Maria Navarro, presidenta de la asociación de familiares de la fosa 126 de Paterna, comenta mientras camina por el cementerio de esta localidad la importancia de contar lo que les ocurrió a los suyos: "Sobre todo porque es necesario sanar el vacío familiar". El trauma ha quedado tatuado en la memoria por generaciones, tanto que es imposible que la verdad no salga a la luz, pese al silencio impuesto.
La dictadura profundizó en un orden patriarcal que buscaba borrar los progresos que las mujeres habían logrado durante la Segunda República. Muchas recibieron sentencias de penas de prisión de entre doce y veinte años, y otras condenas de muerte. Se las recluía en ciudades como Alzira (la Ribera Alta), Gandía (la Safor), Llíria (el Camp de Turia) o Sagunto (el Camp de Morvedre). Después se las trasladaba a la Cárcel Provincial de Mujeres de Valencia oa la del Convento de Santa Clara. Entre 1939 y 1950, unas 2.700 mujeres pasaron por cárceles valencianas.
La estigmatización que sufrieron por rojas o mujeres de rojos tuvo muchas caras, siempre procurando desnudarlas de la condición de presas políticas. Algunas fueron detenidas por los supuestos delitos de auxilio a la rebelión y adhesión a la rebelión. Se las acusaba de "organizar orgías", de tener "malos antecedentes de conducta moral y social" o de "individua peligrosa". Se les obligó a hablar castellano, “la lengua del imperio”, o las adoctrinaron en torno a qué contar y callar a sus hijos e hijas.
La dictadura franquista profundizó en un orden patriarcal que buscaba borrar los progresos que las mujeres habían logrado durante la Segunda República
Pero muchas abuelas y madres se negaron al silencio y transmitieron la conciencia de lo ocurrido. Hoy en día, mujeres como Maria Navarro hacen valer la valentía de las mujeres represaliadas. “El franquismo se lo hurtó todo: felicidad, libertad, amores, familias… Y han mantenido viva la lucha contra la desmemoria”, sostiene Navarro durante un homenaje a la perseverancia de las mujeres, en la pasada edición de la Feria del Libro de Valencia, donde también se expusieron varios proyectos sobre las aportaciones de las mujeres a la recuperación de la memoria. Fue a través de obras como Nietas de la memoria, de Isabel Donet; Lecciones de nuestros abuelos, de Luis Vivas Ramos; y dos publicaciones editadas por la Diputación de Valencia: Objetos (des)aparecidos, de María Gomar Vidal, y Etnografía de una exhumación, de María José García Hernandorena e Isabel Gadea i Peiró.
Doctrina de choque patriarcal
En Guatemala, por su parte, la represión sufrida por las mujeres es muy distinta. Lucía Ixchíu, joven indígena quiché de Totonicapán, quien vive en el exilio, describe cómo la represión sobre las indígenas perpetúa formas de violencia que se instauraron con la colonización y que hoy se manifiestan con el elevado número de feminicidios, que a principios de 2022 llegaba a 376 mujeres. “El genocidio patriarcal, los feminicidios, son de larga fecha. Lo vemos con el incendio de la Hogar Seguro [Virgen de la Asunción] en 2017, que quemó vivas a niñas de un hogar estatal que necesitan protección y que llegan con cierta vulnerabilidad. Como esa perpetuidad de la práctica de la quema de brujas colonial de la Inquisición, que obviamente se instaura con la colonia en nuestros territorios y que cada cierto tiempo necesita recordar y afianzar su sistema de doctrina de choque patriarcal”, explica.
Al andar por el centro de la Ciudad de Guatemala, los muros hablan del dolor que la sociedad guarda en su interior, desde carteles de hijos e hijas que fueron hurtados y llevados a Canadá y Estados Unidos o grafitis donde se reafirma que “Sí hubo genocidio”. En ese sentido, Ixchíu indica: “El genocidio se implementó mayoritariamente en territorios indígenas. Los indígenas no son considerados como personas, mucho menos aún las mujeres. Entonces, obviamente, por eso 'no hubo genocidio', porque se violentó a alguien, una colectividad, que no es considerada persona, y mucho menos aún las mujeres”.
Un acto de racismo
Desde mediados de los ochenta, cientos de mujeres se organizaron, de forma clandestina, para buscar a los seres queridos, asesinados y quemados. Rosalina Tuyuc, indígena kaqchikel, presidenta de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala ( CONAVIGUA ), recuerda que cuando empezaron a organizarse “teníamos mucho miedo, pero CONAVIGUA fue una de las organizaciones que decide apostar por la paz”. Y la paz consistía también en denunciar que los 36 años de conflicto armado afectaron a más de 30.000 mujeres, un 89 % indígenas. Tuyuc afirma que el genocidio "fue un acto de racismo estructural, histórico, ideológico, del Estado guatemalteco, porque siempre, siempre, sabemos que con todos estos actos quiso neutralizar la existencia de los pueblos indígenas". La violencia afectó excesivamente a las mujeres: sufrieron violaciones, abortos forzados y esclavitud sexual como parte de la estrategia de tierra arrasada.
Desde mediados de los ochenta, cientos de mujeres se organizaron, de forma clandestina, para buscar a los seres queridos, asesinados y quemados, fundando la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
Por su parte, Brisna Cajax Álvarez, presidenta de la junta directiva de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala ( UNAMG ), relata que el caso de Sepur Zarco “demostró cómo se puede litigar en un caso tantos años después y que hay otros mecanismos para probar que sí hubo violencia sexual”. Se trató del primer caso con una sentencia a favor de las víctimas donde se demostró la responsabilidad de los militares por la violencia sexual ejercida sobre mujeres indígenas q'eqchí a través de varios peritajes complementarios: desde el antropológico, que definió la ideología racista detrás de las acciones militares y las violaciones; el psicosocial, que determinó el grado de afectación de las víctimas; y otro de arqueología forense, que permitió recrear las condiciones del espacio en el que fueron violadas.
Fuente → directa.cat
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