La razón de Estado como corrupción

La razón de Estado como corrupción

Reorganización para avanzar hacia la Constituyente

La carrera inflacionista conoce una nueva aceleración. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido una nueva subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándose entre el 4,75% y el 5%. En el mismo momento, quiebran bancos por falta de liquidez, reflejando la crisis general del sistema financiero y la voracidad del capital para arruinar a los pagadores de créditos y a todo tipo de empresas endeudadas. El sector financiero apuesta por una vida cara y más desigual, frente a las demandas sociales de subida de salarios y pensiones. Mientras, el Estado parasita de los gastos de guerra y de una deuda pública impagable, comenzando por el mismo Estado norteamericano, el más endeudado del mundo.

La crisis económica y financiera se expresa de formas diversas, y una de ellas es la corrupción como la generación masiva de desechos del sistema. Si a ello unimos la proximidad de elecciones triples en nuestro país, es lógico que todos los días nos desayunemos con un caso de corrupción sobre otro. La de ayer, fue la renuncia de la directora de la Guardia Civil, tras la citación judicial de su marido como imputado en una de las múltiples piezas de los ERE. Casos como el del “Mediador” en Canarias, de altos mandos la Guardia Civil encargados de operaciones en el Sahel; de tráfico de drogas en Toledo por oficiales del mismo cuerpo policial; de la senadora y alcaldesa de Marbella… Todos ellos y muchos más se acumulan en los juzgados, con un millón de casos por juzgar. La corrupción generalizada aparece en los altos cargos de la administración del Estado. Este es, sin duda, el núcleo de la práctica corrupta cotidiana, que se multiplica contaminando la casta política y sindical.

La corrupción de la monarquía goza de plena impunidad en el sistema político y judicial español, como hemos comprobado con las grandes hazañas de sus titulare. Y es lógico que ese ejemplo se extienda entre los altos mandatarios del Estado. A falta de sanción política y judicial, está creciendo una sanción social que no encuentra salida política. Los pueblos de España tienen cada vez mayor conciencia social de lo que implica la corrupción; pero tienen enfrente un gran muro de impunidad constituido por los consensos izquierda/derecha del régimen del 78. Y no dudan en asociar las cuentas corrientes secretas de los paraísos fiscales, las inmensas riquezas de todo tipo y los botines inmensos de las mafias en general, con las facilidades financieras que los grandes partidos del sistema y los sindicatos oficiales encuentran, tan prestos sus dirigentes a pactar lo peor para sus representados a cambio de comisiones y subvenciones.

La corrupción institucional de partidos y sindicatos, a los que se impone la razón de Estado como política central, desarma la acción política y sindical, y devalúa la protesta social, acabando con toda posible independencia política y económica. Nadie puede ocultar -porque son hechos consumados- que los balances de cuentas de los sindicatos y partidos oficiales reflejan cada año que la partida de las subvenciones y comisiones es muy superior a la de las cuotas de sus militantes, y que por tanto no dependen para sus gastos fundamentales de sus afiliados sino de las dádivas del poder. Relaciones de poder, de dominación, que deben ser entendidas como corrupción y clientelismo de Estado. La corrupción política e institucional de Estado se ha hecho tan general, que de ella dependen en buena parte las políticas de los dirigentes de organizaciones, cuyo mayor tesoro debería ser la independencia política con respecto al Estado, a la patronal y la Iglesia. Lo que nos lleva a relacionar corrupción con sistema político e institucional; y son los sistemas que conculcan la independencia política y sindical, como el consenso español, los que conocen mayor grado de corrupción.

El sistema político español, heredado de la dictadura y pactado entre los dirigentes de partidos y sindicatos, no es soberano e impide que tengan lugar comisiones de investigación que vayan a fondo en las cuestiones, que ahora atañen a los primeros espadas de la corrupción. Solo pagan los subalternos. A ello se une, la inexistencia de independencia e imparcialidad de los altos tribunales, un verdadero cóctel que hace crecer la impunidad de los altos cargos y mandatarios. La justicia española aún no sabe, de manera oficial, quien fue el alto militar y del Estado responsable del golpe militar del 23 f, como tampoco ha puesto al descubierto aún al señor X del Gal, teniendo pruebas irrefutables de ambos. Y aún están estudiando en las fiscalías quien será un tal “M. Rajoy”, jefe de las amplias tramas de corrupción del PP.

De lo expuesto hay que sacar, como primera conclusión, que la raíz está en la naturaleza del Estado español, como Estado heredado de la dictadura, que nunca devolvió el derecho político y constituyente de los pueblos que lo componen a decidir libremente sobre sus destinos, su forma de Gobierno y de Estado. La corrupción se ha extendido a todas las instituciones, partidos y sindicatos…; podemos decir, sin equívoco alguno, que nunca se ha juzgado a ningún gran mandatario, que gozan de total impunidad; y son miles de corruptos de menor rango quienes hacen de “chivos expiatorios”.

La resistencia social a la corrupción debe y puede transformarse en acción necesaria para el cambio político y social, que acabe con la corrupción de Estado. La lucha contra la corrupción debe formar parte de un paquete más general de un programa político y social de tipo constituyente que exprese una salida política al bloqueo político e institucional en el que vivimos. Hemos de recordar la historia de la última Constituyente portuguesa, convocada como consecuencia del colapso del régimen de Salazar, que combinó, de una parte, la incapacidad del régimen para resolver los problemas de los territorios africanos en guerra y el inmovilismo político, por otra.

La crisis política aparece también, en el caso español, como una gran condición: la necesidad de impulsar y organizar a los sectores más activos en lucha por la democracia y la soberanía popular en torno a las iniciativas donde se sustentan los principales problemas del poder. En los años pasados se entendió que dicha iniciativa consistió en salir de forma organizada a las calles y plazas para solicitar el voto de la población acerca de sus preferencias políticas acerca de la forma de gobierno y Estado: Monarquía o República. Desde el momento político que en las Cortes Generales se aprobó una moción de censura contra Mariano Rajoy, y se formó un gobierno de coalición del PSOE y U-Podemos, se puso de manifiesto la cuestión de un referéndum legal y vinculante sobre la forma de Estado y Gobierno, para que los pueblos puedan decidir. Una solución democrática y constituyente que, en buena medida, combina la crisis del régimen con la capacidad de reorganización y movilización del movimiento republicano, actualmente en una situación de dispersión.

Claro está que la cuestión de la soberanía popular es la cuestión definitiva: la lucha por unas Cortes Constituyentes está subordinada a los desarrollos de la lucha de clases. En esa lucha los republicanos deben intervenir de forma organizada para ayudar a la mayoría social a combatir la corrupción y la impunidad de los más altos mandatarios, defendiendo todo lo público y las reivindicaciones y aspiraciones mayoritarias.

La lucha por Cortes Constituyentes-República combina y resume todos los conflictos entre las clases y entre los pueblos y el Estado. Sin organización republicana en lucha por las reivindicaciones, el pueblo no puede avanzar hacia la Constituyente.


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