La nueva ley de memoria democrática de Catalunya da pasos adelante después de un largo camino. Es un trabajo "de largo recorrido" que empezó la exconsellera Esther Capella, que continuó la también exconsellera Lourdes Ciuró y que ha "culminado" la actual consellera de Justicia, Gemma Ubasart. El anteproyecto, que ha sido presentado este miércoles, será aprobado en el Consell Executiu del martes que viene. Entre otras cuestiones, avanza en el reconocimiento de las víctimas, incluye la memoria democrática en los currículums educativos o persigue con sanciones el enaltecimiento de la dictadura y los símbolos franquistas, que tendrán que ser retirados en un plazo de dos años. El texto cuenta con los informes jurídicos favorables y, cuando sea aprobada, dará el salto al Parlament para seguir la tramitación.
En rueda de prensa este miércoles, la consellera Gemma Ubasart lo ha descrito como un "proyecto ambicioso", que fusionará la normativa ya existente y dará un paso adelante. Y ha agradecido la colaboración de entidades memorialistas y municipalistas. La titular de Justicia ha hablado de un "nuevo paradigma en políticas de memoria" y de una norma al estándar de las normas más avanzadas a nivel europeo. En la misma línea, el director general de memoria democrática, Alfons Aragoneses, ha reivindicado que el anteproyecto "sigue los principios del derecho internacional", concretamente los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Enaltecimiento y símbolos franquistas
El anteproyecto de ley aborda la exaltación del franquismo. Por una parte, según ha explicado la consellera, se actualizará el censo de monumentos franquistas en la vía pública (reduciendo al máximo las excepciones), y habrá un plazo de dos años para su total retirada desde su entrada en vigor. Preguntada por el caso de Tortosa, que está judicializado, Ubasart ha considerado que con la nueva normativa "el juez tendrá más fuerza para avanzar". Por otro lado, también se persigue el enaltecimiento del franquismo. El texto que aprobará el Govern lo recoge de la siguiente manera: "la exaltación individual o colectiva del golpe de estado de 1936; del apoyo a este durante la Guerra Civil; de la dictadura franquista; de sus dirigentes; de las personas, tanto físicas como jurídicas, u organizaciones que colaboraron con la dictadura franquista o que participaron de manera activa en el sistema represivo, o del apoyo de la dictadura franquista a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial". Para los dos casos se contempla un régimen sancionador. Las infracciones muy graves podrán ser perseguidas administrativamente con multas de entre 10.000 y 150.000 euros, y las graves, con sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros.
Currículum desde los 6 años
Otra de las novedades destacadas es la inclusión de la memoria democrática en todos los currículums educativos. Según explica el Departament de Justicia, eso va desde la educación primaria y secundaria hasta el bachillerato y la formación profesional, así como la formación para adultos y el personal de la administración. La ley solo establece que el departamento responsable, el de Educación, lo introduzca en los currículums, pero no especifica si con una asignatura específica o de forma más transversal en el conjunto del currículum. Será competencia de Educación decidir el cómo, que proporcionará herramientas al personal docente.
Nuevas conmemoraciones
El anteproyecto también contempla la inclusión de nuevos días de reconocimiento y homenaje. Son dos fechas nuevas. La primera, el 14 de abril, para conmemorar la proclamación de la Segunda República, "antecedente del marco democrático actual", en palabras de la consellera Ubasart. La segunda, el 7 de noviembre, para recordar la constitución de la Assemblea de Catalunya, un "órgano unitario de lucha antifranquista del que nos consideramos herederos". Estas fechas, que no serán festivas, se suman a otras, como el día de memoria de las víctimas de la guerra civil y la represión, el 15 de octubre. Tanto el 14 de abril como el 7 de noviembre, la Generalitat impulsará actos de recuerdo.
Reconocimiento de colectivos específicos de víctimas
La nueva ley de memoria democrática pondrá el foco especialmente en las víctimas, con el reconocimiento de varios colectivos específicos represaliados por el franquismo. Entre ellos hay los niños separados de sus familias por motivos ideológicos, las personas psiquiatrizadas, el colectivo LGBTI, el pueblo romaní, las personas que sufrieron la polio o las víctimas de medicamentos como la talidomida. Por otra parte, las víctimas serán consideradas como "protagonistas activas" en la lucha por la democracia, más allá del derecho a la reparación. "Son héroes y heroínas anónimos, la democracia no nos la regaló nadie", ha reivindicado Gemma Ubasart. Finalmente, la norma también insta al Govern a incluir la perspectiva de género en todas las políticas de memoria.
Acción popular de la Generalitat
Por otro lado, el anteproyecto faculta a la Generalitat de Catalunya para ejercer la acción popular en procedimientos penales por delitos de lesa humanidad y contra la integridad física y moral durante la guerra civil y la dictadura. La consellera de Justicia ha dejado claro que el Govern no solo no reconoce la legitimidad de los tribunales y sentencias franquistas, sino que quiere "participar de forma activa en los ilícitos penales". Sin más concreción, señalan que la Generalitat "tendrá más herramientas para personarse en la acción popular".
Colonialismo y esclavismo
Finalmente, el anteproyecto de ley también contempla la posibilidad de "el abordaje del esclavismo y el colonialismo", según ha detallado la consellera Ubasart, una memoria que considera clave para la erradicación del racismo y la discriminación institucional. Este apartado, ha defendido, es "un reconocimiento a la altura de experiencias de vanguardia europeas". La titular de Justicia ha justificado que "las memorias democráticas son plurales, y tenemos que poder abrir este abanico".
Via Laietana queda fuera
Lo que no recoge la ley catalana de memoria democrática es la resignificación de la comisaría de Via Laietana, centro de torturas durante el franquismo y la Transición y hoy todavía operativa por parte del Cuerpo Nacional de Policía. El director general de memoria, Alfons Aragoneses, ha recordado que es un bien de titularidad estatal y que la ley hace referencia a los espacios de memoria. En este sentido, ha dejado claro que el Departament de Justicia "continuarán trabajando para su resignificación".
Fuente → elnacional.cat
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