Ambos yacen en la cripta del Alcázar de Toledo
El proceso de exhumación de los restos de los tenientes generales franquistas José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo ha sido iniciado por el Ministerio de Defensa.
Los restos de estos dos militares han estado en una posición privilegiada durante décadas en la cripta del Alcázar de Toledo, un lugar de acceso público que ha sido utilizado para realizar homenajes y actos de enaltecimiento a los golpistas.
Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática prohíbe que los responsables del golpe de Estado de 1936 estén enterrados en lugares de acceso público y relevancia.
José Moscardó fue el coronel que lideró la defensa del Alcázar de Toledo contra las milicias republicanas durante la Guerra Civil española. Después de la contienda, sus restos fueron trasladados a la cripta del Alcázar, convirtiéndose en un símbolo para los fascistas.
Por su parte, Jaime Milans del Bosch también participó en la defensa del Alcázar y, posteriormente, se unió a la División Azul y combatió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, contra la URSS. En el 23-F, Milans del Bosch se sumó sin reservas y realizó acciones ofensivas de importancia.
El proceso de exhumación no es sencillo, ya que en la cripta del Alcázar de Toledo hay más de 200 personas que participaron en la sublevación militar y permanecieron dentro de la fortificación durante la Guerra Civil española.
El Ministerio de Defensa está trabajando en los expedientes necesarios para realizar la exhumación y traslado de los restos a cementerios familiares, tal como establece la Ley de Memoria Democrática.
La Asociación Manuel Azaña ha estado luchando por la exhumación de los restos de Moscardó y Milans del Bosch, afirmando que no se pueden mantener este tipo de cosas en dependencias del Ministerio de Defensa en un estado democrático.
Por su parte, el Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García Page ha sido partidario de «hacer los cambios sin mucho ruido». La Ley de Memoria Democrática establece que es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar que los responsables del golpe de Estado de 1936 no estén enterrados en lugares de acceso público y relevancia que puedan favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la Dictadura franquista.
Fuente → contrainformacion.es
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