España aún tenemos pendiente esta tarea, como primer paso para desmontar todos los privilegios de los que disfrutan un puñado de personas dentro de una institución anquilosada como es la Iglesia. Para ello podríamos empezar por la aplicación de estas medidas:
-Apertura de los archivos de la Iglesia.
-Indemnización económica, médica y psicológica a las víctimas, pagada por la Iglesia.
-Eliminación de los conciertos educativos en pro de una educación laica 100% pública.
-Derogación del Concordato de 1979 y de su ampliación de 1992. Ningún privilegio para ninguna confesión religiosa.
-Revocación de todas las inmatriculaciones desde 1946.
-Nacionalización de todas las propiedades de la Iglesia catalogadas como Bienes de Interés Cultural y las que necesiten dinero público para su conservación.
-Fin de la exención del pago de IBI del resto de propiedades de la Iglesia Católica y de las demás confesiones.
Fuente → luchadeclases.org
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