Martín Pallín: “Conseguir la reparación, con la derecha española, es complicado”

Bastante más que una guerra, una posguerra y una sequía bajan, con sosiego, por las escaleras del Colegio Mayor Rector Peset de València. A sus 86 años, José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936), continúa caminando al ritmo de la historia de nuestro país, ahora con la mirada relativizadora que da la edad. Después de una larga trayectoria en la justicia, habiendo formado parte de la sala segunda del Tribunal Supremo desde 1989 hasta 2006, se dedica ahora a la abogacía, aprovechando su tiempo también para escribir columnas en medios como El País o Ctxt. Con este último ha publicado algunos de sus últimos libros: Los derechos de la tierra (Ctxt, 2022) y La guerra de los jueces (Catarata, 2020).

Quedamos para charlar antes de un acto en el que participa junto al magistrado Joaquim Bosch sobre las luces y sombras de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprovechando también el archivo de la primera querella contra crímenes del franquismo bajo la nueva norma, el caso de Moncho Reboiras. Una ley que, a pesar de la creación de una Fiscalía especializada en memoria histórica y de diversos avances que se venían reclamando, no convence a colectivos de víctimas ni a muchos juristas por no ser suficiente. Martín Pallín no elude ningún tema, tampoco este, sin perder el sentido del humor ni el optimismo, a pesar de haberlo vivido casi todo.

A pesar de que España haya ratificado diversas convenciones internacionales donde se reconocen los crímenes de lesa humanidad como imprescriptibles, algunos jueces esgrimen los argumentos de la prescripción, de que los acusados están muertos o de la Ley de Amnistía para archivar querellas por crímenes franquistas. ¿Qué pasa?
Esto es complejo. Incuestionablemente, todo lo sucedido en España hasta el año 43 o 44 fue un genocidio. Lo respaldan todos los historiadores, Paul Preston habla del “holocausto español”. Pero claro, esas personas han muerto. Con todo respeto a la jueza argentina [Servini], me parece que a Martín Villa o a los ministros del tardofranquismo no se les puede implicar en un delito de genocidio. Por tanto, lo que pudieran haber hecho, como los cinco muertos de la catedral de Vitoria, a eso sí que se les podría implicar de alguna manera, pero ahí entra la prescripción.

Luego, la Ley de Amnistía yo no sé quién la redactó porque habla de delitos de “intencionalidad política”, y desde luego asesinar a un obrero refugiado en una iglesia no es un delito de intencionalidad política, luego los jueces están aplicando mal la ley.

¿Se queda corta la Ley de Memoria Democrática?
Somos el único país que yo conozca que llegamos a una exigencia de responsabilidades cuarenta y tantos años tarde. Esto complica mucho el perseguir los delitos. La anulación de las leyes de los nazis y los fascistas italianos se produjo a meses y años, pero no a 40 o 50 como llegamos nosotros. Esto ya es una tara para cualquier ley.

Hay una cuestión que me llama mucho la atención. No solamente hubo crímenes, hubo expolios. Son miles de millones de euros lo que valdrían esas propiedades, inmuebles, fincas, joyas bibliotecas… Y la ley dice que no se puede exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otro lado, incluye una contradicción: dice que considera víctimas a los internados de campos de concentración nazis, y Alemania está pagando a los que quedan con vida. Aquí hubo 300 campos de concentración. Deberían preguntarse los políticos en general por qué los que estuvieron en Alemania están siendo indemnizados y los que estuvieron aquí no lo están siendo. Yo no le encuentro ninguna explicación racional.

¿Qué cambiaría o añadiría a la ley?
Yo echo de menos, aunque no es cosa de la ley, sino del Ministerio, el tema educativo. La Ley Celaá podría haberse aprovechado para incluir una asignatura obligatoria sobre memoria democrática en los colegios.

¿Por qué, si existen las leyes para condenar los crímenes de la dictadura, ni se condenan ni se investigan para tratar de crear ese relato de la verdad judicial?
El problema de hacer una comisión de la verdad, como ha sucedido en Chile, es que aquí la ley es de una parte de la sociedad. La derecha se opone con argumentos tan significativos como que “ahora quieren ganar en el BOE lo que perdieron en el campo de batalla”. Pues retráctese usted de cuerpo entero. Usted es sucesor de los que ganaron en el campo de batalla. Claro, en Alemania e Italia, la derecha, es decir, toda la sociedad italiana y alemana, coincidieron en condenar el nazismo y el fascismo. Aquí ahora la derecha ha hecho una condena formal del franquismo, pero no está dispuesta a revisar algo que, además, por encima de la ideología, es de justicia material. Los muertos de un lado ya recibieron todo género de reparaciones y homenajes. Los otros, en cambio, no. Conseguirla ahora, después de tantos años, me temo que va a ser complicado, sobre todo con la derecha española que tenemos, que no es homologable a una derecha europea. Si aquí tuviésemos a una señora Merkel esto no pasaría, pero me parece que la señora Ayuso está a años luz, no solo en edad sino en cerebro.

¿Existe alguna forma de garantizar que estos hechos se investiguen?
El único avance que le veo a la ley, ante la increíble negativa de jueces y juezas de investigar la aparición de restos con signos de violencia, es que ahora se crea una fiscalía especial, y ya me asombraría que esa fiscalía sea solamente un elemento decorativo. Por lo menos tendrá que aplicar la ley y exigir la apertura de diligencias [cuando aparecen restos mortales con signos de violencia]. No creo que ningún juez ni ninguna jueza tenga argumentos o se atreva a rechazar las peticiones de esta fiscalía. Y la fiscalía tampoco puede poner excusas.

¿Por qué cree que los jueces rechazan investigar?
Porque hay un caldo de cultivo en la sociedad española. Se ha dicho muchas veces que la justicia no ha hecho la transición. Y yo me pregunto: ¿El señor Casado y el señor Núñez Feijóo han hecho la transición? ¿El señor Abascal ha hecho la transición? ¿Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, algunos de sus conocidos y destacados jefes, la han hecho? ¿La Iglesia la ha hecho? Pues los jueces tampoco han hecho la transición, y muchos de ellos saben que están en una carrera profesional en la que para promocionarse, o para no tener algún contratiempo, hay que estar siempre de donde sopla el viento. Y en este país, digan lo que digan, el viento siempre sopla de la derecha.

Además, cualquiera que tomara la decisión tendría en frente la marea mediática, ya no solo el ABC, El Mundo y La Razón, sino todos los medios que en este país, que eso sí es preocupante, están del lado de la versión neo-franquista de la transición que podemos encarnar en la figura del señor Fraga Iribarne. Y para poder enfrentarse a eso hay que tener valor. Algunos lo han hecho, no quiero generalizar. Al juez Garzón le ha costado la carrera.

Si ni la justicia, ni la Iglesia, ni Abascal, ni Feijoó han hecho la Transición, ¿quién la ha hecho?
Pues gran parte de la sociedad española, no tanto en el aspecto político sino en el sociológico. La sociedad española ha roto con el nacional-catolicismo. Los matrimonios por la iglesia han bajado, las iglesias están vacías, la semana santa es ahora como las fallas de Valencia. La ley trans, el divorcio, el aborto, la eutanasia, todo eso ha sido una ruptura total, pero que no se ha reflejado en la ideología política, o al menos en sus instituciones.

¿Está la justicia española adaptada a su tiempo?
Yo ya llevo mucho tiempo fuera de la cofradía… Conozco a gente muy buena, pero claro, hay cinco mil jueces. El problema de muchos jueces y juezas es que, después de la brutal presión que sufren para preparar la oposición, que eso puede desequilibrar a cualquiera, dicen ‘pues ya está, hay unos códigos, a final de mes me ingresan el sueldo y ahí me las den todas’. Hay otros que no, hay quien tiene condiciones democráticas, que leen, que tienen cultura. Lo que es bueno es que cada vez se van integrando más en instituciones europeas, no solo en la fiscalía europea, también en el tribunal de Estrasburgo o en el de Luxemburgo y en muchas instituciones de cooperación judicial. A corto o medio plazo va a producir un cambio importante.

Las abogadas que llevan las querellas por crímenes franquistas suelen destacar siempre que las leyes para investigar y condenar estos actos ya existen, pero que el problema es la voluntad de los jueces.
La mala voluntad.

¿Le recuerda esa mala voluntad a lo ocurrido con las rebajas de condenas a raíz de la Ley del ‘Solo sí es sí’?
No, sería un salto al vacío, no tiene nada que ver. El debate de la regulación de los delitos contra la libertad sexual se viene teniendo en varios países desde finales de los 70. No hay ninguna ley perfecta, pero se ha avanzado mucho desde entonces. La ley me parece correcta, pero repito, no hay ninguna ley perfecta. Y lo que ha hecho el PSOE es una maniobra escandalosamente política y electoralista, y creo que a estas alturas le va a salir el tiro por la culata, porque pedir perdón no tiene ningún sentido cuando la culpa la tienen los jueces.

Por eso mismo se lo relacionaba con esa “mala voluntad” de la que me hablaba.
Algunos dicen “es que no hay disposiciones transitorias”, pero es que están en el código penal la ley que se ha derogado con esta, que es de 1999, de José María Aznar, no tiene disposiciones transitorias. ¿Por qué no hubo inconveniente para aplicar ese texto sin disposiciones transitorias? Porque las tenía el código penal. La tesis de la Fiscalía es que la mayoría de casos están dentro de la norma que dice que si se puede aplicar la misma pena con las dos leyes, no hay que modificarlos. Ahora van a poner cientos de recursos de casación frente a las resoluciones que no han aplicado esa disposición transitoria, y a ver qué dice la Sala Segunda. Conozco bastante bien el género… Ya veremos qué dice.

¿Judicialización de la política o politización de la justicia?
Es la consecuencia lógica, ¿no? Lo que está pasando es que conflictos de naturaleza estrictamente política se han llevado a los tribunales, entonces se ha judicializado la política. Por ejemplo, el hecho de traer al señor Gali, presidente de la República Saharaui, para tratarlo. Eso podemos discutirlo en el parlamento cuando usted quiera, pero no puede llevarse a un tribunal de justicia de ningún país civilizado. Es un acto de gobierno, un acto político. Para criticarlo está el parlamento y los ciudadanos.

Hay otro tema. Aquí en España se está abusando de manera temeraria de la prevaricación. Eso de que el derecho penal es la última ratio [último recurso] queda muy bien, pero luego no es así. Cualquier resolución que toma un organismo, sobre todo municipal y autonómico, se transforma en prevaricación. Luego existe lo mismo para los jueces, que es la prevaricación judicial, pero ¿cuántas condenas de prevaricación judicial hay en España? Dos. ¿Y de concejales? Miles. Pero ahí no le echemos la culpa a los jueces, hay que echársela a los que las llevan ante ellos.

Sea como fuere, parece que la judicialización de la política siempre se inclina para el mismo lado…
Lo que decía de los vientos… Que soplan siempre del mismo lado.

Y, ¿cómo se le hace frente a todo un viento?
Uf. Yo no soy meteorólogo, no estoy en condiciones de resolverlo.

¿Cómo podemos luchar contra ese lawfare, la guerra judicial, sin perjudicar por el camino los contrapesos entre poderes del Estado?
Una cosa que no se ha asimilado mucho en este país por los jueces, y sí en el mundo anglosajón, sobre todo en norteamérica, es la autorrestricción, aunque últimamente con el tema del aborto parece que han perdido un poco el norte. Decir ‘oiga, esto no me lo traiga al tribunal, vaya usted a la Casa Blanca o al parlamento’. Aquí no tenemos autorrestricción.

En su último libro relaciona derecho y crisis climática, ¿es ese lawfare un riesgo para hacer frente al reto climático?
Creo que ahí va a haber más sensibilidad, los cuarenta grados los sufre igual una jueza fascista que uno de Jueces por la Democracia. Es algo tan generalizado que va a tener que tomarse en consideración. Pero seamos realistas, ahí España, los estados, no están en condiciones de hacerle frente. O las grandes corporaciones llegan a un acuerdo, como parece que empieza a hablarse en Davos, o esto no tiene solución a corto plazo. Ahora, que el derecho puede aportar aunque sea con condenas simbólicas, hay posibilidades. Ahí la distinción entre derechas e izquierdas se va acercando, todos pasan calor.

¿La justicia es ciega?
Se la pinta, pero a mí me da mucho miedo. Se puede caer por las escaleras, es muy peligroso. Yo le quitaría la venda. Y luego, nadie habla de eso, pero le ponen una balanza en una mano y una espada en la otra. ¿Por qué tiene una espada?

¿Será que se siente amenazada?
No creo que sea para defenderse, sino para atacar.

¿Atacar a quién?
Pues a quien no le guste al juez de turno.

¿Es optimista?
Hombre, si a mis años no soy optimista, no sé qué puedo ser. He pasado, como decía Franco en sus discursos, “una guerra, una posguerra y una sequía”.