
Por todo ello, podemos afirmar que se ha empezado a concretar el consenso ya construido en 2018 en torno al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
Desde su creación en junio de 2016, uno de los ejes de intervención
prioritarios del Foro Social Permanente ha sido la defensa de los
derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El objetivo del Foro Social ha sido superar toda expresión de
discriminación de obra o de palabra hacía todo tipo de víctima, sin
hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes
vulneradores de derechos. Asimismo, hemos insistido en la necesidad de
reconocimiento público de toda vulneración de derechos humanos ocurrida
en el contexto del ciclo de violencias y hemos trabajado por socializar
la existencia de victimaciones nunca reconocidas ni asumidas.
La
expresión pública principal de esta labor ha sido el programa de trabajo
«Entzunaz Bizikidetza eraikiz - Escuchar para construir la
convivencia», donde víctimas de distintas violencias han debatido de
forma pública sobre sus necesidades y demandas y sobre los retos
pendientes para abordar un futuro en convivencia. En el marco de esta
dinámica se han organizado 23 encuentros públicos, en los que han
participado 67 víctimas de diferentes expresiones de violencia.
También
hemos puesto en marcha otras iniciativas: encuentros entre las
entidades del Foro Social Permanente con víctimas de ETA y del Estado;
espacios de encuentro discretos con 42 víctimas de ETA en Navarra, la
CAV y Catalunya; y hemos participado en actos de homenaje a víctimas de
diferentes vulneraciones de derechos humanos.
Todo este trabajo
ha sido colectivo. Y es que ese fue, precisamente, el mensaje del Foro
Social al anunciar el final de su etapa de trabajo ante agentes de la
sociedad civil el pasado 21 de enero: «Un camino colectivo. Razones para
el orgullo». Y ha sido un trabajo fructífero para las personas que han
participado, muy enriquecedor, pues ha permitido construir espacios de
confianza con numerosos interlocutores.
Es innegable que durante
estos últimos años se ha iniciado una dinámica en positivo en lo que
respecta a dotar a las víctimas de los derechos que les corresponden.
En
este camino hay varios hitos que nos gustaría subrayar. En primer
lugar, la unanimidad política construida en 2018 en lo referente al
derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Un avance inimaginable pocos años atrás.
En segundo lugar, en lo
referente a los derechos de las víctimas del Estado de forma específica,
la puesta en marcha de instrumentos de reparación: la Ley 12/2016 de la
Comunidad Autónoma Vasca; la Ley Foral 16/2019 de Navarra; o los
Informes del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) en la CAV y en
Navarra sobre tortura que, mediante protocolos internacionalmente
avalados, certifican más de 5.181 casos de torturas.
En tercer
lugar, los consensos políticos y sindicales expresados en iniciativas
institucionales, específicamente hacia las víctimas del Estado, a favor
de reconocer victimizaciones como las producidas por los años de
excepcionalidad penitenciaria o la tortura.
Y, finalmente, nos
gustaría subrayar la decisión del EPPK de noviembre de 2021 que cerraba
definitivamente la cuestión de los ongietorris, cuestión central para
las víctimas de ETA, y la unanimidad en su acogida.
En el balance
interno realizado por el Foro Social Permanente a finales de 2021,
constatábamos que, en lo que se refería a las víctimas del Estado, se
había construido un «techo de cristal», un reconocimiento teórico que
tenía el riesgo de quedarse en algo vacío de contenido. Por ello,
estimábamos que la cuestión de las víctimas del Estado debía entrar
definitivamente en la agenda de resolución, construyendo los consensos
necesarios para superar definitivamente el tratamiento asimétrico que
sufrían.
En ese sentido, en los últimos meses han sido numerosas
las iniciativas realizadas por el Foro Social: la solicitud de
reapertura del plazo para presentar expedientes a la Ley 12/2016; la
solicitud de amparo a la Presidencia del Congreso de los Diputados tras
la intervención de Macarena Olona sobre víctimas de la tortura; las
reacciones ante las declaraciones de Barrionuevo y Belloch; propuestas a
los grupos del Congreso español en relación al debate sobre la Ley de
Secretos Oficiales; o la petición al presidente Pedro Sánchez para que
reconozca el daño causado por el Estado.
Por todo ello, podemos
afirmar que se ha empezado a concretar el consenso ya construido en 2018
en torno al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación. Y se está concretando en la necesidad de superar el
tratamiento asimétrico que sufrían y sufren las víctimas del Estado.
Sin
embargo, reconocemos que aún quedan algunas tareas pendientes en ese
camino: lograr que el reconocimiento y la reparación a las víctimas del
Estado tenga un mayor impacto social; dejar de lado la actual
utilización reduccionista del concepto de «nuestras» víctimas, porque
todas son de toda la sociedad y como tales debemos ampararlas; y
analizar la incidencia del género en el tema de las víctimas.
Desde
el Foro Social Permanente creemos que, en esta nueva etapa, estos retos
necesitan de nuevos instrumentos que ayuden a buscar soluciones
innovadoras que permitan avanzar. Y si hasta hoy el camino ha sido
colectivo, confiamos en que en el futuro lo seguirá siendo, y que la
sociedad no volverá a dejar solas a las víctimas.
Antes de
terminar, queremos reconocer a todas ellas, a quienes habéis participado
en cada una de nuestras iniciativas, a quienes os habéis visibilizado
públicamente, a quienes habéis compartido vuestro testimonio. Podemos
estar orgullosas, porque gracias a todo este esfuerzo, hoy nuestra
memoria es mucho más poliédrica. Eskerrik asko.
Fuente → naiz.eus
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