España no tiene la voluntad de investigar los crímenes de su dictadura
Jutgessa Servini: "España no tiene la voluntad de investigar los crímenes de su dictadura" / Berta Reventós Meseguer

Juez de la querella argentina contra los crímenes del franquismo 
 
Torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, sustracción de menores, homicidios agravados y privación ilegal de la libertad. Son delitos cometidos en España entre el 17 de julio de 1936, día del alzamiento militar contra la Segunda República, y el 11 de septiembre de 1978, cuando la policía asesina al militante comunista Gustau Muñoz en una manifestación en Barcelona. Éste es el marco temporal que comprende la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una causa judicial iniciada en 2010 por familiares de víctimas de la represión que ha ido sumando particulares, organizaciones y ayuntamientos y que recientemente ha hecho posible la exhumación del militante del PCE Cipriano Martos en una fosa de Reus. Mientras el Tribunal Constitucional español baraja el recurso interpuesto por Vox contra la nueva Ley de Memoria Democrática, en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires la juez María Servini (San Nicolás de los Arroyos, 1936) investiga con insistencia este período de la historia reciente de España con la voluntad de hacer justicia. A sus 86 años y todavía en activo, es la única magistrada en el mundo con una causa abierta contra altos cargos de la dictadura franquista. Nos recibe en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Nación Argentina, en Buenos Aires. 
 
 Argentina y España han vivido dictaduras militares a lo largo del siglo XX. Pero la forma en que se entienden estos capítulos de la historia reciente en cada país son muy diferentes. ¿Por qué? 
 

—Es sencillo: Argentina investigó su propia dictadura y los crímenes contra la humanidad. España no: ni siquiera han devuelto los cadáveres.

¿Cuáles son las limitaciones jurídicas que presenta España para que los querellantes tengan que llegar hasta Argentina?

— España se ampara en la Ley de Amnistía de 1977, con la que todos los criminales quedaron amnistiados y detenidos en libertad. Argumentan que en aquella época no existía, en el derecho interno español, la categoría jurídica de “crímenes contra la humanidad” y que, por tanto, no se puede aplicar, y que los crímenes están prescritos. Pero, según el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse; hay una extensa bibliografía al respecto, no nos lo hemos inventado nosotros. La Constitución argentina, en cambio, recoge el principio de jurisdicción universal, según el cual la comunidad internacional tiene la facultad y el deber de investigar y sancionar todo aquello que vaya contra el derecho de gentes (ius gentium ) . Ante la no investigación de España de estos delitos, es cuando Argentina hace uso de la jurisdicción internacional y los investiga.

¿En qué estado se encuentra la causa?

- Está en trámite, en etapa de instrucción. Estamos pidiendo pruebas, pero de muchas peticiones no recibimos siquiera una respuesta. Se pide material que obviamente es en el país donde ocurrieron los hechos y no lo envían, diciendo que en todo caso habría que investigarlo allí. Se han pedido pruebas al gobierno español, a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, a un montón de juzgados provinciales… a distintos niveles según el hecho por el que preguntamos.

El pasado octubre el gobierno español del PSOE y Unidas Podemos aprobó la nueva Ley de Memoria Democrática. Se prevé realizar un mapa de fosas, un censo de víctimas, un banco de ADN, el estudio de la memoria en el ámbito educativo y, como ya se está llevando a cabo, la posibilidad de obtener la ciudadanía española en personas nacidas en el exilio por razones políticas. ¿Qué le parece?

-Insuficiente. Ante todo habría que devolver a los muertos. Hay personas enterradas en los arcenes de la carretera, que no se sabe quiénes son, o que sí se sabe pero no se dice. ¿Por qué no se les devuelve a las familias? ¿Qué problema existe? Recuerdo el caso de Timoteo Mendieta [secretario de UGT fusilado en 1939], del que logramos la exhumación en el 2017. La hija, Ascensión Mendieta, vino con casi 90 años hasta Argentina pidiendo el cadáver de su padre. Quería recuperarlo para darle una despedida digna y porque quería que a sí misma la enterraran cerca de ella. ¿Qué daño puede hacer esto?

Quizás implicaría reconocer que la Transición no fue tan modélica como han sostenido todos los gobiernos de la democracia.

— A los argentinos, la Transición nos genera una sensación extraña, porque nada tiene que ver con cómo finalizamos nuestra dictadura. Es muy fuerte, muy fuerte…

Ha hablado con decenas de personas que le piden ayuda para, al fin y al cabo, saber su pasado. ¿De qué le hablan?

— A menudo acaban hablando de cómo ellos mismos también han perdido la vida entera en ese proceso. Ascensión Mendieta era una niña cuando se llevaron a su padre y hasta los 90 años no le encontró. Sufrió toda la vida: ¡se lo había pasado buscándolo! Bien, ella y sus hermanos, que ya habían muerto cuando encontramos a Timoteo y no pudieron verlo nunca. Una de las hermanas había dejado escrito un poema para cuando se encontrara el cadáver del padre.

¿Qué se genera, a nivel individual y colectivo, cuando se recupera un cadáver?

- Para quien encuentra lo que buscaba, reparación. Y, para el resto, esperanza de poder conocer algún día su verdad y terminar un duelo. Imagínate un luto sin un cuerpo… se debe hacer eterno.

¿Cree que hay miedo a hablar?

— No sé si hay miedo: al fin y al cabo, todas estas personas han tenido el valor de venir hasta aquí a denunciar después de encontrarse obstáculos en su país. Llegan por pedir justicia y lo tienen claro. Pero sí, supongo que durante muchos años han tenido miedo. De hecho, actualmente algunas familias, una vez recuperado el cuerpo, han recibido presiones para reagendar la ceremonia del funeral en horarios que no pudieran ser demasiado concurridos.

Y a usted, ¿le han sugerido alguna vez que lo dejara correr?

- No, nunca. Y, si ocurriera, seguiría haciendo lo que tengo que hacer y lo que es necesario. Intento no pensar demasiado en lo que ocurre alrededor porque, si no, no podría trabajar. Tengo que salir adelante. No puedo decir “esto ha terminado”, porque no es verdad.

¿El actual gobierno español coopera más que en otros momentos?

-No. Por lo general, España no tiene voluntad de investigar los crímenes de su dictadura.

¿En Argentina sí lo hubo?

— La presión social, sobre todo de las familias, fue muy grande y parte de la Justicia decidió ponerse a investigar. A mí me tocó detener a Emilio Massera, miembro de la junta militar con Videla, en una causa de apropiación de menores. ¡He restituido muchos hijos y nietos! El actual ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, es uno de ellos; también Ignacio Montoya, el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

¿Las restituciones tienen finales felices?

— Hay nietos que no quieren acercarse a los abuelos: los vínculos biológicos escapan de la Justicia. Pero devolver la identidad a las personas es muy importante psicológicamente, y la mayoría de ellos se acerca a la nueva familia. En este sentido, el Banco Nacional de Datos Genéticos (creado en 1987) nos ha ayudado mucho, porque con las pruebas de ADN las personas pueden recuperar su historia. Después, cada uno decide lo que hace.

Volviendo al franquismo: ¿qué futuro ve a la querella?

— Hay un gran dolor entre las personas que han perdido a seres queridos. Para muchos, la Ley de Amnistía no ha sido el pacto de perdón que iba a ser. Creo que en algún momento España tendrá que aflojar por tener más paz entre la ciudadanía, sencillamente.


Fuente → ara.cat

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